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Por Juan Calles
“Denunciamos que el Estado de Guatemala y estos gobiernos enterraron los Acuerdos de Paz y estamos en las vísperas de una nueva confrontación social”, expresó Miguel Itzep coordinador del movimiento de víctimas del Conflicto Armado Interno CAI
Con ofrendas de flores, comida, granos y cereales se realizó una ceremonia maya en la plaza central esta mañana; en idioma maya un guía espiritual pedía al corazón del cielo, al corazón de la tierra que las víctimas del Conflicto Armado Interno, CAI, encuentren justicia, encuentren respeto. El fuego sagrado crepitaba como acompañando las manifestaciones que a 25 años de la firma de la paz dejaban escuchar el reclamo de regresión, injusticia y violencia.
Durante los 36 años que duró el CAI en Guatemala se registraron más de 200,000 víctimas y más de 45,000 desaparecidos. Entre ellos, alrededor de 5,000 niños. Según el Informe de Esclarecimiento Histórico, el 93% de las violaciones documentadas se le atribuye al ejército de Guatemala y sus grupos paramilitares y el 3% a la guerrilla.
Las víctimas y familiares de víctimas del CAI se reunieron esta mañana en la plaza central de la ciudad de Guatemala; allí se dio lectura a un comunicado en el que se acusa al actual gobernante Alejandro Giammattei de desmantelar la institucionalidad de la paz, y de mantener una agenda de regresión violenta y de cierre de espacios democráticos.
“Después de 25 años esas esperanzas de cambio se han convertido en decepción porque las cosas siguen igual. Los empresarios depredadores se siguen enriqueciendo pagando, salarios miserables mientras las comunidades indígenas viven en extrema pobreza, cada día se profundiza más la desigualdad, La discriminación y a la corrupción”. Se leyó en el comunicado de la Plataforma Nacional de Organizaciones de víctimas del conflicto armado interno.
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Por Samantha Demby
El 24 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó la primera concesión comunitaria para el uso del agua subterránea en México a 16 comunidades zapotecas, organizadas bajo la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda). Durante 16 años, Copuda se ha organizado no sólo para recuperar sus acuíferos amenazados por la prolongada sequía en los Valles Centrales de Oaxaca, sino también para que el Estado respete su derecho de administrar su agua.
Un decreto presidencial de noviembre de 2021 levantó la veda impuesta en 1967, que prohibía el uso del agua del subsuelo de la que dependen las comunidades campesinas para cultivar las hortalizas que comercializan en toda la región.
El decreto establece la “Zona Reglamentada del Acuífero 2025 de Valles Centrales del Estado de Oaxaca” y reconoce, en su séptimo artículo, “su derecho a la libre determinación y autonomía, así como su derecho al territorio y en consecuencia a participar en la administración coordinada del acuífero”, con Conagua.
De igual manera, su octavo artículo sostiene que las comunidades indígenas ubicadas en el acuífero “tendrán derecho de contar con un título de concesión comunitaria y un reglamento comunitario”. Las comunidades ya están poniendo en práctica estos reglamentos comunitarios que establecen normas para la conservación y el uso del agua.
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Por Sare Frabes
En medio a una crisis económica y a la pandemia de Covid-19, se intensifican las políticas y los discursos que diseminan la urgencia de la implementación de una “recuperación verde”, cuyas políticas y programas proponen, al mismo tiempo, combatir el cambio climático y reactivar las economías globales.
Una muestra es la aprobación en junio de 2020 del “Pacto Verde” de la Unión Europea, el cual plantea la reducción de 55% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para el año 2030 y alcanzar la “neutralidad climática” en 2050. Para ello, el pacto propone que las emisiones GEI puedan ser compensadas mediante recursos naturales: bosques, suelos, océanos y ecosistemas.
Contrario a los discursos de gobiernos, empresas e instituciones financieras, una extensa investigación busca entender estas políticas y propuestas “verdes”, cuya promoción “se inserta en el contexto de nuevas formulaciones coloniales que, en nombre del clima y utilizando la métrica del carbono, han estado subyugando tierras, poblaciones y soberanías sobre los recursos naturales”.
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Por Amilcar Morales y Nelton Rivera
El 28 de diciembre, autoridades del Consejo del Pueblo Ancestral Maya Ch’orti’, de los municipios de Olopa y Quezaltepeque de Chiquimula, se reunieron con autoridades de la Coordinadora Tajurán El Gigante, de la Comunidad de El Pato. Establecieron alianzas para luchar contra los megaproyectos que amenazan a las comunidades.
“Buscamos fortalecer nuestras luchas, ya que el gobierno con toda la fuerza represora quiere imponer en nuestras comunidades la minería y que ya ha dejado destrucción del ambiente, daños en la salud, pobreza y conflictos en las comunidades” indicó Nery Díaz representante legal de la Coordinadora Tajuran El Gigante.
La actividad se desarrolló en el salón de la parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de Chiquimula, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Guatemala. El próximo 6 de enero del 2022, la comunidad Indígena de Quezaltepeque, tiene programada su asamblea para la elección del nuevo Consejo Indígena Ch’ortí’.
“Se contará con la participación de los demás representantes de las autoridades ancestrales de Olopa, se abordará como temas principales el problema minero que ya está fuerte en el municipio” puntualizó Díaz.
El problema provocado en los últimos quince años en Guatemala con la instalación de una serie de proyectos mineros industriales a cielo abierto, sigue profundizando la crisis medioambiental y de derechos colectivos de los pueblos indígenas, xinka, garífuna y mestizos.
A las empresas en complicidad de los distintos gobiernos de turno se les facilita el acceso a los territorios y supuestos derechos o licencias mineras sin mayores controles, en la mayoría de los casos sin contar con licencias mineras para operar. Chiquimula es uno de estos casos.
En Chiquimula actualmente están vigentes catorce proyectos mineros, empresas como Minerales Sierra Pacífico, subsidiaria de Radios Gold y Volcanic Gold Mine tienen presencia en 18 municipios del oriente del país, incluido Chiquimula, según la alerta publicada por Nuevo Día y cuatro organizaciones más.
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Por Sare Frabes
La autoridad municipal de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, César Carrasco Vicente, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha solicitado a la Secretaría de Energía (Sener) que retome el proceso de consulta indígena para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú de la empresa francesa de energía EDF (Electricité de France).
Durante toda la consulta, que fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19, comuneros han denunciado que ha sido un proceso protocolar para la implementación del proyecto, sin llevar en consideración los impactos reales en el territorio zapoteca.
En caso de que la Sener decida retomar el proceso de consulta contravendría, de acuerdo con el abogado agrario del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, dos suspensiones otorgadas por tribunales de Oaxaca que impiden a la eólica EDF realizar cualquier acción sobre los terrenos comunales de la comunidad, lo que incluye la retomada de la consulta.
La primera, otorgada desde el 05 de mayo de 2018, suspende la Manifestación de Impacto Ambiental. La segunda es la suspensión de plano, lograda el 6 de septiembre de 2021, que el tribunal colegiado de Oaxaca del décimo tercer circuito otorgó por unanimidad a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa. (Continuar leyendo…)
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Por Santiago Navarro F
A continuación presentamos un fotoreportaje que registró la situación de miles de migrantes haitianos, quienes atrapados durante los primeros días de diciembre en Tapachula, esperaron ante la promesa de las autoridades migratorias para conseguir trasladarse hacia otros puntos del país. Aún cuando la información oficial habla de miles reubicados, las autoridades desalojaron el campamento improvisado y aún no se tienen informaciones claras de hacia dónde partieron los migrantes y del número que aún permanecen en la ciudad fronteriza.
Algunos llevan años desde que emprendieron su marcha, ya no por el sueño americano, sino por mejores condiciones de vida. El destino es incierto. Las posibilidades reales se desvanecen en cada frontera y con cada declaración de algún político que jamás ha conocido en carne propia lo que significa la migración eterna, lo que significa dormir bajo un puente, en la intemperie, quedarse sin comida y sin dinero.
“Vengo de Chile, tengo cinco meses en camino. Gracias a Dios llegue acá y llevo dos semanas durmiendo acá (en Tapachula Chiapas)”, dice un migrante proveniente de Haití, quien se ha presentando como Reynol. (Continuar leyendo…)
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Por Avispa
En portada: “Alto a los agrotóxicos en Brasil y la complicidad de Suiza con el agronegocio”. Manifestantes señalan la responsabilidad de Syngenta en ocultar información para continuar con el negocio de sus herbicidas que provocan daños a la salud.
Una investigación europea denuncia que la empresa suiza Syngenta, líder en transgénicos y agrotóxicos, tenía pruebas de la letalidad de su herbicida paraquat pero las omitió para seguir vendiéndolo. Sus productos, como la atrazina, están prohibidos en Europa, pero Syngenta lo exporta a América Latina.
“En Syngenta nos encanta hacer las cosas bien”, afirma la publicidad que se reitera en radios y canales de televisión. Pero, desde su propio país de origen (Suiza), la empresa acumula denuncias por el impacto de sus productos en el ambiente y la salud. Entre sus químicos más cuestionados sobresalen los herbicidas paraquat y atrazina. “El accionar de Syngenta con sus pesticidas es muy similar al de Monsanto/Bayer con el glifosato, privilegian sus ganancias por sobre la salud”, afirma Laurent Gaberell, de la organización suiza Public Eye. Una investigación de esa ONG reveló que la compañía sabía del efecto letal del paraquat desde 1990, pero aún así lo sigue produciendo. (Continuar leyendo…)
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Prólogo del informe realizado por la Misión de Observación Civil Sexta
El racismo, el clasismo, la violación de los derechos humanos y sobre todo, la profunda discriminación económica, han sido una constante en las relaciones de dominación aplicadas en Mesoamérica, desde la llegada del invasor europeo, hasta las primeras décadas del siglo XXI. Las crueles expresiones de la “modernidad” que se aplicaron en contra de los habitantes despojados de sus tierras, y sometidos a un repartimiento forzoso que los obligaba a laborar en la agricultura, la minería, los transportes, el comercio, en la construcción de iglesias, conventos, catedrales, palacios gubernamentales, se convirtió en una de las más oscuras páginas de la historia mundial.
Esta inhumana expoliación obligó a incontables pueblos originarios a refugiarse en las montañas con tal de escapar a la brutalidad del grupo dominante que se enseñoreaba en las tierras avasalladas. A tal grado se exacerbaron las condiciones de violación sistemática de sus más elementales derechos, que llevó a comunidades enteras a decir a los esforzados catequistas: “que no deseaban irse al cielo, que preferían irse al infierno, puesto que en el cielo se iban a encontrar con los españoles”.
Las condiciones de vida de los pueblos nativos no cambiaron al separarse México del poder hispano. Los nuevos grupos dominantes partidarios de la “modernidad” (conservadores y liberales), mantuvieron las condiciones de sobreexplotación, miseria, insalubridad e incultura, sobre los indígenas mexicanos. Tal ha sido la historia de este país en los doscientos años de vida independiente, que recién se cumplirán en septiembre. Los contextos no han cambiado sustantivamente, si acaso han existido matices diferentes con ciertos gobiernos, sobre todo en el siglo XX (Cardenismo), pero pronto fueron abandonados y la corrupción se enseñoreó en todos los rubros del quehacer estatal. (Continuar leyendo…)
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Ante la negativa de acatar orden judicial por por parte de gendarmería que ordenó traslado de hermanos Ancalaf a cárcel de Temuco, estos han iniciado una huelga de hambre por traslado a cárcel de Angol.
Comunicado Público
A la opinión pública nacional e internacional, a las comunidades en resistencia, les comunicamos que:
El martes 21 de diciembre se inició la huelga de hambre por parte de los presos políticos mapuche Matías Ancalaf y Moroni Ancalaf, quienes están en prisión preventiva desde el 9 de octubre del presente año, en el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia.
Kiñe: Hace más de dos meses que la familia de lo PPM solicitaron el traslado de los lamgen a la cárcel de Angol, quienes aún se encuentran en prisión preventiva, Morini y Matias Ancalaf.
Epu: El día 15 de diciembre en la Audiencia de traslado en el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, dónde se determinó el cambio a la cárcel de Temuco; el día 16 de diciembre se les notificó el traslado a los lamgen Matías y Moroni Ancalaf, situación que se ha dilatado hasta la fecha.
Kvla: El mismo día 16 de diciembre es dejado en libertad con arresto domiciliario nocturno al lamgen Víctor Ancalaf, cuyo tramite dejo en espera a la familia más de 4 horas a las afueras de la cárcel, justificando que la notificación oficial aún no llegaba desde el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, trámites que son vía online de rápida notificación y donde se le informó al lamgen, desde antes del mediodía que sería dejado en libertad, la cual recién cercana a las 20:00 p.m. se le dejo salir de la penitenciaría, extendiendo lo mayor posible su liberación.
Meli: Repudiamos rotundamente las condiciones carcelarias, el trato inhumano y racista de parte del Director Regional de Gendarmería en la región de Los Ríos: PEDRO FERRADA QUINTANA, denunciamos su actuar racista en contra de los presos políticos mapuche en la cárcel Llancahue de Valdivia, donde no existe las condiciones adecuadas, que demuestran una violación a sus derechos carcelarios, en línea con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se contempla crear unidades dentro de los penales para personas indígenas.
Kechü: Estas peticiones son mínimas y alcanzables, sólo por decisión política del gobierno no se ha llevado a cabo el traslado a la cárcel de Temuco, con la clara muestra de debilitar emocionalmente a pu lamgen y mantenerlos alejados de sus familias y su mapu.
Kayu: Exigimos la libertad de todos los presos políticos mapuche que se encuentran en las cárceles del Wallmapu y han sido injustamente condenados por el estado chileno con sus medidas arbitrarias y racistas.
Regle: Se hace un llamado a llamado a pu lamgen ka pu peñi de Ainileufu (Valdivia) a reunirnos mañana 24 de diciembre, a partir de las 10 am. A realizar un ayekan en las afueras de la cárcel Llancahue, en apoyo a la lucha que llevan al interior del recinto pu lamgen Moroni Ancalaf y Matías Ancalaf.
Esperamos que por medio de la presión y solidaridad de quienes apoyan nuestra justa lucha, podamos alcanzar debidamente estos objetivos.
¡Libertad a todos los presos políticos Mapuche!¡¡AMULEPE TAIÑ WEICHAN!! ¡¡MARRICHIWEW!!¡¡FUERA LAS FORESTALES DEL WALMAPU!!
Hogar estudiantil y Centro Cultural Weliwen, Ainileufu (Valdivia).
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Por Francisco Simón, Andrea Hernández y Cenia Marroquín
Editado por Javier De León
Kevin, un migrante hondureño de 28 años, abandonó su país junto a su esposa de 20 años y sus 3 hijas de 11 meses, 3 y 5 años a principios de enero de 2021. Él y su familia perdieron su casa y cultivos con el paso de las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2020. Ahora se encuentran con estatus de residencia permanente en Ciudad Acuña, en la frontera de México con Estados Unidos. Intentó ingresar al país estadounidense con su familia en septiembre, sin embargo, fueron expulsados de inmediato a esa ciudad, bajo el Título 42. Al amanecer en la orilla del río Bravo se renuevan sus esperanzas de cruzar la frontera, porque retornar a su país no es una opción.
***
Sentado a la orilla del río Bravo en una tarde soleada, del 14 de noviembre, Kevin, un joven migrante, dice “yo salí de Honduras con mi familia, porque perdimos nuestra casa por el paso de las tormentas en noviembre de 2020, nunca recibimos apoyo del gobierno y nuestra esperanza era migrar”, mientras tanto dos agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo vigilan al otro lado del río.
Kevin tuvo que abandonar su país debido a los estragos de las tormentas Eta y Iota y al incremento de la pobreza que estas agudizaron. Su casa y sus cultivos quedaron sumergidos bajo el agua estancada y el lodo. A estas condiciones se suma la extorsión y las amenazas provocadas por las pandillas, con las que tenía que lidiar diariamente.
Antes de la pandemia se empleaba de manera informal en el sector de la construcción y ganaba en promedio diez dólares diarios cuando había oportunidades de trabajo, lo cual no era siempre. “Nosotros vivíamos en la zona del río Chamelecón y el huracán se llevó todo, la casa y los cultivos, lo perdimos todo. Luego por la violencia y la falta de trabajo salimos de nuestro país con la idea de llegar a Estados Unidos y tener mejores oportunidades”, dice Kevin, mientras recuerda con nostalgia lo vivido en Honduras.
Kevin nos indicaba que regresar a su país no es una opción, mientras ayudaba a su esposa a bañar a su hija de once meses en el río Bravo. Fotografía: Francisco Simón Francisco
De acuerdo con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) de ese país, el río al que hace referencia Kevin, fue unos de los lugares donde hubo alerta roja durante las tormentas Eta y Iota. La ribera del río Chamelecón, en las zonas bajas de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Villanueva y la Lima fue la más afectada por las inundaciones, incluso, mayores a las que provocó el huracán Mitch en 1998.
Las pandillas y la inseguridad fueron otros motivos más por los que abandonó el país. Estos factores de expulsión de migrantes en Honduras, también los menciona el medio Contracorriente en una publicación en 2020. El medio indica que Chamelecón es considerado uno de los focos de violencia de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país con más homicidios; sólo en 2019 se registraron 438 casos en ese municipio, de acuerdo a los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), citado por el medio.
Chamelecón es un barrio situado en el municipio de San Pedro Sula, en Cortés, departamento de Honduras. Su nombre se debe a la cercanía que tiene con el río que lleva el mismo nombre. De allí es originario Kevin, el migrante, que ahora radica temporalmente en la ciudad norteña de Acuña, en el estado de Coahuila, México.
La historia de Kevin refleja la realidad que viven los hondureños en Chamelecón, no solo perdieron sus hogares con la inclemencia de las tormentas, sino también su tranquilidad, provocada por las pandillas y el sufrimiento por las extorsiones.
Kevin y su familia: los migrantes climáticos
Para Kevin, una de las principales causas de su migración fue la pérdida de su hogar por los efectos de las tormentas Eta y Iota. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicados en mayo de 2021, el costo total de los efectos causados en Honduras por estos fenómenos meteorológicos ha sido aproximadamente de 52 millones de lempiras, equivalente a más de 2 millones de dólares.
En Honduras hay unas 282 mil familias en las que al menos una persona se encuentra viviendo en otro país, lo que equivale a 424 mil migrantes en el exterior, de este número el 59.4% son hombres y el 40.6% mujeres, según cifras publicadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un estudio denominado “Perfil migratorio de Honduras 2019”.
En Centroamérica, Honduras se encuentra entre los principales países con mayores riesgos climáticos, los cuales han provocado en las poblaciones pérdidas de cultivos, hogares y familias, según el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) de Germanwatch en un reporte de este año. En consecuencia los pobladores de este país, son actores de la migración internacional, a los que se les denomina, “migrantes climáticos o desplazados ambientales”.
Es decir, las consecuencias de estos fenómenos se traducen en la migración para sobrevivir, tal fue el caso de Kevin que se encontraba entre las personas que perdieron su hogar, convirtiéndose así en un “migrante climático”.
La esposa de Kevin reparte la comida que logró comprar a sus tres hijas. Fotografía: Francisco Simón Francisco
En el estudio de la migración, el término de migrante climático se utiliza para referirse a las personas que abandonan su lugar de origen de forma temporal o permanente dentro de un Estado o cruzando una frontera internacional, bajo contextos de desastres o deterioro ambiental y que afectan los entornos de vida, derivados por el cambio climático.
No obstante, estos grupos de migrantes aún no son reconocidos legalmente en el ámbito del Derecho Internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2020 expresó que no se hace uso de este término, porque no está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas ni en la Convención de Ginebra de 1951.
La pandemia y las tormentas reflejan cada vez más la salida de personas migrantes del país hondureño, en busca de mejores oportunidades. En términos de sacrificio humanitario, social y económico, las consecuencias han sido evidentes. Y pese a los riesgos que la migración irregular conlleva, sigue siendo su opción para sobrevivir.
En Honduras, 3 millones 907 mil 229 personas fueron afectadas por las tormentas Eta y Iota, de este número 437 mil fueron evacuadas. El 88% eran originarias de Cortés, Gracias a Dios, Yoro, Santa Bárbara y Colón, según datos presentados por la COPECO de ese país en noviembre de 2020. Así mismo, el informe destaca que las consecuencias fueron trágicas, puesto que 95 personas perdieron la vida, 32 en el departamento de Cortés, 16 en Santa Bárbara y 12 en Lempira.
Salió de Honduras en búsqueda de un futuro incierto
Kevin abandonó su país en horas de la mañana, un 6 de enero de 2021. Con 5 mil dólares en sus bolsillos -su único ahorro- en búsqueda de un futuro incierto. Él ya había estado en Estados Unidos cinco años atrás; en ese tiempo logró construir su casa y compró 10 cuerdas de terreno para cultivar, pero un desastre natural y la ola de violencia que vivió en su barrio de Chamelecón en San Pedro Sula, lo obligó a migrar de nuevo, pero esta vez acompañado de su familia.
Ingresó a Guatemala con su esposa aún embarazada y sus 2 hijas, por un paso ciego cercano a la frontera de El Corinto ubicada en el departamento de Izabal, frontera con Honduras. Evadieron el primer puesto de control migratorio instalado por el gobierno guatemalteco “porque allá nos pedían la constancia de la prueba de Covid para ingresar, el costo era caro, nos cobraban 100 dólares por persona para sacarla y el poco dinero que cargaba era para el viaje”, comentó.
Las personas migrantes que ingresan por esta frontera entran en pequeños grupos mixtos y de varios sectores etarios, incluyendo núcleos familiares. La mayoría prefieren evadir los puestos de control establecidos por las autoridades de migración guatemalteca, porque les revisan la identificación personal y la constancia de la prueba de COVID-19, este último se convirtió en un requisito indispensable en tiempos de pandemia, según reportó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en julio de este año.
A decir de la OIM, la emisión de certificaciones para la COVID-19 se ha establecido como un negocio bajo engaño y estafas con pruebas falsas en la localidad fronteriza de El Corinto.
Kevin no tenía entre sus planes quedarse en Guatemala, su meta era alcanzar el sueño americano, tuvo que recorrer el territorio guatemalteco por cuatro días desde que salió de su pueblo, en buses extraurbanos hasta llegar al municipio de Tecún Umán, frontera con México. Desconocer el país fue un desafío para él como para cualquier migrante, pero la necesidad de viajar le animó a buscar apoyo humanitario.
Los migrantes antes de cruzar la frontera de Estados Unidos se despojan de sus documentos personales para no ser identificados. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Recordó que pasó por la Casa del Migrante, ubicada en la ciudad de Guatemala, “allí me dieron alimentación, chequeo médico para mis 2 hijas, -la tercera nació en México- y un mapa para ubicarme desde la frontera de Tecún Umán”, añadió.
Él y su familia pensaron pasar la noche en la Casa pero les dijeron que no “por temas de coronavirus”. “Fui a quedarme en un hotel pobre, no recuerdo su ubicación, pero me sacaron lana, me cobraron 300 quetzales por una noche para toda mi familia, fue un costo injusto”, recordó.
Durante su recorrido en el territorio guatemalteco, el migrante relató que fue “sujeto de extorsión” por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes se les pagaba entre 100 y 200 quetzales por persona en cada estación de control. De lo contrario, amenazaban con regresarlos a su país de origen, pese a que él y su familia llevaban sus documentos de identificación como el pasaporte.
De acuerdo con Kevin, durante el trayecto encontró alrededor de siete puestos de control hasta llegar a la frontera de Tecún Umán, ubicado en San Marcos, uno de los cuatro departamentos guatemaltecos que colindan con México y que se extiende por 963 kilómetros.
Él y su familia, finalmente lograron llegar a la frontera el 9 de enero, en una tarde soleada entre cansancio y hambre, es decir 4 días después desde que salió de su barrio de Chamelecón.
La esposa de Kevin, de quien se omite el nombre, recordó que no aguantaba el cansancio, ella venía embarazada de su tercera hija que ahora tiene 11 meses. “Le dije a mi esposo, Kevin, que nos detuviéramos, pero no me respondió”, indicó.
En ese momento ella no entendió las razones de Kevin para no parar, pero lo explicó después: “la plata -dinero- se nos acababa, mi esposa venía embarazada y en cualquier momento podía dar a luz, entonces decidí seguir de largo”.
Tecún Umán: cruzar en balsa
Esa misma tarde entraron por el territorio mexicano y para no pasar por el puesto de control migratorio, instalado por el gobierno de México sobre el puente “Dr. Rodolfo Robles”, evitaron la seguridad fronteriza y cruzaron en balsa.
Kevin, tímido pero astuto, no lo pensó dos veces. Nos dijo que buscó el famoso “Paso del Palenque”, encontró el lugar y contrató el servicio de un balsero, a quien le pagó 20 quetzales por persona. Se subió a una balsa con la intención de cruzar el río Suchiate, que separa a Guatemala del país mexicano.
Las balsas son conocidas por los lugareños como “cámaras”, están elaboradas con tubos y llantas de tractor sobre las cuales se colocan cinco tablas de madera, de forma separada.
En Tecún Umán para cruzar al lado mexicano utilizan las balsas elaboradas con tubos y llantas de tractor. Fotografía: Diego Petzey
Las famosas “cámaras”, al parecer ya forman parte de un sistema de transporte transfronterizo desde lo informal. Primero, cualquier migrante que llega ahí recurre a este servicio para evitar los controles migratorios del lado mexicano. Mientras que en Guatemala, se utiliza por el comercio local y regional para escapar de los controles aduaneros.
A diario decenas de personas cruzan esta línea fronteriza para diferentes fines. De acuerdo con la OIM, solo en julio de este año, más de 31 mil migrantes procedentes de distintos países salieron de Guatemala con destino a México. De esta cifra, 4 mil 650 pasaron por la frontera de Tecún Umán, es decir, en un día, un promedio de 155 personas utilizó el servicio de los balseros, en su mayoría eran haitianos y hondureños.
Kevin vivió en Chiapas, su hija menor nació en México
La primera estación mexicana a la que la familia llegó, fue a Ciudad Hidalgo, luego se dirigieron a Tapachula donde permanecieron por seis meses.
“La plata” de pronto se volvió un problema tanto para él y su familia. Llegó a Tapachula con 4 mil 200 dólares. Es decir, en su recorrido por Guatemala gastaron 800 dólares en transporte y alimentación. Llegaron solos sin apoyo de ningún guía de viaje.
Kevin vivió las primeras semanas en la Casa del Migrante Scalabrini, con sede en esa ciudad, mientras inició el proceso de solicitud de asilo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero no tuvo éxito.
Kevin, un joven hondureño de 28 años huyó de su país porque perdió su casa y cultivos con el paso de las tormentas de noviembre de 2020. Fotografía: Francisco Simón Francisco
A su solicitud se suman más de 22 mil migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela y Haití, quienes solicitaron asilo en México desde enero de 2021, según una nota de prensa publicada en el portal de noticias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de abril de este año.
El 64% de las solicitudes fueron del norte de Centroamérica, de las cuales, 51% eran de Honduras; 8% de El Salvador y 5% de Guatemala. Del total de las solicitudes registradas, el 22% eran de menores de edad no acompañados, es decir sin ningún familiar.
“Ahí están trabajando por citas y las están dejando para dos o tres meses de espera, y ahorita va para el otro año. Me dieron cita y como mi esposa venía embarazada, mi bebé nació en México. Por medio de mi hija recién nacida logré conseguir los permisos. Si fuera por la COMAR allá estaría en Tapachula esperando”, dijo Kevin.
Luego que su esposa diera a luz en el Hospital General de Tapachula, abandonaron la Casa del Migrante a principios de febrero y acudieron al Instituto Nacional de Migración (INM) con sede en Tapachula, para solicitar su residencia permanente, debido a que su hija recién había nacido en territorio mexicano.
Así, realizó los trámites y tres meses después obtuvo las credenciales por el costo de siete mil pesos mexicanos, luego recibió un apoyo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en donde le exoneraron del pago de una credencial.
“Los gastos del parto lo cubrió el DIF”, añadió Kevin mientras explica cómo logró sobrevivir en Chiapas. No encontró trabajo formal por dos razones: por su apariencia y su forma de vestir en su condición de migrante hondureño y por la falta de su documento personal que le acredita su legalidad en México.
“No hay trabajo, queremos ver tu documento”, fueron las palabras que más escuchó Kevin durante su estadía en Chiapas.
“Me dediqué a bolear, -lustrar- zapatos, fue el único trabajo que encontré, dice. Con este oficio él ganaba al día entre 100 a 140 pesos mexicanos diarios, que equivale a 6.5 dólares. Con este dinero él compraba alimentación para su familia.
Mientras estuvo en Tapachula, encontró algunos “paisanos catrachos”, con quienes se pudieron ir a vivir sin pagar renta por 3 meses. “La pura solidaridad”, dijo la esposa de Kevin. Con ese ahorro lograron juntar el dinero necesario para cambiar de destino.
Viajar por México en autobús de “clase pobre”
Tras obtener la documentación que le acredita su residencia permanente en México, en agosto decidió salir junto a su familia de Tapachula a Ciudad Acuña, lugar fronterizo con Texas, Estados Unidos; el río Bravo separa a ambos países.
En agosto salió de Tapachula con destino a Saltillo, capital del estado de Coahuila. Abordó un autobús, según él “de clase pobre”, porque el pasaje es barato y poco seguro, “pagué 1,500 pesos por los 2, mis hijas no”, indicó.
Llegaron en 2 días a Saltillo, en donde vivió un mes como indigente, para reunir dinero y continuar su viaje hasta llegar a Acuña, llegó a esa ciudad fronteriza el 21 de septiembre de este año, durante la crisis de migrantes haitianos, que rebasó la capacidad de atención de las autoridades tanto de México como de Estados Unidos.
Llegar a Acuña, un paso desconocido
Kevin llegó a Ciudad Acuña el 21 de septiembre con la intención de cruzar la frontera de Estados Unidos. Lo intentó durante septiembre, pero fue expulsado el mismo día. “Crucé el río Bravo junto a mi familia a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estábamos en el puente”, indicó.
El río Bravo separa a Ciudad Acuña, México, de la ciudad Del Río, un condado del estado de Texas. No existen datos oficiales de cuántos migrantes utilizan este lugar fronterizo. Antes de la crisis de los migrantes haitianos en septiembre, el río Bravo era un lugar poco utilizado o desconocido. En esta ciudad fueron albergados 14 mil migrantes haitianos bajo el Puente Internacional por orden del gobierno de Joe Biden.
Según cuentan habitantes cercanos al río, a diario pasan entre 90 y 120 personas migrantes. En una mañana pudimos observar durante un lapso de 3 horas y 45 minutos, el paso de 88 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otras nacionalidades.
Una familia nicaragüense con sus hijos y sus pocas pertenencias lograron cruzar el río Bravo en horas de la tarde. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Por la tarde y parte de la noche disminuye el número de personas por los riesgos que presenta el río ya que aumenta su caudal, además del incremento de asaltantes en el área.
Una madre migrante es rescatada del río Bravo por su hijo, mientras avanzan para cruzar al lado de Estados Unidos. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Kevin fue detenido a caballo en la ciudad Del Río, Texas por dos agentes de la Patrulla Fronteriza, luego fue trasladado al puente y nunca imaginó que su expulsión sería inmediata. Le dieron un número y pensó que era su pase de ingreso, sin embargo, ocurrió lo contrario. La política humanitaria ofrecida por el presidente Joe Biden fue un engaño para él. Fue expulsado bajo el Título 42.
Corrieron con mejor suerte los migrantes venezolanos, cubanos y nicaragüenses, según él. “A los centroamericanos nos regresan el mismo día sin preguntarnos nada. A los de Venezuela, Cuba y Nicaragua los dejan pasar, nada más los detienen un día y luego pueden entrar a Estados Unidos”, recordó.
El sueño americano opacado por el Título 42
La expulsión de migrantes bajo el Título 42 por Estados Unidos, se refiere a la expulsión irregular e invisible de migrantes guatemaltecos, centroamericanos o de otras nacionalidades de una forma no habitual e inmediata, por el país donde ingresaron, que en este caso sería México, o a un tercer país, que es Guatemala. Y si no es posible, a sus países de origen.
Para el caso de México, el gobierno de Estados Unidos expulsó a cientos de migrantes por la frontera de Ciudad de Acuña, que también se ha vuelto un lugar de paso cotidiano de personas de diversos países, a partir de la crisis de migrantes haitianos sobre el río Bravo. Además, algunas de estas personas expulsadas, como Kevin, prefieren quedarse varadas en esa frontera, que ser deportadas a su país de origen.
El Puente Internacional conecta a ambos países y permite su paso solo a quienes cuentan con documentación para ingresar a Estados Unidos. Abajo del puente fueron albergados los migrantes haitianos en la crisis de septiembre pasado. Fotografía: Francisco Simón Francisco
A los migrantes centroamericanos -a excepción de los nicaragüenses- que tienen la documentación mexicana, los regresan sobre el puente Internacional a Ciudad Acuña, y a los que no cuentan con dicha documentación, los regresan a su país de origen o a la frontera de Tecún Umán en Guatemala, bajo el Título 42.
Kevin cuenta que, por el temor a la pandemia, decidieron no sumarse a los 14 mil haitianos que arribaron a la misma ciudad el mismo mes. “No me quise sumar por la pandemia, porque ahora no puede andar uno aglomerado, por querer buscar algo mejor se puede enfermar, ese es el problema, que se fueron todos juntos y uno tiene que buscar apartarse. Crucé a mi familia, pero están regresando por el Título 42”, explicó Kevin.
Cuatro migrantes de origen venezolano lograron cruzar el río Bravo con la solidaridad de un mexicano que se encontraba en el lugar. Fotografía: Francisco Simón Francisco
Respecto a la situación de la pandemia consultamos a David Fuentes, encargado de un albergue instalado por la sociedad civil quien indicó que varias personas han resultado contagiadas de COVID-19. Sin embargo, no se cuenta con datos estadísticos de las cifras de migrantes positivos. Según él, “porque la salud de los migrantes no es una prioridad del gobierno mexicano”.
El albergue social está situado en el centro de Ciudad Acuña a pocos minutos del Puente Internacional, actualmente alberga a 800 migrantes. Los colaboradores del lugar indicaron que buscan apoyar a los migrantes con tres servicios: alojamiento, alimentación y atención psicosocial, particularmente a las personas haitianas y algunas de origen hondureño que se quedaron varados, tras la crisis migratoria ocurrida en septiembre.
Ciudad Acuña: “Charolear” para sobrevivir
Desde el día que llegó a Ciudad Acuña, Kevin debe juntar dinero para pagar la renta diaria de un cuarto por 300 pesos mexicanos. Además, de conseguir “plata” para los alimentos de su esposa y de sus tres hijas.
Él y su familia viven en esa ciudad con estatus de residencia permanente, pero continúan abrazando la idea de llegar un día no tan lejano a Estados Unidos. Mientras ese día llega, comparten una pena en común: reunir los 300 pesos del cuarto antes del mediodía.
La habitación que mide 3 metros cuadrados, no cuenta con agua, sólo con una ventana y una puerta de madera, que está a 25 minutos caminando desde el río Bravo. Para obtener esa cantidad de dinero, por el día junto a su esposa se dedican a “charolear”, a pedir apoyo económico en las calles de la ciudad, de lo que obtienen entre 300 y 400 pesos diarios.
Por la tarde, y para no deambular en la ciudad, se dirigen a las orillas del río Bravo. Primero, porque allí se bañan. Segundo, porque su esposa también allí lava la ropa, ya que en el cuarto que alquilan no cuentan con servicio de agua. Y tercero, para ellos el río les trae muchos recuerdos, ya que en Honduras se iban a bañar al Río Chamelecón. Además, este río les ayudaba para el riego de sus cultivos de maíz y frijol, que con el paso de las tormentas se perdieron.
La esposa de Kevin aprovecha la tarde soleada para lavar la ropa de sus tres hijas. Fotografía: Francisco Simón Francisco
A pesar de las condiciones, Kevin encontró en esta ciudad fronteriza un espacio libre para bañarse, jugar, bailar y lavar la ropa, junto a su esposa de 20 años y sus 3 hijas, una de ellas mexicana.
Durante los meses que lleva viviendo en Ciudad Acuña, se han encontrado con distintas situaciones: “aquí en Acuña hay gente buena y gente mala, nos hemos topado a las dos, pero gracias a Dios han sido en su mayoría buenas”.
Al consultarle sobre quiénes son las “malas personas”, indica que se trata de personas racistas que salen con machetes y les gritan que no pueden permanecer en las orillas del río Bravo, también personas que fuman cristal “a esos vatos sí hay que tenerles miedo, por cincuenta o cien pesos te venden, incluso a las mujeres se las llevan, las violan y aquí los vecinos, aunque miran nunca hacen nada”, indicó.
El retorno a Honduras no es una opción
“Regresar a mi país en donde mi hogar fue arrasado por las tormentas, no es una opción; mi meta es llegar a Estados Unidos para trabajar y ahorrar lo suficiente, por si luego me retornan, -deportan- a Honduras, así ya tengo algunos recursos para sobrevivir con mi familia. Allá no hay futuro, no hay nada, allá quienes gobiernan son las pandillas y en cualquier rato vuelven a dar un golpe de Estado”, expresó Kevin.
“Si pones un negocio la mara te extorsiona y quieren más de lo que ganas, si no la pagas te matan. Y luego con la pandemia, las tormentas, lo perdí todo, perdí mi casa. Mi familia en Honduras está empezando de nuevo”, agregó.
Al consultarle a Kevin, cómo las personas aún sobreviven en Honduras, respondió con melancolía: “arroz y frijoles no faltan gracias a Dios, ni las tortillas. Se busca sobrevivir. Allá la gente está volviendo a empezar porque perdimos todo por la tormenta. El departamento de Lima quedó borrado, todo fue devastado. Mucha gente hasta el sol de hoy todavía sigue limpiando sus casas y el gobierno solo llegó con unas bolsas solidarias con arroz y frijol duro”.
La población hondureña, al menos, tendrá que pasar 20 años para que pueda recuperarse de los daños provocados por las tormentas ocurridas en noviembre de 2020, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FODESH) citado por el medio BBC News Mundo en 2020.
El ciclo migratorio para los hondureños se da en un contexto adverso y antimigratorio. Las cifras presentadas en un informe de la OIM de enero a septiembre de 2021, reflejan un aumento en el retorno de carácter forzado, es decir la deportación, puesto que durante estos meses han sido retornados al menos 39 mil 960 migrantes.
De este número, 35 mil 231 desde México y 4 mil 293 procedentes de Estados Unidos, que en comparación con el año anterior incrementó la cantidad, dado que para 2020 fueron retornados desde México 18 mil 199 personas y 12 mil 593 desde EE. UU, lo que indica que la migración hondureña va en aumento y cada vez más personas quieren salir de las precarias condiciones en las que se encuentran.
La historia de Kevin y su familia retrata el éxodo de la migración centroamericana que implica múltiples riesgos y vulneraciones para quienes salen en condición de irregularidad. La situación sociopolítica, económica y ambiental de Honduras y de otros países centroamericanos ha provocado que esto siga convirtiéndose en la única salida para miles de personas que ya han perdido las esperanzas en su lugar de origen.
Kevin y su familia permanecen en una zona fronteriza militarizada, con cámaras y helicópteros de vigilancia que intentan detectar a cualquier migrante a su paso. A pesar de ello, aún se aferran al “sueño americano”. En su plan no cabe el retorno a su país, pues aseguran que su meta sigue siendo llegar a Estados Unidos.
Un helicóptero y cuatro agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan la zona fronteriza del río Bravo. Fotografías: Francisco Simón Francisco
Mientras Kevin termina su relato, un helicóptero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sobrevuela el río. Del otro lado, una radiopatrulla con dos agentes estadounidenses observa fijamente al joven y su familia. “Creen que soy migrante o coyote”, finaliza.
