^{Por Ricardo Balderas*}

El Fuerte de San Felipe, en Chetumal, logró detener a los piratas del siglo XVI pero no a la modernidad. A pocos kilómetros de la ciudad de Bacalar, donde se encuentra el fuerte y la bahía que lleva el mismo nombre, hay una pequeña población (41,754 habitantes) conformada en un origen por indígenas mayas, motivo por el cual el cuerpo de agua toma su nombre de un vocablo de la misma cultura (Bakhalal) que significa “rodeada de carrizos”. Sin embargo, tras cruzar la carretera con doble sentido que conduce a esta laguna milenaria, los hoteles de gran turismo que ofrecen habitaciones en idiomas extranjeros y algunos restaurantes de comida internacional, hacen que resulte imposible verificar la veracidad del origen del nombre.

Y el fenómeno se repite por toda la bahía. Con sus 45 kilómetros de longitud, lo que alguna vez fue una comunidad próspera, con orígenes indígenas y campesinos, ahora está circundada por resorts, casas en subarrendamiento por plataformas digitales y comercio internacional. Apenas tres escasos lugares mantienen entradas  abiertas al público en general en la laguna, el Balneario Ejidal Mágico Bacalar, el Parque Ecológico y el Muelle. Estas son todas las entradas, incluso para los habitantes originarios.

“Es un problema que tiene origen en los años 70’s, que comenzó con el exgobernador priista, David Gustavo Gutiérrez Ruíz y concluyó con Jesus Martínez Roos. Antes de ellos, todas las tierras pertenecían a los ejidatarios y comuneros de Bacalar”, explica Aldair T´uut´, campesino maya habitante de Bacalar e integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal.

Para Aldair, el problema estalló tras el anuncio del Gobierno Federal de la construcción de un megaproyecto que contemplaba la construcción de una estación de tren a casi 20 kilómetros de su comunidad. “El Tren Maya, de la noche a la mañana, arrasó con manglares, vegetación y selva sin que las autoridades dieran avisos”, explica. Muchas personas, vecinas de Aldair y también mayas, tuvieron que mover sus viviendas para no ser aplastadas por el Tren.

No hay otra palabra que no sea “violencia”

Aldair T´uut´, como parte de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, explica que tras la llegada del tren, su principal interés como comunidad es la de mantener el diálogo con las autoridades federales para analizar los problemas que aparecieron en su comunidad con este megaproyecto,  al que reclama, “nos robó la identidad”.

Sus mayores preocupaciones son dos. La primera tiene que ver con una vena del estero de Chac, un riachuelo que alimenta tanto a la laguna Xul-Ha como a Bacalar, donde denuncia que las autoridades han obstruido el flujo del agua, del tal modo que cortan la vida del lago. “La laguna de los siete colores tiene una vena tapada”, asegura entristecido.

La segunda preocupación es más compleja. Aldair comenta que tras la entrega de la gestión de los tramos 6 y 7 al ejército (que corresponden a los tramos de Bacalar), los militares fueron quienes realizaron las negociaciones con algunos integrantes de los ejidos. Muchos de ellos no tuvieron opción a negarse debido a intimidaciones. Dichos actos fueron expuestos al público por la propia comunidad sin que fueran retomados por los medios de comunicación locales, denuncia.

“Las negociaciones (del ejército) realmente terminan empujando al ejido. Ellos (los militares) dicen –bueno pues tuve que hacer esto (destrozar casas y vaciar viviendas) porque yo ya te compré las tierras a ti (comunero)–. Y eso tiene que ver con estrategias que hace el gobierno para dividir a la comunidad, o sea, a unos los obliga a vender y luego a los otros les obliga a ir a sacar a su propia gente de su tierra. ¿Cómo queda el pueblo? Así empiezan a crear conflictos y división”, explica.

¿Cómo llegó la SEDENA a dirigir el proyecto?

A pesar de que el gobierno asegura que son los militares quienes construyen el Tren Maya, salvo por las delimitaciones fronterizas con Belice, en todo Chetumal resulta extraño o poco frecuente ver militares en las callejuelas por donde dicen que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) construye lo que será el tren de pasajeros. Esto es igual tanto en la estación frente al aeropuerto como en el fragmento a tierra abierta del tramo 7 rumbo a la laguna de los siete colores.

Y tiene sentido, pues en un origen no serían militares los encargados de la obra. En un inicio, el gobierno delegó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) como la entidad que coordinaría los procesos de contratación para la construcción del Tren Maya. Para dicha labor, las autoridades hicieron uso de la empresa estatal Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V..

Los hechos cambiaron en septiembre del 2023 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó dicha labor a la SEDENA mediante la publicación de un decreto que otorgó facultades administrativas a través de la empresa Tren Maya, S.A. de C.V,. en donde el 99% de las acciones fueron asignadas a la SEDENA y el 1% restantes al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada SNC. Dicho acto generó la ampliación al presupuesto castrense y determinó que serían ellos quienes ejecutarían el resto del proyecto.

Tan sólo en el mes de enero del año en curso, ya con los militares operando el proyecto, el Gobierno Federal ha erogado un total de 75,455,056.57 pesos mexicanos (4 millones de dólares al tipo de cambio del viernes 23 de febrero 2024), lo anterior con fines de continuar la construcción del megaproyecto. En total se trata de 23 adquisiciones divididas en dos secretarías, la SEDENA, con 16 contratos; y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con siete. Así lo revela el portal de compras públicas del Gobierno de México analizado por este reportaje.

Sin embargo, algunos gastos no se pueden explicar sólo con las facturas que el gobierno hizo públicas. Y la revelación de los mismos carece de información relevante como los motivos de algunas compras, que podrían ser cuestionadas por sus costos o su escasa y confusa información.

Del total de contratos, aparece la compra, por ejemplo, de una serie de botes de 50 galones para el depósito de basura o residuos con un costo superior a los 7 mil pesos mexicanos cada uno. Sin embargo, este mismo producto se oferta al público por menos de la mitad del precio al que lo adquirieron los militares. Este contrato forma parte de un compilado de adquisiciones que el Gobierno Federal asegura que serán para el equipamiento de los edificios corporativos de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria (EPEM) “Tren Maya, S.A de C.V.”, la cual estaría lista este 2024 y que continúa sin operar.

Otro dato que resulta confuso es que el mismo documento es por un monto superior a los 21 millones de pesos y según lo reportado en CompraNet, se trata de una adjudicación a una pequeña empresa; sin embargo, cuando se analiza la información a profundidad, resulta que se trata de varias compras comprimidas pero dirigidas a diferentes razones sociales.

El equipo de este reportaje solicitó una entrevista con el personal de SEDENA para tratar de comprender el motivo de dichas compras pero hasta el momento del cierre de esta edición, ninguna autoridad respondió a la solicitud y la información de los contratos carece de descripciones explícitas de las compras, cuando se solicita esta información por transparencia, se niega apelando a Seguridad Nacional.

Respecto a las compras de tierras ejidales por la misma SEDENA, la comunidad de  Múuch’ Xíinbal asegura que no fueron debidamente informados, de tal modo que vía transparencia, se solicitó el listado de comunidades que fueron informadas de dichos procesos. Sin embargo, el documento donde se reportan dichas actividades se encuentra tan testado que resulta imposible saber si la comunidad fue advertida debidamente de los procesos.

“Ellos dañaron nuestro río pero nadie resultó cuestionado, si hubiéramos sido nosotros estaríamos presos. Aquí el gobierno dijo que se trató de un error humano pero no fue así. Entonces me pregunto, cuál Tren Maya, cuál cultura” y Aldair T´uut´ termina, “Nos lo arrebataron todo, hasta el nombre”.

^{*Publicado originalmente por PODER}