La Campaña Nacional e Internacional por la Libertad de Alberto Patishtán y Francisco Sántiz López, Presos Políticos de Chiapas, MéxicoNational and International Campign for the Freedom of Political Prisoners in Chiapas Presses On
*Artículo publicado en inglés en E.U. en Upside Down World:
Por Jessica Davies
Del 15 al 22 de mayo se celebra la “Semana de Luncha Mundial por la Libertad de Patishtán Gómez y Sántiz López: A Tumbar las Paredes del Calabozo,” convocada por Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra Campaña Nueva York.
Al nivel mundial se están llevando a cabo actividades intensas para exigir la liberación de dos indígenas que están presos por sus convicciones políticas y respectivas luchas, y se han convertido en el símbolo de la lucha contra la injusticia de las prisiones y la represión política. Aunque aquellos presos son originarios de Chiapas, México, se están ocurriendo actividades en muchos países, incluyendo Sudáfrica, Brasil, Francia, Inglaterra, Escocia, España, los Estados Unidos, Suiza, Nueva Zelanda, y Argentina.
Alberto
Alberto Patishtán Gómez, indígena tzotzil del municipio El Bosque de los altos de Chiapas, es más conocido como el “Profesor Patishtán” porque era maestro en una escuela primaria pública.
El municipio de El Bosque es un lugar muy conocido en Chiapas porque durante los principios del 1995 fue declarado “municipio autónomo” por bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y renombrado después, San Juan de la Libertad. En la madrugada del 10 de junio 1998, más de 1.000 elementos policiacos federales y estatales entraron a San Juan de la Libertad con el fin de deshacer ese muncipio autónomo. La operación resulto en la muerte de ocho habitantes y dos policias, muchas personas heridas y más arrestadas.
Alberto Patishtán fue detenido el 19 de junio del 2000, junto a un base de apoyo del EZLN, y fue acusado de haber hecho la emboscada y asesinato de siete policias que ocurrió a principios de ese mes. Las personas que tendieron la emboscada estuvieron bien organizadas y armadas y habían recibido mucha formación infiltrada, pero debido a que las elecciones estaban a punto de celebrarse el 1 de julio y había mucha presión por un arresto rápido[, nada les pasó].
La otra persona arrestada con Patishtán fue absuelta porque el único testigo, el hijo del alcalde, estaba “mintiendo de manera abierta.” Éste proporcionó la única evidencia en contra del Profesor, quien fue, de todos modos, sentenciado a 60 años de prisión. Se cree que la condena de Patishtán tiene que ver con su participación activa en la política de su comunidad en el momento de su arresto. Él había firmado una carta dirigida al gobernador denunciando el entonces ayuntamiento municipal por sus acciones arbitrarias, corrupción, y abusos, y pidiendo la despedida del alcalde y la elección de un nuevo consejo municipal.
En la cárcel, Patishán continúa luchando, trabajando por la liberación de los presos políticos y denunciando violaciones de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha destacado que “durante los más de 11 años de su inmerecida condena,” el profesor “ha sido un modelo de luchador social en favor de los más olvidados, generalmente pobres e indígenas.” En 2005, él fundó la organización de presos llamada “la Voz del Amate,” y en 2010, en reconocimiento a su trabajo, recibió el premio “jTatic Samuel jCana Lum.” Hace dos años, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, publicamente declaró a Patishtán inocente y se comprometió a liberarlo, trás haberlo visitado en un hospital de prisión, pero nunca complió su palabra.
En octubre de 2011, mientras participaba en una huelga de hambre por la libertad de presos y siendo su portavoz, Patishtán fue trasladado a una prisión estatal en Guasave, Sinaloa, a más de 2000 km de su familia. Obviamente el traslado fue diseñado como castigo por su trabajo a favor de los derechos humanos y como estrategía de aislarlo de los otros presos huelguistas. Aunque el gobierno estatal de Chiapas ha negado haberlo pedido, el expediente de amparo muestra claramente que el Secretario General de Gobierno de Chiapas, Noé Castañón León, solicitó el traslado “a otro centro penitenciario fuera del estado de Chiapas.”
A fines de febrero, el Juez Quinto de Distrito del Vigésimo Circuito en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, resolvió ordenar el regreso del profesor Alberto Patishtán Gómez a Chiapas. Sin embargo, el Presidente de México intervino: Felipe Calderón “a través de Secretaría de Seguridad Publica Federal el 3 de abril del 2012 interpuso un recurso para retrasar o anular el regreso de Alberto a Chiapas,” denunció el Frayba, que ha sido integral al movimiento por su liberación.
Por dos años Alberto Patishtán ha padecido de glaucoma. Su vista se sigue empeorando por la falta de atención médica necesaria. Se le permite salir de su celda por una hora cada semana, y solo puede recibir una llamada teléfonica cada 15 días. Miembros del Colectivo Ik, quienes lo han visitado, informan: “Los centros federales son las cárceles donde ejercen métodos de tortura más perversos; es un sistema deshumanizador… bajo la custodia de funcionarios públicos, los guardias y el equipo técnico llevan a cabo sistemáticamente métodos dirigidos a humillar, castigar y anular la personalidad de los reos.”
Debido a sus actividades políticas antes de su arresto y su trabajo posterior en defensa de los derechos humanos desde el interior, se reconoce al Profesor Alberto Patishtán Geomez como preso político.
El 17 de marzo del 2012, más de mil personas se reunieron en El Bosque para reclamar el regreso de Patishtán a Chiapas y su liberación incondicional. Recordaron a los actos ocurridos hace ya 12 años durante la presunta emboscada y destacarón que Alberto no estuvo en el lugar del evento. “Yo le hablé ese día, a esa hora no pudo estar donde fue la violencia.” Pero su testimonio nunca fue tomado en cuenta: “Fuimos a San Cristóbal y a Tuxtla a declarar lo mismo que decimos ahora, pero no escucharon.”
Francisco
El 4 de diciembre del 2011, un grupo de 50 integrantes armados del PRI atacaron de forma feroz y prolongada a cuarto familias en el ejido de Banavil, municipio de Tenejapa, y las sacaron de sus hogares y comunidad. Ataques armados perpetrados por integrantes partidistas y/o grupos paramilitares como éste son rasgo común de las comunidades bases de apoyo del EZLN y las de adherentes de la Otra Campaña. Tienen doble objetivos: Robarles la tierra recuperada y aplastar las comunidades auntónomas y el sueño que representan. En dicho caso, las familias afectadas tuvieron ninguna afiliación política, solamente se decía que “simpatizaban con l@s Zapatistas.”
Las agresiones que se dieron el 4 de diciembre resultaron en la muetre del priísta Pedro Méndez López; el desplazamiento forzado de cuarto familias “acusadas” de ser simpatizantes de l@s Zapatistas; la desapareción de Alonso López Luna (dado por muerte); la detención del hijo de Alonso Lorenzo López Girón, quien fue tirado con dos balazos y lastimado mientras defendia a su padre, y luego detenido, acusado de haber causado daños corporales; 6 personas heridas; y la detención arbitraria de Francisco Sántiz López, base de apoyo zapatista, quien ni siquiera estuvo presente en el lugar cuando lo ocurrido se dió.
Francisco Sántiz López es comerciante tzeltal de Banavil que tiene un puesto de frutas y verduras en el mercado de la Cabecera Municipal en Tenejapa, y por más de 20 años ha sido base de apoyo del EZLN. Fue detenido en diciembre del 2011, y acusado inicialmente de “haber dirigido un conflicto,” un cargo relacionado a los eventos ya mecionados. A pesar de que 12 testigos han confirmado que no estuvo presente durante el ataque, fue acusado de asesinato y encarcelado. Según la Junta de Buen Gobierno del Caracol de Oventic, se le ofreció luego la oportunidad de “comprar” su libertad.
El 22 de marzo del 2012, le dijieron a Sántiz que había sido absuelto de las cargos de asesinato y que saldría libre. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir de la prisión, se le acusó con otro cargo de “portar armas de fuego de uso exclusivo de militares,” y lo arrestaron y encarcelaron nuevamente. No llevaba ninguna arma al ser arrestado y hasta la fecha no se ha comprobado de que sí las poseia. Lorenzo López Girón fue liberado entonces, todavía con dos balas en el cuerpo.
La familia desplazada de Alonso López Luna, del cual solo un brazo ha sido hallado, dijo: “exigimos la libertad de Francisco Sántiz López, ya que no estuvo presente al sitio donde sucedieron los ataques; no fuimos nosotros quienes atacaron a los partidistas, fuerto ellos quienes llegaron a nuestras casas para agredirnos. Al momento del ataque nuestro compañero Francisco estaba en su puesto de frutas en la Cabecera Municipal, algunos fuimos hasta allá para pedirle ayuda.”
El hostigamiento contra simpatizantes del EZLN en Banavil surge desde el 2009, y es consequencia de su oposición a los actos arbitrarios de parte de los caciques del PRI: despojo de tierras, tala ilegal de madera, cobro de impuestos y cooperaciones arbitrarias, allanamientos, agresiones físicas, negación al derecho a la educación, entre otros. Las víctimas han denunciado estos ataques ante agencias gubernamentales quienes, según ellos, los ignoran. Como el Frayba señala, “Hasta el momento no existe investigación eficaz, ni castigo a los responsables y las autoridades no intervienen para resolver la situación, garantizar la seguridad jurídica y social en el ejido Banavil.”
El encarcelamiento injusto de Francisco Sántiz López y la fabricación de delitos en su contra se pueden ver como parte del plan del gobierno y su guerra de baja intensidad diseñada a aplastar la resistencia de las comunidades zapatistas. “Su único delito,” dice la Junta, “es luchar por su pueblo, decir la verdad, luchar por la verdadera democracia, justicia y libertad.” Por esta razón también es considerado preso político.
En las palabras de la campaña, “el encarcelamiento injusto de Francisco no es caso aislado, sino uno que forma parte de la guerra continua del Estado Mexicano en contra de las comunidades zapatistas, una guerra que a traves de hostigamientos, agresiones y detenciones arbitrarias, pretende aniquilar la resistencia y el proceso de autonomia que están llevando a cabo las bases de apoyo zapatistas en Chiapas.”
Se ubica la campaña por la liberación de los presos políticos en Chiapas en un marco de la criminalización de lucha social, por lo que los simpatizantes del EZLN y defendores de derechos humanos siguen enfrentando constante hostigamiento y amenazas.
En ambos casos, abogados independientes, organizaciones de derechos humanos, y autoridades zapatistas autónomas han declarado la inocencia de éstos. Hacen responsable al presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, por haberlos detenidos por motivos políticos y para ocultar la presencia de grupos paramilitares en las comunidades de los dos hombres.
La creciente campaña internacional en solidaridad con estos presos políticos ha involucrado un ámbito diverso de actividades. Se han producido audios, vídeos, y películas, más mensajes dirigidos al presidente se han generado y multiplicado por Twitter y Facebook. Se ha celebrado un foro en San Cristóbal, y la comunidad de Patishtán está a punto de tener una marcha-mítin. Peticiones y cartas de apoyo se han organizado, y cartas enviadas a Alberto por su cumpleaños. Estos casos fueron subrayados durante un encuentro del Día Internacional del Preso Político en Paris.
La Semana de Lucha Mundial convocada por el Movimiento por Justicia del Barrio, La Otra Campaña Nueva York, constituye el siguiente paso en la campaña. Colectivos y organizaciones solidarias incluyen el Movimiento de Habitantes de Casas de Cartón de Sudáfrica, y el Movimiento Sin Tierra de Brasil (MST).
La campaña destaca que los gobiernos federal y estatal “han hecho creer a la opinión pública que se respetan los derechos de los pueblos indígenas y en particular el derecho a la autodeterminación y a la autonomía de los pueblos, pero en realidad mantienen una embestida violenta hacia las comunidades zapatistas, utilizando para ello grupos de corte paramilitar y/o organizaciones civiles afiliadas a partidos políticos.”
El gobierno federal, añade, “ha querido negar la existencia de la prisión política en el país, más aún, con un silencio cómplice, calla sobre la presencia de ésta en Chiapas.” Las campañas publicarias del gobierno presentan al estado “como un paraíso de paz, tranquilidad y orden, respetuosa de los Derechos Humanos y de la diversidad,” ocultando “la venta de los bienes naturales chiapanecos a mineras, madereras, farmacéuticas, explotadoras del biodiesel, empresas de turismo, cadenas hoteleras, energéticas y otras industrias.”
Para más información:
http://www.youtube.com/watch?v=Lj0lUahDzTs
albertopatishtan.blogspot.co.uk/
solidaridadchiapas.wordpress.com
chiapasdenuncia.blogspot.co.uk/
frayba.org.mx/index.php
sipazen.wordpress.com
dorsetchiapassolidarity.wordpress.com/http://upsidedownworld.org/main/mexico-archives-79/3630-national-and-international-campign-for-the-freedom-of-political-prisoners-in-chiapas-presses-on
| Written by Jessica Davies |
| Friday, 11 May 2012 17:07 |
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May 15 to 22 marks “the Week of Global Struggle for the Liberation of Alberto Patishtán Gómez and Francisco Sántiz López: bringing down the prison walls”, which was called by the Movement for Justice in el Barrio from the Other Campaign in New York. Intense activity is currently taking place on a global scale to demand the release of two indigenous men who have been jailed for their political beliefs and activism, and who have become emblematic figures for the struggle against injustice in prisons and against political repression. Although the prisoners are based in Chiapas, Mexico, activities are taking place in countries including South Africa, Brazil, France, England, Scotland, Spain, the United States, Switzerland, New Zealand and Argentina.
Alberto Alberto Patishtán Gómez, a Tzotzil from the municipality of El Bosque in the highlands of Chiapas, is often called ‘Professor Patishtán’ because he was an elementary teacher at the local public school. The municipality of El Bosque is well known in Chiapas, because, in early 1995, supporters of the Zapatista Army of National Liberation (EZLN) declared it an “autonomous” municipality and renamed it San Juan de la Libertad. In the early morning hours of June 10, 1998, more than 1,000 federal troops and state police forces entered San Juan de la Libertad in an operation to dismantle the autonomous municipality. Eight civilians and two police were killed, many injured and dozens arrested. Alberto Patishtán was arrested on June 19, 2000, along with an EZLN support base, and accused of the ambush and murder of seven police officers which had taken place earlier that month. The people who carried out the ambush were well-trained, highly organised and heavily armed, and must have had inside information, but the elections were due on July 1, and there was heavy pressure for a quick arrest. Patishtán’s co-accused was acquitted at the trial because the only witness, the son of the mayor, was “openly lying”. This witness provided the only evidence against the Professor, who was nevertheless sentenced to sixty years in prison. Patishtán’s conviction is thought to be related to his active participation in the political life of his community at the time of his arrest. He had recently signed a letter written to the governor denouncing the then municipal government for arbitrary actions, corruption, and abuses, and requesting the dismissal of the mayor and the election of a new municipal council. In jail, Patishtán continued his activism, working for the freedom of political prisoners and denouncing human rights violations. The Fray Bartolome de las Casas Human Rights Centre (Frayba) has emphasized that “for more than 11 years of his undeserved sentence,” the professor “has been a model of social struggle in support of the most forgotten, the poor and the indigenous”. In 2005, he founded the prisoners’ organization, ‘the Voice of El Amate’, and in 2010 he received the “jTatic Samuel jCanan Lum” award in recognition of his work. Two years ago, Juan Sabines Guerrero, governor of Chiapas, publicly declared Patishtán’s innocence and committed to releasing him, after visiting him in a prison hospital, but neglected to do so. In October 2011, while participating in a hunger strike for the freedom of prisoners and acting as their spokesperson, Patishtán was transferred to a state prison in Guasave, Sinaloa, more than 2000 km from his family. The move was clearly designed as a punishment for his human rights work and to separate him from the other hunger strikers. Although the Chiapas government has denied requesting this transfer, it says in the injunction file that the General Secretary of Government for the State of Chiapas, Noé Castañón León, requested a transfer “to another penitentiary outside the state of Chiapas”. At the end of February, the district judge in Tuxtla Gutiérrez decided to order Patishtán’s return to Chiapas. However, the Mexican president intervened: “Nevertheless, Felipe Calderón, through the federal Secretary of Public Security, filed an appeal on April 3 to delay or annul his return,” denounced Frayba, who have been instrumental in the movement for his liberation. Alberto Patishtán has suffered from glaucoma for two years. His eyesight is deteriorating because he is not receiving the appropriate medical treatment. He is only allowed out of his cell for an hour each week, and can only receive one phone call every fifteen days. Members of Colectivo Ik’, who have visited him, report: “the federal centres are prisons where the most perverse methods of torture are implemented….under the custody of public officials, the guards and the technical team systematically carry out methods directed at humiliating, punishing and obliterating the personality of the prisoners”. Because of his political activity before his arrest and his work in defence of human rights within prison, Professor Alberto Patishtán Gómez is regarded as a political prisoner. On 17 March 2012, more than a thousand people came together in El Bosque to demand Patishtán’s return to Chiapas and his unconditional release. They remembered the acts that occurred 12 years ago on the day of the alleged ambush and stressed that Alberto was not at the scene of the incident. “I spoke with him that day, at the very hour; he could not have been where the violence occurred.” But their testimony was never taken into account: “We went to San Cristóbal and Tuxtla to declare the same thing we say now, but no one listened”.
On December 4, 2011, a group of fifty armed members of the PRI made a fierce and prolonged attack on four families in the Banavil ejido, municipality of Tenejapa, and threw them out of their homes and community. Such attacks with firearms by members of political parties and/or paramilitary groups have become commonplace in communities of Zapatista supporters or Other Campaign adherents. The aims are twofold: to seize the reclaimed land and to weaken and destroy the autonomous communities and the dream they represent. In this case the families concerned had no political affiliation, but were said to be ‘sympathetic to the Zapatistas’. The aggressions that occurred on December 4 resulted in the death of Pedro Méndez López (PRI member); the displacement of four families ‘accused’ of being Zapatista sympathizers; the disappearance of Alonso López Luna (presumed dead); the detention of Alonso’s son Lorenzo López Girón, shot twice and seriously injured while trying to defend his father, and detained, accused of causing bodily injury; injuries to six more people; and the arbitrary detention of Francisco Santiz Lopez, civilian Zapatista support base, who was not even at the scene of the crime when it occurred. Francisco Sántiz López is a Tzeltal trader from Banavil, who operates a fruit and vegetable stall in the market in the municipal headquarters of Tenejapa, and has been a support base of the EZLN for over 20 years. He was arrested in December 2011, and initially accused of “leading a confrontation”, a charge relating to the events described above. He was charged with murder, and imprisoned, even though twelve witnesses confirmed that he was not present at the time of the attack. According to the Good Government Junta in the Caracol of Oventic, he was later offered the opportunity to “buy” his freedom. On March 22, 2012, Santiz was told he had been cleared of murder charges and would be released. However, as he was leaving the prison he was informed of a new charge, “carrying firearms for the exclusive use of the army”, and was re-arrested and again imprisoned. He was unarmed when first arrested and has never been found in the possession of firearms. Lorenzo López Girón was released at this time, still carrying two bullets in his body. The displaced family of Alonso López Luna, of whom only an arm has been found, have stated, “we demand the freedom of Francisco Sántiz López, since he was not at the scene of the attacks; it was not us who attacked the party members, it was they who came to our homes to attack us. At the time of the attack compañero Francisco was at his fruit stall in the county headquarters, some of us went there to ask for his help”. The harassment of EZLN sympathizers in Banavil dates from 2009, and results from their opposition to arbitrary acts by the PRI caciques (political bosses): land grabs, illegal cutting of trees, collecting unfounded taxes and contributions, break-ins, physical attacks and denial of the right to education, among others. The victims have denounced these acts before government agencies, who, they say, “ignore them”. Meanwhile, as Frayba points out, “there exists no effective investigation or punishment of those responsible, and the authorities don’t intervene to resolve the situation or to guarantee legal and social security in Banavil.” The unjust imprisonment of Francisco Sántiz López and the fabrication of crimes against him can be seen as part of the government’s strategy of low-intensity warfare designed to destroy the resistance of the Zapatista communities. “His only crime” says the Junta, “is struggling for his pueblo, telling the truth, struggling for true democracy, liberty and justice”. For this reason he is also regarded as a political prisoner. In the words of the campaign, “the unjust incarceration of Francisco is not an isolated case, but one that forms part of the continuous war by the Mexican State against the Zapatista communities, a war that through harassment, attacks and arbitrary detentions seeks to undermine and annihilate the resistance and process of autonomy that the Zapatista support bases are bringing to a head in Chiapas”.
The campaign The campaign to free the political prisoners in Chiapas is thus set in a context of the criminalisation of social protest, where Zapatista supporters and Human Rights defenders endure continuous harassment and threats. In both cases, independent lawyers, human rights organisations and autonomous Zapatista authorities have affirmed the men’s innocence. They place responsibility on the President of Mexico, Felipe Calderón Hinojosa, and the governor of Chiapas, Juan Sabines Guerrero, for keeping the prisoners detained for political reasons and in order to cover up the presence of paramilitary groups in the communities of the two men. The growing international campaign on behalf of these political prisoners has involved a very diverse range of activities. Audios, videos and films have been produced, and messages on Twitter and Facebook directed at the president have been generated and multiplied. A forum has been held in San Cristobal, and Patishtán’s community are to host a march and rally. Letter-writing and petitions have been organised, and letters written to Alberto in prison on his birthday. The cases were highlighted during the gathering for International Political Prisoners’ Day in Paris. The Week of Global Action convoked by the Movement for Justice in el Barrio from the Other Campaign in New York is the next stage in the campaign. Groups expressing solidarity include the Shack Dwellers’ Movement from South Africa, and the Brazilian Landless Peoples’ Movement (MST). The campaign emphasizes that the federal and state governments “have made public opinion believe that they respect the right of indigenous peoples, and in particular their self- determination and autonomy, but in reality they maintain a violent assault against the Zapatista communities, utilizing groups of a paramilitary appearance or organizations affiliated with the political parties.” The federal government, it adds, “has wanted to deny the existence of the political prisoners in the country and is quiet about their presence in Chiapas.” Government publicity campaigns present the state “as a paradise of peace, tranquillity and order, respectful of human rights and diversity,” in reality this hides “the sale of the natural wealth of Chiapas to mining companies, lumber companies, pharmaceutical companies, bio-diesel exploiters, tourism companies, hotel chains, energy companies and other industries.”
For more information: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kNiXnDTywZI www.albertopatishtan.blogspot.co.uk/ www.solidaridadchiapas.wordpress.com www.chiapasdenuncia.blogspot.co.uk/ |
Francisco
