Fuente: Avispa

^{Foto de portada: Francisco De Parres Gómez}

^{por Jan Blažek}

En entrevista con el antropólogo y comunicador mexicano, Francisco De Parres Gómez, se analizan las agresiones contra el zapatismo no como hechos aislados, sino engranajes clave del despliegue de los megaproyectos y de la disputa por el control territorial, en lo que denomina como un “Triángulo del despojo”, entre violencia estatal, permisibilidad del crimen organizado y debilitamiento paulatino del tejido comunitario: Frente a ello, las comunidades resisten desde las artes vinculadas a la política.

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¿Qué nos dice el sexenio de AMLO sobre los límites del progresismo frente a los movimientos autónomos?

Podemos pensar como ha analizado Raúl Zibechi sobre otros contextos latinoamericanos, que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a demostrar que los llamados gobiernos progresistas no necesariamente representan un terreno más favorable para los movimientos sociales, vemos casos como los de Gabriel Boric en Chile o Rafael Correo en Ecuador, por mencionar algunos; en muchos casos, incluso, los confrontan con mayor dureza que los gobiernos abiertamente conservadores. MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional, partido político en el poder) no se constituyó como un espacio plural donde cupieran las diferencias políticas, territoriales y culturales del país, sino como un proyecto que redujo la diversidad a una noción abstracta de ciudadanía, funcional al orden colonial existente. Aunque México reconoce oficialmente la existencia de 68 pueblos originarios, durante este periodo no se desarrollaron políticas públicas diferenciadas que atendieran las realidades específicas de las comunidades indígenas ni de la población afrodescendiente en sus distintos territorios y necesidades.

A lo largo de su gobierno se consolidó una forma de relación con los pueblos basada en la espectacularización y la folklorización de sus luchas, ejemplo de ello es la entrega del bastón de mando en la toma de posesión presidencial. Las demandas históricas fueron convertidas en símbolos vaciados de contenido político, lo que derivó en una apropiación discursiva de consignas zapatistas como el “Mandar Obedeciendo” y en un retorno a prácticas clásicas del indigenismo de Estado. Mientras se construía una narrativa de cercanía con “el pueblo”, en los hechos se descalificó y minimizó al zapatismo, pero también a otros actores incómodos: el movimiento feminista, las madres y padres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, periodistas críticos, universitarios que buscan sus derechos, y poblaciones migrantes que denunciaban la violencia estructural.

En términos estructurales, el legado del obradorismo no significó una ruptura con el neoliberalismo, sino su profundización bajo nuevas formas adaptativas del Estado a las lógicas globales. Se promovió la corporativización de múltiples movimientos sociales y se debilitó el tejido comunitario a través de programas que individualizaron el acceso a los recursos públicos, mismo caso por ejemplo del gobierno de Lula da Silva en Brasil. Iniciativas como Sembrando Vida fueron rebautizadas irónicamente en muchas comunidades como “sembrando envidia” o “sembrando latas”, debido a que los apoyos no se redistribuían colectivamente, generaban conflictos internos y, en algunos casos, se vincularon más con la devastación ambiental que con la reforestación. Algo similar ocurrió con Jóvenes Construyendo el Futuro, que en ciertos territorios se asoció a procesos de precarización, alcoholismo y consumo de drogas, sin atender las causas profundas de la exclusión social.

A pesar de haber prometido el regreso del Ejército a los cuarteles incluso como una de sus banderas de campaña, el sexenio de AMLO se caracterizó por una expansión inédita del presupuesto militar y por la normalización de una policía de corte castrense desplegada en todo el país. Si bien el presidente intentó modificar algunas dinámicas del régimen político, quedó claro que las transformaciones de fondo no pueden emanar de la Presidencia cuando el Estado mismo opera como una estructura neocolonial. Los cambios reales, como han insistido los pueblos en resistencia, solo pueden construirse desde abajo: desde las comunidades, los barrios y los territorios organizados, muestra de ello son las comunidades zapatistas, el pueblo kurdo constantemente atacado y como el pueblo más grande del mundo sin Estado, o las comunidades mapuche que luchan por defender la Patagonia en contra de los intereses inmobiliarios sionistas o de familias como la Benetton que concentra alrededor de un millón de hectáreas en la región.

A esto se suma un modelo de gobernabilidad sustentado en la administración del conflicto social. En lugar de entablar diálogos horizontales con las organizaciones, el gobierno optó por mecanismos de negociación desiguales, procesos de cooptación de lideranzas y políticas asistencialistas que fragmentaron luchas colectivas de larga duración. Bajo el discurso de la llamada “Cuarta Transformación”, no se desmontaron las estructuras heredadas del neoliberalismo; por el contrario, se reforzaron y legitimaron mediante una retórica progresista que terminó reproduciendo el mismo orden que decía cuestionar, ya que a pesar de haber una redistribución del gasto público, el modelo de acumulación propio del capitalismo se mantuvo.

En ese contexto, el zapatismo ha seguido a lo largo de por lo menos siete sexenios como una de las voces más incómodas para el poder. Su insistencia en la autonomía, la autogestión y la crítica frontal al Estado puso en evidencia los límites del proyecto obradorista. Frente a ello, AMLO optó por caricaturizar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), acusarlo de frenar el progreso o invisibilizar sus aportes, antes que reconocer que en los Caracoles como territorios autónomos, se han construido experiencias concretas de vida comunitaria, dignidad y organización colectiva. El saldo final de su sexenio no es la superación del neoliberalismo, sino la confirmación de que incluso un Estado autodenominado progresista sigue funcionando como un dispositivo colonial que asfixia a los movimientos cuando estos desbordan los márgenes de control institucional y plantean otras formas de existencia.

¿Cómo interpretas el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum frente al zapatismo, considerando que ha declarado una relación de “respeto”, pero también su compromiso con el proyecto de MORENA? ¿Estamos ante una simple continuidad del obradorismo?

Lamentablemente, todo indica que el escenario puede ser incluso más adverso. Por primera vez en la historia de México, el poder ejecutivo adopta la figura de una mujer con formación científica y un discurso ilustrado, pero ese cambio de rostro no implica una ruptura con las estructuras profundas del poder. Aunque Sheinbaum se presenta como una presidenta progresista, su proyecto no cuestiona el modelo de acumulación capitalista ni la noción de “desarrollo” que lo sostiene. En los hechos, su administración apunta a una profundización del militarismo y del neoliberalismo, sin intención alguna de desmontar las bases económicas y políticas que producen desigualdad y despojo.

El discurso oficial insiste en la inclusión y el respeto, pero en la práctica se consolida la militarización del país y la convivencia estructural entre el Estado, la corrupción por más que se ha dicho combatir y el crimen organizado. La apropiación de consignas y frases del zapatismo puede generar la impresión de que los movimientos sociales han alcanzado el poder, cuando en realidad se observa una continuidad del extractivismo, del control territorial y de la subordinación de las comunidades. En lugar de fortalecer sistemas públicos de salud y educación, se priorizan dispositivos de control estatal, como la Clave Única de Registro de Población con datos biométricos, que operan más como herramientas de vigilancia que como garantías efectivas de derechos, significando así el avance más aún hacia sociedades de control.

Como ocurrió con el gobierno anterior, es necesario situar a Sheinbaum en una coyuntura histórica y geopolítica más amplia. El mundo atraviesa una reconfiguración profunda marcada por múltiples crisis —climática, financiera, bélica— frente a las cuales el orden imperial responde intensificando la violencia y administrando la muerte para sostener la acumulación capitalista, lo más reciente de ello es el intervencionismo estadounidense que secuestró a Nicolás Maduro en Venezuela, las amenazas a Petro o los intereses neocoloniales sobre Groenlandia. El Subcomandante Galeano (antes Marcos) lo expresó con claridad brutal: la guerra que hoy arrasa Gaza no es un fenómeno distante, sino un anticipo de lo que puede extenderse a otros territorios si no se modifica el rumbo civilizatorio. El mensaje es que es cuestión de tiempo para que los misiles caigan sobre nuestras casas.

Frente a ese panorama, el zapatismo plantea una alternativa radicalmente distinta. No un internacionalismo de Estados y fronteras o desde la figura obrera como motor de la lucha de clases, sino un internacionalismo tejido desde abajo, entre pueblos y resistencias diversas que defienden la vida frente a la necropolítica. La “Travesía por la Vida” de 2021 es un ejemplo contundente: al recorrer 19 países europeos, los zapatistas se encontraron con el pueblo Sami, colectivos okupas, anarquistas, sindicatos, trabajadoras sexuales y personas migrantes, demostrando que su lucha no es local ni folclórica, sino una propuesta que se puede universalizar en clave de dignidad y autonomía.

Lo más preocupante del proyecto de Sheinbaum es que, bajo una retórica de cambio y con un rostro progresista femenino, puede reforzar la ilusión de que las transformaciones profundas son posibles desde el aparato estatal, no obstante, la experiencia histórica muestra que ninguna estructura colonial puede convertirse en herramienta de emancipación. Todo apunta a una gestión de la crisis que no altera sus causas: más megaproyectos, mayor deuda ecológica y una expansión del aparato militar como garantía de “orden” y “progreso”. La trampa es doble: mientras se invoca el feminismo o los derechos humanos, se intensifica el control social y se reprimen las disidencias que desbordan los márgenes del poder.

Por eso, frente a la continuidad neocolonial maquillada con un rostro femenino, el zapatismo vuelve a colocar una lección fundamental: las alternativas reales no surgirán de arriba ni de los procesos electorales o las urnas, sino desde abajo y a la izquierda, desde los territorios que se niegan a ser gobernados por la lógica del capital. Ahí reside el contraste decisivo: mientras el Estado perfecciona sus mecanismos de vigilancia y militarización, los pueblos siguen construyendo, en silencio y con persistencia, caminos de autonomía y de vida.

Al analizar el proyecto político de MORENA y el gobierno de Claudia Sheinbaum, resulta inevitable hablar de los megaproyectos, en particular del Tren Maya. ¿De qué manera impactan estos proyectos en las comunidades zapatistas?

El mal llamado Tren Maya no puede entenderse como una obra aislada ni como un simple proyecto de infraestructura turística. Forma parte de una transformación territorial de largo aliento que viene reconfigurando el país desde hace años. Pablo González Casanova advertía que México podía llegar a fragmentarse como ocurrió con la antigua Yugoeslavia, y hoy esa advertencia se materializa en un modelo de desarrollo regional orientado a insertar los territorios en los circuitos del capital transnacional. En el norte se concentra la acumulación financiera; en el centro, el Proyecto Integral Morelos garantiza energía para la industria; y en el sureste, el Corredor Interoceánico articula Oaxaca y Veracruz como eje de circulación de mercancías, función similar a la que hace ahora el Canal de Panamá. En ese esquema, el Tren Maya funciona como el engranaje turístico de una operación mayor: una suerte de parque temático donde los pueblos originarios son exhibidos como folclor, al ejemplo de Xcaret, mientras se les arrebata el control sobre sus territorios y sus formas de vida.

Como señaló en su momento el Subcomandante Marcos, la expansión del capital no ocurre de manera neutral, sino a través de ciclos de destrucción, desploblamiento, reconstrucción y repoblamiento, ahí tenemos los videos realizados con Inteligencia Artificial que muestran a Donald Trump e Elon Musk con el proyecto hotelero y de resorts de primer mundo en la franja de Gaza. Primero se arrasan los territorios en su dimensión material y cultural; después, las comunidades son desplazadas o precarizadas en forma de etnocidio, y en su lugar desembarcan las corporaciones acompañadas por el aparato legal, la presencia militar y el crimen organizado. En México tenemos ejemplos históricos de ello como en Acapulco, en Los Cabos o en Baja California. A esta ofensiva se suman dinámicas de disciplinamiento social como la trata de personas y la esclavitud sexual, el tráfico de drogas y el alcoholismo, que erosionan deliberadamente el tejido comunitario. Solo entonces el capital instala su modelo: turismo masivo, resorts, maquilas, campos de golf.

El Tren Maya no es más que la avanzada visible de este proceso de devastación, una política que mercantiliza la vida y convierte la cultura en espectáculo, o lo que eufemísticamente se empeñan en llamar “Polos de Desarrollo”. No es casual que la propia Claudia Sheinbaum haya afirmado que se trata apenas del comienzo y que vendrán muchos proyectos similares, incluyendo trenes.

Desde esta perspectiva, las comunidades zapatistas, aunque no todas se encuentren directamente sobre el trazo del tren, se saben en el centro del riesgo debido a la colindancia. Lo que está en disputa no es únicamente una vía férrea, sino la imposición de un modelo civilizatorio incompatible con la autonomía indígena. El zapatismo, al defender la tierra como madre y no como mercancía, se convierte en un obstáculo central para quienes buscan transformar el sureste en una plataforma de negocios globales. Por eso, la oposición al Tren Maya rebasa la crítica a una obra específica o al gobierno en turno: es una confrontación directa con la necropolítica que convierte regiones enteras en territorios de sacrificio al servicio del capital.

¿Podemos centrarnos ahora en la situación de seguridad en Chiapas? ¿Hemos sido testigos de ataques directos del Estado en el territorio zapatista durante los mandatos de Obrador o Sheinbaum?

En los últimos meses se documentó un despojo violento contra el Poblado Autónomo Zapatista Belén, en la región campesina del Caracol 8 “La Luz que Resplandece al Mundo” (Dolores Hidalgo, Ocosingo). La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) denunció que, desde abril de 2025, se han ejecutado incursiones en las que participaron grupos civiles acompañados por el Ejército federal, la Guardia Nacional, la Policía Municipal de Ocosingo y la Fiscalía estatal, bajo el disfraz de un “conflicto agrario”. En los operativos se reportaron quema de casas, robos y el despojo documentado en redes oficiales. Es clave: las tierras ya habían sido indemnizadas por el Estado tras 1994 y hoy se trabajan en común por comunidades zapatistas y no zapatistas; incluso, cerca se levanta un quirófano autogestivo de acceso comunitario. Posteriormente hubo una otra incursión represiva con presencia militar en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum (la primera, en abril de 2025, con detención ilegal de dos bases de apoyo, liberadas por presión social). Todo ello confirma un cerco estatal de facto sobre el territorio autónomo.

A la par, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció estrategias de cercamiento y despojo en Belén: al menos 13 bases de apoyo desplazadas forzadamente y afectaciones a campesinos no zapatistas que participan en la Milpa Común. La finalidad señalada por Frayba es convertir territorio recuperado en “tierra privada”, en un contexto de militarización (incluidas las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal – FRIP o “pakales”, cuerpo de élite estatal con múltiples señalamientos por abusos). Esto se suma a un escenario de violencias superpuestas (enfrentamientos, trata, desplazamientos, desapariciones). No es un hecho aislado: es contrainsurgencia que busca romper el común y las autonomías.

Sabemos, por ejemplo, que el gobierno ha realizado fotogrametría aérea para el reconocimiento de las comunidades autónomas en Chiapas, lo que constituye una práctica de control territorial disfrazada de monitoreo técnico. De las filtraciones reveladas por Guacamaya Leaks también se desprende que ciertos grupos de entrenamiento policial mantienen vínculos con el Mossad israelí, lo que demuestra que la contrainsurgencia no es sólo local, sino parte de un engranaje transnacional, véase el avión de guerra estadounidense que aterrizó en días recientes en México para entrenar a las fuerzas del Estado de la mano de García Harfuch. En abril del año pasado, durante el festival zapatista de arte Rebel y Revel (Arte), el Estado envió camionetas de la Guardia Nacional a patrullar los alrededores del Centro Indígena de Capacitación Integral. Allí había miles de personas de las comunidades autónomas y de la solidaridad internacional: un gesto de clara intimidación. Más grave aún, la policía local, la federal y el ejército detuvieron y desaparecieron a dos bases de apoyo zapatistas. Solo gracias a la presión inmediata de la sociedad civil nacional e internacional pudieron ser liberados. 

La guerra también se libra con balas ideológicas, comunicativas y culturales. Hemos sido testigos de campañas de contrainsurgencia mediática que buscan estigmatizar al zapatismo, difundiendo rumores absurdos como que los zapatistas “no dejan entrar a su territorio porque se quieren quedar con el uranio de Chiapas”. Estos discursos buscan aislarlos, denostar su resistencia y justificar un clima de persecución. Chiapas ha sido en varias ocasiones el estado más militarizado de México, pero la situación es aún más compleja: no se trata solo de la presencia del Estado, sino de un escenario donde confluyen múltiples violencias. Los propios zapatistas lo han descrito con crudeza: Chiapas está “al borde de la guerra civil”. El tejido social se fractura cada vez más, como lo han documentado reiteradamente los informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. 

Chiapas hoy es un territorio atravesado por caravanas migrantes, por redes de trata y tráfico y explotación de personas, y por la disputa abierta de los dos cárteles más poderosos del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. En medio de este tablero, las comunidades zapatistas quedan expuestas a múltiples fuegos: la violencia criminal, la militarización estatal y la descomposición comunitaria que provocan estas dinámicas, o lo que podríamos pensar como un “triángulo del despojo”. El Estado puede decir que “no hay guerra” contra el EZLN, pero en la práctica el cerco es permanente. 

En el contexto actual, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación ha ganado control sobre la frontera sur y el conflicto con el Cártel de Sinaloa se intensifica, ¿qué implicaciones tiene esto para Chiapas y para las comunidades zapatistas?

El avance del crimen organizado sobre territorios autónomos, advertido ya por el Subcomandante Moisés, ha entrado en una nueva fase en la que se combina con acciones estatales, legales o incentivación de conflictos locales, con procesos de despojo formalmente legalizados como los megaproyectos. El crimen organizado no es una anomalía, es uno más de los brazos del capitalismo contemporáneo que asegura la acumulación por desposesión de la que habla David Harvey. La confrontación entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa ha convertido la frontera sur en una zona estratégica para el tráfico de drogas, armas y personas, así como para redes de extorsión, mientras el Estado incrementa la vigilancia, despliega fuerzas armadas o interviene en territorios zapatistas bajo el argumento de conflictos agrarios. El resultado no es una pacificación, sino un cerco complejo donde confluyen la violencia criminal, la militarización institucional y una erosión acelerada del tejido comunitario.

Este asedio no opera únicamente en el plano armado. También se expresa en el terreno simbólico y cultural. La estética del narco, como los corridos que glorifican la violencia, ostentación material y sexualización extrema de los cuerpos, se infiltra en la vida cotidiana como una forma de colonización subjetiva que busca sustituir la lógica del común por una economía del miedo y del consumo. El reciente caso del poblado autónomo Belén muestra con claridad cómo esta convergencia entre intereses criminales y estatales presiona para privatizar tierras recuperadas y trabajadas colectivamente, atacando de forma directa los pilares materiales de la autonomía. Frente a este escenario, la defensa zapatista de la vida y del común adquiere un carácter aún más urgente y radical en el sentido de ir a la raíz.

La gravedad de la situación se profundiza con la aparición de fenómenos como el llamado Cártel de Chamula, considerado el primer cártel indígena en México. Integrado por pobladores tzotziles, grupo que ha sido denunciado por prácticas extremas como el denominado “etnoporno”, en el que mujeres indígenas son esclavizadas sexualmente y videograbadas. Estos hechos evidencian no solo la crueldad del crimen organizado, sino también su capacidad para apropiarse de violencias coloniales y patriarcales históricas, reconfigurándolas como mercancía dentro de economías ilícitas. Mismos fenómenos audiovisuales podemos presenciar con la aparición de productoras musicales que realizan videoclips que exaltan los estereotipos promovidos por el crimen organizado, en suma, a filmes de manufactura casera como “Campesinos a la Mafia”.

Desde esta perspectiva, el crimen organizado no puede entenderse como un actor marginal o una anomalía del sistema. Funciona, más bien, como una de las corporaciones más eficientes del capitalismo contemporáneo, inscrita en procesos de acumulación por desposesión que combinan militarización y violencia delincuencial, tal como lo ha señalado William Robinson y Gilberto López y Rivas. Los cárteles disputan territorios, instauran regímenes de control y terror social y se integran a circuitos globales de capital ilícito que terminan blanqueándose en el sistema financiero internacional. Bajo estas condiciones, la frontera sur se transforma en un espacio clave: corredor migratorio, ruta de economías ilegales, enclave de trata y laboratorio de disciplinamiento social.

En medio de este cerco múltiple, la autonomía zapatista se afirma como una forma de resistencia radical y defensa del territorio. Mientras el necro-capitalismo ofrece la muerte rápida o prolongada como horizonte, los pueblos insisten en la vida digna como principio organizador. Defender la tierra, la memoria y la comunidad se convierte así en un rechazo frontal a una lógica que reduce todo a mercancía, incluidos los cuerpos, y en una apuesta concreta por sostener otros mundos posibles en condiciones extremas.

Francisco, ante este escenario marcado por la militarización y la presencia de múltiples grupos armados, ¿existen enfrentamientos armados directos entre el zapatismo y estos actores?

No existen registros de choques armados abiertos entre el EZLN y otros grupos, pero sí se ha documentado una serie de agresiones sistemáticas orientadas a erosionar las bases materiales de la autonomía. Estas acciones incluyen incendios de viviendas, saqueo de cosechas y destrucción de proyectos colectivos, y en los últimos años se han intensificado con la participación directa o indirecta de fuerzas estatales y estructuras paramilitares. En Chiapas operaron históricamente grupos como Máscara Roja, Los Chinchulines o el perversamente llamado Paz y Justicia; hoy, ese entramado se reconfigura con actores locales y con cuerpos estatales de élite como las FRIP, conocidas como “pakales”, que actúan en un clima de impunidad. Se trata de un mecanismo de violencia externalizada: mientras el Estado sostiene un discurso de legalidad, delega el trabajo represivo en intermediarios civiles o armados que facilitan el despojo y allanan el terreno para intereses económicos mayores. El reciente caso de Belén marca un punto de inflexión que confirma la persistencia de esta lógica contrainsurgente, aún cuando el zapatismo se empeña en fundar un “Quirófano en la Selva Lacandona”.

En este contexto, la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Histórica) ha incrementado sus ataques contra las bases de apoyo zapatistas mediante amenazas, hostigamientos y el uso de armas de fuego con el objetivo de arrebatar tierras. Estas agresiones no buscan únicamente el desplazamiento físico de las comunidades, sino la destrucción deliberada de los proyectos productivos que sostienen la vida autónoma. Existen denuncias documentadas de prácticas como el envenenamiento de estanques de peces, el asesinato de ganado y la devastación de cultivos. No se trata de estallidos aislados de violencia, sino de una estrategia prolongada de desgaste destinada a cortar la autosuficiencia comunitaria y forzar a las poblaciones a reinsertarse en relaciones de dependencia con el Estado o con poderes locales.

Este escenario confirma que el paramilitarismo no opera de manera autónoma ni es marginal al Estado. Forma parte de una red más amplia donde confluyen cacicazgos regionales, intereses de corporaciones extractivas transnacionales, dinámicas del crimen organizado y la complicidad, por acción u omisión, de distintas instancias estatales. Las agresiones contra el zapatismo resultan funcionales a la expansión de megaproyectos y al control territorial del sureste del país. Al debilitar a las comunidades autónomas, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes inversiones. Lo que suele presentarse como un conflicto local es, en realidad, una pieza estratégica de la necropolítica capitalista que busca eliminar cualquier experiencia que coloque la vida y la autonomía por encima de la lógica del lucro.

¿Existe un vínculo entre los grupos paramilitares y las instituciones del Estado?

Sí, existe un vínculo de carácter estructural. Desde la década de los noventa, la política contrainsurgente en México ha operado mediante la promoción, tolerancia o encubrimiento de grupos armados presentados como “civiles”, mientras los despojos territoriales se ejecutan con respaldo o cobertura de instancias militares, policiales y ministeriales. El caso reciente de Belén lo documenta con claridad: incursiones denunciadas con presencia del Ejército Federal, la Guardia Nacional, la Policía Municipal de Ocosingo y personal de la Fiscalía; resoluciones aceleradas y operativos de despojo difundidos incluso por canales oficiales. De este modo, el Estado desplaza la violencia hacia terceros, garantiza la impunidad y difunde la idea de que la autonomía es ilegal y que los bienes comunes pueden ser convertidos en propiedad privada.

En la práctica, estos grupos armados actúan con armas de uso exclusivo del Ejército, bajo la protección de autoridades locales y en coordinación con corporaciones de seguridad federales. No se trata únicamente de tolerancia pasiva: en numerosos casos, los paramilitares funcionan como extensiones informales de la política estatal, ejecutando tareas que el gobierno no puede asumir abiertamente sin asumir costos políticos o legales.

Esta relación resulta funcional porque permite al poder administrar la violencia sin aparecer directamente como responsable. La tercerización del uso de la fuerza es un rasgo central de la necropolítica contemporánea: el Estado decide quién puede permanecer en el territorio y quién debe ser expulsado, quién tiene derecho a sembrar y quién queda condenado al desplazamiento o a la muerte, pero lo hace de manera indirecta, a través de intermediarios que operan bajo el amparo de la impunidad.

Hasta ahora hemos hablado principalmente de los enemigos del Zapatismo. ¿Aparte del Congreso Nacional Indígena, existen en la sociedad mexicana algunos aliados claves, especialmente en contexto urbano?

Además del Congreso Nacional Indígena, existen en el país aliados urbanos que se han inspirado directamente en la experiencia zapatista. Un ejemplo fundamental es la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII), que desde sus orígenes se reconoció en el espejo del zapatismo. Esta organización firmó la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y más recientemente la Declaración por la Vida. Sus comunidades autónomas pueden pensarse como Caracoles urbanos, espacios donde se ejercen prácticas de autogobierno, de organización colectiva y de construcción de autonomía en contextos metropolitanos. Zibechi las ha descrito como la experiencia de autonomía urbana más grande de América Latina. 

La OPFVII tiene varios asentamientos en la Ciudad de México. Uno de los más significativos es Acapatzingo, en la delegación Iztapalapa, un verdadero oasis al interior de una de las zonas más empobrecidas y violentas de la capital. Allí, detrás de sus puertas, las y los integrantes han construido una cotidianidad distinta: cuentan con su propio sistema educativo, una radio comunitaria, servicios de salud autónomos y una rica vida simbólica y ritual en torno a la figura de Los Panchos o Las Panchas, que funcionan como referentes de identidad colectiva. Todo esto no es un simple “programa social”, sino una lógica de reproducción de la vida que rechaza la propiedad privada y pone en el centro la dignidad.  

La experiencia de la OPFVII muestra que la autonomía zapatista no es sólo rural ni indígena: puede adaptarse al espacio urbano y convertirse en una alternativa concreta frente a la marginalidad y la violencia de las ciudades. En tiempos de gentrificación acelerada, Acapatzingo y otros asentamientos de la organización plantean un horizonte distinto: la defensa del territorio urbano como lugar de vida, no como mercancía inmobiliaria. Es una propuesta que dialoga directamente con los movimientos anti-gentrificación que hoy emergen en la Ciudad de México, ofreciendo un ejemplo de que es posible habitar la ciudad sin entregarla al mercado. En este sentido, el zapatismo no está aislado en las montañas de Chiapas. Sus ecos resuenan en barrios y colonias populares que, como OPFVII, se organizan para vivir de otra manera. Estos aliados urbanos son clave porque muestran que la autonomía no es una utopía lejana, sino una práctica concreta que se ejerce día a día en contextos hostiles. 

Jérôme Baschet ha señalado que la reciente reorganización de las instituciones autónomas zapatistas implicó invertir la pirámide del poder y fortalecer a las comunidades locales. ¿Cómo valoras este proceso?

Las modificaciones anunciadas en el contexto del 30 aniversario del levantamiento zapatista, en 2024, constituyen uno de los movimientos más significativos dentro de la historia reciente de la autonomía. Se trata de un ejercicio profundamente reflexivo, en el que las propias comunidades evaluaron críticamente sus formas de organización y decidieron transformarlas. Uno de los cambios más relevantes fue la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Durante años, la estructura organizativa se articuló de manera escalonada: pueblos que conformaban comunidades, comunidades que integraban municipios autónomos y municipios que, a su vez, daban forma a los Caracoles. Con el tiempo, las comunidades reconocieron que este esquema no siempre garantizaba el principio del “Mandar Obedeciendo”, pues en ciertos momentos se generaron inercias de concentración del poder, particularmente en las Juntas de Buen Gobierno.

A partir de ese diagnóstico, se optó por un proceso de descentralización profunda. La toma de decisiones regresó a las bases y se reforzó el nivel comunitario como núcleo de la vida política. De ese replanteamiento surgieron los Gobiernos Autónomos Locales (GAL), espacios donde las decisiones se adoptan de manera más directa y en estrecha relación con las necesidades concretas de cada territorio. No fue una ruptura improvisada, sino el resultado de años de experiencia acumulada y de una voluntad explícita por corregir aquello que ya no funcionaba.

Desde mi interpretación, esta reorganización representa una radicalización de la autonomía, no su debilitamiento. El territorio zapatista nunca ha sido uniforme: existen pueblos completamente organizados en torno al EZLN con presencia muy amplia y otros donde la presencia zapatista se reduce a una sola familia. Los GAL permiten responder a esa heterogeneidad, ajustando las formas de gobierno a las realidades específicas de cada contexto. La autodeterminación sigue anclada en los principios zapatistas, pero ahora se expresa de manera más situada, más encarnada en la vida cotidiana de los sujetos colectivos, sin depender de una estructura central que pueda volverse rígida o distante.

Con esta transformación, las coordinaciones ya no recaen exclusivamente en las antiguas doce Juntas de Buen Gobierno, sino que se articulan a través de colectivos vinculados a los GAL. Esto no implica una fragmentación de la autonomía, sino una redistribución del poder y una ampliación de su alcance territorial en términos efectivos y directos. La reorganización puede leerse también como una estrategia integral de defensa del territorio, de diversificación de las economías comunitarias y de fortalecimiento del común. La tierra puede ser trabajada por personas o colectivos siempre que no estén vinculados al crimen organizado ni a estructuras paramilitares, lo que abre la posibilidad de extender prácticas comunitarias de cuidado y resistencia más allá de los límites formales del zapatismo mismo.

En ese sentido, los GAL no encarnan una lógica de cierre o exclusión, sino de apertura. No se trata de levantar fronteras identitarias, sino de tejer redes de protección colectiva frente a un contexto marcado por múltiples amenazas. Después de más de tres décadas de construcción autonómica, el EZLN ha mostrado algo poco común en la política: la capacidad de revisar críticamente sus propias estructuras, reconocer errores y reinventarse. Esa disposición a cambiar sin renunciar a los principios es, en sí misma, una práctica profundamente revolucionaria. Mientras los Estados tienden a reproducir jerarquías coloniales y a aferrarse a formas rígidas de poder, los pueblos zapatistas ensayan, corrigen y vuelven a ensayar, manteniendo viva la autonomía como un proceso en permanente construcción.

Antes de que entremos a la especificidad tu tema, ¿podrías hablar poco sobre la situación de la comunidad LGBT en territorio zapatista?  

Recomendaría leer sobre todo el trabajo de Sylvia Marcos, que habla de la fluidez del género zapatista. En las comunidades autónomas, la perspectiva de género está situada en el centro de la vida colectiva. No es casualidad que estemos hablando del único territorio del país donde no hay feminicidios ni trata sexual: una diferencia radical frente al resto de México, que vive una emergencia cotidiana de violencia contra las mujeres y disidencias. Esto muestra que cuando se transforma el poder desde abajo, también se pueden modificar las relaciones sexoafectivas y de género. 

En lo que respecta a la comunidad LGBT+, un ejemplo muy significativo es el de Marijose, una compañeroa otroa, es decir, una identidad trans desde la mirada occidental, pero reconocida en sus propios términos dentro de la comunidad zapatista. En 2021, Marijose formó parte del Escuadrón 421, que viajó a Europa 500 años después de la llamada “caída” de Tenochtitlán, invirtiendo el sentido del viaje colonial para “conquistar Europa”. El escuadrón estaba compuesto por 4 mujeres, 2 hombres y una compañeroa otroa, y fue precisamente Marijose quien desembarcó primero, rompiendo simbólicamente con la modernidad occidental, colonial y heteropatriarcal. Ese gesto fue profundamente político: colocó la diferencia sexual y de género en el centro de una crítica global contra la colonialidad

Claro que el machismo y la homofobia siguen presentes en las prácticas comunitarias, como en toda la sociedad mexicana, empero, en territorio zapatista se han producido transformaciones profundas y concretas. No es un proceso acabado ni perfecto, pero marca un horizonte distinto: el de comunidades que reconocen que no puede haber autonomía sin justicia de género. 

Estos cambios también deben leerse como un aporte político más amplio. Frente a una sociedad donde las disidencias sexuales son criminalizadas, explotadas o invisibilizadas, el zapatismo ofrece un ejemplo de cómo los territorios autónomos pueden convertirse en refugio para nuevas formas de convivencia. No se trata de idealizar ni de negar las tensiones internas, sino de mostrar que, incluso en contextos atravesados por la guerra y la precariedad, es posible construir relaciones más libres, diversas y respetuosas.

Ya llegamos a tu tema. Cuando se habla del zapatismo, casi siempre se menciona su organización o filosofía política, pero tú te enfocas en la estética. En uno de tus libros declaras que en el zapatismo hay una relación indisoluble entre el arte y la política. ¿Podrías aclarar cómo es indisoluble?

Primero, debemos aclarar que hablar de arte y política no significa hablar de propaganda. Si la política atraviesa la vida cotidiana, también está presente en las prácticas simbólicas. El arte es producción de sentido, de símbolos, pero también es forma de producción, circulación, consumo y comunicación. No se reduce a un contenido explícitamente político: incluso decidir dónde se expone una obra, quién tiene acceso a ella y en qué condiciones, es un acto político. Del mismo modo, exaltar la figura eurocéntrica del artista como “genio iluminado por Dios” o afirmar que todo ser humano posee potencial creativo son elecciones políticas que definen cómo entendemos la creación. 

Este pensamiento tiene raíces en el territorio zapatista desde la clandestinidad. Ya en los años ochenta existían células culturales que practicaban teatro, música o poesía, no solo como reproducción ideológica, sino como estrategia de cohesión social y de construcción comunitaria entre pueblos indígenas, campesinos y guerrillas urbanas marxistas. Muy formativo fue, por ejemplo, el cine comunitario: las proyecciones de películas de otras luchas internacionales como la vietnamita, muchas veces sin subtítulos, que las propias comunidades reinterpretaron inventando diálogos. En ese gesto había poética, performatividad y política al mismo tiempo: una reapropiación colectiva de los relatos globales desde la propia experiencia local. 

Me interesa centrarme en esa potencia simbólica y poética que nace de las comunidades mismas. Frases como “Nos cubrimos el rostro para que nos vieran” no son solo consignas, sino símbolos que condensan una visión del mundo y que se encarnan en la vida cotidiana. Lo que vemos en el zapatismo es cómo las prácticas artísticas indígenas, que siempre han existido de forma milenaria, se complejizan y resignifican al entrelazarse con el ideario político contemporáneo. Así, la expresión cultural no es un adorno de la lucha: es parte de su núcleo más fuerte. El zapatismo ha tenido un impacto cultural inmenso a nivel nacional e internacional, produciendo un cambio simbólico, poético y político en la izquierda mundial y detonando una explosión creativa que inspiró a nuevas generaciones de artistas indígenas. Sin el levantamiento de 1994, probablemente ese estallido cultural habría tardado mucho más en emerger. 

En este sentido, el zapatismo demuestra que arte y política son indisolubles porque ambos comparten la tarea de producir mundos. El arte no se limita a representar la realidad: la transforma, la reordena y la reimagina. La política, por su parte, no se limita a gestionar instituciones: también se inscribe en el terreno simbólico, epistémico y estético. Por eso, en Chiapas vemos murales, canciones, danzas, poesía y hasta vestimenta que no solo expresan resistencia, sino que generan comunidad, transmiten memoria y crean futuro. 

Además, el impacto cultural zapatista no se detiene en las fronteras de México. Frases, imágenes y estéticas surgidas en las comunidades autónomas han viajado por el mundo, inspirando desde colectivos artísticos autónomos en Europa hasta movimientos indígenas en el Sur de Abya Yala, o proyectos como el de Zapatera Negra que une la gráfica y los idearios políticos de los zapatistas con los de las Panteras Negras que al día de hoy vemos que están resurgiendo en Estados Unidos. Esa especie de internacionalismo en clave estética —hecho de símbolos, palabras, colores y gestos— ha fortalecido la idea de que el arte no es secundario en la lucha política, sino una de sus formas más potentes de expansión y reproducción que conecta lo simbólico con la reproducción material. Por eso digo que la relación entre arte y política en el zapatismo es indisoluble: porque ambas son formas de hacer existir otros mundos posibles. 

En tu otro libro Poéticas de la resistencia, hablas mucho de epistemología y decolonialidad. ¿Es el arte en el Zapatismo “instrumento” para expresar las cosmovisiones no occidentales y conectar los elementos urbanos e indígenas?

Es interesante esta dialéctica entre lo poético, lo político y la realidad concreta. En los procesos organizativos, muchas veces los conceptos clásicos de la teoría crítica —como lucha de clases o plusvalor— no conectan fácilmente con las bases sociales, no obstante, a partir del arte, la literatura y otras expresiones culturales, se vuelven posibles otras formas de comunicación política y hasta formación de cuadros. Un ejemplo claro son los relatos del Viejo Antonio, escritos por el Subcomandante Marcos, que recuperan fragmentos de la cosmovisión maya. Allí, las narraciones sobre cómo nacieron los dioses o el mundo se entrelazan con pedagogías libertarias y con crítica política. Esa imbricación produce una potencia particular:  no es siempre efectivo hablar desde categorías abstractas y ajenas, sino desde símbolos y relatos que dialogan con la memoria de los pueblos, al tiempo que abren puentes con otros sectores sociales urbanos y globales. 

En ese sentido, el arte en el zapatismo no funciona como “instrumento” subordinado a una ideología previa, sino como espacio de encuentro epistemológico y heurístico. Permite articular lo indígena y lo urbano, lo comunitario y lo global, lo local y lo transnacional. A través del arte, se construyen puentes de sensibilidad que generan cercanía y permiten que distintos actores se reconozcan en la misma lucha. La poesía, la música, la gráfica o el performance no son sólo vehículos, son también formas de pensamiento que amplían la política más allá de la racionalidad eurocéntrica. 

También me gustaría preguntar sobre la rica tradición mexicana del arte revolucionario. ¿Existe alguna conexión entre los zapatistas y esta tradición, con personas como el pintor Diego Rivera o el diseñador gráfico Leopoldo Méndez?

Ahora, respecto a la tradición mexicana del arte revolucionario, sin duda México cuenta con un legado muy fuerte, pero no veo una correlación directa entre esa tradición y el arte de las comunidades zapatistas. El muralismo impulsado por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o José Clemente Orozco fue un proyecto patrocinado por el Estado posrevolucionario, bajo la dirección de José Vasconcelos (quien era germanofílico y de orientación filonazi) y la Secretaría de Educación Pública. Su función era la reproducción ideológica cultural desde arriba: las instituciones determinaban los discursos, los símbolos, los temas y los espacios donde debían exponerse. Al mismo tiempo, reforzaban oposiciones entre “alta” y “baja” cultura, entre arte, artesanía y folclor, funcionando como mecanismos de inferiorización cultural de la otredad, por más que los murales estaban orientados a las clases populares. Era un proyecto jerárquico que consolidaba lo que podríamos llamar una colonialidad estética, un sistema que regula qué se puede sentir y expresar, además de que servía para afianzar la consolidación del Estado-nación.

Por eso es tan importante que los procesos de liberación estén acompañados de prácticas artísticas y simbólicas propias. Se trata de una restitución a nivel ontológico de los valores y subjetividades de la mayoría social. En este marco, las comunidades zapatistas amplían profundamente la noción de arte. En el comunicado Las artes, las ciencias, los pueblos originarios y los sótanos del mundo definen al artista como aquel que crea, sin importar los cánones ni las clasificaciones impuestas. En mi opinión, aunque no lo nombren en clave marxista, esa idea rompe con la histórica división entre trabajo manual e intelectual propia de las sociedades capitalistas. 

En el capitalismo, solo unos pocos privilegiados tienen derecho a ser reconocidos como científicos o artistas. En cambio, tras 40 años de lucha, en los territorios zapatistas cualquiera puede ejercer ambas dimensiones libremente: ser campesino por la mañana, pintor por la tarde, convivir con la familia por la noche y estudiar matemáticas al día siguiente. En este horizonte, el arte y la ciencia no son esferas separadas de la vida social: están inscritas en la vida misma. Por eso los zapatistas hablan del arte de la milpa, del arte de los trabajos colectivos o incluso del arte de la resistencia. 

En mi análisis, lo que hacen es recuperar el sentido original de aísthēsĭs: las formas de sensibilidad a partir de las cuales conocemos y construimos el mundo. De ahí que su propuesta se pueda entender radicalmente como descolonizadora: no conciben el arte como un campo autónomo controlado por museos o mercados, sino como práctica vital que forma parte de la reproducción de la vida comunitaria. Es una redefinición del arte como saber colectivo, como epistemología que desafía la colonialidad estética y propone una aesthesis in-surgente desde abajo. 

Para cerrar, ¿que lección crees que deberían aprender los movimientos urbanos o movimientos occidentales hablando de este tema de arte, estética y política?

Pensando en que arte, estética y política están entremezcladas, hay que subrayar que no son lo mismo. La estética no se reduce al gozo ni al consumo cultural, sino que implica la recuperación de otras epistemes: lo metafísico, lo divino, lo ontológico, los sistemas de relaciones concretas que organizan la vida, pero también las formas de sanar historias coloniales que todavía pesan sobre los cuerpos y territorios. Desde esta mirada, la estética es una forma de vida más amplia, no limitada a la producción artística en sentido estrecho, sino ligada al entendimiento de la alteridad y al reconocimiento de que todas y todos somos portadores de sensibilidad y de potencia creativa entendida incluso como poiésis.

El zapatismo enseña que el arte no se reduce a la propaganda ni al espectáculo, sino que se convierte en herramienta vital para producir comunidad, memoria y futuro. Desde los relatos del Viejo Antonio hasta los murales, la música o las danzas, lo estético se funde con lo político como práctica de dignidad. Y esto debería interpelar a los movimientos urbanos y occidentales que muchas veces conciben el arte como algo separado de la vida, como práctica ornamental, tiempo de “ocio” o confinado a galerías o instituciones culturales. El reto es recuperar el arte como práctica colectiva, como aísthēsis que transforma no solo lo que vemos, sino lo que sentimos y lo que somos capaces de imaginar. 

Pensando que los pueblos indígenas han intentado ser colonizados durante más de cinco siglos y que, sin embargo, siguen resistiendo, me quedo con un mensaje político, artístico y poético: que a nivel amplio la esperanza no muere. Esa esperanza está presente en el zapatismo, pero también en las madres buscadoras que representan la dignidad de este país, en los diferentes movimientos de mujeres que luchan, en los pueblos que defienden sus ríos y montañas, en quienes enfrentan la necropolítica con creatividad y cuidado. La esperanza aquí no es un concepto abstracto ni un refugio religioso, sino una práctica política cotidiana: la construcción material y simbólica de futuros distintos. 

El imperio de la muerte busca ser total, global y permanente. Pero la lección que nos deja el zapatismo es que incluso en medio de la guerra se pueden imaginar y llevar a la práctica mundos nuevos. Lo que hoy se juega en Chiapas no es solo el destino de un pueblo, sino la posibilidad de imaginar colectivamente que hay vida más allá del capital y de las guerras globales, en donde parece que enfrentamos transiciones hacia un mundo multipolar fuera de una hegemonía única. Esa es la lección de quienes hacen de cada acto de resistencia una obra de dignidad, de quienes convierten la memoria en fuerza, y de quienes insisten en que, aunque el poder diga lo contrario, otro mundo ya se está construyendo en las grietas del presente. 

^{Francisco De Parres Gómezes un antropólogo, comunicólogo y fotógrafo mexicano, que se desempeña como investigador posdoctoral en la Universidad Veracruzana, donde desde hace años se dedica al estudio de la relación entre arte, política y movimientos indígenas como los zapatistas. Sobre estos temas publicó el libro premiadoPoéticas de la resistencia: arte zapatista , estética y decolonialidad (CIESAS-UDG, 2022) yArte y política en el zapatismo contemporáneo: Una relación indisoluble (CLACSO, 2022). CoordinóInternacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías En su investigación actual, Francisco analiza el contraste entre las prácticas estético-políticas orientadas a la defensa de la vida y el territorio, y las expresiones estéticas y culturales de la necropolítica de figuras neofascistas como Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele o Jair Bolsonaro.}