Se exige el debido proceso, un juicio justo y la exoneración de la defensora Bettina Cruz

México, D.F. – En la madrugada del 24 de febrero salió libre bajo fianza del Reclusorio Regional de Tehuantepec, Oaxaca, la defensora de derechos humanos Bettina Cruz Velázquez. Luego de 33 horas de detención, incluyendo cuatros horas de incomunicación, la Mtra. Cruz Velázquez se encuentra bien físicamente pero denuncia intimidación por parte de la Agencia Federal de Investigación y la Procuraduría General de la República durante su traslado al reclusorio.

Ahora la defensora de derechos humanos Cruz Velázquez enfrenta dos cargos ante el Juzgado Sexto de Distrito de Oaxaca, a raíz de una denuncia presentada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La defensora es acusada de privación ilegal de la libertad en agravio de trabajadores de la CFE y de consumo ilegal de la riqueza natural.

Desde el 14 de noviembre de 2011 ella goza de medidas cautelares emitidas por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca. El 28 de octubre de 2011 la Mtra. Cruz Velázquez y integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo fueron atacados por caciques golpeadores y policías municipales después de manifestarse pacíficamente en contra del proyecto eólico Piedra Larga en la comunidad zapoteca. Por estos hechos de violencia, la Defensoría de Derechos Humanos emitió medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad física de la defensora Cruz Velázquez y demás integrantes.

A sólo tres días de la detención de la defensora, el 25 de febrero se realizó en la ciudad de Oaxaca una segunda mesa de diálogo entre el Comité de Resistencia, la empresa española Desarrollos Eólicos Mexicanos, S.A. de C.V. (DEMEX), y el Gobierno de Oaxaca para tratar violaciones a la defensa de la tierra y al territorio de más de 30 pequeños propietarios derivado de la falta de consentimiento libre, previo e informado de la comunidad zapoteca en la implementación del proyecto eólico Piedra Larga en Unión Hidalgo.

En la reunión DEMEX negó la petición de los pequeños propietarios hecha el 8 de febrero para terminar anticipadamente los contratos de arrendamiento, situación que está prevista en los mismos; el pago de la cuota de terminación e indemnización por el daño al potencial productivo de las tierras; y el restablecimiento de la calidad original del suelo en los casos donde DEMEX ha continuado construyendo. Al negar su responsabilidad contractual por medio de una carta dirigida al Secretario del Gobierno de Oaxaca, el director general de DEMEX, Fernando Ballester Surroca, reconoció que “una importante inversión de recursos económicos y humanos” le impedía a la empresa acceder a la petición de la comunidad. Por esta razón los pequeños propietarios decidieron levantarse de la mesa.

“La mesa de diálogo del sábado nos enseñó que DEMEX mantiene una postura de repudio en contra de la comunidad de Unión Hidalgo donde pretende instalar su proyecto eólico. Es precisamente por esta actitud condescendiente y falta de transparencia que los pequeños propietarios quieren terminar sus contratos. ¿Por qué querrían una relación así con una empresa que no les respeta?” preguntó Alejandra Ancheita, abogada y directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC). “Con este proyecto tanto el gobierno como DEMEX están violando el derecho humano básico de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada.”

El proyecto eólico Piedra Larga está siendo desarrollado por Renovalia Energy, la empresa matriz de DEMEX en España, para suministrar energía limpia principalmente a Grupo Bimbo por medio de un contrato de autoabastecimiento de 18 años. Para construirlo Renovalia obtuvo un crédito de 160 millones de dólares financiado por el gobierno mexicano (Bancomext, Banobras-Fonadin y Nafinsa) y tres bancos privados (Banco Espírito Santo de Portugal, y Santander y CaixaBank de España). La resistencia pacífica de los pequeños propietarios ha provocado retrasos en los tiempos y términos de cumplimiento del proyecto establecidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y los mismos bancos prestamistas, incluyendo la posibilidad de multas millonarias impuestas por la CRE.

“Me queda claro que mi detención fue relacionada con la petición de los pequeños propietarios ante DEMEX a terminar anticipadamente los contratos de arrendamiento,” dijo la defensora de derechos humanos Cruz Velázquez. “El desarrollo eólico en Oaxaca está siendo impulsado por la CFE a una velocidad impresionante y, como consecuencia, nuestras comunidades indígenas son sujetas a intimidación y violaciones constantes sólo por exigir el respeto por nuestro derecho a la tierra y al territorio.”

Bettina Cruz Velázquez es co-fundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, de la cual forma parte el Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo. Asimismo, están acompañados por dos organizaciones civiles: ProDESC y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

Demandas

Ante la escalada de violencia y amenazas contra las y los que reivindican los derechos humanos de los pueblos indígenas en el Istmo de Tehuantepec, los pequeños propietarios de Unión Hidalgo y las organizaciones de derechos humanos aquí representados exigimos:

Al Gobierno del Estado de Oaxaca

• Que haga cumplir las medidas cautelares para garantizar la seguridad e integridad física tanto de Bettina Cruz Velázquez como de los demás integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo;
• Que cumpla con su palabra de respetar los derechos de los pueblos indígenas y, por consecuencia, la decisión de no entregar las tierras a un proyecto de desarrollo que en principio debería de haber sido consultado con los pueblos que se verían afectados, como es el caso de Unión Hidalgo.

Al Gobierno Federal

• Que la defensora de derechos humanos Bettina Cruz Velázquez tenga un debido proceso, reciba un juicio justo y sea exonerada de todo delito, y su nombre quede libre de toda sospecha, ya que el gobierno federal impuso dichos cargos en represalia por defender las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec;
• Que la Secretaría de Energía intervenga como autoridad competente para revisar las condiciones en las cuales se desarrollan los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec;
• Que la Comisión Federal de Electricidad revise los términos de la licitación pública otorgada a DEMEX, ya que incumple con múltiples condiciones, normas y mejores prácticas;
• Que los bancos estatales prestamistas a Renovalia Energy (Bancomext, Banobras-Fonadin y Nafinsa) exijan cuentas a la empresa española por sus prácticas de derechos humanos y del medioambiente.

Y a Renovalia Energy / DEMEX

• Que cumplan con el compromiso asumido por DEMEX el 25 de octubre de 2011 de no iniciar obra alguna en las parcelas que aún se encuentran con alguna inconformidad hasta que se resuelva el fondo del conflicto generado por el proyecto eólico Piedra Larga;
• Que suspendan inmediatamente las obras en los predios de los 32 propietarios que solicitaron la terminación anticipada de los contratos de arrendamiento hasta que se resuelva el fondo del conflicto;
• Que reconozcan su incumplimiento con normas de derechos humanos internacionales, como la de ser responsable solidario de violaciones cometidas por sus empleados o subcontratistas, y la de publicar un código de conducta y adherirse a él para asegurar su cumplimiento con la ley mexicana;
• Y que los tres bancos privados prestamistas (Banco Espírito Santo de Portugal, y Santander y CaixaBank de España) revisen su cumplimiento con las normas en materia de empresas y derechos humanos de los Principios de Ecuador.

Organizaciones firmantes

•    Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH)
•    Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio
•    Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
•    Comité Cerezo México
•    Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo
•    Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)
•    Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
•    Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”