Radio Zapatista

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

^{En portada: Colectivo de Madres en Resistencia reciben información, denuncias y reporte de personas desaparecidas en diferentes municipios en Chiapas. Foto: Carlos López}

Ante la negativa del gobierno de Eduardo Ramírez para atender los casos de las personas desaparecidas en Chiapas, el Colectivo Madres en Resistencia iniciará una huelga de hambre este miércoles (18) en la entrada del Palacio de Gobierno que se localiza en Tuxtla Gutiérrez.

“Eduardo Ramírez no toca el tema de desaparecidos”, enfatiza Isabel Torres, madre de Cassandra Arias Torres que fue desaparecida forzadamente en el municipio de Berriozábal el 17 de diciembre de 2022, por hombres encapuchados que portaban insignias de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. 

Tras dos años de la desaparición forzada de Cassandra no hay avances en su caso, ni en el de otras familias que integran el colectivo. “Vamos a hacer bloqueos y marchas para que nos reciban, porque ya lo pedimos y no nos escuchan”, señala para Avispa Mídia. 

Hace tres meses, antes de que rindiera protesta como gobernador, el colectivo se acercó a Ramírez Aguilar en un acto político en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. En ese momento las puso en contacto con otra persona para coordinar un próximo encuentro que nunca llegó. 

“Nosotros no confiamos en las autoridades, no creemos en las autoridades, no hay justicia para nosotras, pero vamos a exigirle a este nuevo gobierno que haga las búsquedas porque tampoco las quieren hacer, no las hacen”, enfatiza la madre de Cassandra.  

Isabel Torres aclara que como Madres en Resistencia ya no buscan justicia, “porque sabemos que no la hay, aquí en Chiapas o en todo México”. Con las acciones planeadas para esta semana exigirán que todas las autoridades correspondientes trabajen en la búsqueda de las personas desaparecidas.

¿En manos de quién estamos ahora?

“Vuelven a dejar a Llaven Abarca como Fiscal. Todos hacen oídos sordos y se vuelven ciegos. El crimen organizado siempre ha dejado narcomensajes donde mencionan a Llaven Abarca; lo mencionan o lo señalan como delincuente y nadie ha hecho nada para investigarlo y, en su caso, levantar una carpeta de investigación”, lamenta la madre de Cassandra Arias Torres. 

Unos días antes de que Eduardo Ramírez Aguilar asumiera al cargo como gobernador, la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado aprobó el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General por los próximos nueve años. 

De inmediato, más de 60 redes y organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en conjunto al considerar que este nombramiento agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas. “Durante su desempeño en el servicio público, Llaven Abarca ha demostrado ser perjudicial, especialmente en su rol como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello”, versa el comunicado. 

También menciona que en su gestión se documentó el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad. “Abarca ha tenido varios cargos muy cuestionables en cada una de su gestión”. Ante esto, Isabel Torres, de Madres en Resistencia, cuestiona, “¿en manos de quién estamos ahora? 

Llaven Abarca ha mantenido cargos importantes en Chiapas en materia de seguridad. En el 2002 fue Ministerio Público Especializado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio de la Fiscalía General de Chiapas (FGE), con el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía. 

Seis años más tarde, con Juan Sabines Guerrero, fue subdirector de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada del Ministerio de Justicia de Chiapas, en ese periodo también ocupó los cargos de jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro, Fiscal de Distrito de la Fiscalía de Distrito Selva y Fiscal Especializado en la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada (FECDO).

De 2011 al 2012 fue Delegado de la Procuraduría General de la República en Chiapas. Cuando inició el gobierno de Manuel Velasco Coello fue nombrado secretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas. Y con Rutilio Escandón Cadenas fue Fiscal General de Chiapas del 2018 al 2020, posteriormente Diputado Federal.  

En la FECDO, fue señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes, como lo demuestra la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por detenciones arbitrarias y tortura en la comunidad San José, municipio de Marqués de Comillas. 

También tiene recomendaciones por Comisión Estatal de Derechos Humanos que solicita una investigación administrativa y la integración de una averiguación previa contra Llaven Abarca. 

Aquí todo sigue igual

Desde el 8 de diciembre, en su toma de protesta, Eduardo Ramírez Aguilar ha seguido la estrategia del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de realizar constantes conferencias de prensa sobre los “avances” en materia de seguridad, pero en ningún momento ha mencionado los casos de personas desaparecidas en Chiapas. 

“Ni si quiera mencionan el cambio del Fiscal de Desaparecidos”, afirma Isabel Torres, “porque sabemos que hubo otros movimientos y cambios de fiscales, pero a Jubilian no lo tocaron”.

Jesús Jubilian Sarmiento Santos ocupa el cargo de Fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares desde el 2021, pero de acuerdo a las familias del Colectivo de Madres en Resistencia todo lo que obra en las carpetas de investigación ha sido aportado por ellas, “de lo contrario no habría nada”.  

Respecto a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), el colectivo desconoce si habrá cambios y el tema se mantiene en total hermetismo. “Por eso tomamos la decisión de plantarnos en Palacio de Gobierno y pedir la audiencia con Eduardo Ramírez, Jorge Luis Llaven Abarca y Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad, y otras dependencias”. 

Como Colectivo de Madres en Resistencia reciben información, denuncias y reporte de personas desaparecidas en diferentes municipios. “Como son personas de escasos recursos, en su mayoría, es muy difícil que estén viajando, entonces las asesoramos para reportar a las personas desaparecidas”.   

En el último año han recibido reportes de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, principalmente, así también de Ocosingo, Comitán, Chenalhó y Yajalón. Isabel Torres aclara que no son los únicos lugares donde hay un alza en el número de desaparecidos. Los pobladores de la Sierra Mariscal, por ejemplo, “tienen mucho miedo de denunciar”.  

Las familias del colectivo son amenazadas o intimidadas por lo que también mantienen estrategias de seguridad, incluso cuando visitan la Fiscalía General del Estado, ubicada en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez. “Así tenemos que estar todas las mamás, mi mayor miedo es que si yo llego a faltar, ¿quién va a buscar a mi hija?”

Anteriormente informaron a la Fiscalía sobre esta persecución, pero optaron por dejar de hacerlo debido a la desconfianza que les genera la autoridad. Hace unos meses el colectivo presentó un amparo en el que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera los casos, pero la respuesta del juez federal fue negativa. 

“Nosotros pedimos que las carpetas fueran atraídas por la FGR porque hay policías involucrados, Fiscalía y personal de gobierno también en el caso de algunas desapariciones como la de mi hija, Cassandra. Queríamos que este juez obligara a las autoridades a hacer la búsqueda, obligara a la Comisión de Búsqueda a hacer la búsqueda como debería”, explica. 

Para el colectivo, incluso el ex Fiscal Olaf Gómez Hernández debe ser investigado. “Hay muchos policías del Estado que deben ser investigados y no lo hacen. Veo que con este gobierno nuestra lucha tendrá que seguir porque esperanza en el gobierno no hay, en Dios sí”, señala Isabel Torres. 

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

La sentencia a penas de entre 15 y 35 años de cárcel, por apología al terrorismo y afiliación a organización terrorista, contra 43 integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), intervenidos en el operativo Perseo, marca un precedente de persecución por ideas en el Perú. 

El caso, abierto en 2014, fue el primero en involucrar bajo estas acusaciones a un conjunto de activistas, entre ellos exmilitantes de Sendero Luminoso, desde el fin de la guerra interna (1980-2000). 

En la resolución judicial, dictada el 28 de octubre, se sindica al Movadef de actuar por órdenes de Sendero Luminoso, cuyos remanentes operan como narcotraficantes en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona de emergencia. El Sendero Luminoso no existe como organización política desde 1992. Los remanentes no obedecieron la disolución de la organización y se dedican al narcotráfico, desideologizados.

Asimismo, se señala a Movadef de haber sido financiados, según “testigos protegidos”, con dinero proveniente del tráfico de drogas para “mantener la ideología senderista activa en la vida política del país y la legitimación de su legado violento”. 

El Poder Judicial ordenó la disolución del Movadef, que intentó inscribirse como partido político en 2011. El programa de la organización, cuyos miembros incluyen exintegrantes de Sendero Luminoso que cumplieron condenas y no plantean la lucha armada, es la liberación de todos los presos políticos encarcelados durante el período de la guerra interna.

Condena ideológica

Las defensas legales de los sentenciados subrayan que el Estado incurre en discriminación ideológica por razones políticas, contra la cual hay sentencias internacionales vinculantes, violando derechos protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso será llevado a instancias supranacionales.

La redada masiva ejecutada por la Dirección Contra el Terrrorismo (Dircote), en abril de 2014, apuntó a sostener la existencia de organizaciones terroristas, pese a que el Movadef no reivindica la lucha armada y no ha participado de ningún acto de violencia, con el fin de sentar precedentes de apología al terrorismo contra organizaciones sociales que sostienen ideas disonantes para los poderes políticos.   

Los montajes de la Dircote se sucedieron en el año 2020, con el operativo Olimpo, en el que se detuvo a unas 90 personas, tras la semana de protestas contra el golpe de Estado institucional de las facciones conservadoras del Congreso. 

En 2023, activistas del Frente de Defensa de Ayacucho fueron encarcelados como respuesta al levantamiento en esta y otras regiones andinas ante el golpe de Estado de la ultraderecha culminado con la destitución del presidente Pedro Castillo. 

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El fin del juicio contra el Movadef coincidió con las recientes semanas de protestas contra el régimen de Dina Boluarte por la ola de extorsiones en Lima. El Ejecutivo respondió a la crisis de seguridad con la propuesta de una ley de terrorismo urbano que agrava la criminalización de manifestaciones sociales, al tipificar la interrupción de vías como extorsión, y con el anuncio de la detención de un cabecilla de Sendero Luminoso que resultó en un error.  

A dos años de la toma de la presidencia, la dictadura de Boluarte lleva a una nueva fase el terruqueo, la estigmatización por ideología usada como discurso por la alianza política, oligárquica y armada que allanó la caída de Castillo.   

Sendero Luminoso fue una de las organizaciones terroristas que declararon la lucha armada al Estado en 1980, con el objetivo de capturar el poder para instalar un gobierno de ideario marxista-leninista-maoísta. Perpetraron masacres contra poblaciones campesinas e indígenas. La actividad subversiva senderista culminó en 1992, con la captura de su líder, Abimael Guzmán.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Manifestación frente al Congreso de El Salvador para exigir la prohibición de la minería metálica. Marzo, 2017. Foto: Marvin Recinos.}

Una docena de organizaciones salvadoreñas se posicionaron el pasado martes (3) contra las intenciones del presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, de reactivar la industria minera impedida mediante la aprobación de Ley de Prohibición de la Minería Metálica, ocurrida el 29 de marzo de 2017, tras una larga lucha social de 12 años.

Aglutinados en la Mesa Nacional Frente a la Minería, las organizaciones compartieron argumentos para desmontar el discurso del presidente quien, mediante sus redes sociales, aseguró que reactivar dicha industria de manera “sostenible” repercutirá en la creación de miles de empleos y el desarrollo del país.

“Ni responsable, ni verde, la minería metálica es más inviable que nunca”, argumentaron las organizaciones salvadoreñas mediante comunicado difundido en una rueda de prensa. Para los movimientos ambientalistas y sociales del país centroamericano, los principales daños de la minería son la escasez y contaminación del agua derivadas del proceso de lixiviación del oro, para el cual se utilizan grandes cantidades del líquido mezclado con cianuro y otros químicos tóxicos que generan drenajes ácidos, tal como ocurrió en el río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa Lima, departamento de La Unión.

Vidalina Morales, líder ambientalista, aseveró que es en la región norte de El Salvador (los departamentos de Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, Morazán y La Unión) donde se encuentran los principales yacimientos de oro, pero que esa misma zona es un área frágil en relación al agua, pues es donde nacen y fluyen los ríos tributarios del Río Lempa, arteria principal que drena dos terceras partes del país centroamericano y del cual depende el abastecimiento del agua potable.

Un ejemplo de la afectación al ambiente es que, aún en su fase de exploración, la empresa minera de capital canadiense-australiana Pacific Rim/Oceana Gold secó fuentes de agua. Incluso, esta empresa declaraba en su estudio de factibilidad que utilizaría casi un millón de litros de agua diarios para la extracción de oro. 

“Estudios de organismos internacionales han revelado que el 87.7% del territorio está bajo riesgo y en él vive el 95.4% de la población. De acuerdo a la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), El Salvador es el segundo país más deteriorado ambientalmente y más deforestado del continente, solo después de Haití”, detalló la lideresa sobre la situación crítica del medio ambiente salvadoreño. 

Según los datos recopilados por la Mesa, en El Salvador exiten menos de 1,700 metros cúbicos de agua disponibles por persona al año, lo cual significa que es una región con elevado estrés hídrico. “Implementar la minería metálica en el país sería el toque de gracia para nuestro medio ambiente”, detalla el documento.

Morales también enfatizó que son las mujeres que representan el 52.8% de la población salvadoreña, el sector de la población que se verá mayormente afectado por la industria minera. “Al afectar el bien hídrico y la biodiversidad se impacta principalmente a las mujeres que asumen el trabajo del cuidado y administración del agua en sus hogares”, aseveró.

Con estos argumentos, las organizaciones sociales sostienen que la minería metálica sigue siendo inviable en El Salvador, “pues las razones de fondo siguen vigentes y el estado del ambiente en el país se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad”, subrayan en su pronuniciamiento.

Cabañas, lucha histórica

Alfredo Leiva es originario de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, una comunidad desplazada durante el conflicto armado de los ochentas, y cuya población retornó en 1987 para recuperar sus tierras.

En el año 1993, ante el abandono estatal, los habitantes de Santa Marta fundaron la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) una organización enfocada en resolver las necesidades más básicas de la comunidad. Así, a través de la autogestión y la cooperación solidaria sus habitantes han emprendido programas de educación, salud, vivienda, agua potable, entre otras. 

En este contexto, la ADES de Santa Marta ha destacado por ser una de las organizaciones más visibles contra la extracción minera que se desarrolló desde finales de los años noventa en la región y cuya lucha social alcanzó el consenso entre otros sectores de la población que derivó en la promulgación de la ley para prohibir la minería en 2017.

En entrevista con Avispa Mídia, Leiva comparte que existen razones de peso para oponerse a la industria extractiva. Además de la destrucción ambiental que haría insostenible la vida en el país centroamericano, rememora la persecución que derivó de la lucha social y cuya mayor expresión de violencia ocurrió en el año 2009 con los asesinatos de Marcelo Rivera, Dora Sorto, Ramiro Rivera y Juan Francisco Durán, ambientalistas opositores a los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim.

Para el integrante de la ADES Santa Marta, el anuncio reciente de Bukele para reactivar la minería solo confirma lo que desde hace más de dos años su organización ha venido alertando. Leiva refiere que existieron varias señales sobre la intención gubernamental para la reactivación de la industria tales como la adhesión de El Salvador al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible en 2021.

Además, en 2022 se creó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, organismo que cuenta con la facultad de tramitar las concesiones -previo a la aprobación de la Asamblea Legislativa, bajo control total del partido de Bukele, Nuevas Ideas- para la explotación de recursos mineros en El Salvador.

“En esa misma lógica, en 2023, para el presupuesto de ese año se le asignaron más de 4 millones de dólares a esta dirección para que analice y pueda proponer la reformulación de la ley que prohíbe la minería”, detalla Leiva. 

A las acciones gubernamentales, el integrante de la ADES señala que se suman los trabajos de consultores peruanos, vinculados a la empresa de capital estadounidense Titan Resources -trasnacional minera con presencia en Honduras y Perú-, quienes visitaron comunidades de los municipios de San Isidro, Sensutepeque, Guacotecti e Ilobasco para ofrecer pequeños proyectos de cultivos de hortalizas, captación de agua de lluvias, entre otros, los cuales despertaron la sospecha de los habitantes sobre las intenciones tras las dádivas.

Leiva refiere que la vinculación de la empresa norteamericana se conoció debido a una investigación periodística, pero con el pretexto de la permanencia del régimen de excepción existe “un cierre total del acceso a la información”, por lo cual se desconoce si hay más empresas interesadas en la reactivación de la minería, o si existen trámites para concesiones y explotación en curso.

Más importante para Leiva, en medio de estas acciones, es que se dio la persecución y criminalización de cinco integrantes de la ADES, cuyo caso legal aún mantiene en vilo su libertad.

Minería, con o sin ley

Para el integrante de la ADES Santa Marta, la reactivación de la minería puede suceder con o sin la necesidad de la derogación de la ley que la prohíbe. Esto, detalla, se debe a que existen otras normativas que lo permitirían. Por ejemplo, menciona las facultades dentro de la Ley de Zonas Económicas Especiales que, acorde a Leiva, “considera que si un territorio es apto para el desarrollo económico, entonces lo declaran zona económica especial y en ese espacio de territorio no inciden las leyes nacionales”.

También menciona la Ley Especial de Extinción de Dominio pues, según su análisis, “no importa si las personas dueñas de la tierra no quieren vender, a través de esa ley, pueden expropiar y pueden desarrollar estos proyectos”. 

Según la Mesa Nacional Frente a la Minería también existen amenazas en torno a la prevalencia jurídica de tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, el cual permite que corporaciones mineras, amparadas en tratados bilaterales o regionales, puedan reactivar las actividades de exploración y explotación minera metálica en el territorio salvadoreño.

“Lo último sería una acción más política: derogar la ley (de prohibición de minería), pero con ley o sin ley hay probabilidades de que se desarrolle esa actividad”, alerta Leiva.

Ante las intenciones de reactivación minera, las organizaciones exigen al presidente Nayib Bukele “a no ceder a las presiones e intereses de las empresas mineras que buscan explotar oro, no para beneficio de los sectores empobrecidos de El Salvador sino para proteger los intereses de los países ricos”, sostienen. De lo contrario, aseguran que la contaminación “podría ser el detonador final para convertir al país en un lugar imposible de recuperar ecológicamente y de habitar”.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
12 de diciembre 2024
Boletín No. 26
 
La Corte IDH condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez  Base de Apoyo del EZLN

• Sentencia histórica de la Corte IDH, declara al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Antonio González Méndez.
• ¡Verdad, justicia y memoria para Antonio González Méndez y todas las víctimas del terrorismo de Estado!.

 
En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez (en adelante Antonio González), y por la política de contrainsurgencia que derivó en violaciones graves a los derechos humanos, así como la acción deliberada de no investigar la desaparición ocurrida el 18 de enero de 1999. Esta grave violación a los derechos humanos se enmarca en el contexto del Conflicto Armado Interno aún irresuelto, en el que el Estado mexicano implementó el Plan de Campaña Chiapas 94, una política de contrainsurgencia dirigida a desarticular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a la población civil simpatizante.

El Gobierno mexicano organizó, entrenó, financió, armó y asistió a grupos paramilitares como parte de este plan sistemático en contra de personas militantes, adherentes o simpatizantes al EZLN, en su mayoría hombres y mujeres campesinas de pueblos mayas. En el marco de esta estrategia, el Ejército mexicano y sus grupos paramilitares cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura, muchas de carácter sexual contra mujeres.
Uno de los grupos paramilitares más notorios de la época que operó en el Norte del estado de Chiapas fue el grupo “Desarrollo Paz y Justicia”, cuyos integrantes participaron en la desaparición forzada de Antonio González Méndez el 18 de enero de 1999 en la comunidad El Calvario, del municipio de Sabanilla.

Antonio González Méndez, militante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, se convirtió en un objetivo del Ejército mexicano y sus grupos paramilitares debido a su activismo y liderazgo en la comunidad.
La sentencia marca un momento crucial en el largo camino de casi 26 años recorrido por la familia de Antonio en la búsqueda por la justicia, verdad y reparación integral. En ella, la Corte IDH ordena al Estado mexicano emprender una búsqueda efectiva y localizar inmediatamente a Antonio González. Además, obliga a que adopte medidas de reparación integral para su familia. Asimismo, deberá emprender investigaciones para identificar a los perpetradores de la desaparición forzada.

Es un día histórico, sin precedentes en México, resultado de la determinación y valentía de la familia de Antonio, en particular de su pareja e hijas: Zonia, Elma y Magdalena. Frente a este crimen de Estado, ellas emprendieron una incansable lucha por la verdad y la justicia, al igual que muchas otras mujeres que hoy en día enfrentan el pesar de la desaparición forzada. Su persistencia, junto con el acompañamiento de este Centro de Derechos Humanos, logró llevar su exigencia de justicia hasta las altas instancias internacionales.

Si bien la sentencia de hoy es un avance significativo, no constituye el punto final del proceso de justicia iniciado por la familia de Antonio. Es imprescindible que el Estado mexicano, y en particular sus fuerzas armadas, cumplan a cabalidad la sentencia de la Corte IDH, comenzando por esclarecer la suerte y el paradero de Antonio, para que realmente se empiece con una acción de justicia completa y abra puertas a una justicia transicional en el contexto de contrainsurgencia en Chiapas.

Detrás del caso de Antonio González Méndez, están miles de víctimas del conflicto armado interno no resuelto  en Chiapas, quienes aún esperan justicia por las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. No podemos olvidar a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, ni a las demás víctimas del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia en la Zona Norte de Chiapas, quienes sufrieron y sobrevivieron a la brutalidad de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano.

Aunque el Estado mexicano ha reconocido su responsabilidad en otros hechos, esto no ha contado con el respaldo pleno y público de los titulares de los poderes del Estado mexicano. Esta sentencia obliga al Estado mexicano a reconocer públicamente su responsabilidad y emprender investigaciones exhaustivas para esclarecer estas violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que se presentaron desde los años 90 en Chiapas.

La decisión de hoy abre una grieta en el muro de complicidad e impunidad construido por perpetradores, actores políticos, militares y paramilitares, quienes, gobierno tras gobierno, han sostenido pactos para encubrir sus crímenes de Estado. La lucha de Antonio, junto con la valentía de Zonia, Elma y Magdalena es una luz y una esperanza para todas las víctimas y sobrevivientes de esa barbarie, inspirando la búsqueda por la verdad y memoria, haciendo énfasis en acciones de justicia que lleven a una reparación integral y en consecuencia a una justicia completa, cabal, al Lekil Chapanel.

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A la opinión pública. 

En respuesta al llamado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas del día 5 de diciembre y a los diversos mensajes desde las comunidades afectadas, las organizaciones que firmamos el presente comunicado queremos informar acerca de hechos de suma importancia y gravedad relativos al inicio de un nuevo episodio de violencia en la región indígena de los Altos de Chiapas, en particular en el municipio de Pantelhó.

Pantelhó se encuentra en la región de los Altos de Chiapas y tiene presencia predominante del pueblo maya tzeltal y tsotsil. Es una zona marcada por la violencia y la resistencia. Desde el año 2021 se han registrado varios episodios de violencia armada que han tenido como consecuencia diversos grupos de personas indígenas víctimas de desplazamiento forzado. 

De acuerdo a la información recibida, el 3 de diciembre en la madrugada uno de los grupos armados que disputa el control de la región atacó a las comunidades de San José Tercero, San Francisco y El Roblar, desplegando armas de grueso calibre e incluso detonando bombas. Horas después, el ataque se extendió a las comunidades de La Esperanza, Xixetik, y San José del Carmen.

Los testimonios señalan repetidamente: “Hasta acá se escucha la balacera”; “Escuchamos muchas explosiones”; “Escuchamos que son bombas”; “Tenemos miedo de que entren a la comunidad tirando balas”. Esto además de videos y audios que circulan en los medios de comunicación y a los que hemos tenido acceso que confirman la situación. 

En respuesta a las agresiones, el día 4 de diciembre el grupo rival ingresó a la cabecera municipal de Pantelhó y tomó el palacio municipal.

Estos hechos tienen fuertes impactos en la población civil. Por un lado, se encuentran quienes se están desplazando de manera forzada y, por el otro, quienes no pueden salir de sus casas por temor de ser víctimas de una bala perdida. Además, la población civil no tiene acceso a su territorio, a sus campos de cultivo ni a servicios básicos como educación, salud o transporte.  De acuerdo al CDH FrayBa únicamente entre enero de 2023 y junio de 2024 ha habido 15, 780 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas.

Sumado a lo anterior están los impactos psicosociales en una población que de manera reiterada ha estado expuesta a estas situaciones de violencia; particularmente llamamos la atención sobre el daño que esto provoca entre las infancias. La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (Redias) estima que en la primera mitad de 2024, 4 mil 300 infantes y adolescentes fueron desplazados por la violencia en el estado. 

En los Altos de Chiapas existen numerosos colectivos y personas que defienden derechos humanos, entre ellos Las Abejas de Acteal, cuya vida y labor es puesta en riesgo por el actuar de los grupos armados. Desde el conjunto de organizaciones de Derechos Humanos y de construcción de paz que firmamos este comunicado queremos destacar nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad en la región Altos de Chiapas y llamamos a la opinión pública a estar atenta a lo que está ocurriendo. 

Exigimos a las diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno su intervención para proteger a la población civil y construir las medidas necesarias para detener estos episodios de violencia. 

Solicitamos: 

Fuente: Avispa Midia
^{Por CrimethInc. / Traducción por A Planeta}

En el siguiente análisis, exploramos qué podemos esperar del segundo mandato de Donald Trump y cómo podemos prepararnos para afrontarlo. Si sólo tienes tiempo para leer una parte, lee las propuestas para saber qué podemos hacer para resistir.

Es comprensible que mucha gente se sienta agotada ante la perspectiva de una segunda era Trump. Es fácil querer desconectar y disociarse. ¿Qué podemos hacer?.

Pero no sabemos cómo habría ido la primera era Trump si no hubiera sido por las formas en que millones de personas participaron en diversas formas de resistencia. Por difícil que fuera, podría haber sido mucho peor. No derrocamos el capitalismo ni abolimos la policía, pero evitamos que los fascistas tomaran las calles, e impedimos que Trump y sus partidarios llevaran a cabo gran parte de su agenda. Cualquiera que te diga lo contrario está tratando de ocultar nuestro poder colectivo.

Mientras confiamos en nuestra propia fuerza, nos hicimos personas más y más poderosas. Nuestras protestas impulsaron a otros a la acción, mostrando lo que estaba en juego y dónde era vulnerable el régimen. Nuestras acciones dieron forma a las narrativas públicas, contrarrestando los esfuerzos de Trump para determinar el discurso popular. Los disturbios resultantes dieron a la clase capitalista la impresión de que el reinado de Trump era malo para los negocios, minando su apoyo. Solo después de que aparentemente hubiéramos expulsado a Trump del escenario de la historia bajamos la guardia, permitiendo que nuestros movimientos sociales menguaran y creando una situación en la que el Partido Demócrata podría ceder el poder una vez más.

La lección está clara. Solo conseguiremos lo que ganemos con nuestro propio esfuerzo. La era Trump no fue una anomalía histórica. No ha quedado atrás. Seguimos en ella, y solo podremos superarla luchando.

Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi

^{En portada: La deforestación y el uso masivo de agrotóxicos son las principales amenazas para la supervivencia de las abejas en Campeche. En la imagen, apicultores muestran la muerte masiva de estos insectos. Foto: Colectivo Maya de los Chenes.}

Apicultores mayas de Hopelchén, municipio del estado de Campeche, en la Península de Yucatán, obtuvieron una sentencia histórica la cual reconoce que las abejas poseen un valor en sí mismas por desempeñar un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas. Además, reconoce que las polinizadoras hacen parte del legado biocultural de los pueblos mayas, quienes han practicado la apicultura desde tiempos prehispánicos en la Península de Yucatán. El juicio de amparo fue presentado el 19 de mayo de 2023, en el marco del Día Mundial de las Abejas.

En su fallo, la jueza Cuarta de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, reconoció que las abejas tienen “un papel preponderante en la reproducción de plantas y son vitales para los sistemas agrícolas de producción de alimentos. (…) Y que los pueblos y comunidades indígenas han convivido por cientos y miles de años con distintos tipos de vegetación en un proceso de intervención constante de recolección, semidomesticación y domesticación”.

De acuerdo con el asesor jurídico de los apicultores mayas, Jorge Fernández Mendiburu, perteneciente al Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, no existe ninguna otra sentencia en el país que reconozca que la abeja merece una protección. “Eso es lo novedoso”, dijo.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información directa de víctimas de la violencia por los grupos armados vinculados a la delincuencia organizada, que en consecuencia han desplazado de manera forzada a mujeres, niñas, niños y hombres habitantes de las comunidades de San José Tercero, San Francisco, El Roblar y la cabecera del municipio de Pantelhó, así también nos reportan que las acciones armadas se han extendido hacia las comunidades: Tijera Chimix, Jabaltón  y la Esperanza pertenecientes al municipio de Chenalhó, Chiapas. En ambos municipios se han tenido que desplazar de manera forzada alrededor de 3, 400 personas.

Firma la Acción Urgente y abona a detener la violencia en los municipios de Pantelhó. Chenalhó.

A la 4a Asamblea de Pueblos Originarios en defensa del Agua y la Vida

Compañeras y compañeros

Desde los pueblos, comunidades, organizaciones y personas que conformamos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI) les enviamos un saludo a quienes se reúnen hoy en esta asamblea, a sus pueblos, comunidades y familias.

Por donde corre el agua que baja del volcán Popocatepetl junto con la que nace de manantiales y ameyales hemos visto cómo crece una lucha digna en defensa de la vida. Vimos cómo esa lucha que liberó el agua que tenían secuestrada Bonafont y Danone se entreteje con aquella que trata de evitar que el basurero de PRO-FAJ la siga envenenando y con aquellas que ya no están dispuestas a que esa agua se siga usando como mercancía y como privilegio de los centros comerciales y fraccionamientos de lujo que han invadido tierras agrícolas y territorios que son fundamentales para la salud de nuestros ecosistemas y nuestra vida comunitaria.

Vimos también cómo ha caminado esta asamblea desde las tierras que resisten a la depredación urbana en Cholula y Coronango, luego hacia esas tierras donde por el saqueo y el engaño apenas logra sobrevivir ese hermano mayor que es el Ahuehuete de Acuexcomac, y ahora aquí en Nealtican, sobre los pies de Don Goyo donde esperamos que su rugido se una a nuestro grito de resistencia que dice: ¡Ya basta de saqueo!

La resistencia es un camino difícil, peligroso, lleno de negociaciones mentirosas y palabras engañosas de los malos gobiernos y de quienes trabajan para ellos. Los engaños y simulaciones siempre se nos ponen como obstáculo, pero sabemos que la sabiduría de los pueblos siempre puede pasar por encima de eso.

Nosotras, nosotros, nosotroas en la ANAVI creemos que nuestro camino para resistir debe siempre llevar nuestro paso, el de la autonomía y la rebeldía, y nuestra mirada, esa mirada que ponemos sobre el horizonte de ese otro mundo que queremos, uno más digno para todo aquello que vive en este planeta. En ese camino que hacemos con cada paso de nuestra lucha y que hemos aprendido a caminar con personas y pueblos que luchan y que son nuestros referentes como los que forman parte del Congreso Nacional Indígena o como nuestras hermanas, hermanos y hermanoas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.