COMMUNIQUE FROM THE CNI-CIG AND THE EZLN ON THE COWARDLY KIDNAPPING AND MURDER OF COMPAÑEROS FROM THE EMILIANO ZAPATA POPULAR INDIGENOUS COUNCIL OF GUERRERO

The National Indigenous Congress [CNI], the Indigenous Governing Council [CIG], and the Zapatista Army for National Liberation [EZLN] condemn with pain and rage the kidnapping and murders of José Lucio Bartolo Faustino, CIG council member from the Nahua indigenous community of Xicotlán, and Modesto Verales Sebastián, delegate of the National Indigenous Congress from the Nahua indigenous community of Buenavista. Both were part of the Emiliano Zapata Popular Indigenous Council of Guerrero [CIPOG-EZ], which is a member organization of the CNI-CIG. This crime was carried out by narco-paramilitary groups who operate in the municipality of Chilapa de Álvarez and who are protected by the Mexican Army as well as by municipal and state police.

At 3pm yesterday, May 4, our compañeros were attending a meeting with other members of the CIPOG-EZ in Chilpancingo, Guerrero. On their way back to their communities they were kidnapped and murdered by these narco-paramilitary groups which operate with total complicity and protection from all three levels of the bad government, which pretend to address the indigenous communities’ demands for security and justice. The indigenous communities have repeatedly denounced to the federal government the impunity with which the criminal Celso Ortega wages violence against them. It is important to mention that our murdered compañeros and their communities have for years been organizing their own Community Police in order to resist the violence, extortion, and poppy cultivation imposed by two criminal groups in the area, Los Ardillos and Los Rojos. These two groups control municipal presidencies across the region and are protected by the Mexican army and the municipal and state police. At one point they even managed to get one of their leaders named president of the Guerrero State Congress.

We hold all three levels of bad government responsible for this cowardly crime as they have been complicit in repressing our peoples’ organization in defense of their territories. We also hold the bad government responsible for the safety and security of our brothers and sisters of the CIPOG-EZ.

As the National Indigenous Congress-Indigenous Governing Council and the Zapatista Army for National Liberation, we send our collective embrace and solidarity to the family members and compañeros of José Lucio Bartolo Faustino and Modesto Verales Sebastián, and we share with them our commitment to continue this path of autonomy and dignity for which our fallen compañeros provide a light and an example.

We denounce the intensification of neoliberal repression against the originary peoples, nations, and tribes who do not consent to these projects of death in Guerrero and in all of Mexico, nor to the violence which is used to impose these projects and to repress, kidnap, disappear, and murder those of us who have decided to sow a new world from the indigenous geographies that we are.

We demand justice for our compañeros.

Attentively
May 2019

For the Full Reconstitution of Our Peoples
Never Again a Mexico Without Us

National Indigenous Congress
Indigenous Governing Council
Zapatista Army for National Liberation

 
Source: Enlace Zapatista

The National Indigenous Congress (CNI) and its Indigenous Governing Council (CIG) denounced yesterday the forceful disappearance of Nahua CIG councilmember José lucio Bartolo Faustino and CNI delegate Modesto Verales Sebastián in the state of Guerrero. Both had traveled to the city of Chilpancingo to attend a meeting with other members of CIPOG-EZ, organization to which both of them belong. On their way back to their community, they were ambushed and kidnapped. The CNI reports that the vehicle in which they traveled was found with gun shots and that they are currently organizing search brigades. They also report that in recent times the communities that elected them have been under attack by criminal organizations tollerated by the municipal, state, and federal governments.

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Durante la noche del pasado 17 de febrero arribaron a las puertas del Palacio Nacional en la CDMX aproximadamente 400 personas desplazadas del estado de Guerrero, entre estas, se calculan unos 40 niños menores de 8 años.  Las familias desplazadas montaron un campamento con la intención de solicitar audiencia con Andrés Manuel López Obrador; después de 13 días de intentar ser escuchados, el viernes 1 de marzo un representante del Gobierno Federal acudió al campamento para escuchar las demandas, mismas que se reducen a una sola, poder vivir dignamente en su comunidad.

De acuerdo con los testimonios de los desplazados; el 11 de noviembre del 2018 a la 1 de la tarde, aproximadamente 3000 hombres fuertemente armados vestidos de comunitarios arribaron a 9 comunidades. A punta de pistola tomaron el territorio y despojaron a los pobladores de todo, desde una gallina, hasta su propia casa.

Desde el 11 de noviembre del 2018, las familias desplazas se refugiaron en la cabecera municipal de Chichihualco Guerrero, lugar en donde solicitaron apoyo y solución al conflicto. Después de 3 meses de esperar y de no recibir ayuda alguna del gobernador de estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, los desplazados decidieron marchar hacia la CDMX.

Según explica uno de los desplazados, el problema de la violencia y ahora el desplazamiento de las comunidades en Guerrero tiene más de tres años. En un inicio se decía que el aumento de la violencia era por:

“… el control del territorio, trasiego de drogas y el control del campesino para ocuparlos como sembradores, pero desgraciadamente no es así… es un problema fuerte, es un problema nacional…por que vienen de intereses fuertes, por que son zonas mineras extranjeras quienes han estado ocupando a la delincuencia organizada para poder desplazar gente, para poder quedarse con propiedades y seguir extendiéndose”.

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Este martes 12 de febrero, alrededor de las 7:40 de la mañana, Obtilia Eugenio Manuel e Hilario Cornelio Castro abordaron un taxi colectivo en el tramo carretero Tierra Colorada-Ocotito, como parte de su trayecto hacia a Chilpancingo; sin embargo, no llegaron a su destino. Esa fue la última ubicación que se dio a conocer y se señaló que compañeros vieron como abordaron el taxi, sin que se sepan qué sucedió en el camino.

Obtilia Eugenio Manuel es defensora de derechos humanos y dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), apoyó a Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega en su proceso de denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo a finales del año pasado que fuera nombrada parte del Consejo Municipal Comunitario de Ayutla elegido por usos y costumbres. Derivado del acompañamiento en el caso de Inés Fernández Ortega la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas provisionales desde el 2009, las que actualmente sigue vigentes.

En noviembre del año pasado ella denunció públicamente que estaba recibiendo amenazas vía telefónica (1), en donde le decían que sería ella quien respondería por el Consejo y le daban señas de cómo iba vestida y por donde andaba, para hacerle saber que estaba vigilada. El motivo que en ese momento identificó la señora Eugenio de esas llamadas fue una estrategia para destruir el nuevo sistema comunitario, ya que se buscaría atacar la corrupción de las autoridades y tener un sistema de asamblea y de escucha al pueblo, lo que probablemente provocó a grupos del crimen organizado.

Se tiene conocimiento que derivado de las amenazas se interpuso una denuncia en la Fiscalía del Estado, siendo parte de las acciones que se habían implementado para su seguridad ir acompañada de un elemento de seguridad quien es quien la acompañaba y ahora se encuentra desaparecido el señor Hilario Cornelio Castro.

Como Espacio OSC hemos reconocido a Guerrero como uno de los Estados más peligrosos para ejercer la labor de defensa y el periodismo(2). Como mujer defensora indígena, aparte del riesgo adicional que pueda sufrir, su desaparición representa un atentado más al derecho a la  vida y seguridad de los que siguen marcando al Estado como un foco rojo para la protección de las personas defensoras que se enfrentan a un contexto de violencia muy alto y donde las autoridades son omisas.

Es muy preocupante que aún con medidas provisionales de la Corte Interamericana no se haya brindado la protección adecuada y que ahora nos enfrentemos a un hecho de desaparición. Exigimos al Presidente de la República, la Secretaria de Gobernación, el Subsecretario de Derechos Humanos, la Comisionada Nacional de Búsqueda y el Gobernador del Estado que realicen las acciones de búsqueda inmediata, mismas que impliquen entre otras cosas movilizar a fuerzas de seguridad a la zona para garantizar la presentación con vida de la señora Eugenio Manuel y el señor Cornelio Castro.

Tenemos claro que en caso de escalar estos hechos a un estado de mayor gravedad el Estado mexicano estará enfrentándose a la responsabilidad internacional por no garantizar la protección de la señora Eugenio.

Las organizaciones que integran el Espacio OSC:
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); ARTICLE 19; Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comité Cerezo México; Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México y Amnistía Internacional – México

1. Para mayor información: https://suracapulco.mx/impreso/2/la-amenazan-a-ella-y-a-otros-integrantes-del-concejo-municipal-de-ayutla-obtilia-eugenio/
2. Para mayor información: http://espacio.osc.mx/la-deuda-del-estado-mexicano/

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Suljaa’, Guerrero, 12 de enero de 2018.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria se moviliza en San Luis Acatlán, Ayutla y Tlapa para exigir justicia para los comunitarios ejecutados por policías ministeriales y estatales, así como libertad para los comunitarios detenidos el pasado 8 de enero en la comunidad de La Concepción, bienes comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.

En entrevista Sabas, vocero de la CRAC – PC, manifestó que las movilizaciones son para “repudiar las acciones del gobierno del estado, respaldado por el gobierno federal en contra de la CRAC – PC y del CECOP.” Así mismo exigen respeto al sistema jurídico de las comunidades indígenas en donde los policías comunitarios “son nombrados en asamblea, están para defender los pueblos, están para defender los territorios y los recursos naturales, contrario a lo que hacen los policías del gobierno estatal y del gobierno federal.”

Por su parte Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguró que fueron detenidas 38 personas, de los cuales 23 son del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota (CECOP), 11 de la CRAC y otros dos que estaban en reeducación, todos acusados de homicidio calificado. Durante las detenciones se cometieron violaciones graves de derechos humanos como el uso excesivo de la fuerza, el uso de la fuerza letal, refiriendo las ejecuciones extrajudiciales contra dos policías, lo que “es gravísimo para un gobierno que se dice democrático”, así como la tortura, tratos crueles e inhumanos cometidos contra Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP.

Fuente: Radio Ñomndaa

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Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICÍA COMUNITARIA
COMUNICADO DE PRENSA

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. Enero 8 de 2018.

Escucha aquí:

A los pueblos y comunidades del Sistema Comunitario de la CRAC PC.
Al pueblo en general.
A los medios de comunicación.
A las organizaciones fraternas.

Una vez más el Estado muestra su efectividad represora contra el pueblo, como no lo hace contra la delincuencia como debiera. Y es precisamente porque el Estado es ahora el protector y parte de la misma delincuencia.

La incursión violenta de las policías estatales y ministeriales, así como del Ejército y la Marina a la comunidad de La Concepción, asesinando a 5 y deteniendo a más de 30 de nuestros compañeros policías comunitarios, consejeros y autoridades, nos confirma que fue para rescatar a Iván Soriano Leal, quien se ostenta como militar retirado y que ha sido agente del gobierno para provocar y generar represión contra nuestro Sistema Comunitario.

Iván Soriano Leal, quien también se presenta con otros nombres, fue detenido en días recientes en La Concepción, por policías comunitarios de ese Comité de Enlace, acusado de ser parte de un grupo armado contratado para asesinar al compañero Marco Antonio Suastegui, vocero del CECOP y a algunos compañeros de la policía comunitaria. Es el mismo personaje con quien se alió en 2013 el nefasto Eliseo Villar Castillo, ex coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, para cometer un fraude a la organización y que derivó en una grave crisis interna en la CRAC, al inmiscuirse el gobierno de Angel Aguirre Rivero a favor de Eliseo Villar y sus cómplices.

Precisamente el día que se da la incursión policiaca a La Concepción, se había previsto el traslado de dicho delincuente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; sin embargo, el gobierno valiéndose de sus policías lograron liberarlo.

Las declaraciones oficiales del vocero de seguridad Álvarez Heredia, así como las del Gobernador Héctor Astudillo, con las que pretenden justificar este acto de barbarie genocida, son totalmente falsas, cínicas y demuestran su total ausencia de escrúpulos y de moral para ordenar la muerte y el encarcelamiento de gente inocente. Qué armas de alto poder porta nuestra policía comunitaria? Quieren engañar a la población con su viejo truco de sembrar droga en los detenidos?

Esto que ocurre nos confirma el modo en que comienzan a operar las fuerzas policíacas y militares con la anuencia de todos los poderes públicos que han llevado a efecto, la inconstitucional y fascista Ley de Seguridad Interior, para brindar total impunidad a los asesinos que se encubren como servidores públicos.

Lejos de avanzar en la armonización de los sistemas jurisdiccionales oficial y comunitario, tal como lo propusimos en nuestra Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado en materia de derechos indígenas, congelando nuestra iniciativa en el Congreso Local por la mayoría de diputados priistas, el gobierno del estado muestra su verdadero rostro y su intención, asesinando y encarcelando a nuestras autoridades y policías comunitarios.

Hoy queda más claro que nunca, la distinción que el gobierno hace de nuestro Sistema Comunitario. Hoy que arremete con exceso de fuerza contra nuestros compañeros comunitarios, acusándonos falsamente de portar armas de alto poder y de posesión de drogas, asesinando y encarcelando, por rescatar a un agente paramilitar a su servicio; nos preguntamos, ¿porque no actúo el gobierno con tal firmeza cuando se asesinó a toda una familia de inocentes en San Pedro Cacahuatepec, teniendo tantas evidencias para hacerlo? ¿A cambio de que se dejó libres a esos asesinos?.

La agresión a nuestro Sistema Comunitario, tiene responsables: el General Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública; Javier Olea Peláez, fiscal general del estado y Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, son los autores intelectuales y autoridades que dieron la orden a sus subordinados para cometer tal acto de salvajismo y lesa humanidad. Por ello, exigimos su renuncia y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales, a los estudiantes, maestros, etc., a unificarnos en esta exigencia y defendernos de esta clase política asesina.

Estos lamentables hechos deben servir al pueblo para hacer análisis y reflexionar, precisamente en este año electoral, si queremos mantener en el poder a un gobierno que asesina, que encarcela, que defiende y es parte de la delincuencia, que crea leyes en perjuicio del pueblo, que niega toda oportunidad de desarrollo a la gente.

Llamamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a acompañarnos e intervenir para la documentación y denuncia a nivel internacional de estos hechos que lastiman, no solo a nuestro sistema comunitario, sino al pueblo de Guerrero y de México.

Pedimos la intervención de la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos, para integrar las investigaciones correspondientes por las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros, por la violación flagrante a los derechos colectivos de los pueblos organizados en el sistema comunitario, por la violación flagrante a la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.

Exigimos la intervención del Congreso del Estado a través de las comisiones de asuntos indígenas, de seguridad, de justicia y de derechos humanos, para documentar la actuación de los agentes policiacos y sus jefes que dieron la orden de asesinar y detener a servidores comunitarios que estaban cumpliendo cabalmente con sus funciones de seguridad y justicia en favor de sus comunidades.

Exigimos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros detenidos. Exigimos el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros policías comunitarios. Exigimos la salida del ejército y la marina, así como de las policías estatal y ministerial del territorio comunitario. Exigimos la renuncia inmediata de Pedro Almazán Cervantes, Javier Olea Peláez y Héctor Astudillo Flores, culpables y responsables de tanta muerte e injusticia en nuestro estado de Guerrero.

“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA”
Coordinadores, Consejeros y Comandantes Regionales
del Sistema Comunitario de la CRAC PC.

Casas de Justicia: Matriz de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso.
Comités de Enlace: Tecoanapa, Tixtla, Cacahuatepec, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca, Dos Ríos, Comunidades de la Región Amuzga.

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Padecen mujeres y niñas de la Montaña de Guerrero violencia y discriminación institucionalizada

• Impunidad e incapacidad del Estado mexicano para impartir justicia obstaculiza el ejercicio del derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.
• Urgente prevenir, investigar y sancionar debidamente los feminicidios.
• Operadores de justicia obligados a realizar una correcta valoración en los casos en que la mujer es acusada por sus agresores en contextos de violencia de género.

La Montaña de Guerrero a 25 de noviembre de 2016.- Al conmemorar un año más del día internacional para erradicar la violencia contra la mujer, mujeres y niñas de la región de la Montaña de Guerrero siguen padeciendo la falta de garantías para acceder a una vida libre de violencia. La falta de atención especializada en casos de violencia contra la mujer y la impunidad en los casos denunciados han sido aliciente para que la violencia contra ellas escale a un nivel feminicida.

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Por Camila Fuentes

15 y 16 de octubre de 2016, Atotonilco de Horcasitas, San Luis Acatlán, Gro.

A 21 años de impartición de seguridad y justicia de las Policías Comunitarias, de dar un servicio a sus comunidades, la situación actual que viven los pueblos de Guerrero se encuentra incrustado en un azar de acontecimientos por parte de las autoridades de gobierno, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios- Policia Comunitaria (CRAC-PC) desde su nacimiento ha pasado por un proceso interno y externo en la medida en que la política de nuestro país México, ha cambiado. No podemos ignorar que la delincuencia se ha fortalecido y se ha camuflajeado con las instancias del estado, provocando división, generando problemas en el desarrollo económico, social y cultural en los pueblos de Guerrero.

La participación de diversas organizaciones es importante en este aniversario, porque más allá de las divisiones en las estrategias políticas a lo interno de la CRAC, las reformas neoliberales son el impedimento para buscar la autonomía y bajo esta situación, la reforma a la ley 701 le afectan no solo a la estructura o a ciertas estructuras de la CRAC; afecta y es un golpe regresivo colonizador para los pueblos indígenas, ancestrales, para los pueblos afro mexicanos de nuestro país. 21 años y los problemas no cesan así como no se detiene el proceso de resistencia.

El respeto es uno de los ejes que da dirección a lo largo de este evento, es la expresión de las relaciones dadas en estas comunidades, donde existen diversas formas de convivencia, la cual no es descifrable quizá para los (as) que observamos de lejos y desde fuera a este sistema comunitario, pero que en suma, no es más que darnos cuenta que son parte de nuestra realidad, en la cual debemos tener participación como seres pensantes en busca del bien de nuestras comunidades.

Crónica desde las montañas del Estado de Guerrero

Aprendiendo de la experiencia de estos procesos organizativos que han tomado la decisión de buscar la autonomía, sobre esta misión se da el contexto de México en una lucha incesante de los pueblos ancestrales en resistencia a las políticas neoliberales. Las consignas principales de la CRAC se basan en dos principios elementales; el primero es: que  “el respeto a nuestros derechos es la justicia” y el segundo: “solo el pueblo defiende al pueblo”, estos principios son los que se extienden a otros pueblos donde el terror domina y la gente se decide integrar al proyecto comunitario y cesar la violencia.

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Al pueblo de Mexico

A pocos días de cumplirse 3 años de la injusta e ilegal detención de los compañeros Gonzalo Molina, Samuel Ramírez Gálvez y Arturo Campos, y el desmantelamiento de la casa de justica del Paraíso, los intentos del gobierno federal por criminalizar y destruir a la CRAC-PC como institución no han cesado. La captación de pseudo representantes comunitarios, la infiltración de gestores que en su mayoría están vinculados a partidos políticos, la criminalización de la CRAC-PC y la regulación de las policías comunitarias son unos cuantos ejemplos de las intenciones del estado por destruir a la CRAC-PC.

La CRAC-PC ha sido una alternativa de pueblos y comunidades para tomar la seguridad en sus manos ya que desde hace 21 años ha representado una forma de organización comunitaria. Por este motivo se ha vuelto un peligro para el gobierno, ya que deja en claro la corrupción y el vínculo de los gobiernos con la delincuencia organizada. Desde hace años el gobierno ha tratado de desmantelar a la policía comunitaria mediante la criminalización, tachándola de ser un grupo violento, y con constantes ataques a las comunidades con grupos financiados por el estado para que los pueblos dejen de organizarse.

La CRAC-PC  como institución esta avalada por la ley 701 mediante la norma de seguridad, justicia y la educación comunitaria, el artículo segundo de la constitución donde abala la organización de los pueblos originarios mediante sus usos y costumbres, y el Convenio 169 de la OIT  donde garantiza  de manera internacional los derechos  de los pueblos indígenas pero sobre todo esta avalada por las asambleas comunitarias que es el órgano donde se elige  a sus policías, comandantes y  toda  la estructura de la CRAC-PC. Ya que la CRAC-PC  es una institución que nace desde los pueblos.

A pesar de los convenios internacionales del artículo segundo de la constitución y de las asambleas comunitarias el gobierno sigue sin reconocer a la CRAC-PC y su sistema comunitario, manteniendo compañeros encarcelados o con procesos penales impidiendo la libre organización.

Con gran alegría damos a conocer la conformación de la coordinación regional que está integrada por la CRAC-PC de: La base del barrio del Fortin, Huamuxtitlan, Olinala, Xochihuehuetlan, Tlatlautli, Ahucotzingo, Pochutla,  San Vicente Ayutla de los libres  y Teconoapa.

Así como con la participación del Comité Nacional Por la Libertad de los Presos Políticos y las y los familiares de los presos políticos de la CRAC-PC.

Esta coordinación se ha planteado como ejes de lucha la libertad de los presos políticos así como la defensa y rescate de la CRAC-PC como institución comunitaria.

Agradecemos su apoyo y esperamos contar con su participación en la marcha del día 12 de octubre que saldrá a las 10:00 am de la alameda al Palacio de gobierno de Chilpancingo, Guerrero.

Convocan: Coordinadora Regional, CRAC- PC de la base del barrio del Fortin, Huamuxtitlan, Olinala, Xochihuehuetlan, Tlatlautli, Ahuacotzingo, Pochutla, San Vicente, Ayutla de los libres, Teconoapa, Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, Familiares de los presos políticos de la CRAC-PC y Presos Políticos de la CRAC-PC.

¡¡El respeto a nuestros derechos, Sera justicia¡¡

¡¡Presos Políticos Libertad¡¡