(Español) Graves afectaciones a niñxs y adolescentes por violencia del crimen organizado en Chiapas
- El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Se estiman más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
- Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo su vida e integridad y vulneran sus derechos humanos.
Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.
En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.
El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.
En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.
Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023[1].
Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas[2]. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.
Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia[3]. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.
El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera.
En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o a estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.[4] Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.[5]
Sumando la población de 0 a 17 años de las comunidades afectadas en los municipios de la Sierra Mariscal, tenemos un aproximado de al menos 19,729 niñas, niños y adolescentes perjudicados por la violencia criminal durante el periodo 2023 y enero 2024[6]. Si añadimos las cifras del municipio de Sierra Mariscal, junto con los de Maravilla Tenejapa y Ocosingo presentados anteriormente, estaríamos hablando de un aproximado de 31,710 niñas, niños y adolescentes afectados en sus derechos más básicos como la vida, el acceso a la alimentación, la vida en familia y el acceso a la salud; miles que viven con miedo, incertidumbre y zozobra. Esto sin contar las situaciones de violencia que se desarrollan en los municipios de Pantelhó, Chenalhó, San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Tila y Ocozocoautla, así como los más de 100 mil niñas, niños y adolescentes que han quedado sin clases ante esta guerra entre grupos criminales que sigue creciendo con la omisión y aquiescencia del Estado.
Por todo lo anterior, desde las organizaciones que conformamos REDIAS y REDIM hacemos un llamado urgente al gobierno federal, estatal y la comunidad internacional para reconocer y detener esta guerra contra los pueblos de Chiapas.
Nos sumamos a los llamados y acciones de solidaridad con las comunidades que han sido afectadas e invitamos a toda la sociedad a exigir un alto a las violencias y persistir en crear alternativas de construcción de paz.
¡Alto a la guerra en Chiapas!
¡Los cuerpos y corazones de las infancias y adolescencias no son carne de cañón para sus guerras!
¡Vivan las niñas, niños y adolescentes con alegría, libertad y dignidad!
Red por los Derechos de la Infancias en México (REDIM)
Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS)
[1] Cálculo a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2020.
[2] https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2023/12/la-selva-lacandona-contaminada-por-el-narcotrafico/
[3] https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2023/11/miles-de-desplazados-y-ataques-al-ejercito-avanza-el-crimen-organizado-en-chiapas/
[4] https://frayba.org.mx/urge-atender-la-actual-crisis-de-desplazamiento-en-la-region-frontera-sierra-de-chiapas
[5]https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/01/24/politica/entrega-spc-de-chiapas-ayuda-a-desplazados-de-chicomuselo-5372
[6] Cálculos a partir de datos del Censo de Población y Vivienda 2020 para las localidades mencionadas en comunicado de Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (23/01/2024).
