Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Habitantes de la región Libres Oriental, en Puebla, clausuraron de manera simbólica una de las instalaciones de Granjas Carroll, propiedad de Smithfield Foods, el mayor productor de carne de cerdo del mundo.}

En las últimas dos décadas, la producción industrial y el consumo mundial de carne han experimentado un crecimiento acelerado, aumentando un 53% a nivel mundial, con el pollo, el cerdo y la res representando casi el 90% del total, proyectándose un aumento del 76% para 2050, alerta un estudio de la organización ambientalista GRAIN.

La creciente demanda mundial de carne, impulsada por países del norte global, ha intensificado la cría industrial en América Latina, contribuyendo a la deforestación y al cambio climático, sostiene la organización. “Este modelo industrial de producción de carne desplaza los sistemas alimentarios tradicionales, se establece en territorios indígenas y campesinos, y provoca la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los ecosistemas, y la degradación del suelo. Además, agrava los problemas de salud pública y exacerba los conflictos por la tierra, alimentando un círculo vicioso de desigualdad y violencia”, subraya en el informe.

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Un pequeño grupo de empresas ha controlado gran parte del mercado. Las principales corporaciones que operan en América Latina son la JBS y BRF, ambas de Brasil; Tyson Foods, de Estados Unidos; la Smithfield Foods, de China;Minerva S.A., de Brasil; Hormel Foods Corporation y Conagra, ambas de Estados Unidos. 

Además, relata el informe, las corporaciones transnacionales de carne han trasladado sus operaciones a países más pobres, donde los costos de producción son significativamente más bajos. 

Un ejemplo de ello es Smithfield Foods, el mayor productor de carne de cerdo del mundo, propiedad del conglomerado chino WH Group, que ha establecido granjas en México y Europa del Este para reducir costos. De manera similar, Tyson Foods, líder en la industria avícola, ha expandido su producción de pollo en China y ha incrementado su presencia en India, Argentina y Brasil, aprovechando condiciones laborales más flexibles y costos más bajos.

Las brasileñas

Nuevas corporaciones cárnicas del sur global se han convertido en actores clave en la industria, siendo JBS, con sede en Brasil, la que ha logrado convertirse en el mayor productor de carne del mundo. Otro caso es la empresa BRF, también brasileña, que se ha posicionado como una de las mayores industrias de cría intensiva de cerdos y aves a nivel mundial. 

Estas compañías han adoptado estrategias de expansión internacional, convirtiéndose en transnacionales que compiten con sus contrapartes del norte, respaldadas por subsidios gubernamentales, fondos de inversión y préstamos de la banca pública de desarrollo.

La BRF ha estado implicada en varios escándalos de corrupción y adulteración de resultados de laboratorio para encubrir la contaminación de lotes de carne con salmonella. “Este caso ilustra cómo estas empresas pueden priorizar sus intereses privados sobre los riesgos que representan para la salud pública”, dice el estudio.

La JBS ha sido acusada de promover la expulsión de miles de campesinos, campesinas e indígenas, quienes han abandonado sus territorios debido al miedo y amenazas impuestas por usurpadores y ganaderos que se están apoderando ilegalmente de tierras comunales y áreas de conservación en el estado de Rondonia. La empresa también ha sido señalada por comprar carne a productores que emplean mano de obra en condiciones de esclavitud. 

Especies acuáticas

El informe señala que la región Latinoamericana que engloba Chile, Ecuador y Brasil, se ha convertido en la segunda mayor productora mundial de especies acuáticas, solo superada por Asia. 

Esta expansión ha desatado controversias por sus consecuencias sociales y ambientales, especialmente en las comunidades locales que ven alterados sus medios de vida tradicionales.

La industria salmonera en Chile, por ejemplo, sostiene el estudio, ha sido señalada por generar graves impactos ambientales, principalmente por la contaminación del agua a causa del uso desmedido de químicos y antibióticos – utiliza 3,600 veces más antibióticos que los empleados en la salud humana-, así como por el vertido de millones de salmones muertos en el mar.

Conflictos

El estudio elaborado por GRAIN registra conflictos sociales y ambientales en diversas partes de América Latina, resultado de la expansión de la producción industrial de carne. 

En México, grandes corporaciones como Kuo y Granjas Carroll (Smithfield Foods)han sido acusadas de causar impactos sociales y ambientales. Estas empresas, con la complicidad del Estado, intimidan a las comunidades locales, como ocurrió en Homún, Yucatán, donde autoridades intentaron clausurar cenotes ecoturísticos de familias mayas que se oponían a sus operaciones.

En Ecuador, las comunidades indígenas Tsáchilas de Santo Domingo llevan más de 20 años denunciando la contaminación de sus ríos por parte de Pronaca, de origen ecuatoriano y guatemalteco y una de las principales productoras de carne de cerdo y pollo del país. 

En Bolivia, las comunidades campesinas e indígenas de Toco exigen el cierre de una granja de cerdos que contamina el agua y perjudica la agricultura, base de la economía regional. A pesar de las denuncias, las autoridades no han sancionado a la empresa.

En Argentina, los brotes de gripe aviar han obligado a las corporaciones avícolas a sacrificar cientos de miles de pollos. Estos brotes están vinculados a las condiciones de hacinamiento en las granjas industriales, lo que también ha afectado a pequeños criadores locales debido a la cercanía entre las granjas y sus chacras.

Alternativas

GRAIN en su estudio destaca alternativas propuestas por comunidades a la producción industrial de carne. Ellas proponen la crianza campesina a pequeña escala, que ofrece un modelo más saludable y sostenible. “Para que esta opción sea viable, es necesario apoyar a los pequeños productores mediante políticas públicas que garanticen acceso a tierras, agua limpia, crédito y mercados locales”, señala. 

Además, se requiere una reforma legal que proteja a estos productores, evite su criminalización y promueva un entorno regulatorio favorable. “Con incentivos gubernamentales, tecnología y el reconocimiento de sus derechos, esta alternativa puede consolidarse como un modelo sostenible que refuerce la seguridad alimentaria y el desarrollo rural”, propone.