Pueblos Indígenas | Radio Zapatista

Misión Civil de Observación Sexta (MCO-Sexta)

(Español) Comunicado de la Misión Civil de Observación Sexta en acompañamiento a las comunidades del CIPOG-EZ en la Montaña Baja de Guerrero

Date:25 Aug 2022

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A los Centros de Derechos Humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
a las organizaciones solidarias
A los Medios de Comunicación

“Porque, como lo dijeron una y otra vez el CIG y la vocera Marichuy, nuestro horizonte no termina el 1 de julio del 2018 ni se circunscribe sólo a México. La resistencia, la rebeldía y el empeño de construir un mundo donde quepan muchos mundos es internacional y no se limita ni por los calendarios ni por las
geografías de quienes allá arriba nos explotan, nos desprecian, nos roban y nos destruyen”.

“CONVOCATORIA AL SIGUIENTE PASO EN LA LUCHA”.
EZLN

Hace un año como Misión Civil de Observación Sexta (MCO-Sexta), constituida por diversas colectividades, documentamos las violaciones a los derechos humanos en las comunidades del CIPOG-EZ, CNI-CIG, de la Montaña Baja de Guerrero; de esta documentación, elaboramos el informe CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD Y VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CIPOG-EZ, CNI-CIG. Hicimos las denuncias en las distintas instancias judiciales y en los distintos organismos de los Derechos Humanos del país, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llegando hasta la ONU. Sin embargo, a pesar de que la ONU ha hecho recomendaciones al Estado mexicano, éste mantiene su posición de desprecio hacia las comunidades del CIPOG-EZ y por lo tanto, la violencia de los grupos narco-paramilitares se mantiene por la complicidad del Estado y sus jefes los saqueadores capitalistas.

Es por esta situación que decidimos mantener nuestro acompañamiento en el proceso de denuncia a las agresiones que sufren sus comunidades y de acompañamiento en sus procesos de construcción comunitaria. El día sábado 27 de agosto en la comunidad de Alcozacán los pueblos del CIPOG-EZ, iniciarán la “Campaña de solidaridad y recaudación para las RADIOS ORGANIZANDO LA LUCHA POR LA AUTONOMÍA (R-OLA), “la voz de la memoria, la voz de los sin voz” para la montaña de Guerrero”, por lo que estaremos viajando a las comunidades del CIPOG-EZ los días 26, 27, 28, 29 y 30 de agosto. Les pedimos estar atentos a la iniciativa que el CIPOG-EZ anunciará y a participar en ella, para fortalecer la organización en sus comunidades.

Llamamos a los centros de derechos humanos, a los medios de comunicación, a las organizaciones y colectivos solidarios, a la Sexta Nacional e Internacional, a estar atentos y atentas al caminar de la MCO-Sexta, que viajará nuevamente a la Montaña Baja de Guerrero y que a sus modos y formas llamen a los 3 niveles de gobierno a garantizar la seguridad de la MCO-Sexta.

Demandamos a los 3 niveles de gobierno que garanticen la seguridad de la Misión Civil de Observación Sexta en su paso por los caminos del país, sepan que estaremos siendo monitoreados por organizaciones nacionales e internacionales, por lo que de llegar a suceder algo extraordinario, responsabilizamos directamente al Estado Mexicano y al gobierno del Estado de Guerrero.

CDH Fray Bartolomé de las Casas

Palabra de los 5 de Cancuc a 3 meses de injusto encarcelamiento

Date:25 Aug 2022

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Cereso No. 05 San Cristóbal de Las Casas Chiapas

25/08/2022

C. Presidente de la república

C. Gobernador de Chiapas

C. Presidente Municipal

C. Obispo

C. Padre Diócesis de San Cristóbal

C. Defensor de los derechos humanos

C. Fray Bartolomé de las casas

C. Pueblos Creyentes, Modevite, Coreco Concilización

C. Pueblo de San Juan Cancuc

Queremos decirles a todas las personas que seguimos en la cárcel 3 meses, es injusto porque no, nos hicimos nada sobre lo que nos acusan.

Analizamos la carpeta de investigación nos dimos cuenta que el delito que nos acusan se trata de muerte bajo custodia de la policía municipal de San Juan Cancuc, la misma, propia la fiscalía menciona en un oficio que la persona, que la victima que falleció en una patrulla de la policía municipal y en presencia de policías municipales, has el momento no han investigado al director de la policía municipal de San Juan Cancuc y sus policías, ya que hay antecedente que hay un fallecimiento de una persona dentro de la comandancia municipal de San Juan Cancuc en el mes de noviembre de 2021 y la otra persona es lo mismo muerte bajo custodia.

Por todo esto pedimos nuestra libertad inmediata, que nos investiguen la policía municipal de San Juan Cancuc.

Que nos acompañen y no, nos dejen solos a pedirnos a nuestra libertad.

Atentamente

C. Manuel Santiz Cruz

C. Agustín Pérez Domínguez

C. Juan Velasco Aguilar

C. Agustín Pérez Velasco

C. Martín Pérez Domínguez

Palabra de los 5 de Cancuc a 3 meses de injusto encarcelamiento(94.38 KB)

Avispa Midia

(Español) Ex preso político de Eloxochitlán enfrenta nueva orden de aprehensión

Date:23 Aug 2022

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, quien en 2019 consiguió su libertad después de cuatro años de prisión política debido a su labor de denuncia de los abusos de poder por grupos caciquiles en la Sierra Mazateca, enfrenta una nueva orden de aprehensión.

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Esta vez, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al sur de México, le impuso una sentencia condenatoria de 50 años acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Así lo informó el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos, el cual mediante comunicado señala que dichos cargos han sido fabricados desde diciembre de 2014 para perseguir políticamente a “Miguel y las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional”.

Caciquismo

Peralta Betanzos fue detenido por primera vez, sin orden de aprehensión, en abril de 2015 en la Ciudad de México y recluido acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, ex diputada estatal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Elisa es hija de Manuel Zepeda Cortés ex priísta quien consiguió ocupar la presidencia municipal de Eloxochitlán a partir de 2010. Tres años después, tras una serie de abusos de poder por parte del alcalde, la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán decidió participar en el proceso para la elección de los nuevos cargos en la presidencia municipal, lo que fue respondido por el edil con ilegalidad y represión.

En diciembre de 2014, en medio de un acto de renovación de alcalde municipal se desataron hechos violentos donde murió el hermano de Elisa Zepeda Lagunas. Desde entonces, Miguel Peralta Betanzos, junto a otros 34 miembros de la Asamblea Comunitaria fueron acusados por el homicidio de Manuel Zepeda.

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Pese a que Peralta Betanzos obtuvo su libertad en octubre de 2019, el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos alerta que, tras la reactivación de las órdenes de aprehensión en un juicio plagado de irregularidades, se encuentra la colusión de la ex diputada Elisa Zepeda Lagunas.

“¿Bajo qué elementos jurídicos, teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le condenen a prisión con una pena de medio siglo?”, cuestiona el comunicado, en el cual se hace énfasis en que no existe una sola prueba judicial consistente en el expediente, “pero sí la prueba política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la autodeterminación”.

Actualmente siete miembros de la comunidad mazateca de Eloxochitlán aún permanecen en prisión acusados por los mismos delitos, pese a la exigencia de mujeres mazatecas quienes mantienen un campamento en la Ciudad de México de casi un año y tres meses para demandar su libertad inmediata.

Persecución

A su salida de prisión, Miguel Peralta Betanzos continuó realizando denuncias sobre la fabricación de delitos y el encarcelamiento injusto de los siete presos políticos de Eloxochitlán, además de otros miembros de la Asamblea Comunitaria quienes también cuentan con ordenes de aprehensión.

De acuerdo al comunicado, estas acciones son la causa de que Peralta Betanzos continúe siendo objeto de criminalización por más de 10 años de parte del grupo caciquil, quienes “han logrado la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el encarcelamiento por la fabricación de delitos”.

El Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos señala que desde el momento en que Betanzos obtuvo su libertad, han existido señalamientos contra su persona por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por Elisa Zepeda Lagunas lo cual muestra “la intromisión en el aparato judicial, desde su posición de poder”.

Además, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados y diputadas de MORENA y del Partido del Trabajo del Congreso Federal, firmaron un punto de acuerdo para validar la versión pública de la ex diputada, “sin fundamentos jurídicos conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan de hechos que no constan en ninguno de los tomos”.

“Ante el contexto de impunidad y criminalización que se vive en Oaxaca y en el país en general, responsabilizamos a Elisa Zepeda Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva sentencia”, señala el comunicado.

Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos

(Español) Oaxaca | La contradicción de la justicia indolente presente en Eloxochitlán de Flores Magón

Date:22 Aug 2022

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22/08/2022.
50 años, medio siglo, es la pena que le han impuesto nuevamente a nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, originario de Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca, tras la revocación de la sentencia de libertad que obtuvo el 14 de octubre de 2019, después de haber estado en prisión política por cuatro años, cinco meses, catorce días.
El pasado 4 de marzo de 2021, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por una apelación a la sentencia de libertad interpuesta por el Agente del Ministerio Público del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, impuso una sentencia condenatoria de segunda instancia, por los dos delitos que le han fabricado a Miguel desde diciembre de 2014; Homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja, y Tentativa de Homicidio con la agravante de ventaja por la Causa Penal 02/2015.

Con dicha resolución, ordena al Juzgado Mixto de Primera Instancia girar una orden de reaprehensión para privarlo de su libertad en cualquier prisión de Oaxaca que tenga cupo, por la condena de 50 años. Incongruente e indolente llamarle “Tribunal de Justicia”, cuando lo que prevalece en sus Salas es la impunidad y la intromisión de otros poderes. Hoy nos preguntamos una vez más: ¿bajo que elementos jurídicos, teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le condenen a prisión con una pena de medio siglo? No existe una sola prueba judicial consistente dentro del expediente, pero sí la prueba política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la autodeterminación.

Ya desde el día en que se ganó su libertad en 2019, gracias a una lucha política y jurídica, los señalamientos hacia su persona por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por la entonces diputada local por MORENA y expresidenta de la Comisión Permanente de Administración y Justicia de la LXIV Legistlatura de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas, se hicieron visibles. Evidenciando con ello que tanto el poder ejecutivo como el legislativo del estado de Oaxaca, habían enviado una carta a quien en ese año era la Presidenta del Tribunal para la “revisión del caso” ante su inconformidad por la libertad, es decir, mostraron una vez más la intromisión en el aparato judicial, desde su posición de poder.

No suficiente con esa intromisión, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados y diputadas de MORENA y el Partido del Trabajo del Congreso Federal, firmaron un “punto de acuerdo” en el que violentan una vez más el debido proceso de Miguel, al validar la versión pública de Elisa Zepeda, por su cargo como diputada, sin fundamentos jurídicos conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan de hechos que no constan en ninguno de los tomos. Con la nueva sentencia en contra de nuestro compañero al condenarle a 50 años de prisión y el uso del aparato legislativo y ejecutivo por parte del partido que sostiene el poder en México, se está reafirmando la persecución política que se ejerce hacia Miguel y las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional. Quienes en conjunto, ya le arrebataron cuatro años de su libertad y ahora intentan quitársela por 50 años.

A su salida, Miguel continuó denunciando la fabricación de delitos y el injusto encarcelamiento de sus siete compañeros presos de Eloxochitlán, así como de quienes aún tienen órdenes de aprehensión. Esto le ha llevado a seguir siendo criminalizado, por el hecho de no callar y denunciar los abusos de poder de un grupo caciquil que ha reprimido a su comunidad por más de 10 años, y que finalmente han logrado la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el encarcelamiento por la fabricación de delitos. Miguel junto con sus compañeros continúan presos y perseguidos por un conflicto social y político que a través del castigo judicial con penas como la que le han impuesto nuevamente, como lo son 50 años de prisión, que sin pruebas, con testigos que se contradicen, que son inconsistentes o que incluso niegan haber declarado, pretenden la inmovilidad y el silencio. Es por ello, que les hacemos un llamado a su solidaridad que nos ha venido acompañando durante todos estos años, para que se pronuncien en contra de la sentencia de 50 años y la persecución en contra de Miguel por parte del régimen partidista en el poder, y la posible reaprehensión, así como por la libertad inmediata de los siete presos políticos de Eloxochitlán y el cese de las órdenes de aprehensión de los desplazados por el mismo conflicto.

Les pedimos estén atentas y atentos a cualquier intento de detención o daño a la integridad de Miguel, de su familia y de sus abogados. Porque no es menor decir que los señalamientos que se han hecho en su contra, provienen de una ex diputada del partido en el poder y quien actualmente forma parte del equipo del gobernador electo en Oaxaca por MORENA. Ante el contexto de impunidad y criminalización que se vive en Oaxaca y en el país en general, responzabilizamos a Elisa Zepeda Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva sentencia. ¡Los años de condena reflejan la saña con la que se persigue a quienes luchan, pero también nos llenan de rabia y coraje para no desistir!

Alto a la persecución política! Abajo los muros de las prisiones!
Presxs A la calle!! #Libres Ya!!
Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos

Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán

(Español) Comunidad autónoma tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán denuncia agresión y llama a la solidaridad

Date:20 Aug 2022

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Al pueblo de México y del mundo
Al Congreso Nacional Indígena
A las instituciones y organización de derechos humanos
A los medios de comunicación

La comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunciamos que el día 19 de agosto de 2022 a las 14:00 horas, el cacique José Flores Sánchez, conocido también como La Polla, llegó al predio comunal donde una comisión de comuneros se encontraba trabajando por mandato de la asamblea general, construyendo el espacio cultural tepehuano, proyecto en el que hemos estado empeñados durante los últimos meses.

Esta persona que no pertenece a nuestra comunidad indígena, entró sin permiso al predio y estaba acompañado por Cayetano Aguilar Quiñones, quien constantemente ha lucrado con las tierras comunales y hoy ocupa el cargo de comisario municipal de Azqueltán, en el gobierno del municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

Al entrar, preguntó a los comuneros que se encontraban construyendo una barda, que quién los traía ahí trabajando y que el predio era de su propiedad; a lo que los comuneros le respondieron que acudiera al tribunal agrario si creía tener algún derecho sobre ese predio, que mide aproximadamente una hectárea y media, que pertenece a nuestra comunidad y que incluso está en la cabecera comunal.

Su respuesta fue que “esto no se arregla con tribunales, se arregla levantando y secuestrando”, lo que dijo estando presente el comisario municipal, quien acudió al predio presentándose con dicho cargo. Este mismo hostigamiento, Cayetano Aguilar Quiñones ya lo había hecho anteriormente en el mes de marzo, abusando del poder que le dio el ayuntamiento municipal mediante el puesto como comisario.

Cayetano Aguilar Quiñones es el mismo que ha ocupado antes el cargo de comisariado del ejido San Lorenzo de Atzqueltán, desde donde ha pretendido usurpar la representación agraria sobre los terrenos comunales. Con la complicidad omisa de instituciones de gobierno de todos los niveles para atentar en contra de los bienes colectivos.

Cayetano Aguilar ha vendido descarada y fraudulentamente la tierra que no le pertenece, rentando el territorio comunal a personas externas para el pastoreo de ganado, lucrando con la madera del bosque de pino y hasta dando permisos para hacer prospección minera.

Nosotros, que somos comunidad indígena, tenemos a la asamblea general de comuneros como máxima autoridad, y sus determinaciones son nuestro gobierno agrario; que en términos de nuestra autonomía y libre determinación, están respaldadas por la Constitución de México y por los convenios internacionales en materia de derechos humanos firmados por el Estado Mexicano.

Ante lo anterior, manifestamos lo siguiente:

1. Hacemos responsable a José Flores Sánchez y Cayetanos Aguilar Quiñones, así como a su grupo violento encabezado por Favio y José Guadalupe Flores Sánchez, de cualquier agresión en contra de nuestras autoridades y comuneros, así como de cualquier situación de violencia que atente contra nuestra comunidad.

2. La impunidad y protección que los gobiernos, ministerios públicos y jueces han dado a estos violentos caciques, representa un grave riesgo para la paz de nuestra comunidad y la vida de los comuneros.

3. Esta agresión se suma a una larga lista de agravios, amenazas, ataques armados, intentos de homicidio, secuestro y desaparición, que hemos denunciado en 32 carpetas de investigación que solo han garantizado impunidad a este grupo violento.

4. Hacemos un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que actúen y tomen cartas en este asunto en la medida se sus competencias legales, con pleno respeto nuestra autonomía y libre determinación.

5. Llamamos respetuosamente a la atención y solidaridad de los pueblos y comunidades indígenas, así como de la sociedad civil nacional e internacional, para que nuestra exigencia de paz y respeto sea escuchada y para que no regrese, nunca más, la violencia que busca robar las tierras comunales, mismas que tenemos amparadas por el título virreinal desde el año 1733.

Atentamente
Agosto de 2022
Nunca más un México sin nosotros.

Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

(Español) CIPOG-EZ: Las ejecuciones siguen ocurriendo y las amenazas hacia nuestras comunidades están vigentes

Date:18 Aug 2022

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¡¡¡ALERTA MÁXIMA EN LAS COMUNIDADES DEL CIPOG-EZ!!!

FRENTE A LAS NUEVAS AMENAZAS Y ATAQUES DE “LOS ARDILLOS”.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

Al pueblo digno de Guerrero

A las organizaciones de Derechos Humanos

A los medios de comunicación

18 de agosto de 2022

Hermanos y hermanas de México y del mundo: nuevamente queremos compartir nuestra palabra y en ella nuestra preocupación frente a las actuales amenazas del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” en contra de las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, pero no solamente a nosotras y nosotros, sino a la población en general que todos los días vive el terror generado por este grupo delincuencial que se dedica a extorsionar y asesinar a la población sin que el Estado mueva un dedo.

En ese sentido, responsabilizamos al presidente municipal de Chilapa de Álvarez, Aldy Esteban Román porque los asesinatos de los promotores del CIPOG-EZ no paran, mientras que los asesinos, el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, sigue operando con total impunidad coludido con la policía municipal y con Aldy Esteban Román. Los habitantes de Chilapa de Álvarez, así como las comunidades del CIPOG-EZ vivimos todos los días la violencia de este grupo criminal mientras que las autoridades encargadas de brindar seguridad hacen como que no ven y no oyen el clamor de la población. Para nadie es un secreto, que los familiares de Celso Ortega, líder principal del grupo delincuencial “Los Ardillos”, trabajan en el municipio de Chilapa y controlan al presidente municipal; la familia Ortega desde el poder aterroriza a la población.

Llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos, así como a nuestros hermanos y hermanas de la Sexta de México y del Mundo, a estar atentos, pues las ejecuciones siguen ocurriendo y las amenazas hacia nuestras comunidades están vigentes. Llamamos a que se siga denunciando la violencia que nuestras comunidades viven, que se exijan desde sus geografías y a sus modos y formas la desarticulación de los grupos narco-paramilitares, específicamente de “Los Ardillos”. No olvidamos a nuestros muertos y desaparecidos, no olvidamos las torturas y los encarcelamientos de los que hemos sido víctimas; no olvidamos a Pablo y Samuel, desaparecidos el 25 de enero en Atlixtac por la policía municipal, no olvidamos ni perdonamos.

Estaremos alerta en nuestras comunidades por lo que pueda suceder, velando por la seguridad de todas y todos los habitantes, pero al mismo exigimos que las corporaciones encargadas de velar por la seguridad de la población hagan su trabajo. Como Concejo Indígena y Popular de Guerrero seguiremos en la defensa de nuestras comunidades, del territorio y de la vida: NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS, NO CLAUDICAMOS.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

Radio Zapote

Comunicado de Sincronía Wirikuta sobre la violencia en la Sierra Wixárika

Date:18 Aug 2022

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Plan de justicia y necesidad de parar la violencia en la sierra wixárika.

18 de Agosto 2022

1. El presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador visitará próximamente Santa Catarina Cuexcomatitlán y Tuapurie, Municipio de Mezquitic, Jalisco, como parte de los acuerdos establecidos en la Ciudad de México en marzo de este año, para firmar y anunciar el Plan de Justicia comprometido al pueblo wixárika.

2. Desde abril , y como parte del avance, se han realizado varias reuniones de los pueblos wixárika, nayeri, od´ham y mexicas para establecer un Plan de Justicia que responda lo más amplio posible a sus problemas y necesidades.

3. El jueves 11 de agosto 3 comuneros wixaritari (dos adultos y un menor de edad) fueron secuestrados en los alrededores de Minillas, municipio de Mezquitic.

4. Cumplían con el trabajo ceremonial de cacería de venado, el cual es parte de sus costumbres tradicionales para agradecer por la vida y el ciclo de lluvias de este 2022. La cultura wixárika aún preserva la costumbre de dialogar directamente con la naturaleza. Es una de las más ricas manifestaciones vigentes de nuestra herencia cultural de origen milenario.

5. Los tres wixaritari aparecieron en la madrugada del lunes 15 de agosto del presente año golpeados y amenazados.

6. Este hecho nos obliga a emitir un fuerte reclamo para que resuene en todas las esferas: NECESITAMOS una respuesta contundente para que los agresores sepan que el pueblo wixárika es un tesoro cultural que viene de tiempos remotos con la proeza de mantener viva su brasa de conocimiento ancestral. Y QUE TIENEN EL AMPLIO APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA EN EL SEGUIMIENTO DE SUS TRADICIONES

7. Esto, por lo tanto, es un llamado al gobierno, la policía, el ejército, los campesinos mestizos y el crimen organizado a que NO SE INTERRUMPA NI SE OBSTACULICE el que el pueblo wixárika cumpla su cargo de sostener un rezo para iluminar la vida de todos los seres vivos. Ese rezo implica la cacería del venado como moneda energética que multiplica toda vida. No es posible que esta tarea sea perseguida en pleno siglo XXI. ¡Exigimos respeto a estas tradiciones milenarias!

8. Esto no es un caso aislado; en la sierra wixárika ha llegado la violencia y la restricción de la libertad. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA INCREMENTADO Y ESCALADO DE FORMA alarmante LA VIOLENCIA.

9. POR ELLO NOS ES NECESARIO CUESTIONAR cuáles serán los puntos prioritarios del Plan de Justicia.

10. Ningún bien material, ninguna aula, centro de salud, carretera, por más necesarias que sean, se compara con el derecho de transitar con seguridad y confianza por los hermosos paisajes de su territorio. Y ese sencillo derecho hoy está borrado de la vida cotidiana. Hay temor y muchos casos de agresión que se suman al expediente.

11. Solicitamos que el presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador garantice el libre tránsito del pueblo wixárika cumpliendo con su costumbre de amar la vida.

Fotografía de Juan Carlos Bucio Peritaje tradicional Cerro del quemado 2012

Fotografía de Juan Carlos Bucio Peritaje tradicional Cerro del Quemado 2012

Avispa Midia

(Español) Desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado

Date:18 Aug 2022

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familiares de los estudiantes desaparecidos participan en una protesta para denunciar crímenes de Estado en México y Brasil. São Paulo, 2015. Foto: Aldo Santiago}

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 fue un crimen de Estado. Así lo confirmó Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

“Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, detalló el funcionario durante conferencia en la que expuso las conclusiones preliminares de la Comisión que preside.

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Otra de las conclusiones de este organismo apunta a que no existen indicios para afirmar que los 43 estudiantes desaparecidos aún estén con vida. “Por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, comentó Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación.

El funcionario federal detalló que las autoridades de los tres niveles, además del Ejército mexicano, tuvieron acceso a información en tiempo real de los movimientos de los estudiantes normalistas hasta el momento que se dio la orden de desaparición a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, sin que hubiera una actuación de las autoridades para evitar los crímenes.

Encinas compartió que existen órdenes de aprehensión contra 33 ex funcionarios, de los cuales reservó sus identidades, aunque aclaró que entre ellos no contemplan al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, sentenció Encinas, quien aseguró que la investigación del caso continúa.

Infiltrado

El subsecretario informó que las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron al tanto de todos los movimientos de los estudiantes mientras se preparaban para partir hacia la ciudad de México en el marco de las protestas del 2 de octubre.

Esto sucedió incluso con información desde dentro de la escuela normalista, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró a uno de sus elementos, de nombre Julio César López Patolzin, quien realizaba informes para el Ejército.

López Patolzin era responsable de informar sobre las actividades, asambleas y acciones que se preparaban por los estudiantes y estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 batallón.

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“Y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, enfatizó Encinas, quien apuntó que el Teniente es una de las personas que tendrá que rendir cuentas por su omisión.

Jueces, obstáculo

Otro elemento a destacar del informe presentado este jueves (18) es la falta de unificación en los procesos judiciales, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, que consideran a los jueces un obstáculo para avanzar con las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes.

Desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en siete juzgados de diferentes estados, y en dos sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio. “Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley”, sostuvo el funcionario federal.

Encinas informó que en la actualidad existen más de 20 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación por acusaciones directa o indirectamente vinculadas con los hechos de Iguala, lo cual “propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”.

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“Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, apuntó el titular de la Comisión.

El informe apunta la actuación específica de jueces. Por ejemplo, el Juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades “sin dar vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”, detalla el documento.

Además, el mismo Juez restó valor a las pruebas obtenidas como las escuchas que realizó la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Chicago. También se acusa a jueces de liberar a Marco Antonio, “La Pompi”, con una fianza de 10 mil pesos, de permitir que Carlos “N”, un ex mando de la Policía Federal Ministerial llevara su proceso en libertad; y de considerar que el delito de desaparición forzada es prescriptible.

Noticias de Abajo

(Español) Noticias de abajo 16 de Agosto 2022

Date:17 Aug 2022

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ROMPIENDO FRONTERAS

CHILE: Presos de la Revuelta. Audio de Radio Kvrruf parte de una serie de podcast sobre los presos de la revuelta y de la lucha en $hile. Radio Kvrruf.

EL SALVADOR: En El Salvador, casi 60 muertes en cárceles y más de 230 personas desaparecidas durante el régimen de excepción. Voces nuestras.

SOFTWARE LIBRE: UN PINGÜINO CONTRA BILL GATES. Radialistas apasionados.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

MILITARIZACION: AMLO confesó a EEUU en 2006 su plan para militarizar la seguridad en -México, según una revelación de Wikileaks en Grieta; Militarización ante los visos de ingobernabilidad en Tlachinollan y AMLO confesó a EEUU en 2006 su plan para militarizar la seguridad en México, según una revelación de Wikileaks.

CDMX: Habitantes de Xochimilco y Azcapotzalco presentan quejas ante la CDHCM por la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional

MEXICO: Entrevista a Mario Quintero participante de la Caravana por el Sureste del México profundo.

CDMX: Entre la burla y el desprecio: Otomíes denuncia uso indignante de su imagen por parte de campañas preelectorales en redes de Sheinbaum.

MUSICA:

Las leyes – Evelyn Cornejo

Ayotzinapa – Sonora Criminal

Luna Negra Reague

Avispa Midia

(Español) Abejas de Acteal condenan liberación de paramilitares y violencia impune en Chiapas

Date:16 Aug 2022

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Foto de portada: CDH Frayba}

A 13 años de distancia, integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal rememoraron el 12 de agosto de 2009, fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió liberar a los paramilitares presos por su participación en la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el poblado tzotzil de los Altos de Chiapas.

“Como sobrevivientes queremos comunicarles que seguimos firmes en la lucha por la justicia y verdad para nuestras y nuestros mártires. Somos testigos verdaderos de esos terribles hechos y seguiremos denunciando a los responsables de la masacre”, afirmaron mediante conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas.

La organización tzotzil reclamó al Estado mexicano la liberación de los autores de la masacre, pues incluso algunos confesaron haber participado en el crimen, así como también fueron identificados por víctimas, lo cual representa una “impunidad avergonzante” por parte de la SCJN.

También reiteraron que estas personas continúan activas y atacan a la organización tzotzil, “ya no con armas de grueso calibre y machetes, sino con burlas, desprecio, amenazas, engaños y múltiples intentos para dividirnos, sobornarnos y acabar con nuestra Organización”.

Las Abejas de Acteal enfatizaron la denuncia sobre la presencia activa de grupos paramilitares y sus sucesores, cuyas armas siguen siendo una amenaza en sus comunidades que nunca fueron decomisadas. “Dichos grupos siguen operando en la impunidad bajo la protección de las autoridades y por lo mismo siguen viviendo una violencia tanto en el municipio de Chenalhó, como en Pantelhó y municipios vecinos”.

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Un ejemplo de la impunidad con que operan se ejemplifica con la falta de justicia en el caso de Simón Pedro Pérez López, ex presidente de la misma organización asesinado hace poco más de un año. “Su asesinato sólo le conviene a quienes les incomoda y quieren apagar nuestra lucha no-violenta por la verdad y la justicia. Este hecho tan lamentable es un motivo más para nuestra lucha”, afirmaron mediante comunicado.

Lucha por justicia

Las Abejas de Acteal declararon que, aunque el Estado, los paramilitares y delincuentes quieren introducir el miedo, continúan trabajando para conseguir justicia por la Masacre de Acteal, la cual se mantiene en impunidad en los tres niveles de gobierno.

La organización tzotzil recordó que en marzo de 2005 llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismo que fue admitido en noviembre de 2010. Por ello continúan en la espera del Informe de Fondo de la CIDH “que ordenará al Estado mexicano a que asuma su responsabilidad internacional por la masacre de nuestras hermanas y hermanos, que es un crimen de lesa humanidad”.

Además, reclaman que el Estado mexicano asuma públicamente el desplazamiento forzado, la quema de casas, el robo de pertenencias y “el solapamiento a los autores materiales e intelectuales de la masacre tales como los titulares de aquel entonces de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, jueces de distrito, magistrados y los ministerios públicos, hasta los propios ministros de la SCJN que han tenido responsabilidad en el aplazamiento de la justicia”.

Todo esto, rememoraron, aconteció durante la guerra de contrainsurgencia prevista por el Estado mexicano en el llamado Plan de campaña Chiapas 1994, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo.

Acorde a Las Abejas de Acteal, en dicho plan existió la coordinación entre los tres niveles del gobierno “para crear, reclutar, entrenar, financiar con armas y proyectos gubernamentales a los grupos paramilitares que les hicieron el trabajo sucio en Chiapas, mientras simulaban el diálogo con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) para una salida negociada al levantamiento armado, violando la Ley de Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas”.

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La organización sostuvo que, en el municipio de Chenalhó, los principales colaboradores de este Plan fue un grupo de paramilitares priístas que se coordinó con cuerpos de Seguridad Pública Estatal y funcionarios públicos priistas y del Partido del Frente Cardenista de aquel entonces.

Por último, Las Abejas destacaron que han sobrevivido a distintos intentos de división de su organización, “que quisieron rematar con la idea de la solución amistosa para engañar a la opinión pública y a un grupo de los sobrevivientes de la Masacre, de que es posible la justicia en el caso Acteal sin tocarle un pelo al Ejército Mexicano ni a los responsables de la Seguridad Pública que llevaron a cabo los Planes de Campaña que dieron origen, hicieron posible y supervisaron la creación y actuación de los grupos paramilitares impunes en Chiapas, cuyas secuelas seguimos enfrentando”.