EXIGIMOS JUSTICIA Y ALTO A LA REPRESIÓN PARA L@S COMPAÑER@S DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL AGUA DE LA CUENCA LIBRES-ORIENTAL

COMUNICADO
22 de junio 2024

La Red Nacional de Resistencia Civil, hace un llamado a la sociedad civil en México y el mundo entero para solidarizarse con el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental y condenar enérgicamente la represión que el gobierno de Veracruz (México), realizó contra nuestras compañeras y compañeros del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental el día jueves 20 de
junio de 2024, con el resultado de dos jóvenes asesinados, múltiples personas desaparecidas, otras tantas heridas de bala y muchas más golpeadas.

Los graves ataques y asesinatos encabezados por el titular del mal gobierno Morenista de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, nos recuerdan que el gobierno privilegia a las grandes corporaciones y los jugosos negocios con los que se enriquecen. Nuestr@s herman@s del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental se organizan por la defensa de la vida y se enfrentan actualmente a grandes proyectos de contaminación, extracción del agua, despojo, entre otros como el que realiza Granjas Carroll, que ha convertido uno de los ecosistema más importantes del centro del país en un gran riesgo a la salud y la vida de los pueblos de la región. Granjas Carroll, tiene lazos por todo el mundo, pues está conformada por Agroindustrias Unidas de México (AMSA) y la estadounidense Smithfield.

Reprimir a los pueblos en su ejercicio legítimo a manifestar sus demandas, para detener el ecocidio y genocidio, evidencia la nula capacidad de diálogo que existe en este gobierno estatal y federal. Sin embargo, la ofensiva no sólo consistió en amedrentar a nuestr@s herman@s sino en asesinarles. Estos graves ataques son un mensaje claro hacia quienes defendemos la vida y el territorio. Las personas que
conformamos esta red y que somos pertenecientes a diferentes comunidades de lucha y resistencia en el país no estamos dispuestas a esperar a que la represión escale y se normalice. El gobierno mexicano ha firmado acuerdos en los que se reconoce el derecho de los pueblos a decidir sobre su territorio y a considerar protocolos para no imponer proyectos con esta gravedad. Así como resarcir los daños que han ocasionado empresas como Granjas Carroll.

Convocamos al pueblo en general, a la sociedad civil organizada, a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales a manifestar el repudio a estas acciones del Estado Mexicano y exigir se retire la estadounidense Granjas Carroll del territorio mexicano.

La Red Nacional de Resistencia Civil , se hermana con el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental, les decimos que estaremos pendientes y damos nuestro apoyo en lo que sea para buscar la justicia y el alto a la represión, nos sumamos a la exigencia de aclaración de hechos y castigo a los responsables.

Cómo pueblos originarios y organizaciones de resistencia en todo el país, sabemos que el avance capitalista y extractivista tiene sus raíces en el miedo, la represión, y la muerte histórica de nuestros mundos, de nuestros ecosistemas, pero en la lucha por la vida, en nuestros territorios no se detendrá, seguiremos resistiendo, no nos rendiremos y no claudicaremos en esta búsqueda de justicia, y respeto a nuestras formas de vida.

¡SI TOCAN A UN@ RESPONDEMOS TODOS!

RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL

RED NACIONAL DE RESISTENCIA CIVIL
Consejo autónomo regional de la Costa de Chiapas, Resistencia civil de la
región de COMITAN (Chiapas), DETUVIDA (Chiapas), OPAM (Chiapas)
POMOCA(Chiapas), PAKALNA (Chiapas), Resistencia civil de Candelaria
(Campeche), Resistencia civil indígena y popular del Sur de Veracruz
contra las altas tarifas de luz, Asamblea de pueblos indígenas del Istmo de
Tehuantepec en defensa de la tierra y del territorio (Oaxaca), Frente de
pueblos en defensa de la tierra y del territorio de Puebla-Tlaxcala-Morelos,
CPUEDDE (Estado de México), proceso de resistencia civil de Motozintla
(Chiapas). Comunidad nahua de Ostula (Michoacán), Comité por la
defensa de los derechos indígenas (Oaxaca), Frente de Consumidores de
Chihuahua (FEDECO).

ANTE LA REPRESIÓN Y CRIMENES DEL ESTADO, LA SOLIDARIDAD DE LOS PUEBLOS

Al Congreso Nacional Indígena

A los pueblos que luchan y resisten

A los medios de comunicación

 A solamente 19 días de la Farsa electoral, en la que se hace oficial la imposición de Claudia Sheinbaum como responsable de continuar el proyecto de muerte llamado cuarta transformación, y para hacer alarde de su caracter violento, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cierra con represión, sangre y secuestro estatal a pueblos que defienden su territorio y ejercen sus derechos a la autodeterminación, a la protesta, la libertad de expresión y a un medio ambiente sano. El satíricamente llamado «segundo piso» de la cuarta transformación se inaugura con violencia sangrienta. Es la cruenta guerra por el agua y contra los pueblos, es la defensa del gran capital con el uso de toda la fuerza militar, policiaca y paramilitar. Es la guerra contra la vida.

Con rabia e indignación, los pueblos, organizaciones, colectivos e individu@s que integramos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida denunciamos públicamente el recrudecimiento de la violencia de Estado contra los pueblos y todos aquellos que defienden los derechos al agua, a la tierra, al trabajo, a la vida.

-Corte de luz e intimidación a la Comunidad Otomí

Alrededor de las 12:00 hrs del 20 de junio del presente año, la Comisión Federal de Electricidad realizó, una vez más, el corte de energía eléctrica a la Casa de los pueblos donde habitan bebés, niños, jóvenes con alguna discapacidad, adultos mayores y mujeres, con lo cual se suspende también la disponibilidad de agua y drenaje afectando directamente la salud y bienestar de las familias que integran la Comunidad Otomí Residente en la CDMX originarios de Santiago Mexquititlan.

Al rededor de las 18:45 hrs aumenta la presencia policiaca en las inmediaciones de la Casa de los pueblos anunciando una posible represión. Hasta el momento de la publicación del presente comunicado no se ha restablecido la energía eléctrica.

Ante la imposibilidad de resolver las demandas de la Comunidad en mesas de diálogo, la salida que el gobierno plantea para «resolver» el conflicto es la violencia que culminaría en el desalojo de la comunidad otomí de la Casa de los Pueblos, aunado a la criminalización en contra de los miembros de la comunidad y del compañero Diego García de UPREZ Benito Juárez.

-Amenazas de desalojo al plantón contra el basurero y criminalización a compañeros

Tras el anuncio de la orden por parte de un juez federal a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de la recolocación de los sellos de clausura en el basurero de San Pedro Cholula por incumplimiento de las normas de funcionamiento, el secretario de gobernación de Puebla, Javier Aquino Limón, declaró que existe un litigio por parte de la empresa Profaj Hidro Limpieza para que se ejecute un desalojo del plantón contra el basurero usando la fuerza represiva del Estado. Esto aunado a las reiteradas declaraciones del mismo en torno a cuatro órdenes de aprehensión en contra de pobladores que luchan contra el basurero. Por otra parte, Juan Carlos Valerio, pseudoperiodista de IMAGEN TV, servil a los intereses del gobierno y el capital, promueve en televisión la represión a los pueblos cholultecas señalando que son solo un grupo reducido de personas y que el basurero no contamina. Denunciamos también los ataques cibernéticos dirigidos a los medios comunitarios de los pueblos cholultecas lo cual violenta su derecho a la libertad de expresión.

-Represión con armas de fuego a compañeros de Libres oriental

El 20 de junio policía de Veracruz reprimió con uso de armas de fuego al Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres–Oriental de Puebla y Veracruz, para desalojar el plantón que instaló este miércoles frente a Granjas Carroll. La exigencia de los campesinos es que se deje de acaparar y contaminar el agua lo cual ha traído graves afectaciones al campo.

Los elementos de la policía dispararon contra los compañeros, provocando la muerte de dos de ellos. A otros los golpearon brutalmente y posteriormente cercaron al pueblo de Totalco persiguiendo a los habitantes con la finalidad de detenerlos y reprimirlos. Esta agresión por parte de la policía se dio después de haberse comunicado con Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara, funcionario del gobierno federal, y con Rafael Mendoza, delegado federal en Veracruz con quienes se buscó un acuerdo para el diálogo, el cual no se llevó a cabo.

Esta región también es afectada por las empresas Driscoll y Audi que bombardean las nubes para evitar la lluvia.

-Agresiones a chinamper@s de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco

El día 19 de junio, Columba Jazmín López Gutiérrez (exdirectora de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural) y Juan Abel Vera Martínez(Coordinador del Centro de Innovación e integración Comunitaria No. 4) agredieron física y verbalmente a Frida Rocha y Sócrates Galicia, representante del paraje de San Sebastián Tlacoapa. Ambos documentaban junto a otros compañer@s, a través de sus dispositivos móviles, el recorrido exigido a CORENADR y SACMEX por la zona chinampera, con el objetivo de denunciar la falta de agua en los canales. Asimismo, Abel Vera mandó a traer a sus empleados que laboran como Técnicos, jefes de cuadrillas y cuadrillas de trabajo para intimidar a los asistentes al recorrido, bajo la consigna de que habrían golpes. Por su parte, Columba López buscó censurar la transmisión en vivo de medios libres como Resistencia Chinampera, atropellando el derecho constitucional a grabar y documentar (arts. 6 y 7), y utilizando a sus empleados para hostigar, hacer comentarios pasivo-agresivos, y tomar fotos de los rostros de los compañer@s. Estos actos forman parte de una serie de agresiones continuas en contra de representaciones y autoridades tradicionales del pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, a quienes el estado menosprecia y busca no reconocer como interlocutores legítimos.

-Encarcelamiento de María Cruz Paz.

El día 5 de junio del presente año, fue detenida arbitrariamente por la Fiscalía General de Michoacán, la compañera María Cruz Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena, Consejera del Gobierno Comunal de Ocumicho, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y defensora de los bosques, la cultura p’urhépecha y la vida. Fue detenida arbitrariamente sin explicación alguna. Su detención está relacionada estrechamente a su actividad comprometida con la defensa del territorio, el bosque y la cultura p’urhépecha.

-Violencia en el Ejido Tila

El 4 de junio, el grupo delicuencial «Karma» agredieron a la población con armas de alto calibre provocando terror y desplazamiento forzado en el Ejido Tila, dicho grupo, apoyado por el Ayuntamiento Municipal es responsable del asesinato de Carmen López Lugo el 12 de enero del presente año y de Domingo Lugo Ramírez el 14 de marzo, dicho crimen continúa en la impunidad mientras en el Ejido Tila se mantiene una tensión y amenaza constante por el grupo armado. Este grupo paramilitar tiene el objetivo claro de acabar con la autonomía que durante años han construido en este territorio Ch’ol.

-Aplazamiento de la audiencia de José Díaz: El juez no garantizó el derecho a un intérprete,de la lengua materna de José, para poder realizar la audiencia programada el pasado 19 de junio,por lo cual se pospuso, negando una vez más el derecho a un debido proceso y a la defensa adecuada. Lo mismo sucedió en noviembre del 2022, cuando José fue detenido arbitrariamente y no fue asistido por un interprete en lengua ch´ol, ni un abogado,peor aún,la fiscalía le obligó a poner su huella y firmar varios papeles en blanco. No sólo se trata de discriminación y racismo por ser de un pueblo originario,José Díaz es rehén de estado por su adherencia zapatista,ha sido torturado,desaparecido e incomunicado por la policía y ahora se encuentra secuestrado en condiciones carcelarias de tortura, (hacinamiento e insalubridad) bajo la medida de «prisión preventiva oficiosa», con faltas al debido proceso y múltiples violaciones a derechos humanos.

Ante la guerra los pueblos respondemos con rebeldía, solidaridad y organización.

EXIGIMOS

Reconexión de energía eléctrica (luz), alto a la intimidación a la Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México y cumplimiento cabal de sus demandas de vivienda digna.

Cierre definitivo del basurero tóxico de San Pedro Cholula y alto a las amenazas de desalojo al plantón contra el basurero y criminalización a la Unión de pueblos y Fraccionamientos en contra del basurero.

Alto a la represión con armas de fuego a compañeros de Libres oriental, justicia y castigo a los culpables, cese al fuego del estado en contra de la comunidad que defiende su agua.

Alto a las agresiones, actitudes racistas y clasistas contra chinamper@s en Xochimilco

Alto a la violencia paramilitar en el Ejido Tila.

Alto a la censura de los medios libres y comunitarios.

Libertad inmediata e incondicional a María Cruz Paz, del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

Libertad inmediata e incondicional a José Díaz Gómez Base de apoyo Zapatista

Hacemos un llamado a las organizaciones, colectivos e individ@s solidarios a sumarse a las exigencias de Alto a la guerra contra los pueblos a través de acciones y presencia en los espacios en riesgo.

Donde los de arriba destruyen los de abajo reconstruimos.

ATENTAMENTE

Tierra, Agua y Libertad

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

#asambleanacionalporelaguaylavida

#NuestraLuchaEsPorLaVida

#ViolenciaDeEstado

#PresxsPoliticxsLibertad

#ALTOalaGUERRAcontralosPueblosZAPATISTAS

#CNI

#EZLN

PRONUNCIAMIENTO

20 de junio del 2024, Totalco, Veracruz

Al pueblo de México

Colectivos y organizaciones que integramos Manos Unidas por una Cuenca Libre, con profunda indignación, denunciamos los actos de represión violenta en la comunidad de Totalco en el estado de Veracruz el dia de hoy 20 jueves 20 de junio, por parte de elementos de la Guardia Nacional y de seguridad del Estado de Veracruz en contra de defensoras y defensores del territorio de la Cuenca Libres-Oriental, lo que dio como resultado, tres personas asesinadas.

Hacemos patente que, tanto las y los campesinos, así como, las y los intergrantes del Movimiento en Defensa de la Cuenca Libres-Oriental, se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta, denunciando la apropiación del agua por empresas extractivas en la zona de la Cuenca Libres Oriental y, además, como parte de estas protestas, se realizaron mesas de diálogo con representantes de los gobiernos de Puebla y Veracruz, mostrando siemper una apertura al diálogo.

Nos solidarizamos con las y los campesinos y con integrantes del Movimiento en Defensa de la Cuenca Libres-Oriental y nos sumamos a las exigencias de:

• Devolver los cuerpos de las 3 personas asesinadas
• Una investigación justa y transparente además de castigo a los responsables materiales y a quienes ordenaron esta violenta represión
• Libertad a las personas detenidas
• Respeto a la Libertad de protesta para quienes defienden la tierra y el territorio de la Cuenca
• Una alto a la intimidación por parte de las empresas extractivas e industriales a quienes defendemos el territorio
• No criminalización a defensores y defensoras del territorio
• La salida inmediata de las empresas que saquean y se apropian dela gua de la Cuenca

Alto a la Represión a defensores del Territorio de la Cuenca Llibres Oriental

Manos Unidas por una Cuenca Libre

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL MOVIMIENTO EN DEFENSA DEL AGUA DE LA CUENCA LIBRES ORIENTAL

Contada desde sus propios actores

El movimiento en defensa del agua de la cuenca libres oriental surge hace ocho años, en el 2015, en el pueblo de Ocotepec.

El pueblo se levantó contra la empresa asesina #cocacola, empresa capitalista extranjera que llegó disfrazada de una fundación altruista denominada #livingwater que, como caballo de troya, se infiltró en la región como punta de lanza del nuevo corredor industrial Puebla – Perote. El Movimiento corrió a Coca-Cola de Ocotepec

En 2017, el Movimiento en Defensa del Agua se expandió y solidarizó con los pueblos de San José Chiapa, Grajales, Nopalucan, Soltepec y Mazapiltepec que se opusieron a la Zona #audi y al Gobierno corrupto y represor de Moreno Valle.

En este proceso de resistencia se realizaron asambleas y manifestaciones de protesta. En Nopalucan se tomó dos veces la presidencia municipal y se obligó al presidente a convocarnun cabildo abierto al.que asistieron más de quinientos pobladores. El presidente municipal y todo su cabildo tuvieron que salir huyendo y escoltados por decenas de policías estatales ante el clamor airado de su pueblo.

En las protestas también se denunció la invasión de la empresa capitalista extranjera de origen alemán por haber despojado las tierras ejidales a través de amenazas, mentiras, presiones y con el respaldo del gobierno de Rafael Moreno Valle y Enrique Peña Nieto.

EN 2020 SE LEVANTAN LOS PUEBLOS CONTRA LOS CAÑONES ANTIGRANIZO

El uso de los cañones antigranizo no comenzó en el año de 2020, comenzó en 2006 cuando el entonces Presidente Vicente Fox vino a rentar el rancho La Concepción en el municipio de Cuyoaco y sembró brócoli. El granizo le destrozaba la planta y trajo un cañon que lanzaba a cientos de metros de altura una bomba que al explotar provocaba poderosas ondas sonoras y se desvanecian las nubes, este hecho fue observado por todos los vecinos que vivíamos ahí o pasábamos por ahí.

Rápido cundió el enojo y los.pueblos se levantaron protestando, más de treinta ejidos vecinos se hicieron presentes. En ese momento, se presentó a mediar el Gobierno del pederasta Mario Marín Torres pero como no existía una ley que prohibiera esa tecnologia, todo quedó en lo mismo. Sin embargo, se firmó un convenio de buena fe donde el terrateniente se comprometía a no bombardear más.

Para ese entonces, la gran mayoria de los ranchos no tenian riego y solo sembraban cebada a temporal igual que los ejidos que solo sembraban maiz y cebada. Para 2015 ya todos los ranchos tenían riego y bombardeaban las nubes, aún así llovía y había cosechas.

Para el 2020 comienzan a asentuarse las sequías, los ejidos ven secarse sus milpas y los ranchos todos tienen riego, no necesitan las lluvias, todos siembran ortalizas y los granizos ponen en riesgo sus cosechas sus ganancias y todos se ponen a bombardear las nubes con cañones antigranizo. Ante nuestros ojos y oídos vemos casi a diario explosiones y tronidos y… EXPLOTA EL PROBLEMA.

Es Ocotepec, pueblo que ya trae una lucha de años, quien toma la iniciativa y con tan solo unos treinta pobladores toman la carretera. El Gobierno no hace caso. Al otro día, vuelven a tomar la carretera, ahora llegan como cien de las comunidades cercanas. Llegan funcionarios del Gobierno del Estado pide que vaya una comision a las oficinas de gobierno en Puebla, no se acepta. Por tercera vez se vuelve a cerrar la carretera, ahora llegan más de docientos pobladores, el gobierno insiste en una comisión a Puebla, la gente no acepta, denuncian que esa es la estrategia que siempre utiliza el del gobierno para comprar a los lideres y dividir a los movimientos.

Por cuarta vez se convoca a cerrar la carretera. Ahora llegan más de cuatrocientas personas, el gobierno sigue con lo mismo no da ninguna solución a la única demanda: QUE DEJEN DE BOMBARDEAR LAS NUBES.

Se convoca por quinta vez y llegan a cerrar la carretera más de seicientos pobladores. Llega el gobierno, hay confrontacion verbal, se rompe el diálogo y la asamblea acuerda regresar en los siguientes días a cerrar las tres carreteras, las dos a #Teziutlan y la de #Cantona, #Puebla – #Perote. Más de cien trailers se quedan varados, nodrizas de Volkswagen y de Audi , trailers de Granjas Granjas Carroll de México con todo y marranos, vehículos de Fresas Driscoll’s camiones de Coca-Cola Flow y Pepsi y muchos de empresas capitalistas.

El 30 de marzo de 2022, la Caravana por el Agua y por la Vida recorre los pueblos en resistencia

Primero se hizo una parada para una manifestación frente a una de las mega Granjas Carroll de México (GCM) de las mayores empresas de procesamiento de carne de cerdo, acusada por el trato contaminante a la tierra y el agua, esta empresa a parte usurpar de manera fraudulenta la posesión de tierras que antes eran ejidales, saquean el agua a manos llenas y contaminan con el permiso legal u omiso del Estado. Esta granga ya ha sido denunciada en Campeche y Yucatan donde ha dejado serios daños a los mantos acuíferos, flora y fauna, al grado de vincularse a ésta el origen del virus de 2019, la llamada gripa porcina.

Después la Caravana se encaminó a la comunidad de San Jose Payuca donde se coincidió con una manifestación por la libertad de dos personas de la comunidad por un problema ligado a la corrupción en el tramite de permisos de transporte, pero las problemáticas que han afectado a la comunidad desde hace ya varios años es el despojo de la tierra y el territorio por las empresas que se han instalado alrededor de sus comunidades. Tras una marcha por el centro de la comunidad, se realizó un mitin y salieron rumbo a la empresa de la agroindustria Discroll, con antecedentes de abusos laborales, de capitales canadienses, siembran plantas que se llevan después a otra zonas a producir fresas.

Hoy, 20 de junio de 2024 al medio día, el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental fue brutalmente reprimido por la policía del gobierno de #Veracruz.

La policía arribó en dos camiones y varias camionetas y arremetió contra los integrantes del movimiento, golpeando, deteniendo y disparando a quemarropa.

La policía persiguió a los defensores del agua hasta el pueblo de #Tocalco, disparando y golpeando a los civiles. Hasta el momento se reportan dos compañeros asesinados y varios detenidos y desaparecidos.

Cabe señalar que, minutos antes de la represión, se tuvo diálogo vía telefónica con el licenciado, Sergio Tonatiuh Ramírez Guevara, funcionario del Gobierno Federal y con Rafael Mendoza, delegado Federal por Veracruz.

¡FUERA GRANJAS CARROLL!

Guatemala: Entre palma y conservación, comunidad maya q’eqchi’ en riesgo de desaparecer

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Habitantes de la aldea El Chorro muestran nacimientos de agua afectados por la sequía. A ello, se suma la falta de tierras para sembrar pues la comunidad está rodeada por monocultivos de palma aceitera. Foto: Renata Bessi}

Antiguamente, a un kilómetro de distancia, se podía escuchar la bulla, se acuerda pesaroso el indígena maya q’eqchi’, José María Alves, de la comunidad El Chorro, en el municipio de Sayaxché, Petén, norte de Guatemala. La bulla a la que se refiere el maya q’eqchi’ era el ruido de la caída de un chorro de agua, resultado de la unión de varios nacimientos de la comunidad, en el río La Pasión. “Por eso nuestra comunidad lleva este nombre, pero ahora ya no se escucha”, dice mientras hace una conchita con la mano alrededor de la oreja en un intento de encontrar en el aire algún vestigio de la bulla. 

“Vamos, les voy a enseñar. Ahora solo un chorrito de agua se está cayendo en el río La Pasión. Ya no hay árboles para proteger nuestros nacimientos”, dice José María, quien es profesor en su comunidad. 

Un hilo constante de agua cristalina y fría baja del territorio de El Chorro hacia La Pasión, fuente de agua y alimento para familias de la aldea. Ahí, en los nacimientos, también están vestigios en piedras de la presencia de los mayas en estas tierras desde hace siglos. 

La comunidad, conformada por alrededor de 150 familias, mantiene un pequeño bosque en el área de los nacimientos. Sin embargo, a no mas de 300 metros de ahí empieza el monocultivo de palma africana, que ladea toda la comunidad. 

Hoy el dueño de la palma, de la Finca Santa Mónica, es Edgar Humberto Diéguez, representante de las empresas Inversiones Nativas S.A, socia de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), y HD Corporación, que se dedica a la siembra de palma y crianza de ganado en Alta Verapaz y Petén. 

“Fueron comprando las tierras. Yo mismo vendí mis tierras de cultivo para ellos. No me dejaron opción, ya habían comprado todo al alrededor. No podía llegar en mi parcela sin pasar por las parcelas de ellos, y entrar en sus tierras no se permite”, cuenta el maya q’eqchi’.

Circular en las plantaciones está prohibido. La prohibición es a base de fuego. “Si pasamos para allá nos reciben con una pistola. Pero nosotros somos obligados a convivir con ellos en nuestra comunidad. Pasan en nuestra aldea, vienen hacer sus compras”, reclama la mujer maya q’eqchi’ Marta Pop Caal.

El dueño de la palma ofreció carretera a la comunidad, salón comunal, escuela, afirma Caal. “Pero nosotros no recibimos, no queremos vender nuestra aldea, vender nosotros mismos. Cerramos la calle, ya no les dimos permiso para que pasen los camiones de la palma. Y ellos se enojaron. Ya no dan trabajo a la gente de la aldea”.

Además del agua, “que nos está secando, quedamos aislados, casi no tenemos tierra para sembrar, la poca que nos queda sembramos maíz, yuca, plátano, frijol, pepita, arroz; y con eso pasamos la vida, mantenemos a nuestros hijos”, sostiene la mujer maya q’eqchi’.

En la orilla de La Pasión, José María enseña al equipo de este reportaje las últimas tierras que “la palma”, como dice él, “agarró”. El terreno localizado en la orilla opuesta de dónde estábamos, alrededor de una caballería, “era de la comunidad, simplemente lo midieron y pusieron su cerca, todo el bosque que queda en la orilla, también agarraron, ahí ya no podemos ir, hay seguridad privada y armada, tienen sus pistolas”, dice disminuyendo el tono de voz e imitando con las manos una pistola. Lamenta que en el poco terreno que les quedaba ya no pueden pescar, ni cazar. “Hay unos rótulos que dicen que es prohibido”.

Cuando las tierras fueron cercadas, “intentamos gestionar la situación, pero con las armas ya no pudimos nosotros; nosotros no tenemos armas, lo que hicimos fue mejor dejarlo así”, admite con los ojos cargados de una mezcla de tristeza y rabia.

Los racimos de la palma producidos en la Finca Santa Mónica son vendidos a la Reforestadora de Palma de El Petén (Repsa), empresa que causó el ecocidio en el río La Pasión, en mayo de 2015, cuyas plantaciones y dos plantas extractoras quedan en la misma orilla del río La Pasión, unos kilómetros río arriba de la comunidad El Chorro, en la aldea El Pato.

“Aquí sufrimos los impactos del desastre. Era pescado y mas pescado muerto bajando del río. Nos quedamos dos años sin poder comer pescado, nos prohibieron. Hubo gente que, sin opción, sí los consumió, pero tuvieron consecuencias graves en la salud. Hasta hoy el río no se recupera. Hay poco pescado y muy chiquititos. Además, es como si el agua siempre estuviera caliente, cuando uno se mete le aparece problemas en la piel”, cuenta el hombre maya q’eqchi’. 

Un diagnóstico ambiental de 1,700 hojas hecho por la empresa, en 2018, utilizado para proveer información para la solicitud de licencia ambiental de parte de su plantación junto al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, además de ser un requisito en el proceso de certificación junto a la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), admite impactos al medio ambiente. 

La empresa es responsable por el “arrastre de residuos de agroquímicos y de materia orgánica y nutrientes (…) hacia cuerpos de agua (…) – riachuelo El Mico, arroyos San Ignacio y Chapayal, el río La Pasión y un pozo artesanal de abastecimiento de agua para la comunidad La Colonia”, dice el estudio de Repsa, que pertenece al Grupo Hame, responsable por introducir la palma en Guatemala en 1987. Sus productos se exportan para Europa y otros países de América Latina. 

Además, el río La Pasión es fuente de agua para el proyecto. “En la aplicación de los herbicidas, se utiliza agua que proviene del río La Pasión, es transportada por camiones cisterna. Se hacen tres aplicaciones de herbicidas al año; se utilizan alrededor de 144,000 litros de agua por aplicación, que representan al año alrededor de 432,000 litros de agua”, revela el diagnóstico.

Repsa desde 1999

Repsa ha introducido el cultivo de la palma africana en el municipio de Sayaxché desde 1999. Hoy, Repsa posee alrededor de 19 mil hectáreas de palma. Además de 6,839 hectáreas de palma de otros productores que le suministran la fruta. El área certificada por la RSPO es de 11,719 hectáreas. Junto a otras cuatro empresas, ha conformado un consorcio denominado Palma de Sayaxché – Tikindustrias, Nacional Agro Industrial (NAISA), Palmas del Ixcán y Unipalma.

Apachurrados

Desde El Chorro, mirando hacia el río La Pasión, a la derecha la comunidad está cercada por palma. A la izquierda está rodeada por el Parque Arqueológico Ceibal. De hecho, la aldea está en la zona de amortiguamiento del parque. “La comunidad se conformó hace 70 años, pero no tenemos el título de las tierras, estamos por parte de Conap [Consejo Nacional de Áreas Protegidas]. Estamos intentando tener título para que no nos pase de nuevo lo que pasó con la palma, que simplemente nos sacó la tierra”, dice José María.

Sin embargo, las autoridades agrarias de Guatemala no les otorgan la seguridad jurídica, justamente por estar en el área de amortiguamiento del parque, “mientras la finca va acaparando tierras y nadie dice nada”, reclama el maya q’eqchi. 

La tierra de la cual “nos sacaron también es área protegida, y aunque el dueño de la finca dice que tiene el título de sus tierras nos parece raro; si a nosotros no nos dan documento no sé cómo a ellos sí lo dan, están a 300 metros de nosotros”, señala. “A cualquier rato nos pueden sacar. Ya sea la conservación, ya sea la palma. Y ¿dónde vamos a ir?”. 

Para aumentar la presión, hace un año se instaló cerca de la comunidad un destacamento militar. “Están aquí día y noche. Dicen que están para protegernos del crimen”, agrega José María.

Lucro con la conservación

El Parque Ceibal es un sitio arqueológico de la civilización maya del Período Clásico. Era la ciudad maya más grande de la cuenca del río La Pasión. Está tomado por un bosque latifoliado, con árboles de hoja ancha como cedro, nogal caoba y granadillo.

Repsa ha utilizado el Parque Ceibal para obtener la certificación de sus plantaciones junto a la mayor certificadora de palma en el mundo, la RSPO, un sello de sostenibilidad – que ha sido criticada por organizaciones ambientales en todo el mundo, por ser connivente con conflictos sociales y degradaciones ambientales promovidos por empresas de palma en todo el mundo. El sello amplía la capacidad de venta de sus productos, especialmente en Estados Unidos y países europeos.

RSPO exige, como uno de los requisitos para el proceso de certificación, que las empresas identifiquen dentro de las plantaciones o en sus áreas de influencia lo que llaman áreas de Alto Valor de Conservación (AVC). Es decir, las empresas tienen que realizar estudios con el objetivo de identificar especies de flora y fauna, además de elementos históricos y culturales de importancia nacional e internacional y, a partir de entonces, hacer un plan de conservación y monitoreo de estas áreas, como una forma de compensar los daños que han causado al medio ambiente con su actividad agroindustrial.

En el estudio de evaluación de las áreas de AVC, encargado por Repsa a Bio Terra Consultor Ambientales para identificar estas áreas, el cual fue revisado por este reportaje, el Parque Arqueológico Ceibal fue catalogado por la empresa como un área de Alto Valor de Conservación en lo que se refiere a sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por razones culturales, históricas o arqueológicas a escala global o nacional.

“Se determina la presencia de un AVC (…) en los parques arqueológicos El Ceibal, Aguateca y Dos Pilas”, dice el documento.

El estudio fue llevado a cabo en 21 fincas de Repsa que cubren un área total de 20 mil hectáreas, y en áreas protegidas localizadas al suroeste de Petén – parques arqueológicos Aguateca, Dos Pilas y El Ceibal, Reserva Biológica de San Román, el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún.

La gran parte de las áreas de AVC fue encontrada en áreas protegidas, y no en las fincas. “Los AVC identificados están relacionados principalmente a la Reserva Biológica San Román, al Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, a las fuentes de agua [incluye el río La Pasión], y a los sitios arqueológicos”. 

El estudio advierte que “las fincas de la empresa podrían de una u otra manera tener [mala] influencia sobre algunos de los AVC identificados, ya que un porcentaje de las fincas drena hacia la Reserva Biológica San Román, y otro porcentaje hacia el Refugio de Vida Silvestre Petexbatún”. 

Evidencia que en muchas de las zonas donde las fincas de Repsa lindan con el río La Pasión, y otros cuerpos de agua, faltan bosques de galería, es decir una franja de vegetación a lo largo del río, que tiene una serie de beneficios para protegerlo, como filtrar el agua antes de que desemboque en el río, estabilizar las riberas y proteger contra las inundaciones. “Las palmas aceiteras en algunas zonas llegan hasta las orillas de los ríos e incluso en su curso debido a las inundaciones”, dice el estudio. La conservación de las reservas ribereñas es un requisitopara que las empresas logren la certificación de la RSPO. 

Además, identifica plantaciones de palma en la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica de San Román y en la zona núcleo del Refugio de Vida Silvestre Petexbatún, donde es prohibido el monocultivo.

“La palma va apropiándose de todo, incluso de las áreas protegidas. Es responsable por el crimen ambiental de 2015, que sigue impune hasta hoy, y continúa causando contaminación en nuestras tierras y ríos”, dice la maya q’eqchi’ Marta Pop Caal. 

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán se movilizaron para exigir la liberación de María Cruz Paz, quien cumple dos semanas presa acusada por lo que, aseguran, son delitos fabricados.}

El lunes (17), cientos de indígenas purépechas, integrantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), realizaron bloqueos carreteros en diversos puntos de la entidad para exigir la liberación de María Cruz Paz Zamora, a quien señalan como presa política. 

Paz Zamora, delegada del Congreso Nacional Indígena (CNI), fue detenida el 5 de junio por policías ministeriales de Michoacán, y trasladada al centro penitenciario de Uruapan.

El CSIM – conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades de los pueblos purépechas, nahuas, otomís y mazahuas – señala que la Fiscalía General de Michoacán la mantiene recluida acusada por el delito de desaparición forzada. La organización indígena asegura que ella es víctima de criminalización debido a su trabajo como defensora del medio ambiente, el territorio y la autonomía. 

Según el Consejo, a Paz Zamora no se le otorgó ninguna explicación sobre los motivos de la privación de su libertad, que ocurrió mientras la indígena purépecha se trasladaba a la ciudad de Morelia para atender una reunión con funcionarios estatales.

Paz Zamora es miembro de la comunidad de Ocumicho, municipio de Cherapan, donde es reconocida por su trabajo en el rescate de la cultura purépecha y por ser una de las principales impulsoras de la autonomía en dicha población. Además, destaca el CSIM, lideró trabajos de reforestación masiva en su comunidad, lo cual le llevó a enfrentar a talamontes y agroindustriales productores de aguacate de la región.

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El CNI aseguró que el Estado mexicano y la Fiscalía de Michoacán reprimen y criminalizan a quienes se oponen a la depredación irracional de los bosques y a la venta del territorio ancestral, por lo que también exige la liberación inmediata de Paz Zamora.

Antecedentes de violencia

De acuerdo al vocero del CSIM, Pavel Guzmán Ulianov, la prisión de la defensora purépecha solo se entiende al repasar la historia y el contexto de la comunidad indígena de Ocumicho, pueblo que defiende su territorio ancestral y el cual, durante los últimos cuatro años, ha sufrido una serie de agresiones.

Durante conferencia de prensa realizada en la capital, Morelia, Ulianov enlistó diversos actos violentos contra la comunidad indígena, entre los cuales destaca el asesinato del Secretario de Bienes Comunales, Prudencio Ortíz Alonso, acontecido el 31 de mayo del 2020, durante un ataque donde también resultó herido el representante de Bienes Comunales.

Destaca también la desaparición del coordinador del Consejo de Gobierno Comunal y director de la Radio Indígena Ocumicho, Esteban Cruz Rosas, el 28 de abril de 2022, cuando salía de las instalaciones de la radio. Según el CSIM, gracias a la movilización oportuna, Cruz fue localizado con vida.

Además, reportan que, el 11 de noviembre del 2022, la comunidad fue atacada por un comando armado y, el 10 de diciembre del mismo año, fue asesinado Pedro Pascual Cruz, coordinador de la Ronda Comunal de Ocumicho.

“Todos estos casos han sido denunciados en tiempo y forma en la Fiscalía de Michoacán. Sin embargo, en esta institución impera la paradoja de la impunidad, los culpables libres y los inocentes encarcelados”, aseguró el vocero.

Por su parte, Cruz Rosas, quien también participó de la rueda de prensa, asegura que las agresiones en contra de Ocumicho ocurren a pesar de que han pedido auxilio de manera oficial a las autoridades estatales y federales. “Somos marginados, jámas hemos sido atendidos”, acusó el coordinador.

Cruz asegura que la detención de Paz Zamora es producto de la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Michoacán, para “encontrar un chivo expiatorio” en el caso de la desaparición de dos comuneros de Santa Cruz Tanaco, Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos, sucedida el 3 de enero del 2024.

El coordinador del Gobierno Comunal de Ocumicho asegura que Paz Zamora permanece recluida por la acusación que hace un testigo protegido, el cual, señala el coordinador, es un criminal talamonte quien acusa a la defensora de ser la autora intelectual del secuestro de los comuneros.

“¿Cómo un criminal va a tener mas voz y voto que una persona que ha estado al frente de 20 hombres que resguardan los bosques?”, recriminó Cruz ante los medios de manera enfática. “A lo mejor por eso está siendo atacada, porque aquí en Michoacán no hay quien defienda los bosques”, reclamó.

PALABRA PÚBLICA POR LA LIBERACIÓN INMEDIATA E INCONDICIONAL

DE JOSÉ DÍAZ GÓMEZ

19 de junio 2024

Demandamos que el juzgado cumpla con su deber de impartir justicia verdadera, a José Díaz Gómez Base de Apoyo del EZLN, del pueblo originario Ch’ol, campesino de 45 años, rehén del Gobierno del estado de Chiapas, está secuestrado desde el 25 de noviembre de 2022, en el CERSS No. 17 “El Bambú”, en Catazajá, Chiapas, por la fabricación del delito de robo ejecutado con violencia.

En el marco de la apertura de juicio oral que dio inicio este 4 de junio, después de un año y siete meses de prisión preventiva oficiosa, investigación deficiente y pruebas sin el mínimo rigor científico. Estamos conscientes que no existen elementos para sentenciar a José, al tratarse de un delito fabricado. Este miércoles 19 de junio se llevará a cabo su tercera sesión de audiencia de apertura de juicio oral a las 2:00 pm, estaremos atentos y realizaremos acciones en caso de no ser absolutoria la sentencia.

Denunciamos que José Díaz ha sido víctima de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva, en la fiscalía le obligaron a poner su huella, firmar varios papeles en blanco y no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni por un abogado.  Los jueces y fiscales han alargado el proceso y la prisión preventiva oficiosa, al negarle tres veces medidas cautelares, en consecuencia, ha estado viviendo en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sólo duerme 3 horas y comparte celda con 18 personas en un espacio de tres por tres metros, es decir vive en condiciones de TORTURA, provocándole enfermedad y daños psicosociales a él, a su familia y a la comunidad en resistencia de la que es parte. 

Repudiamos todas estas violaciones los derechos humanos en contra de José, lo cual evidencia el patrón característico de la fabricación de culpables para criminalizar a defensores de la tierra y el territorio, a grupos y comunidades que resisten con dignidad a la destrucción de sus formas propias de vida como pueblos originarios. 

El derecho a la libre determinación, aunque reconocido constitucional e internacionalmente, es constantemente violado y pisoteadas las libertades de los pueblos por parte del mal gobierno y sus instituciones, apoyándose en la impunidad y el racismo característico del sistema de impartición de (in) justicia mexicano. José ha sido criminalizado por su adherencia zapatista como parte de la estrategia de Guerra Integral de desgaste emprendida por los diferentes gobiernos incluido el actual, que se autonombra de la Cuarta Transformación. Sin embargo, las personas que nos indignamos frente a la injusticia y el despojo, porque nuestro corazón late abajo y a la izquierda, seguiremos luchando hasta ganar la libertad de nuestro compañero José Díaz y la libertad de nuestras comunidades. 

Por todo esto, exigimos:

• La cancelación de las cuatro órdenes de aprehensión en contra de otros cuatro Bases de Apoyo del EZLN por el mismo delito fabricado en contra de José Díaz

• El cese de la criminalización a los miembros del Congreso Nacional Indígena. 

• La libertad inmediata e incondicional a María Cruz Paz Zamora presa en Michoacán y criminalizada por defender el territorio.

• Libertad a los cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc Chipas; Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco. 

• Alto al hostigamiento en contra de: la comunidad Otomí residente en CDMX, del compañero Diego García Bautista y la Unión de Pueblos y fraccionamiento contra el basurero y en defensa del agua en Puebla.

¡Libertad inmediata e incondicional para José Díaz Gómez base de apoyo zapatista!

¡Alto a la Guerra contra las comunidades Zapatistas!

¡Alto a la Guerra contra los pueblos!

¡Viva la autonomía!

A T E N T A M E N T E

Jornadas contra la Criminalización y por la libertad

PALABRA PÚBLICA POR JOSÉ DÍAZ.pdf(255.83 KB)

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Pobladores de la comunidad nahua de Santa María Ostula. Foto: Regina López}

Mediante pronunciamiento difundido este sábado (15), la población nahua de Santa María Ostula denuncia nuevas agresiones contra su comunidad, en una escalada de violencia que registra ataques armados y asesinatos ocurridos, desde el año 2023, y que se ha prolongado hasta la actualidad sin la actuación de las autoridades estatales ni federales.

En esta ocasión, el pasado jueves (13) un comando integrado por 30 sujetos fuertemente armados, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), atacaron a un comunero de la Encargatura de la Cofradía -una de las 23 poblaciones que conforman Ostula-, en el municipio de Aquila, región costa sierra de Michoacán.

En esta ocasión, el comando armado disparó contra un comunero que se encontraba en sus labores agrícolas, quien reportan, pudo salvar su vida al refugiarse en un puesto de vigilancia instalado por la Guardia Comunal de Ostula debido a los constantes ataques del CJNG.

Dicho retén opera después que, el pasado 6 de febrero, esta misma población sufrió un ataque violento por parte del grupo criminal, lo que obligó a sus habitantes a suspender actividades laborales y educativas durante semanas debido a la gravedad de las agresiones armadas.

A esta situación, se sumaron los ataques que, durante los últimos días de marzo y principios de abril se perpeturaron contra comunidades vecinas de los municipios de Coahuayana y Chinicuila. En dicha ocasión, cientos de sicarios provenientes del estado de Colima utilizaron armas de alto calibre, además de explosivos y drones con el objetivo de conseguir el control de estos territorios.

Fue debido a la reacción de grupos de autodefensa y guardias comunales de los municipios de Coahuayana y Aquila, que consiguieron frenar el avance del grupo criminal. No obstante, reportes periodísticos dieron cuenta del control que el CJNG retomó en las localidades de Palos Marías, El Órgano y Zapotan, “causando terror en sus pobladores y ocasionando el desplazamiento de éstos hacia otros lugares”, señalan medios locales.

Asesinatos, desapariciones

La agresiones armadas no se detuvieron ahí. Para el mes de mayo, pobladores de Ostula denunciaron el asesinato, a manos de sicarios del CJNG, del comunero Antonio Regis Nicolás, mientras viajaba con su familia a la Encargatura de la Mina de La Providencia. 

En ese momento, señalaron que los gobiernos, federales y estatal, tienen pleno conocimiento de la violencia en la región y de las agresiones que la comunidad de Ostula está siendo objeto. “Sin embargo, se han negado a tomar medidas efectivas para brindar protección a las poblaciones de la región y particularmente a las familias de nuestra comunidad ante la presencia cada vez mayor y más violenta del CJNG en la zona”, sostuvieron en comunicado.

Por esta situación, demandaron el desmantelamiento del CJNG, así como “el cese de la protección que otorgan a dicho cartel funcionarios y mandos policiales corruptos”. También recordaron los asesinatos de Lorenzo Forylán de la Cruz Ríos, Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, miembros de su Guardia Comunal asesinados durante el 2023.

Los pobladores nahuas también exigieron la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes. Díaz, profesor y líder de la comunidad de San Miguel de Aquila y Lagunes, abogado defensor de derechos humanos, permanecen desaparecidos desde el 15 de enero del 2023, cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima después de participar en una asamblea comunitaria.

Ambos sostenían la defensa legal de la población de Aquila para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.

Los acontecimientos violentos suceden a escasos días de que la comunidad nahua celebre el 15 aniversario de la recuperación de más de 1000 hectáreas de tierras comunales en lo que actualmente se erige la Encargatura de San Diego Xayacalán. 

Fue en el año 2009 cuando los indígenas nahuas se  organizaron para recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas por pequeños propietarios originarios de Colima, quienes se encontraban aliados con el Cártel de los Caballeros Templarios. Debido a su lucha, sólo entre los años 2008 al 2014, 32 comuneros fueron asesinados, además de registrarse la desaparición forzada de otras seis personas.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Gaza sigue siendo destruida por ataques aéreos y bombardeos intensivos por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, mientras que el número de personas asesinadas va en aumento. Según los últimos informes del Ministerio de Salud de Gaza el saldo trágico asciende ya los 37 mil 266 muertos y al menos 85 mil 102 heridos. 

El Ministerio de Salud ha puntualizado que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños, en su gran mayoría civiles inocentes. A ello se agrega que hay un registro de más de 12 mil personas atrapadas bajo los escombros en diversas partes de Gaza, sin acceso a la asistencia médica urgente.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales denuncian la dificultad de brindar ayuda efectiva debido a la escalada del conflicto y las restricciones impuestas a las operaciones humanitarias.

Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), ha instado nuevamente a un alto el fuego inmediato y a un incremento urgente en la ayuda humanitaria. En una conferencia internacional de donantes en Kuwait, Guterres declaró: “Un alto el fuego solo será el comienzo. Será un largo camino para recuperarse de la devastación y el trauma de esta guerra”.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) también ha alertado sobre la peligrosidad extrema que enfrentan los trabajadores humanitarios en Gaza, con un saldo trágico de 193 colegas asesinados desde el inicio del conflicto, marcando la mayor pérdida de vidas en la historia de la organización.

Esta presión internacional para dejar actuar a la ayuda internacional ha llegado a obtener el respaldado por el Grupo de los Siete (G7), que ha exigido garantías para que la UNRWA y otras organizaciones puedan operar efectivamente y llegar a quienes más lo necesitan en esta catástrofe humanitaria.

Este infierno es cada día peor para los civiles en Gaza, quienes están pagado los costos de este conflicto y, no se ve salida al conflicto por ningún lado. La solidaridad internacional es crucial para seguir haciendo presión a los gobiernos del mundo para detener este genocidio.

Martin Griffiths, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, ha destacado la responsabilidad compartida de la comunidad internacional en abordar esta crisis humanitaria sin precedentes, llamando a los líderes mundiales a “unirse en lugar de dividir”, para evitar un mayor sufrimiento y avanzar hacia un futuro más pacífico y justo.

La situación en Gaza sigue evolucionando, y la atención internacional se mantiene centrada en la urgente necesidad de proteger vidas inocentes y detener esta guerra asimétrica y desigual.

Fuente: Avispa Midia

Por Nolan Peltz

El miércoles 19 de junio de 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevará a cabo la sesión para resolver el Amparo Directo en Revisión en el caso de Miguel Peralta Betanzos, defensor comunitario de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. La Suprema Corte decidirá si pone fin a los casi diez años de persecución que ha sufrido Miguel Peralta.

Miguel Peralta es uno de los 35 integrantes de la asamblea comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón criminalizados en el expediente 02/2015, a raíz de un conflicto sociopolítico en diciembre de 2014. El conflicto se derivó de la creciente tensión entre la asamblea comunitaria y un grupo caciquil partidista, que ha buscado mantener el control del gobierno municipal, los fondos municipales y la explotación de los recursos naturales de la comunidad.

El 14 de diciembre de 2014, la asamblea fue atacada violentamente por el grupo caciquil liderado por Manuel Zepeda Cortés mientras se reunía en la cancha del pueblo para elegir a su alcalde. La violencia subsiguiente se saldó con dos muertos, entre ellos el hijo de Manuel Zepeda. La hija de Zepeda, Elisa Zepeda Lagunas, ha dirigido los esfuerzos de criminalización contra los integrantes de la asamblea comunitaria, fabricando delitos y utilizando cargos públicos en el gobierno municipal y luego en el estatal en los siguientes años para influir en los procesos legales.

Miguel Peralta fue detenido en abril de 2015 por cargos fabricados relacionados con los hechos del 14 de diciembre. Más de dos años después, el 26 de octubre de 2018, fue sentenciado a 50 años de prisión por homicidio y tentativa de homicidio. Tras una apelación de su equipo legal, su sentencia de 50 años fue absuelta y su caso regresó a la última fase del proceso, la audiencia final. Eso porque en la última audiencia, antes de que se dictara la sentencia, se violó el derecho de Miguel de estar presente. Literalmente dijeron que no tuvieron recursos para pagar el combustible de la patrulla que llevaría Miguel del reclusorio, en San Juan Cuicatlán, hasta el juzgado de Huautla, donde ocurrió dicha audiencia. 

En octubre de 2019, fue absuelto de los dos delitos y puesto en libertad tras pasar casi cuatro años y medio en prisión.

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Tras una apelación de la parte acusadora, el 4 de marzo de 2022 se revocó la libertad y reafirmó la condena de cincuenta años, dictando una orden de reaprehensión contra él después de casi dos años en libertad. 

Al resolver un amparo directo, el Tribunal Colegiado en Oaxaca regresó su proceso legal casi ocho años atrás, a la etapa de los careos, buscando nuevamente que Miguel enfrente este proceso desde la cárcel. A esa resolucióm, su defensa interpuso un recurso de revisión para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva el amparo. Actualmente Miguel Peralta se encuentra en libertad, en condición de perseguido político.

Todos los ojos puestos en la Suprema Corte

En enero de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el amparo directo en revisión 6535/2023 para el caso de Miguel Peralta. Y el 19 de junio se llevará a cabo la sesión para resolverlo. 

El proyecto ha sido presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf. Los demás ministros -Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena- debatirán ese proyecto el 19 de junio. La decisión final deberá ser tomada por la mayoría de los cinco ministros.

“La corte tiene una oportunidad histórica”, explica la abogada de Miguel Peralta, Araceli Olivos, en una conferencia de prensa en Ciudad de México. Tiene la oportunidad de hacer un precedente diferente en la relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano; una relación que históricamente se ha visto manchada por la opresión, explotación, discriminación y marginalización de los pueblos indígenas. Con esta decisión, la Suprema Corte tiene la oportunidad de empezar a deshacer estos agravios históricos perpetrados contra los pueblos indígenas, y contra la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.

Para el equipo legal de Miguel Peralta, hay dos puntos que la Suprema Corte debe tener en cuenta al analizar el amparo. Primero, el protocolo de perspectiva intercultural en casos relacionados con comunidades indígenas, como es el caso de Eloxochitlán. ¿Qué significa esto? Que el caso de Miguel debe ser ubicado en el contexto político, social y cultural del pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón.

“La interculturalidad nos invita a dialogar, a mirar al otro, la otra, ese otro pueblo”, dice la abogada de Miguel. “Lo que queremos decirle a la corte es que mire al pueblo mazateco, que mire a Eloxochitlán, que escuche a Eloxochitlán”. No se trata de un simple caso de agresor y víctima, sino de un complicado conflicto que afecta a toda una comunidad y está directamente relacionado con una tensa relación histórica entre los pueblos indígenas y el Estado-nación mexicano.

El segundo punto que el equipo legal de Miguel está exigiendo a la Suprema Corte a considerar es el principio de mínima intervención del derecho penal. En lugar de responder con la criminalización, la exigencia es que el Estado “atiende las causas, promueve el dialogo, promueve mecanismos alternativos…no todo es cárcel, cárcel, multa, proceso penal”, explica Araceli Olivos. Este principio puede aplicarse en diversas circunstancias y ha sido aplicado anteriormente por la corte en casos relacionados con conflictos comunitarios y pueblos indígenas.

El equipo legal de Miguel argumenta que la resolución anterior del Tribunal Colegiado de Oaxaca fue insuficiente, ya que no consideró estos factores. No tomó en cuenta que la acusación sobre Miguel derivó de un contexto político, social y cultural mucho más amplio y complicado en Eloxochitlán de Flores Magón.

Contexto político y cultural

La necesidad de una perspectiva intercultural y del principio de mínima intervención del derecho penal es evidente en el caso de Miguel Peralta. El pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón es uno de los 68 grupos étnicos que habitan el territorio hoy dominado por el Estado mexicano. Tienen su propia lengua, espiritualidad, cosmovisión, sus propias formas de organización interna y de toma de decisiones. Su autodeterminación está protegida en la Constitución mexicana, así como en diversos acuerdos internacionales firmados por el gobierno mexicano en relación con los pueblos indígenas.

El caso de Miguel es parte de esta tensa relación entre el Estado-nación mexicano y los pueblos indígenas. Su criminalización, y la de sus compañeros, es consecuencia de los intentos de imponer los intereses político-partidistas y caciquiles frente a las formas internas de organización comunitaria, incluyendo la asamblea comunitaria, el trabajo colectivo y la defensa del territorio. El caso de Miguel es una cuestión de autodeterminación y autonomía indígena, y de la capacidad de una comunidad para resolver conflictos a través de sus propios procesos internos.

Los efectos negativos en la comunidad de Eloxochitlán como consecuencia del conflicto y la criminalización han sido amplios. “Mi pueblo ha perdido todas sus costumbres por todo lo que se viven desde 2014”, explica Martha Betanzos, madre de Miguel. “Desde 2014 nuestro pueblo decayó, nuestras escuelas ya están vacías, nuestros profesores ya han retirado por todo lo que se ha vivido en Eloxochitlán. Nuestras iglesias están vacías. Todo lo que corresponde a Eloxochitlán, todos sus servicios médicos. Ya se decayeron. Ya no hay buena salud. Ya no hay buena atención”.

Lento camino hacia a la libertad

Aunque con procesos legales llenos de irregularidades y retrasos judiciales, los presos y perseguidos políticos de Eloxochitlán han recuperado lentamente su libertad, poco a poco, durante los últimos diez años.

El 29 de septiembre de 2023, el juzgado mixto de Huautla de Jiménez modificó las medidas cautelares, liberando a Jaime Betanzos y Herminio Monfil, dos integrantes de la comunidad de Eloxochitlán que se encontraban en prisión desde diciembre de 2014 sin sentencia ni condena. Fueron liberados no en plena libertad, sino para continuar sus procesos legales fuera la prisión.

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Más recientemente, el 12 de junio de 2024, el juzgado de Huautla de Jiménez ordenó la liberación de Francisco Durán, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, también integrantes de la comunidad mazateca, encarcelados por el mismo conflicto, cambiando las medidas cautelaras, lo que les permite continuar sus casos legales fuera de la cárcel dentro de su comunidad.

La familia de Miguel, su equipo de apoyo, colectivos y organizaciones solidarias y la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón exigen que la libertad definitiva de Miguel siga a estas recientes victorias judiciales, para que la comunidad pueda seguir caminando hacia la libertad, para ir curándose de las heridas de la represión caciquil y estatal.

“Queremos vivir en paz, queremos vivir con toda nuestra libertad “, dice Martha Betanzos, madre de Miguel. “Queremos ver libre a Miguel Ángel Betanzos, ¡que ya llege! a pisar su tierra, ¡que ya llege! a escuchar los pajaritos, ¡que ya llege! a pisar el lodo, ¡que ya llege! a tentar ahí los montes, los cafetales”.