San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de agosto de 2024

Boletín No. 20

La ONU llama al Estado mexicano a garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en Chiapas

• El Estado mexicano tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; es urgente que se tomen medidas proactivas y contundentes de protección.

Tres relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la situación de riesgo de varias personas defensoras del territorio y de los derechos humanos en Chiapas. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; y José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, solicitaron al Estado que aclare las medidas que está tomando para proteger a quienes sufren ataques por su labor en pro de los derechos humanos.

La y los expertos independientes de la ONU sumaron sus voces tras sostener una reunión con varias personas defensoras del estado de Chiapas. En su comunicación, destacan los ataques que enfrentan el Padre Marcelo Pérez Pérez, Pascuala López López, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), así como pobladores de Chicomuselo movilizados contra la explotación minera en su territorio.

Estas personas y organizaciones están expuestas a la criminalización, a difamaciones, hostigamiento judicial, vigilancia, amenazas de muerte, ataques físicos, entre otras violencias. Algunas acompañan víctimas de desplazamiento forzado, otras son constructoras de paz o buscan justicia para sus seres queridos. Todas están en riesgo por defender sus derechos, su tierra y territorio.

A raíz de ello, la ONU pide al gobierno esclarecer lo que está haciendo para revertir esta tendencia. En efecto, México como cualquier Estado tiene el deber no solo de abstenerse de violar los derechos de las personas defensoras, sino también protegerlos ante los riesgos que enfrentan. En un contexto donde defender los derechos humanos puede ser mortal – 30 personas defensoras fueron asesinadas en México en 2023[1] – la y los relatores también subrayan la necesidad de investigar a fondo el asesinato de Simón Pedro Pérez López, integrante de Las Abejas asesinado el 5 de julio 2021; así como la propia Masacre de Acteal, cometida el 22 de diciembre de 1997 en Chenalhó.

Finalmente, la y los relatores resaltan la necesidad de no dejar en la impunidad las agresiones a personas defensoras, así como tomar las medidas para que no se repitan.

Desde el Frayba, apoyamos firmemente este llamamiento y recordamos al Estado mexicano sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es imperativo que se tomen medidas proactivas y contundentes para proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Las organizaciones y las y los defensores son aliados esenciales y actores clave en la garantía y protección de los derechos de todas y todos.

[1]https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-segundo-pais-con-mas-crimenes-vs-defensores-20240523-0009.html

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

A la Comisión Sexta del EZLN

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados

Herman@s Tod@s

Nuestra lucha es por un techo digno, y el mal gobierno destruye nuestra casa y nuestra historia.

La profecía: el monstruo de mil cabezas (el mal) vendrá y dividirá en dos a las comunidades, se infiltrarán en el corazón de ella, engañará, ofrecerá dinero, e intentará romper desde adentro.

 Porque solo dividiendo puede imponer muerte y destrucción, la tarea es tejernos en comunidad como humanos, como hermanos, como hijos que pertenecemos a la gran madre, este planeta tierra, o sea organizarnos porque ante la muerte decidimos vivir.

En estos dos días de trabajo y organización nos encontramos 800 personas provenientes de los estados de Michoacán, Querétaro, Veracruz, Estado de México, San Luis Potosí, Colima, Chiapas, Hidalgo, Tlaxcala, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Guerrero, Yucatán, Chihuahua, Nayarit, Cuidad de México, así como diferentes países: Alemania, Italia, Francia, España, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Perú, Suiza y Guatemala.

En esta 5ª Asamblea Nacional por el Agua y la Vida asistieron también 200 delegados y delegadas del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno, de los pueblos Ñhöñhö, Purépecha, Mixe, Mayo, Wixarika, Yoreme, Nahua, Yaqui, Mazateca, Mixteca, Totonaco, Popoluca, Nuu Savi, Maya, Tepehuano, Guarijío, Rarámuri, Nayeri, Tzeltal, Tololabal, Zapoteco, Tohono Odam y Bini Zaa.

Declaramos:

El 19 de febrero de 2019, apenas dos meses después del inicio del nuevo sexenio, el asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes sería la señal de que la guerra contra los pueblos continuaría. El asesinato de Samir y el intento por echar a andar el Proyecto Integral Morelos, fue una prueba más de que el nuevo gobierno retomaría la agenda neoliberal de reordenamiento territorial para acoplar a nuestro país a la economía norteamericana y para ponerlo así al servicio del capital trasnacional. Junto al Proyecto Integral Morelos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y otros proyectos y megaproyectos de gran envergadura, la pesadilla neoliberal se extendió por todo el país de la mano de la militarización y del crimen organizado. Lo que en el pasado los malos gobiernos llamaron Plan Puebla Panamá y luego Proyecto Mesoamérica, el actual mal gobierno lo renombró colocando siempre el apellido de “Bienestar” para intentar ocultar el despojo, el desplazamiento, la destrucción y la muerte.

Para avanzar con la reorganización capitalista del territorio nacional, la nueva élite gobernante recuperó de sus antepasados estrategias de cooptación y simulación como lo es el indigenismo. Como sí se tratará de mero espectáculo, desde presidencia y sus asesores de comunicación, hicieron una gran puesta en escena para entregar un supuesto bastón de mando al actual capataz, faltando con ello a la verdad, y también faltando a la historia, memoria y al espíritu de nuestros pueblos. Esta simulación, hay que señalar, se ha retomado con quien a partir de octubre ocupará la silla presidencial.

Por su parte, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) echó a andar toda una operación mediática y política para hacer creer que el despojo y la muerte cuentan con el aval de los pueblos. En Sonora, por ejemplo, con el pueblo Yaqui, se puso en marcha un aparente Plan de Justicia que en los hechos favorece el despojo del agua para abastecer a las industrias mineras y la imposición del gasoducto, al tiempo que se continuó con el asesinato, la tortura y desaparición de varios miembros de la Tribu.

En Oaxaca y Veracruz, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto impulsado por el imperialismo desde hace dos siglos avanza de la mano de quien se dice defensor de la soberanía del país. Pero los pueblos, colectivos y organizaciones siguen resistiendo no sólo al megaproyecto, también al crimen organizado y a la represión que viene con él.

En la península de Yucatán, en el territorio maya, los pueblos vemos contaminados nuestros ríos subterráneos y cenotes, vemos destruidos nuestros territorios por donde pasa el mal llamado tren maya, un tren que viene acompañado del crimen organizado, de violencia, con el incremento de desaparición de niños, niñas y jóvenes, con el aumento de violencia y también con el incremento de suicidios. Al mismo tiempo vemos crecer las riquezas de las cerveceras y granjas porcícolas, de inmobiliarias y de la agroindustria que extraen nuestra agua que estaba protegida por la madre tierra durante miles de años y que ahora la han expuesto a contaminantes. Pueblos y comunidades que antes aceptaron el tren por la promesa de desarrollo, hoy se arrepienten ante la devastación ecológica y la llegada del crimen.

En Santa María Ostula, en Michoacán, aquel pueblo que nos alertó del vínculo entre mineras, crimen organizado y mal gobierno, hoy vemos el recrudecimiento de la guerra, los drones que avientan bombas, los ejércitos de las corporaciones criminales que buscan exterminar al pueblo en resistencia. Y vemos también, como en otras tantas geografías, un Estado cómplice.

En Chiapas, los pueblos zapatistas resisten a la brutalidad de la guerra que se ha instalado en todo el estado, una guerra que desplaza a pueblos enteros, que aumenta las desapariciones forzadas, que trafica con la gente, especialmente con mujeres y niños. Y ahí, en lo que hoy es el epicentro de la guerra, en Chiapas, los zapatistas nos enseñan que otro mundo es posible y que, organizados con otros y otras en todo el mundo, podemos arrancar al Estado la libertad de nuestros compas. En medio de tantos dolores, un destello de alegría y sonrisas nos provocó la libertad del compa José Díaz Gómez. Esta asamblea se suma a la exigencia al alto a la guerra contra los pueblos zapatistas y alto a la guerra en todo Chiapas y México.

En la Ciudad de México, la comunidad Otomí resiste desde la Casa Samir Flores Soberanes y nos enseña que luchar por vivienda digna es también luchar por la autonomía. Como respuesta, la comunidad Otomí recibe amenazas de desalojo y represión. Desde esta asamblea dejamos claro: toda nuestra solidaridad con la comunidad otomí residente en la ciudad de México y alto a la criminalización de la comunidad y del compañero Diego García. Exigimos que se cumplan la totalidad de sus demandas. Nos declaramos en alerta ante cualquier agresión que puedan recibir.

Y en Guerrero, las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nos dicen que su dignidad no está en venta, que burlas y desaires recibieron de este gobierno que decidió proteger a los militares y dejar que la verdad y la justicia siguieran esperando para otro momento. Esta V Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio dice también: nos faltan 43 compañeros y miles más.

Retomando la ruta de Luis Echeverría en 1975 y la creación del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), el INPI del traidor Adelfo Regino, el 29 de febrero del 2024 creó un aparato con exactamente el mismo nombre, un instrumento a modo para simular el diálogo y para intentar disminuir al movimiento indígena independiente, ese que no se rinde, no se vende y no traiciona. Como reivindicación del desprecio y de la simulación, el nuevo aparato de dominación de los pueblos retomó la misma consigna que ha sido nuestro grito de lucha: “Nunca más un México sin nosotros”. En su ruta del saqueo, y como complemento de la cooptación y desmovilización, el INPI elaboró y publicó en el diario oficial de la federación, en el marco del día internacional de los pueblos indígenas, el 9 agosto de 2024, un Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, un “Catálogo” que es en realidad un plan de guerra: un plan para para eliminar a nuestros pueblos y despojar nuestros territorios. Junto a los catálogos, los pueblos mágicos, la simulación de la justicia y las puestas en escena, el propio INPI, siempre al servició del capataz, ha impulsado o legitimado asambleas o consultas que no cumplen con las formas y tradiciones de los pueblos. Recientemente, el mismo INPI ha retomado reformas jurídicas que fueron discutidas hace más de 25 años y que hoy no corresponden a las exigencias y problemáticas de nuestras regiones.

Para los pueblos el agua es sagrada, porque nos da vida, nos da existencia, nos da comida, nos da medicina. Por eso pedimos permiso al territorio, por eso no lo traicionamos, no lo vendemos. Si la tierra y el agua enferman nosotros también, si el agua muere, nosotros y la vida toda se acaba. Si el agua ya no cae, nada florece, nada vive.

Para ellos, los de arriba, resulta fácil mirar nuestro territorio e identificar las fuentes de agua, minerales y tierras fértiles, trazar carreteras, vías de tren, gasoductos, para transportar mercancías y proveer a la industria, les es fácil mirar el mapa y decidir qué población desplazar y eliminar.

En esta guerra sangrienta que no es más que una continuidad de la que inició hace más de 500 años, los pueblos seguimos en resistencia, seguimos caminando en este territorio llamado México, en este hogar llamado mundo, y en este caminar nos encontramos con nuestra historia y con otros pueblos y comunidades.

En este espacio recuperado por nuestras hermanas y hermanos de la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, el cual se ha convertido no sólo en su casa, sino que han abierto las puertas para todo aquél que lucha desde abajo y a la izquierda, que luche por la vida. Dicen que ya no existen pueblos en la ciudad, dicen que nos pueden contabilizar y caricaturizar en un catálogo, dicen que ya no hay resistencia, en el norte, sur, este, centro y oeste del país, dicen que los pueblos ya no existimos, y nosotros, nosotras; les decimos que los pueblos y naciones originarias existimos porque resistimos. Los de arriba quieren que olvidemos que somos parte de la naturaleza pero nosotros nos empeñamos en defender a nuestra madre tierra.

En esta 5a Asamblea escuchamos viejas y nuevas formas de despojo y destrucción, acaparamiento, perforación de pozos para la industria, construcción de tuberías que, simulando el cumplimiento del derecho al agua la desvían para la industria y la ciudad, otorgamiento de concesiones ilimitadas para las industrias, minería y empresas, mientras a la población es limitada a un día o incluso horas de acceso al agua, que casi siempre está contaminada.

El sexenio termina, y contrario a lo que prometieron, no termina la guerra ni el despojo. Peor aún, el próximo gobierno promete continuidad: un segundo piso para los de arriba construido sobre los y las de abajo. Los banqueros y megáricos no pueden estar más que contentos. Sus riquezas y su impunidad se ensanchan.

Las luchas que en nuestros pueblos florecieron desde hace siglos y que en las últimas décadas ha sobrevivido a la modernización neoliberal y a la supuesta cuarta transformación, hoy crece en la lucha contra la guerra y el despojo del agua. Las luchas del campo y la ciudad dialogan, comparten diagnósticos y encuentran que los explotadores tienen el mismo nombre en uno y otro lugar. Las luchas se hermanan. La lucha por el agua, la vida y los territorios debe seguir mientras quien gobierne lo haga para los de arriba, sirviéndose de la explotación y la dominación, del saqueo y del desprecio.

Aquí coincidimos las luchas de muy distintas geografías del territorio nacional, del campo, del mar y la ciudad. Luchas que estaban antes de este sexenio y luchas que florecieron durante este sexenio. Estamos aquí quienes coincidimos en seguir en la lucha por la vida, desde abajo, contra la explotación capitalista bajo los nuevos rostros que adquiere.

Esta es nuestra palabra sencilla, un balance del sexenio que termina y un anuncio de que nuestra lucha sigue en el sexenio que comienza. La lucha por el Agua, la Vida y el Territorio sigue, porque luchar por la Vida es luchar contra el capitalismo.

• Repudiamos el megaproyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el mal llamado Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Proyecto Integral Morelos, entro otros.

• Repudiamos los Planes de reordenamiento territorial, los planes de justicia que son el instrumento para despojar el territorio, desplazar a los pueblos para repoblar con nuevos habitantes que se dejen someter por este sistema.

• Exigimos el cese de la criminalización en contra de 9 personas compañeras y dos compañeros indígenas zapotecas y un mixe, con el motivo de desplazarles de manera forzada al imputándoles una fabricación de delitos.

• Exigimos el cese de la criminalización en contra del campamento tierra y libertad de Mogoñe viejo en el ITSMO de Tehuantepec.

• Repudiamos la manipulación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas para ocultar las más de 116 mil personas desaparecidas, y repudiamos también el cinismo del mal gobierno que incluso convocó a personas desaparecidas para ser representantes de casilla.

• Condenamos las 40 ejecuciones de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata.

• Exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos, así mismo pedimos la investigación y el castigo a Omar García Harfuch por sus posibles vínculos con este crimen

• Exigimos la presentación con vida Sergio Rivera Hernández de la Sierra Negra de Puebla por luchar en contra de la construcción de una hidroeléctrica.

• Exigimos el alto a la violencia contra las comunidades de la sierra del Sur de Guerrero.

• Exigimos la libertad inmediata e incondicional de María Cruz Paz del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y de los 5 presos de San Juan Cancúc.

• Exigimos el cierre de procesos, persecución y desplazamiento contra la comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

• Exigimos el cierre definitivo del basurero de San Pedro Cholula, Puebla y alto a la persecución de compañeros nahuas de la región.

• Repudiamos el actuar de CONAGUA en contra de nuestras comunidades al gestionar y garantizar el despojo y contaminación de nuestra agua.

• Exigimos Castigo a los culpables del asesinato de Samir Flores Soberanes, quien luchó en contra del Proyecto Integral Morelos. Su lucha, así como él, siguen vivos en nuestra resistencia.

• Exigimos el alto a la destrucción de las reservas de agua de ríos subterráneos y cenotes en la península de Yucatán destruidos por el mal llamado tren maya que lo acompaña el incremento de niños y jóvenes desaparecidos vinculados a cuarteles y carteles del narcotráfico.

• Exigimos el alto en la destrucción de la selva en Calakmul en el territorio maya de la península de Yucatán, con incendios en la selva legitimando el cambio de uso de suelo para construir hoteles, casinos, para el turismo la especulación inmobiliaria y monocultivos de la agroindustria.

• Exigimos justicia por los compañeros Yaquis desaparecidos y asesinados por el narco estado.

• Exigimos el retiro de la comisión estatal de los pozos de agua de Santiago Mexquititlán y alto al hostigamiento a la comunidad.

• Exigimos el cese de la persecución y fabricación de delitos en contra de investigación de nuestra compañera Hortensia Telésforo de San Gregorio Atlapulco, criminalizada por participar en la recuperación de la biblioteca comunitaria del pueblo.

• Exigimos la atracción de la carpeta de investigación por parte de la suprema corte de justicia de la nación por el delito de tortura en contra del estado mexicano en Querétaro

• Exigimos la libertad de José Alberto Cortez Sayes, Esmeralda de la región Purépecha en Michoacán.

Acciones

• Llamamos a acompañar la acción convocada en el Istmo del 10 al 12 de octubre en el marco de las jornadas del llamado nacional del congreso nacional indígena, en contra de megaproyectos y gasoductos.

• Llamamos al acompañamiento de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2024.

• Llamamos a difundir las consecuencias de la militarización en nuestros territorios y en todo el país.

• Llamamos al acompañamiento permanente a la Comunidad de Santa María Ostula Michoacán, en la exigencia de respeto a las tierras comunales que tiene en la localidad de Xayacalan, y las acciones próximas convocadas como es el caso del 4 de septiembre, en la suprema corte de justicia para el reconocimiento por parte del poder judicial mediante un juicio de amparo interpuesto.

• Llamamos a acompañar y dar seguimiento a la Segunda Asamblea Regional de pueblos Cholultecas y de los volcanes que se llevará a cabo el 1 de septiembre de 2024 en el pueblo de Coronango, Puebla

• Participar en los llamados del Congreso Nacional Indígena hacia el 12 de Octubre 2024

• Convocamos a sumarnos al 51 aniversario de la UPVA 28 de octubre el 28 de octubre 2024

• Movilización por justicia para Avelino Soberanes, 21 de agosto

• Marcha nacional convocada por la UPVA 28 de octubre, 13 de septiembre

• Reafirmamos que este edificio seguirá siendo la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, resguardad por la comunidad otomí residente de la CDMX y junto con ellos la ocupamos luchando desde abajo y a la izquierda, retomando los principios del mandar obedeciendo.

• Anunciamos que se realizará la Sexta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio en el 2025. Próximamente informaremos lugar y fecha.

TENER TECHO ES UN DERECHO

AGUA, TIERRA Y LIBERTAD

NO ES SEQUÍA, ES SAQUEO

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE

Casa Samir Flores Soberanes, Ciudad de México a 18 de agosto de 2024

#tenertechoesunderecho

#asambleanacionalporelaguaylavida

#CNI

#EZLN

#estatierraesdeostula

#NoEsSequíaEsSaqueo

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

La transnacional canadiense TC Energía (antes Transcanada) ha anunciado a sus inversionistas que ha avanzado significativamente en la instalación del gasoducto denominado “Puerta al Sureste” en México, un ambicioso complejo para el mercado del gas proveniente de Canadá y Estados Unidos, el cual suministrará a los polos de desarrollo del llamado Tren Maya y Corredor Interoceánico. El objetivo es acelerar las obras para entrar en funcionamiento a mediados de 2025, declaró François Poirier, CEO de la empresa.

A través del gasoducto “Puerta al Sureste”, la transnacional venderá a México 1 mil 300 millones de pies cúbicos diarios (Mpc/d) de gas para los proyectos del sur sureste del país. Consta de un ducto submarino de 715 kilómetros, que también conecta con otro de 800 km, llamado Sur de Texas-Tuxpan, también submarino y de propiedad de la canadiense junto con la estadounidense Sempra Energy, a través de su filial mexicana Sempra Infraestructura.

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En un video-informe presentado en la habitual conferencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el pasado mes de julio, remarcó que “adicionalmente se desarrolla el gasoducto “Puerta al Sureste”, que permitirá el transporte de gas conectando Texas con los estados de Veracruz y Tabasco, duplicando la capacidad en el transporte de este combustible”.

Además del ducto submarino, “Puerta al Sureste” también tendrá un tramo terrestre. Según los informes de la empresa, de este mes de agosto, ya se ha avanzado “más del 98% del tendido” de este tramo. Además, esperan “finalizar los últimos 3 kilómetros (faltantes) en aguas someras durante el presente trimestre”.

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El presidente de la empresa destacó la importancia de las importaciones de gas de México, las cuales han aumentado considerablemente durante los últimos meses. Por ello anunció a sus inversionistas que también está en conversaciones iniciales con Comisión Federal de Electricidad (CFE) para “adelantar la entrada en servicio del proyecto” para responder a la demanda interna, pero también, la transnacional busca continuar sus exportaciones de gas desde el territorio mexicano principalmente con destino a Europa y Asia. 

Re-exportación

De acuerdo con los datos de este año 2024 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el consumo de gas interanual de México creció un 5%, lo que equivale a 3 mil millones de metros cúbicos. Son datos que fueron reflejados entre octubre de 2023 y marzo de 2024.

La dependencia de este insumo es principalmente para generación de electricidad en el país. Es por ello que, según la IEA, las importaciones mexicanas diarias son de alrededor de 5 mil 894 millones de pies cúbicos. Mientras tanto, la producción interna va en picada. En abril de 2024, la producción se desplomó un 14.6% en comparación con el año 2023, alcanzando un mínimo de 3 mil 756 millones de pies cúbicos diarios, el nivel más bajo desde abril de 2021, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). 

En entrevista para Avispa Mídia, el investigador Luis Pérez, del colectivo Geocomunes, puntualiza que “el gas es el energético que sostiene la matriz energética del país”, por tanto, el discurso de que México va exportar gas no tiene sustento, en todo caso se trata de una “re-exportación” de las empresas como TC Energy y Sempra Energy, puntualiza el investigador.  

Ira a: Crecen activos de Sempra Energy en México, exportará gas desde el Istmo y Ensenada

Pérez alerta que el entramado de gasoductos que se va edificando en todo el territorio mexicano, los cuales abastecen a las centrales eléctricas, así como al sector minero y la industrial en general, “ahora tiene un papel a escala global, por el interés de comerciar el gas proveniente de la costa este de los Estados Unidos”, explica.

El integrante de Geocomunes advierte que han identificado al menos “ocho proyectos de plantas de exportación sin contar sus ampliaciones. En su conjunto, estos proyectos tienen capacidad de exportación de 11 mil 500 millones de pies cúbicos diarios. El consumo diario de México es de entre 8 mil 500 y 9 mil millones de pies cúbicos”.

El investigador asevera que este mercado del gas, extraído mediante el método conocido como fracking (fractura hidráulica) en los Estados Unidos y Canadá, “es gigantesco, se está intentando exportar más de lo que consume México. Entonces es una re-exportación” donde las empresas transnacionales están usando la infraestructura en México para poder llevar el gas a otros continentes, como Europa Y Asia. 

El CEO de TC Energy no duda en avisar a sus inversionistas las oportunidades que ven venir con el aumento del consumo de gas en México, presionado por la demanda de las nuevas centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por las inversiones en el llamado nearshoring y para la exportación.

“Somos muy optimistas sobre el papel que México va a desempeñar en el mercado de gas de Norteamérica, tanto por su creciente demanda interna como por su potencial de exportación”, puntualizó Poirier.

La resistencia

Detrás de cada proyecto hay descontento, principalmente comunidades nativas y organizaciones civiles. El pasado mes de junio, diversos pueblos originarios de México y Canadá sumaron sus voces para remarcar a la Asamblea General de Accionistas de TC Energy, que esta empresa ha violado sus derechos más elementales, como la consulta establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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Para la construcción del gasoducto “Puerta al Sureste” tampoco se realizó ningún protocolo de consulta hacia los pueblos aledaños al ducto. No hubo “la participación de las comunidades indígenas locales, sobre todo de las comunidades pesqueras de la costa del sur de Veracruz que no han sido informadas por la empresa de los impactos directos e indirectos de la obra para sus medios de vida”, denunciaron en un comunicado que lanzaron el pasado mes de junio, firmado también por diversas organizaciones no gubernamentales como el Centro de los Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño; Greenpeace A.C., entre otros.

Mientras que TC Energía avanza con el ducto “Puerta al Sureste” y muestra optimismo por el crecimiento del mercado de gas en México, el gobierno mexicano lo presenta como un gran avance de lo que ha llamado como Cuarta Transformación.

En su conferencia matutina de López Obrador, del pasado mes de julio, en el video que presentó se anunciaba que CFE “despliega la mayor infraestructura energética en la historia del sureste, que tiene por objetivo suministrar, entre otros proyectos, al Tren Maya”. 

También argumenta que han creado las condiciones “para transportar el gas a las centrales generadoras, ampliando la infraestructura de gasoductos en el sureste.

Se interconectó al antiguo gasoducto Mayakán con el sistema nacional de gasoductos, lo que implicará que la disponibilidad de este combustible aumente en un 400% en la región”.

Ver investigación: Ver investigación Los “Ventajosos” beneficios de Sempra Energy en México

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

Cuatro jóvenes de la comunidad campesina Cuyo Grande, en la región Cusco, Perú, fueron sentenciados a siete años de prisión por protestar contra las masacres en los andes durante el primer bimestre de Dina Boluarte en el gobierno.

Las desproporcionadas penas siguen la línea de criminalización del derecho a la protesta en el Perú, mientras que ningún mando político, militar o policial, los responsables de las matanzas, recibe sanciones. 

El 31 de enero de 2023, cuando las fuerzas militares y policiales habían asesinado a 45 manifestantes, la mayoría en territorios andinos de poblaciones quechuas y aimaras, agentes infiltrados detuvieron a Richard Camala (23 años), Ferdinán Huaccanqui (34 años), Redy Huamán (23 años) y Joel Hivallanca (22 años).

La justicia desconoció el arraigo domiciliario de los imputados, debido a que viven en tierras comunitarias. Al no reconocerles un domicilio, la justicia consideró que habría riesgo de fuga en caso de procesarlos en libertad.

Desde entonces permanecen recluidos en el penal Qenqoro, acusados en primera instancia del delito de disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Los comuneros, mediante engaños, por desconocimiento, firmaron actas de intervención policial sin poder leer el contenido, aceptaron la terminación anticipada y se declararon culpables, lo que complicó su situación.   

El último 31 de julio, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Cusco ratificó las condenas, sin reconocerles arraigo de domicilio. Los procesados, quienes se dedican a la agricultura, presentaron constancias de posesión de tierras, por lo que la medida es calificada de discriminatoria por sus familiares.  

A las sentencias, las autoridades judiciales le suman un elevado pago de reparación civil (250 mil soles, alrededor de 70 mil dólares).

Persecución coordinada 

El abogado de los sentenciados, Marcelino Quispe, denunció irregularidades en el proceso: detención ilegal por parte de policías encubiertos, manipulación de pruebas del representante del Ministerio Público y el dictamen de una jueza durante su periodo de vacaciones para, según señala, promover su ascenso al cargo de vocal.

El jurista apunta a la colusión entre el Ministerio del Interior, Poder Judicial y fiscalías, evidenciada en otros casos de persecución de la protesta social desde la gestión de Boluarte. La defensa de los comuneros planteará todavía recursos para anular la resolución y se propone llevar el caso al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos. 

Hasta el día de la detención de los jóvenes de Cuyo Grande, el gobierno había reprimido con violencia extrema las movilizaciones en Puno, Ayacucho y Apurímac, donde victimaron en total a 38 personas, entre ellas menores de edad. Otros once manifestantes fueron asesinados en Cusco, Arequipa, Junín, La Libertad y Lima en los meses de convulsión, entre diciembre de 2022, mes del golpe de Boluarte, y enero de 2023.

Organismos internacionales de derechos humanos han calificado los actos de las instituciones armadas de ejecuciones extrajudiciales con sesgos raciales.  

En enero de 2023 también fueron detenidos y trasladados a Lima siete integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), sindicados de apología al terrorismo, a quienes dieron arbitrarias penas de prisión preventiva. En las últimas semanas salieron en libertad tres de los activistas que continuaban presos, luego de 18 meses. 

Aún se espera la liberación de Rocío Leandro Melgar, presidenta de la organización, para quien el Ministerio Público pide adicionar seis meses de encierro preventivo. Asimismo, la del brigadista y estudiante de derecho Vladimir Molina, procesado por disturbios durante las protestas en la capital. 

(Descarga aquí)  

— INGLATERRA: Crisis, Sionismo y extremistas blancos, el resurgimiento de la ultraderecha. Una entrevista que realizamos a una compañera activista y participante de movimientos en solidaridad con los pueblos migrantes.

— BANGLADESH: El movimiento estudiantil popular derroca a la primera ministra de Bangladesh. Continúan las protestas por reformas, la libertad de los detenidos y justicias para las cientos de victimas de la represión gubernamental.

— PALESTINA: Continua el genocidio, e Israel busca detener cualquier intento para un cese al fuego. Ataque israelí contra una escuela deja más de 100 muertos y decenas de heridos en Gaza.

https://telegra.ph/El-movimiento-estudiantil-popular-derroca-a-la-primera-ministra-de-Bangladesh-Sheikh-Hasina-08-10

— OAXACA, CHIAPAS, GUERRERO: Pronunciamiento conjunto. Pese a la difamación, la criminalización y la violencia, los pueblos indígenas seguimos defendiendo los territorios en el sur-sureste de México 

https://www.grupotortuga.com/Un-ataque-israeli-contra-una

https://frayba.org.mx/240809_pronunciamiento_conjunto_violencia_criminalizacion https://www.facebook.com/EducaOax/videos/477734431697430

https://www.facebook.com/EducaOax/videos/477734431697430

— CDMX: Actualización del caso del Yorch. Mensaje a la jornada anti carcelaria. A pesar de condena sigue la lucha por su libertad y la solidaridad con el encierro.

— CHIAPAS:  UN PICO Y UNA PALA. De la solidaridad, la empatía y la valentía. Comunicado zapatista en Carta del Capitán. 

https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2024/08/08/un-pico-y-una-pala-de-la-solidaridad-la-empatia-y-la-valentia/embed/#?secret=gvTHfuQ5PR#?secret=l9DoVp250x

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México

12 de agosto de 2024

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional 

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

A 15 años de la liberación masiva de los paramilitares por la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aquí seguimos, porque somos un pueblo que no olvida. Aquí seguimos las y los sobrevivientes, caminando de la mano con nuestra Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal; no nos hemos dejado vender ni manipular por los gobiernos responsables de la Masacre de Acteal ni por los gobiernos actuales que, con su indiferencia y falta de voluntad política, han decidido mantener en la impunidad a los autores intelectuales de la masacre de Acteal.

Las Abejas de Acteal somos una organización con memoria que, a lo largo de casi 27 años desde la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros, más los cuatro bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997, hemos visto cómo este crimen de Estado ha sido objeto de una política de desgaste y de olvido por parte de los mismos gobiernos, quienes buscan dejar impune su propio crimen. Bajo estas políticas, gobiernan y siguen gobernando a México, sin importar el color del partido al que pertenezcan; y no les importan los costos políticos, sociales y económicos que causan, con tal de mantenerse en el poder para saciar sus ambiciones y avaricias.

Nos da mucha tristeza, llora nuestro corazón por la violencia que ya es imparable y se ha convertido en un monstruo que devora a toda persona que encuentra a su paso. Por ejemplo, en esta zona en la que vivimos, el municipio de Pantelhó y las comunidades de Chenalhó que viven en las inmediaciones del primero se han desplazado de manera forzada por los disparos constantes de los grupos armados. Como ya es sabido, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional permiten que tales actos ocurran bajo sus propias narices.

Las y los sobrevivientes de Acteal, sobre todo las mujeres que vivieron el terror del ataque de los paramilitares durante aproximadamente seis horas y que vieron caer sin piedad a sus familiares, a los niños y a las mujeres embarazadas, se han enfermado por el pánico y la crisis psicológica. Con esta violencia, el gobierno en turno, en lugar de crear garantías de no repetición de un crimen como el de Acteal, permite a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población, propiciando así el olvido de la Masacre de Acteal, al igual que Ayotzinapa, Tlatlaya, Pasta de Conchos, Aguas Blancas y otros crímenes de Estado cometidos en todo el país.

La decisión de la mal llamada SCJN de liberar a los autores materiales de la Masacre de Acteal, así como la campaña emprendida por los amigos de los paramilitares en 2006, involucrando al Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), Confraternice, Hugo Eric Flores Cervantes, Héctor Aguilar Camín, Manuel Anzaldo Meneses y con el pacto de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México en esa época, han hecho que el fruto de su colaboración en la impunidad haya llevado a Chiapas a una guerra civil, tal como lo advirtió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en uno de sus comunicados del año pasado.

Bajo el contexto de oscuridad y muerte que reina en Chiapas, nosotras y nosotros, las guardianas y guardianes de la Memoria y constructoras y constructores de la Justicia y de la Paz, siempre apostaremos por la Esperanza y por la Vida a pesar de la muerte. Sin embargo, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se pronuncie con el informe de fondo, la violencia, las muertes, los desplazamientos forzados y el terror de día a día van empeorando. No estamos exagerando. En este tenor, insistimos en nombre de las 45 hermanas y hermanos, más los cuatro no nacidos masacrados en Acteal, y en nombre de la sangre que se sigue derramando absurdamente en todo Chiapas y México, solicitamos:

URGENTEMENTE a la CIDH que dicte YA el INFORME DE FONDO del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal), donde responsabilice al Estado mexicano por la Masacre de Acteal y así iniciar la investigación y juicio a los autores intelectuales de dicha masacre, encabezada por Ernesto Zedillo Ponce de León.

Finalmente, reiteramos la invitación a toda la gente a la que también le duele e indigna la impunidad y la violencia a que actuemos levantando la voz y realizando acciones no violentas para exigirles a los tres niveles de gobierno que recuerden que existe una Constitución en nuestro país que les obliga a dar seguridad y proteger a todas y todos los mexicanos. Asimismo, existen tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estipulan los derechos de gozar de la paz y de la vida para toda la humanidad.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente,

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

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Victorio Pérez Paciencia	Juan Pérez Santiz
Presidente	Tesorero

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Alfredo Jiménez Pérez

Sub-Presidente

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F

^{Fotografía de portada: Santiago Navarro F}

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la comunidad indígena de Santa María Ostula, ubicada en el municipio de Aquila, Michoacán, se encuentra en el epicentro de una crucial batalla legal y social que podría determinar el futuro de sus tierras comunales. Este momento es decisivo, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito resolverá el amparo directo 463/2023 interpuesto por la comunidad.

La disputa legal que enfrenta la comunidad nahua de Ostula se centra en un litigio agrario histórico de más de dos décadas. En 2009, la comunidad recuperó más de 1,000 hectáreas de tierras que habían sido ocupadas por los llamados “pequeños propietarios y presuntos jefes del crimen organizado”, así lo han denunciado los comunitarios en un comunicado.

El recurso de amparo directo 463/2023 busca revertir la sentencia del juicio 78/2004, que había otorgado las tierras a pequeños propietarios de La Placita, un grupo que, según las autoridades comunales, tiene vínculos con el crimen organizado. El Tribunal había confirmado esta sentencia, ignorando los documentos probatorios que respaldan la propiedad comunal de Ostula.

Amicus Curiae

Justo en este día que el Tribunal tendrá que decidir sobre el destino de estas tierras comunales, la defensa legal presentará informes y opiniones técnicos de más de 56 expertos en antropología, historia y arqueología mediante el recurso conocido como Amicus Curiae. Estos expertos son reconocidos a nivel nacional e internacional y su participación busca aportar una perspectiva objetiva sobre la validez de las reclamaciones de la comunidad.

(Continuar leyendo…)

UN PICO Y UNA PALA.
De la solidaridad, la empatía y la valentía

Agosto del 2024.

  La solidaridad con lo lejano -y no me refiero a la geografía, sino a su lugar en la información-, no sólo es cómoda.  Además, permite las posiciones más absurdas y contradictorias (como la de justificar el asesinato de civiles, niños en su mayoría, que ignoran que el infierno presente no es momentáneo, sino también una promesa del futuro).

  La solidaridad con lo distante no requiere compromiso: son otros los que sufren y mueren.  Para ellos la limosna de la atención momentánea, la acalorada discusión (já) sobre uno o dos Estados, las referencias históricas a modo de cada posición.  La solidaridad con lo cercano, en cambio, demanda algo más que un comentario en redes sociales.  En el extraño y pequeño mundo del progresismo están más cerca las kurdas, Palestina y Ucrania, que Ostula y su porfiada resistencia; las comunidades originarias del Istmo que se rebelan al destino de ser reconvertidas en guardias aduanales en la nueva frontera sur de la Unión Americana (porque eso, y no otra cosa, es ese megaproyecto); la destrucción ecológica llamada “Tren Maya”; el despojo de agua en toda la geografía; la imposición de termoeléctricas; las rebeliones contra saqueos, imposiciones y destrucciones del medio ambiente;…y las Buscadoras.

  Y no, no se trata de obviar, por geografía, una injusticia en cualquier parte del planeta.  No, se trata de entender y sentir que la solidaridad no es una moda y una pose, sino un compromiso que maldice.

  Como el oído, la mirada… y la palabra

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  De las ausencias, la más terrible e inhumana es la que no tiene explicación.

  Las personas desaparecidas, su actualidad y la indiferencia que provocan arriba, son la prueba contundente de que la frivolidad y el cinismo son virtudes en el quehacer político de la derecha… y de la izquierda progresista.

  La existencia de personas que buscan la verdad y la justicia para sus ausentes es lo que marca la modernidad tan cacareada allá arriba: es terrible el infierno en el que se cocinan esas desapariciones; y es maravilloso que, quienes buscan, revaloren con su empeño la dignidad humana.

  En los últimos años, lo más terrible y maravilloso que ha parido esta geografía es la profesión de “buscadora”.

  ¿Cuál es lo mínimo para cumplir esa demanda de verdad y justicia para las desaparecidas?  ¿Cuál es el “piso”, -como dirían los expertos en gestoría-, en esa petición? ¿Un fragmento óseo? ¿El jirón de una blusa descolorida?  ¿Un zapato sin su par?  ¿Una resolución del poder judicial, la policía, el gobierno en turno: “se hizo lo que se pudo”?  ¿La señal del gps parpadeando solitaria, desesperada, inútil?

  ¿Un discurso que, claro, culmina con “me comprometo a que se sepa la verdad antes de que termine mi gobierno, caiga quien caiga”?

  Las buscadoras no sólo buscan a sus ausentes, también buscan la vergüenza, la dignidad y la humanidad que se perdieron con un puesto gubernamental, un renglón en la tabla Excel del pago en nómina por claudicaciones.

  Quienes se niegan a responder a la demanda de las Buscadoras, ¿a qué le temen?  ¿Cuál es el sustento para que afirmen que “la mayoría de las desaparecidas lo son por voluntad propia”?  ¿Es que ya investigaron y esas ausentes lo son voluntariamente?  ¿Entonces por qué no decirles a las Buscadoras: “señora, su hijo, hija, se fue porque encontró una pareja” o “porque usted no la comprendía”?

  ¿No tienen alta tecnología (drones, satélites, georradares, archivos digitalizados)?  Si no, por qué no compran o rentan, o piden prestados esos equipos.  Busquen en tiendas on line… o en la página de la Secretaría de Marina.  Sólo escriban en la ventana del buscador “equipos de búsqueda y rescate”.

  Si tienen los medios para espiar a sus enemigos (un Pegasus en cada soldado te dio), ¿por qué no usan esas tecnologías para averiguar si esa persona está desaparecida “por voluntad propia”?

   ¿O mienten las Buscadoras?  ¿Entonces es mentira que anden de un lado a otro, atenidas a las informaciones que reciben?  ¿Sufren porque quieren o porque alguien les hace falta?  Esas imágenes donde aparecen, con palas y picos, en zonas rurales, ¿son editadas con una aplicación digital y, en realidad, ellas están en su casa haciendo cuentas para ver cómo llegan a fin de mes?  Ellas -y ellos, claro-, las Buscadoras, ¿desaparecieron voluntariamente a sus hijos, hijas, compañeros, compañeras, padres, madres, familia, con el único propósito de perjudicar a la víctima imaginaria de Palacio Nacional?

  Tal vez podrían, al menos, pedirles a esas Buscadoras que busquen y encuentren la vergüenza que, allá arriba, perdieron por un puesto gubernamental… y una nómina personal.

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  Usted que trabaja en medios de comunicación, ¿se acuerda de aquellos tiempos cuando hacer periodismo era investigar, ir al lugar de los hechos, entrevistar a las “partes involucradas”, desafiar la “autocensura”, pelear en el comité de redacción por la publicación -porque usted se comprometió con esas víctimas a dar a conocer su tragedia; y usted tiene en alta estima el valor de la palabra, por eso eligió el periodismo-, regresar al lugar y mostrar a esas dolientes la nota (que a usted le costó la enésima amenaza de despido, -o se lo confirmó, claro-)?

  ¿Recuerda cuando las notas se sacaban de la realidad y no de las redes sociales?  ¿Se acuerda de cuando el gafete de “PRENSA”, más que de orgullo e impunidad, era símbolo de compromiso ético?

  ¿No hubo un tiempo en que peleaba la nota con otros periodistas y no con influencers que ni siquiera saben redactar la descripción de sus videos?  ¿Aquellos días donde el enemigo era la dádiva, el chayote, el sobre con billetes, la información no confirmada?  Y no como ahora, las amenazas de muerte -cumplidas no pocas veces-, o los hostigamientos virtuales de bots de uno y otro signo.  Además, claro, del tribunal mañanero con el que el Supremo reparte bofetadas y caricias.

  ¿Dónde están los grandes reportajes, el periodismo de investigación, las notas exclusivas, las preguntas incisivas, la redacción impecable, la dicción correcta, la imagen donde la nota no es el periodista sino la realidad?

  Seguid el hilo de Ariadna, tal vez dentro del laberinto encontrareis lo que les hizo elegir el periodismo como profesión… y maldición.

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  En algún rincón del corazón humano hay una cosa que se llama “empatía”.  Esa capacidad de “ponerse en el lugar del otro” es, en realidad, la capacidad de “ponerse en el lugar de la víctima”.  A veces individualmente y cada vez más en colectivo, ese sentimiento va más allá y afronta la necesidad de “hacer algo”.

  Pero la realidad no da premios.  Si acaso, pesadillas.  Así que se necesita valentía para decir “soy yo y siento que esto no es justo y tengo que decirlo o hacerlo sentir, sobre todo a las víctimas”.

  Son escasos y muy espaciados los logros que se consiguen.  Parecen pequeños, pero para las víctimas lo son todo.  Como lo será para -supongamos, sin conceder-, José Díaz Gómez, quien de seguro se sorprenderá cuando vea todos los mensajes de apoyo y solidaridad que, desde los rincones más insospechados de México y el mundo, convergieron en el esfuerzo de esa ONG -incómoda, como deben ser todas las ONG-, que asumió la búsqueda de la justicia como lo que es, es decir, un deber.

  Su libertad fue parida por todas esas voces y acciones que, ojo, convergieron en una demanda sencilla pero contundente, tan añeja como la humanidad misma: libertad.

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  Buscad a las buscadoras.  Se me ocurre, no sé, que tal vez también buscan otro mañana.  Y eso, amigos y enemigos, es luchar por la vida.

Vale.  Salud y encuéntrenlas.  Urge.
Desde las montañas del Sureste Mexicano.

El Capitán.
Agosto del 2024.

P.D.- Creo que es obvio, pero si no, pues lo decimos claramente: gracias.

Entrevista a Carlos González – Abogado agrarista del CNI.

En agosto el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito (Morelia, Michoacán), va a resolver el juicio de amparo directo 463/2023, a través del cual la comunidad indígena de Santa Maria Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, está impugnando la resolución que el Tribunal Superior Agrario dictó confirmando la sentencia del Tribunal Unitario Agrario distrito 38 dentro del juicio 78/2004, a través de la cual da un fallo favorable a supuestos pequeños propietarios de La Placita, reconociéndoles tierras en posesión inmemorial de la comunidad.

Este procedimiento estuvo plagado de fuertes irregularidades. Se trata de una disputa histórica por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales ubicadas junto al Océano Pacífico que Santa María Ostula recuperó en 2009 (circunstancia que la llevó a reorganizar su Guardia Comunal) y que tiene tras de sí una trágica cauda de 40 comuneros asesinados y 6 desaparecidos, incluidos sus más importantes dirigentes.

En el andamiaje judicial de nuestro país estamos ante la última instancia a la que la comunidad de Santa Maria Ostula puede recurrir, luego de que hace dos años la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una votación privada y sin escuchar a la comunidad, resolvió no atraer tan significativo litigio. Santa María Ostula es una comunidad nahua del municipio de Aquila. Esta y las restantes comunidades nahuas del municipio (Pómaro, El Coire y San Miguel Aquila) son propietarias, bajo el régimen comunal, de más de 200 mil hectáreas y comparten una colindancia con el Océano Pacífico en una línea mayor a los 100 kilómetros. Las playas ubicadas en sus tierras están muy bien conservadas y son muy hermosas. Asimismo, sus montes son de los más ricos en el mundo en metales como el oro, la plata y el hierro. Además los territorios de estas comunidades son importantes nichos ecológicos en los que son celosamente conservadas distintas variedades de tortuga, entre otras especies, y tienen significativas reservas de agua.

Por lo anterior se trata de tierras muy codiciadas por empresas mineras e inmobiliarias; y por supuesto por los carteles criminales en tanto que se trata de una estratégica región ubicada entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los dos más importantes del país. De hecho parte de las tierras que la comunidad tiene en disputa las recuperó de los que en ese año de 2009 eran líderes de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.

Justamente por esos intereses tan poderosos que han puesto sus ojos en las tierras de la comunidad, últimamente el Cartel Jalisco Nueva Generación ha lanzado violentos ataques sobre la comunidad, destacando el del 3 de julio de este año, con el uso masivo de drones y explosivos, sobre la población civil y casas del poblado de La Cofradía de Ostula. Pedimos generar campañas informativas y acciones sobre el Tribunal de amparo, sobre el Poder Judicial Federal y sobre el Estado Mexicano para que una terrible injusticia no se consume y se respeten las tierras y los derechos que tanta sangre han costado a la comunidad indígena de Santa Maria Ostula.

SOLIDARIDAD CON LA LUCHA HISTÓRICA, LEGAL Y SOCIAL DE OSTULA POR LA RECONSTITUCIÓN DE SU TERRITORIO

AL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS Y DE TRABAJO
A LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS ORIGINARIOS
AL PUEBLO QUE LUCHA Y QUE RESISTE
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades originarias de Michoacán a 7 de agosto de 2024.

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM constituido por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, nos solidarizamos con la lucha histórica, legal y social que mantiene la comunidad indígena de Santa María de Ostula por la defensa y reconstitución de su territorio.

Desde tiempos inmemoriales, los hermanos náhuatl de la costa michoacana, han sostenido la posesión de su territorio y lo han defendido sobreviviendo a las guerras de despojo y exterminio que durante siglos han desplegado los malos gobiernos en la región, es una de las comunidades que más han padecido la represión masiva y selectiva, en tiempos recientes, por defender su autonomía y territorio, han sido asesinados 40 comuneros y desaparecidos 6 más, en todos los casos, prevalece la impunidad y la injusticia sistemática.

Los pueblos indígenas de #Michoacán reconocemos a Xayacalan como parte de la comunidad indígena de Ostula y como parte integral del territorio náhuatl de la costa sierra michoacana, toda vez que mantienen sus títulos primordiales emitidos durante la colonia, una resolución presidencial de 1964 y la posesión histórica y contemporánea de sus territorios.

La comunidad indígena de Santa María de Ostula es un ejemplo de dignidad, resistencia y lucha para todos los pueblos, actualmente, el caso se encuentra en el Poder Judicial de la Federación, en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Décimo Primer Circuito como Amparo Directo 463/2023, contra la sentencia del Tribunal Agrario de Colima, donde el aparato de justicia le dio el fallo a favor del grupo de pequeños propietarios de la Placita en un procedimiento lleno de irregularidades e inconsistencias.

Por estas razones, en el CSIM nos sumamos a la exigencia al Poder Judicial de la Federación para que resuelva haciendo justicia en favor de Ostula, quien se encuentra defendiendo no solo su territorio, si no reservas de agua, fauna y vida, que los intereses mineros, hoteleros, particulares y del crimen organizado quieren despojar.

¡Exigimos respeto y certeza jurídica para los pueblos originarios y sus territorios!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI
JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM
#OstulaVive