(Español) Militarización, ecocidio y división comunitaria deja a su paso tren maya en Campeche
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: El ejido Paraíso Nuevo está dividido por el paso de vías férreas. Con las obras del tren maya, la separación de la comunidad se acentúa. Foto: Santiago Navarro F.
Perla Rubí Garduza Pablo, ama de casa del ejido Paraíso Nuevo, Campeche, suspira tras la pregunta: ¿Qué opina de la declaración del presidente sobre que no se iba a tirar un solo árbol? El cielo nublado sobre nosotros, ruge, anticipando la lluvia y su respuesta: “¡Es mentira! A nosotros nos han dañado la flora, fauna y nuestra vida”, exclama molesta por el paso del tren maya por su comunidad.
La devastación que atestiguan en el ejido Paraíso Nuevo se repite a lo largo de otros territorios. De acuerdo a un análisis de imágenes satelitales realizado por CartoCrítica, para junio de 2023 se han deforestado 6,659 hectáreas en la península de Yucatán por la construcción del tren maya. CartoCrítica enfatizó que, de esta área, 5,769 hectáreas fueron desmontadas ignorando la legislación ambiental pues no se promovieron ni autorizaron cambios de uso de suelo a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Rubí reclama por el incumplimiento de las promesas hechas por funcionarios de otorgar beneficios a la población para que aceptara el tren. Sostiene que los estragos por las obras del megaproyecto son palpables en la cotidianidad de esta población, al sur de Campeche.
Un equipo de Avispa Mídia visitó el ejido Paraíso Nuevo, correspondiente al tramo 1 del tren. Los pobladores refieren que las consecuencias negativas del megaproyecto no son cosa del futuro, sino algo que han vivido desde hace tres años, cuando en plena pandemia de la Covid-19, inició la construcción.
Joel Jiménez es uno de los 300 habitantes de este ejido, ubicado a 14 kilómetros de la ciudad de Candelaria, donde se construye una estación del tren. De ocupaciones talabartero y pastor evangélico, él fue una de las personas que inició los reclamos ante los perjuicios desde el inicio de las obras.
“En ese tiempo estuvieron tirando cal, toda la gente salió enferma de las vías respiratorias. Habían ancianitos que los sacaron de urgencias. Se juntó lo del Covid con lo del tren, eran tiempos que ya no sabías ni qué hacer”, complementa Rubí.
“Según la información que se daba, era un proyecto de mucho progreso”, rememora el pastor. Sin embargo, afirma que la afectación a su comunidad y la naturaleza es a gran escala y enlista: la pérdida de miles de árboles maderables, desaparición de fauna, así como el engaño sobre ofertas de trabajo para los jóvenes de la localidad.
A este escenario se suma la militarización de la comunidad. Como si escoltaran las vías férreas, elementos del ejército mexicano y la Guardia Nacional (GN) irrumpen en la dinámica comunitaria. “Están aquí en el pueblo, ellos vigilan que nadie se ponga en la vía”, asevera el pastor, quien detalla que permanecen desde enero del 2023 tras el desalojo violento de las y los pobladores que mantenían un plantón en el sitio de las obras del tren.
División
Para los pobladores de Paraíso Nuevo, el principal problema es que al pueblo lo divide las vías del tren. “Nos dividieron”, sentencia Rubí, pero su descripción no se limita a la cuestión social. Las obras del tren maya acentuaron la separación de la comunidad, dificultando el libre tránsito de sus pobladores, acostumbrados a cruzar a pie por las vías férreas que ya existen en el pueblo y que los comunitarios atraviesan para asistir a las escuelas, consultar médicos y obtener insumos básicos.
Mientras el paso del tren maya será por medio de un terraplén, de acuerdo a los habitantes de Paraíso, el cruce por las vías ya existentes será restringido por una valla cuando comience las operaciones del megaproyecto.
Por esta razón, sus habitantes demandaron la construcción de tres puentes para asegurar el cruce de todos los habitantes, pues de acuerdo a su ubicación, muchos tendrán que desplazarse hasta un kilómetro para atravesar el poblado. Pese a las promesas iniciales, solo fue construido un puente elevado, de casi tres metros, que no contempla las peticiones de los pobladores y por donde además circularán automóviles. “Aquí tenemos personas en silla de ruedas, ancianos, niños. El presidente no se está poniendo a ver las perjudicaciones que nos están haciendo a nosotros como pueblo”, sostiene Rubí.
El pastor menciona que, en reiteradas ocasiones, solicitaron a los responsables de la construcción los puentes para la seguridad de la comunidad. Para justificar la no construcción de los puentes demandados, “un ingeniero se atrevía a decirme, ‘es por causa de dinero, un puente por toda la vía nos sale en 50 millones de pesos, y así, transversal, nos sale en 20 millones’, o sea, ¿ellos se quieren ahorrar 30 millones de pesos a costilla del pueblo?”, reclama Jiménez.
Las estrategias
Acorde a Rubí, fueron varias las estrategias que funcionarios del gobierno utilizaron para la imposición del megaproyecto. Una de ellas, repetida en lugares como Candelaria, en Campeche y Bacalar, Quintana Roo, donde no se consultó a la población, fue negociar la autorización para las obras exclusivamente con los ejidatarios, pese a que su presencia en Paraíso Nuevo es casi nula.
“Los ejidatarios que viven aquí son cinco. La mayoría vive en Candelaria, en Ciudad del Carmen, en Campeche. Eso era lo que la población peleaba, a ellos se les pagó cuando no tenían por qué, pues no les perjudicaba”, contextualiza Rubí debido a que los ejidatarios recibieron un pago por indemnización por su permiso para las obras.
Ella cuenta que los pobladores, sorprendidos, se molestaron cuando vieron entrar la maquinaria pesada tras el acuerdo entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y los ejidatarios. Su primera reacción fue enviar escritos a las autoridades locales para exigir beneficios en su comunidad a cambio de otorgar el permiso para las obras.
El pastor señala que siempre expresaron su inconformidad a las autoridades y funcionarios sobre el perjuicio ante la restricción de su movilidad. Incluso enviaron una comisión a la ciudad de México para exigir la atención a sus demandas, pero no hubo respuesta. Por esta razón, la población se movilizó para realizar un plantón y detener las obras.
Tramo 1
Las obras de este tramo, cuyo contrato asciende a más de 13 mil 394 millones de pesos, están a cargo del Consorcio LAMAT Tramo 1, un grupo empresarial que incluye a Mota-Engil México, China Communications Construction Company LTD, Grupo Cosh y Eyasa y Gavil Ingeniería.
La filial mexicana de la portuguesa Mota-Engil ha sido señalada reiteradas veces por anomalías en los contratos con el gobierno federal, principalmente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades en obras carreteras; gastos no previstos en Guanajuato, pagos indebidos en Colima, así como gastos no justificados en el tramo Coatzacoalcos-Villahermosa, en Tabasco.
A pesar de su historial, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además del contrato con Fonatur, cuenta con otros convenios con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como con la Secretaría de Marina; esta última dependencia le adjudicó de manera directa un contrato por más de 11 mil millones de pesos para la rehabilitación de 310 kilómetros de las vías férreas entre Coatzacoalcos y Palenque, tramo que articulará el tren maya con el corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.
Otro punto sensible para las obras en este tramo está relacionado con la afectación a la biodiversidad de la región. De acuerdo al Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, mediante análisis a la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional (MIA-R) del Tren Maya Fase 1, en esta región se contempla la remoción de más de 11 mil especies forestales, “dos especies están clasificadas en peligro de extinción, cinco están amenazadas y una está sujeta a protección especial”.
Plantones
“En 2021, 130 personas nos unimos para hacer un plantón aquí en la comunidad”, relata el pastor. Después de tres meses de bloqueo de las obras, el ex director general de Fonatur, Javier May Rodríguez, visitó a los habitantes de Paraíso Nuevo.
“No es posible que pase un tren que vale millones de pesos por un pueblo que esté marginado y sin calles”, recuerda Jiménez sobre los argumentos lanzados al funcionario federal. Frente a 200 pobladores, el ex titular de Fonatur se comprometió a una serie de beneficios: pavimentar calles, entregar paneles solares, antenas de internet y mejoramientos para el centro de salud. Incluso prometió un programa de vivienda, dividido en tres etapas, cuya última nunca se cumplió.
Tras esta omisión, 24 familias quedaron sin el beneficio en vivienda. En ese momento, los funcionarios de Fonatur, José Luis García Vela, gerente de infraestructura, y Mario Alberto Cárdenas Vera, analista, se negaron a cumplir lo prometido por May. “De ahí vino la idea de volver a cerrar el tramo, en noviembre 2022”, señalan los habitantes de Paraíso Nuevo.
Pasaron dos meses y no hubo diálogo. Los pobladores del ejido denuncian que los funcionarios de Fonatur solo aparecían para presionar y amenazar a las personas movilizadas. “El 9 de enero del 2023 la Guardia Nacional, agentes de ministeriales, de la Fiscalía, Policía del Estado, militares vinieron a desalojar la gente”, recuerda el pastor sobre el operativo durante el cual fue detenido y acusado por delincuencia organizada.
“Nosotros estuvimos bajo medidas cautelares”, reclama Jiménez, quien mantiene el proceso legal en libertad debido a que Fonatur no presentó pruebas para sostener su denuncia.
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“Nos acusaban de delincuencia organizada, nos acusaban de robo en pandilla. Soy un pastor evangélico que me dedico a predicar de Jesucristo y lejos de motivar a la gente que hagan delincuencia los aconsejo que hagan bien las cosas”, contradice el pastor sobre los cargos que le fueron imputados por su participación en las protestas.
Por su parte, Rubí lamenta que la división del pueblo también se manifieste en el tejido comunitario. Ella recuerda que, durante los plantones, la mayoría del pueblo estaba unida, pero una vez comenzaron a repartir beneficios, “la gente a la que ya le habían dado, se apartó y se unió a ellos, ahí nos dividieron en gran manera. En las reuniones de agua potable, de la luz o cualquier otra referente al pueblo, sigue habiendo esas fricciones”, detalla.
El pastor enfatiza que desde el momento de su detención el personal militar, del ejército y de la Guardia Nacional se asentó en la comunidad. “Ellos vigilan que nadie se ponga en la vía”, denuncia.
Rubí es una de las mujeres de Paraíso Nuevo que alzan la voz contra la militarización de los espacios públicos en su comunidad. Según sus relatos, elementos del ejército y GN que permanecen en el parque y las canchas de la comunidad, utilizan drogas y alcohol. Pese a las denuncias, reclama que sus superiores han relevado algunos elementos, quienes tras su llegada repiten las mismas conductas.
Militares al mando
El lunes 4 de septiembre, durante la conferencia matutina del presidente, se anunció la transferencia del control de la empresa Tren Maya Sociedad Anónima de Capital Variable (Tren Maya S.A de C.V.) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). También fue anunciado que el general Óscar David Lozano Águila pasaría a ser su director general. Esto ocurrió tras la renuncia de Javier May, titular del Fonatur, dependencia que hasta ese momento coordinaba las obras.
Desde febrero de 2023, Lozano, general del Estado Mayor, había anunciado las acciones para la constitución de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya S.A de C.V., con la intención de cumplir con la promesa del presidente, quien desde diciembre del 2020 comunicó su decisión de que el megaproyecto fuera administrado y operado por la Sedena. “[El general Lozano] ahora lo hará formalmente por decisión del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval”, declaró AMLO en septiembre, además de anunciar la firma de un decreto para concretar la transferencia del megaproyecto a la Sedena, a mas tardar el 31 de diciembre del 2023.
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Carga
Para la conferencia del 25 de septiembre, el general Lozano reportó la conclusión de trabajos en 185 kilómetros, de un total de 226, que integran el tramo 1 que transita de Palenque, en Chiapas hasta Escárcega, en Campeche.
El militar resaltó que, en este tramo, se considera la construcción de dos instalaciones importantes para el sistema de carga del tren. “La primera de ellas es la terminal de intercambio que se construirá a partir del próximo año en Palenque y que permitirá conectar al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (que administra la Secretaría de Marina) con la asignación ferroviaria del Tren Maya”, enfatizó el militar.
Además, añadió que en Escárcega se construyó un patio de operaciones para “lograr capacidades de transportar combustible, cemento, acero, granos, perecederos, inclusive vehículos, entre otros de los artículos que se van a transportar a través del sistema ferroviario del tren”.
De acuerdo con información de inicios del 2023, proveída por el general Lozano, la infraestructura del tren maya “nos va a permitir dar servicio a los principales clientes para transportar cargas desde los productos de Petróleos Mexicanos, que prácticamente Pemex será el principal cliente del Tren Maya, porque transportaremos hasta un 80 por ciento de nuestra capacidad con Pemex”.
“No es lo que dice la televisión, ni el gobierno”, reflexiona el pastor sobre quienes serán beneficiados con el megaproyecto. “Que el gobierno mire con otros ojos al sureste, no con esos ojos ambiciosos de ganancias multimillonarias, hicieron un proyecto que no es ni de nosotros”, reclama mientras espera la resolución de su proceso penal por protestar contra el megaproyecto estrella del sureste mexicano.
Primer viaje
Durante el primer fin de semana de septiembre de 2023, decenas de medios encumbraron el arranque del primer recorrido del tren maya entre los tramos 2,3 y 4. En un viaje de supervisión, encabezado por AMLO, el primer vagón se trasladó desde la estación San Francisco, en Campeche, con dirección hacia distintos paraderos y estaciones entre los estados de Yucatán y Quintana Roo.
Según Maite Ramos Gómez, directora de Alstom México, empresa encargada de fabricar y entregar 42 trenes para el megaproyecto, la primera unidad del tren maya superó con éxito la prueba al recorrer mil kilómetros a través de 14 estaciones. Ramos también informó que el modelo de tren utilizado emplea diésel, contrastando con el discurso oficial que asegura que la energía para mover el tren será eléctrica.
Acorde a los funcionarios, la inauguración del megaproyecto está prevista para el 21 de diciembre del 2023. En total,recorrerá 1,545 kilómetros a través de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Además de AMLO, mandos militares y funcionarios del gabinete como la titular de Semarnat, Maria Luisa Albores, estuvieron presentes para celebrar el primer recorrido del tren.
