(Español) Mensaje final del GIEI: Hoy es todavía
México, 31 de julio del 2023
Mensaje final del GIEI
Hoy es todavía
El GIEI llegó a México en marzo de 2015, como un nuevo mecanismo de asistencia técnica internacional y coadyuvancia en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, mediante una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un período inicial de catorce meses, en el que mostró la inconsistencia de la investigación llevada a cabo entonces por la PGR y conocida como la Verdad Histórica, regresó en 2020 invitada por el nuevo gobierno mexicano y los padres, quienes pidieron que regresara el mecanismo y por medio de un acuerdo internacional con la CIDH. Este 31 de julio termina ese segundo mandato.
En estos años, el GIEI ha contribuido a reorientar la investigación en diferentes fases, a través del hallazgo de pruebas, la realización de peritajes y el contraste de diversas fuentes de información. Destacan el caso del basurero de Cocula, el análisis de evidencia fotográfica sobre la manipulación de la escena del río San Juan, la evaluación médica-psicológica de la documentación que mostraba el uso generalizado de la tortura o la alteración de escenas del crimen o de peritajes sin la necesaria independencia. Basándose en ello, la incongruencia de la llamada Verdad Histórica mantenida por el gobierno anterior fue señalada incluso por el Tribunal de Tamaulipas donde se juzgaban los hechos.
Sin embargo, las reacciones a la verdad no fueron muchas veces positivas. En el primer período de trabajo en 2016, el GIEI fue acusado por algunos sectores de pretender socavar a las instituciones, entre ellas las Fuerzas Armadas, por mostrar pruebas que cuestionaban la versión oficial o pedir estar presentes en las declaraciones de miembros del ejército que estuvieron en Iguala en la noche de los hechos. Incluso el GIEI fue objeto de una fuerte campaña de difamación y violencia en diversos medios de comunicación, mostrando que cuando las verdades eran incómodas se buscaba disparar y callar al mensajero. El GIEI tuvo que salir del país, pero dejó en su informe las recomendaciones para el seguimiento del caso.
Con el nuevo gobierno en el 2019, se creó una nueva fiscalía especial para el caso, Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), una Comisión de la Verdad para el caso (COVAJ) y el GIEI volvió para colaborar en la investigación.
El punto de partida de la nueva averiguación surgió de la existencia de más hechos que los que llevaban a esclarecer los del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por esa razón se fortalecieron investigaciones sobre los responsables de la tortura, se descubrieron falsificaciones y fraudes documentales en los que se había basado la investigación. Esto implicó rehacer la consecución de prueba independiente, logrando obtener elementos nuevos que fueron provistos por acercamiento, búsqueda de diversas fuentes, incluyendo nuevos testigos, lo que permitió proporcionar, de manera integral a la unidad especial UEILCA y a la COVAJ, aportes, valoraciones y hallazgos, tanto los incluidos en los informes I y II, así como nuevos elementos en los siguientes informes publicados hasta ahora. Se generaron nuevas pruebas a través del análisis de telefonía, de las comunicaciones de agentes del Estado y de miembros de la delincuencia organizada, evidenciando que actuaron de forma coordinada como parte de una red criminal durante la noche de los hechos y en los días posteriores, así como que declararon muchas cuestiones que resultaron falsas.
La actuación del GIEI contribuyó también al fortalecimiento de las acusaciones, tratando de integrar estándares internaciones en la investigación, la documentación de los hechos y el señalamiento de responsabilidades. Igualmente se colaboró para encontrar e identificar los restos de dos jóvenes normalistas desaparecidos, lo que mostró una nueva narrativa de los hechos. El conocimiento del caso acumulado en los años de experiencia y trabajo del GIEI.
EL GIEI ha contribuido a la investigación especialmente cuando ha habido un operador que tiene voluntad política. Tras la petición del GIEI respaldada por los familiares para acceder a informaciones hasta entonces negadas, el presidente de México ordenó abrir los archivos y proporcionar acceso a pruebas documentales del ejército (SEDENA), la Marina (SEMAR) y los servicios de inteligencia (CISEN), lo que ayudó a tener nuevos hallazgos relevantes sobre la actuación de agentes del Estado y a recabar informaciones existentes sobre el posible destino de los jóvenes. Dichas acciones se hicieron de forma conjunta entre el GIEI y la COVAJ. Todo esto, 7 años después de los hechos. Sin embargo, la documentación entregada, a día de hoy, es parcial y corrobora la existencia de otras informaciones sobre el momento de los hechos y fechas posteriores, en donde hay datos sobre detención y traslado de normalistas, por lo que hemos insistido en que debe ser puesta a disposición de la investigación y la búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, el GIEI se ha encontrado con la respuesta negativa de las instituciones, a pesar de las pruebas existentes. Es sobre esas pruebas que se necesita avanzar.
La investigación no ha estado exenta de problemas. El caso y los propios fiscales de la Unidad especial se vieron presionados en algunos momentos, ya fuera para no judicializar a determinadas personas o no realizar acciones inmediatas contra otras, lo que llevó a un traumatismo dentro de la propia Unidad. A pesar de ello, la investigación ha llevado a la detención del ex procurador General de la República, dos generales y 20 miembros del ejército y más de cien detenidos miembros del crimen organizado y fuerzas de seguridad o funcionarios del Estado entre otros. Sin embargo, una parte importante del conjunto de las acusaciones son por delincuencia organizada y no por la desaparición forzada y el ataque a los normalistas. Además, la investigación fiscal debe llevar no solo a detenciones, sino a nuevas informaciones para esclarecer el caso y las búsquedas.
El GIEI considera muy relevante el reconocimiento por parte del gobierno de México de que el caso Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado, como fue señalado en presencia del Presidente y de las más altas autoridades del Estado, así como el apoyo para lograr el ingreso a los archivos de las instituciones, así como la decisión y presencia del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en la búsqueda y en la realización de todas estas gestiones.
Es la primera vez en México y en América Latina, que un caso cuenta con esta asistencia y que, a pesar de las limitaciones todavía en la actualidad y el bloqueo al acceso a más informaciones de archivos como se documentó en el último informe , ha llegado tan lejos. La asistencia técnica tuvo funciones de investigación, búsqueda de los desaparecidos, denuncia y acompañamiento a las víctimas, incluyendo recomendaciones sobre la atención, asistencia y reparación que aún tienen que ser desarrolladas por las autoridades. Así mismo, esta asistencia técnica proveyó capacitación y acompañamiento a los funcionarios en temas fundamentales de derecho internacional en investigaciones en graves violaciones de derechos humanos, lo que permitió asumir nuevos paradigmas. La fuerza de este trabajo se mantuvo también incluso a lo largo de estos años por la estrecha relación y la confianza de las víctimas y familiares.
El caso no solo es relevante para la investigación de lo sucedido o la importancia fundamental de la búsqueda de los estudiantes, muestra también los cambios que son necesarios para que no haya impunidad y se lleven a cabo investigaciones efectivas que México requiere. El GIEI ha dejado al país seis informes sobre el caso, que han sido la base para los avances actuales. Cada informe incluye análisis de los hechos, recomendaciones para el caso y para las políticas de atención a las víctimas, investigación criminal, uso de pruebas, judicialización y otras más amplias.
En ningún momento el GIEI ha realizado valoraciones políticas ni ha manifestado opiniones personales, ni ha dejado que las discusiones políticas en México condicionen nuestra autonomía e independencia, sino que ha proporcionado análisis en base a las pruebas encontradas, como incluye el mandato de asistencia técnica internacional. También ha trabajado para proporcionar confianza en la investigación y en las instituciones, una confianza que ha estado tan deteriorada en el país durante décadas.
El punto principal del trabajo del GIEI han sido las víctimas y familiares. Hemos conocido a los jóvenes desaparecidos o muertos a través del relato de sus familias y hemos imaginado su miedo y su sufrimiento también en los relatos del horror de quienes fueron testigos. También hemos sido testigos del impulso de los representantes legales y acompañantes que han ayudado a sostener esta lucha, y funcionarios de distintas instancias del Estado comprometidos, que hicieron avanzar la investigación y favorecieron el acceso a los archivos y búsquedas. El GIEI agradece a la CIDH sus gestiones y esfuerzos para garantizar junto con las instancias del Estado México para que se pudiera hacer este trabajo.
El caso no se cierra porque no siga el GIEI en la actualidad. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Un caso de desaparición forzada como éste y el conjunto de otros muchos casos en México suponen una situación grave que cuestiona al Estado y la sociedad.
Quienes hemos trabajado en el caso y con las familias reconocemos su enorme coraje y cómo han hecho que el amor por sus hijos, que nos ha traído hasta aquí, sea ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo, por los derechos humanos y la búsqueda de los desaparecidos.
Para los familiares y víctimas del caso, el GIEI ha sido una fuente fundamental de información fiable, de apoyo a la reivindicación de la verdad y, sobre todo, de esperanza. Es esa esperanza de las familias, y de la propia sociedad, la que necesita respuestas.
¡Gracias, papás, mamás, y familiares!
CARLOS MARTÍN BERISTAIN ÁNGELA MARÍA BUITRAGO RUIZ
