Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
^{Fotos por Jeny Pascacio}

La colectiva Madres en resistencia de Chiapas exige al gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas acciones reales de búsqueda de personas y cumplimiento de los acuerdos tomados en cada mesa de trabajo, desde diciembre de 2024. 

Después de la toma de protesta como gobernador, Eduardo Ramírez se comprometió a mantener “puertas abiertas” a las causas de desaparición forzada y feminicidios del grupo integrado por familias de diferentes municipios del territorio chiapaneco. 

“El propio Jorge Luis Llaven Abarca se había comprometido a estar en cada reunión, pero nada más en dos estuvo presente. Después fueron sólo simulaciones. Tratando de engañar con un pegue de ficha, simulando cateos. “Buscamos donde ellos quieren que busquemos, no donde nosotras proponemos”, agregan las integrantes de Madres en Resistencia en entrevista con Avispa Mídia. 

El 4 de agosto, la colectiva Madres en Resistencia, integrada por 14 familias de víctimas de desaparición forzada y dos de feminicidio, inició una huelga en la entrada del Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, para exigir un diálogo directo con Eduardo Ramírez.

Hicieron varias acciones durante casi una semana que permanecieron a la intemperie con lluvia y altas temperaturas lo que afectó la salud de las integrantes de mayor edad, por lo que una de ellas tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

“Estamos cansadas de tener intermediarios”, la colectiva relata que a la manifestación acudieron representantes de gobierno que intentaron fracturar la lucha, además de revictimizar y discriminar a las familias. En una de las actividades, en la que se encadenaron y bloquearon la principal avenida de la ciudad, una camioneta blanca del gobierno intentó circular a toda velocidad por esa vía, “nosotras lo vimos como un acto premeditado y de intimidación”. 

El 8 de agosto decidieron levantar la protesta tras haber logrado agendar una audiencia con Eduardo Ramírez. La fecha fue acordada para antes de que termine el mes.

 “Seguimos exigiendo otras líneas de investigación”

En ocho meses, no hubo avances en las carpetas de investigación de 16 causas. Las mujeres que, en su mayoría integran al grupo, consideran que las acciones institucionales sólo funcionan “para la foto”. 

A pesar de que existe un compromiso, también de la Comisión Estatal de Búsqueda y Protección Civil, es necesario la coordinación entre la Fiscalía y los cuerpos de seguridad, explican, “pero en las reuniones se logra solamente una negociación de cinco horas y sin ningún progreso, sin ningún resultado”, detallan.

Las búsquedas en campo que deberían ser seguras y respaldadas por las autoridades, se realizan sin apoyo real. Denuncian que elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Nacional acuden ocasionalmente y no les brindan seguridad. Hay actividades a las que solo acuden  representantes de la Fiscalía, pero se deslindan, las dejan a la deriva y exponen sus vidas.

En el proceso de los hermanos Luis y Marvin Nanga Pérez, la Fiscalía autorizó una búsqueda en un predio de, al menos, 64 hectáreas, cercano al poblado de Galecio Narcía, municipio de Chiapa de Corzo. “Muestran drones, vehículos todo terreno, cuatrimotos y todo eso para combatir la delincuencia. Era el momento de llevar todo, pero en esa búsqueda no llevaron nada, ni siquiera llevaban picos y no nos permitieron buscar al interior de la casa”, señalan. 

Para las Madres en Resistencia el bloqueo y la violencia es institucional, pues en varias causas de la colectiva, a pesar de las solicitudes formales, los Ayuntamientos niegan el acceso a las cámaras de vigilancia y argumentan que están fuera de servicio, “no se puede avanzar”, señalan. 

A la colectiva le preocupa que para Eduardo Ramírez y Llaven Abarca no sea prioridad atender los delitos que sucedieron en otro sexenio. “Están abriendo las oficinas de mujeres que llaman espacios seguros, ¿pero cómo?, nosotras somos mujeres y no tenemos acceso a la justicia ni espacios seguros”, cuestionan. 

“Las leyes funcionan para los delincuentes, no para las víctimas. Quieren espacios seguros para mujeres, infantes y adolescentes, nosotras tenemos adolescentes desaparecidos y no nos apoyan”, aseguran las buscadoras. 

Las madres, hermanas e hijas buscadoras tienen muchas preguntas que nadie tiene la voluntad de responder. “Vivimos como en estado de psicosis, no sabemos si están vivos o muertos, si están bien, si ya comieron o dónde están, qué hacen. Aquí el silencio y las desapariciones continúan. Aquí todo sigue igual”, lamentan. 

En mayo, el Congreso del Estado instaló la Comisión Especial para Conocer, Proponer y Dar Seguimiento a las Acciones de Búsqueda de las Personas Desaparecidas en Chiapas, pero las familias consideran que el proceso está estancado. 

La conformación de la comisión se dio tras las reformas a Ley en materia de Desaparición de Personas para Chiapas que, entre otros temas, destaca que la Comisión Estatal de Búsqueda y las autoridades que integran el Sistema Estatal, sin dilación alguna, emitirán la Alerta Amber. Este es un mecanismo de búsqueda y localización inmediata de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, con el objetivo de proteger su integridad y prevenir daños graves de conformidad con el Protocolo Nacional Amber México.

“Nosotras queremos que se forme el Consejo Ciudadano para ahí emprender nuestros casos como familiares de desaparecidos y de feminicidio”. Este grupo estaría conformado por familias de víctimas de desaparición, especialistas y organizaciones civiles, para garantizar la participación ciudadana en el proceso. Su función sería asegurar la transparencia en el trabajo de las autoridades y vigilar que se cumplan los protocolos establecidos de manera efectiva.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el colectivo Madres en Resistencia convoca a las familias de víctimas de desaparición en Chiapas para marchar el próximo 30 de agosto a las 16h. Saldrán de La Pochota rumbo al Palacio de Gobierno en la ciudad capital.