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El martes 18 de junio, habrá lugar la audiencia constitucional del juicio
de amparo (1478/2012) en contra del Auto de Formal Prisión que dictó el
Juez Tercero Penal de Cintalapa de Figueroa, Chiapas (El Amate), por el
delito de robo con violencia del cual es acusado nuestro compañero Miguel
Demeza Jiménez.

La audiencia constitucional es el momento a partir del cual el juez ya
tiene listo e integrado el expediente para emitir la sentencia en
cualquier momento. Por ello se nos hace importante pronunciarnos por la
inmediata libertad de Miguel, exigiendo que el Juez Lic. Ricardo Alfonso
Morcillo Moguel tome en cuenta las graves violaciones cometidas en contra
de Miguel por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y
lo ponga por fin en libertad.

Aprovechamos para hacer un resumen del caso de Miguel, un ejemplo más de
como actúa corrupta y arbitrariamente el sistema de Justicia en Chiapas.

Miguel Demeza Jiménez es indígena Tseltal del ejido San Sebastián
Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, es adherente a la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona del EZLN, tiene 32 años de edad,
campesino, albañil, casado y con hijos pequeños que dependen de él
económicamente.

Miguel fue detenido arbitrariamente, sin orden de aprehensión o detención,
el 7 de octubre de 2010 en Ocosingo, Chiapas mientras se encontraba
comiendo en un puesto ambulante de hot dogs junto con su primo. Fue
arraigado y torturado por la Unidad Especializada Contra el Delito de
Secuestro y posteriormente fue enviado al CERSS 14 El Amate como probable
responsable del delito de Robo con violencia a la Ferretería Coxito de
Ocosingo, Chiapas, (ocurrido el 18 de septiembre 2010) y como probable
responsable del secuestro de un menor de edad de Ocosingo ocurrido el 7 de
octubre de 2010.

Los hechos del robo a la Ferretería Coxito ocurren el 18 de septiembre de
2010. El gerente de la Ferretería, Emilio Adiel Argueta Ruiz, denuncia los
hechos dos días después en el Ministerio Público de Ocosingo (20 de
septiembre de 2010). En esta declaración el señor Argueta Ruiz manifestó
que al momento en que ocurre el robo, él se encontraba solamente con su
empleada de nombre Guadalupe y el señor Jorge; que no reconoció a los
asaltantes; y que lo golpearon en la cabeza con tal fuerza que quedó
inconsciente y no se despertó hasta que los asaltantes ya se habían
escapado. No se dio cuenta de nada más.

Posteriormente, el 15 de octubre de 2010, el señor Argueta Ruiz es
presentado por elementos de la Policía Especializada ante el Fiscal
Ministerio Público de la Unidad Contra el Delito Delito de Secuestro,
debido a que su número de celular estaba vinculado con el celular de su
amigo Rubén Anibal Ramírez Monge, con el cual se operó el rescate del
secuestro de un menor de edad el 7 de octubre 2010 en Ocosingo. En esta
segunda declaración, el señor Argueta Ruiz cambió radicalmente los hechos
denunciados por él con fecha 20 de septiembre de 2010, ya que introdujo
nuevos testigos presenciales en el evento, entre ellos su amigo Ruben
Anibal Ramirez Monge e indicó que ese día les robaron el celular con el
que se operó el secuestro. El señor Argueta Ruiz en su declaración del 20
de septiembre no señaló que le hubieran robado celular alguno y mucho
menos que su amigo Rubén Anibal estuviera presente en el lugar de los
hechos. Rubén, además, es la única persona que dice reconocer a Miguel
como partícipe del robo. El Ministerio Público de la Unidad Contra el
Secuestro les exhibió a Emilio Adiel, Rubén Anibal y los testigos, la
fotografía de Miguel para que lo señalaran de ser partícipe del robo y por
tanto del secuestro.

De esta manera, a pesar de que existían mayores elementos para investigar
a los señores Emilio Adiel Argueta Ruiz y Rubén Anibal Ramírez Monge por
su probable participación en el secuestro de un menor de edad en Ocosingo,
Chiapas el 7 de octubre de 2010, fueron impunemente liberados e imputaron
la responsabilidad a Miguel de manera ilegal y violatoria a sus derechos
humanos.

El caso de Miguel es ejemplificativo de la falta de acceso a la justicia,
protección judicial y discriminación por su condición económica y
pertenencia a un pueblo indígena. Las pruebas en su contra son ilegales e
insuficientes para sujetarlo a un proceso penal. El único delito de
Miguel, por el cual lleva más de dos años y medio detenido, es ser
indígena y pobre. La justicia no es para tod@s, ya sabemos, la justicia en
Chiapas tiene precio y se vende al mejor postor o, simplemente, favorece a
los que sirven incondicionalmente al poder.

Invitamos a las organizaciones independientes y la gente de corazón
honesto y sencillo a estar al pendiente de como siga el caso legal de
Miguel, a sumarse a la exigencia de su libertad y de l@s demás pres@s en
lucha de la Sexta, acompañando la comunidad en resistencia de San
Sebastián Bachajón en las movilizaciones internacionales de las próximas
semanas, así como participando a las diferentes acciones por la libertad
del preso político Alberto Patishtán.

¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES!

Grupo de Trabajo “No Estamos Todxs”