(Español) Protesta contra reforma constitucional en Jujuy: 500 años resistiendo al extractivismo minero
Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!
Por Avelén Correa Ruau
Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!
La evidencia arqueológica confirma que en el territorio que hoy se conoce como Argentina, habitaban pueblos mucho tiempo antes de la Colonización europea y la conformación del Estado – Nación. Les primeres pobladores de Jujuy datan de hace más de 10 mil años, distribuidos en las zonas de la Puna, la Quebrada y los llamados Valles Centrales, con una importante diversidad cultural y lingüística. En la actualidad, son más de 400 las comunidades indígenas que atraviesan diferentes conflictos socioambientales, vinculados a territorio, biodiversidad y bienes comunes.
“Somos calladas, pero cuando tenemos que gritar, gritamos”
Un celular que aún tiene batería marca las 8:30 AM en el corte de la ruta nacional 9 a la altura de Abra Pampa. Con timidez amanece en la Puna jujeña, donde el sol tiene más trabajo que en otras partes del país, ascendiendo hasta los 3 mil metros. La noche enfría las piedras y el sol calienta los corazones de las comunidades que llevan varias semanas reclamando.
“La última tarde, cuando me venía, venía llorando, porque es como dejar a mi mamá y a mi papá en el campo, porque no quisiera venirme y dejarlos. Nos tocó servir la cena hasta última hora y era la misma odisea de tener que limitarle a la gente la comida, son como latigazos en el alma. ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar en la ruta para poder tener una respuesta?”, solloza Verónica Trinidad Flores, mujer kolla que como integrante del Equipo Nacional Pastoral Aborigen viene acompañando las protestas. Ella es oriunda de Rinconada, una pequeña población a 4.320 m s.n.m, con una historia de 420 años de preexistencia al Estado argentino. Un territorio que sobrevive a la minería de plata y estaño desde 1936, y que en la actualidad convive con operaciones a cielo abierto de la empresa estadounidense SSR Mining (anteriormente Silver Standard Resources), que se fusionó en 2020 con Alacer Gold y se regocija de ser “la mayor minera de plata de Argentina”.
“Que alguien traiga una solución para que la gentecita no esté más en la calle, la gente que está en la ruta tiene siembra, ovejas y llamas, lo van a perder todo si no vuelven”, se angustia Verónica. A pesar de las donaciones, el alimento es escaso y el frío por las noches desciende hasta – 10° C, que las personas soportan con lana y fuego, elementos que han acompañado las faenas de sus antepasados desde mucho antes de que el Estado argentino se impusiera a sangre y muerte. A Verónica le preocupa la supervivencia de sus hermanas y hermanos en los cortes, porque sabe que dejaron el campo para reclamar por sus derechos conquistados.
Cuando se supo que habría una Reforma Constitucional, las comunidades no se imaginaron que ello iba a implicar un atentado contra la libertad de expresión y el derecho de los pueblos preexistentes a sostener sus modos de vida. “Somos calladas, pero cuando tenemos que gritar, gritamos”, sostiene Verónica, que reivindica su origen andino.
Aunque sea legal, es ilegítimo
Argentina es un Estado Federal, que además de la Carta Magna nacional, permite que cada territorio provincial pueda dictar sus propias Constituciones, según lo establece el Artículo 123 de la Constitución Nacional. Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy y precandidato a vicepresidente por la alianza Juntos por el Cambio, utilizó esa herramienta legal y en septiembre del año pasado presentó a la Legislatura provincial una iniciativa para reformar la Constitución. Con el título “Institucionalizar la Paz Social”, proponía reglamentar el derecho a la protesta, impugnando los cortes de ruta y prohibiendo las usurpaciones de espacios públicos y de propiedad privada.
Sin información pública fehaciente, les habitantes de Jujuy no conocieron el peligro de la Reforma hasta que las personas Constituyentes de oposición comenzaron a denunciarlo. Es que fue una Reforma express: el 7 de mayo se eligieron Convencionales Constituyentes, aunque la mayor parte de la población no sabía qué significaba eso; a inicios de junio comenzó a redactarse el texto de la Reforma Constitucional, el 15 el oficialismo la aprobó aun con la renuncia de les Constituyentes opositores. El 20 se realizó la Jura de la normativa mientras se hacía una cruenta represión en las calles de la ciudad capital y en los cortes de ruta diseminados en la provincia.
Una Reforma Constitucional que no tuvo prevista ninguna instancia de plebiscito popular y que echó a la basura el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina, que establece que el mecanismo de Consulta Previa, Libre e Informada es obligatorio para territorios donde habitan pueblos originarios.
Aunque por la movilización popular el gobernador Morales tuvo que retirar dos artículos muy polémicos, los cortes continúan exigiendo que se derogue la Reforma completa y que el gobernador renuncie. “Nos reprimen para sacarnos de la ruta, para poder hacer libres sus negocios, porque esto de hacer una Reforma Constitucional entendemos que es para hacer un negocio. En menos de 30 días es imposible que los Constituyentes hayan podido debatir, redactar y consensuar estos artículos”, dice una integrante de la Comunidad Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, que por la persecución que están recibiendo prefiere no revelar su nombre.
Producto de la violencia institucional, se contabilizan más de 200 personas heridas, una de ellas, un joven de 17 años que perdió un ojo por un disparo de la policía. Además, durante los operativos, se detuvieron cerca de 100 personas, entre les que hay niñes. Las defensoras de DD.HH. comienzan a llevar registros de los casos de criminalización de la protesta, uno de los temas de la Reforma Constitucional que recibe mayor rechazo.
Frente a la represión sistemática que llevaron adelante las fuerzas de seguridad de la provincia de Jujuy y considerando las condiciones climáticas que enfrentan las personas que permanecen día y noche en los cortes de ruta, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales exigieron la suspensión de la Reforma Constitucional, recomendando un proceso de diálogo que permita establecer un mecanismo participativo para cualquier modificación. En esta misma línea, el viernes 30 de junio el Gobierno nacional presentó ante la Corte Suprema de Justicia una declaración de inconstitucionalidad contra la Reforma en Jujuy.
Los cortes de ruta no son totales, las comunidades permiten el paso de personas y vehículos, de acuerdo con las decisiones que van tomando en asamblea. El que se encuentra en la localidad de Purmamarca, en el cruce de las rutas nacionales 52 y 9, hasta el momento soportó 5 represiones y nunca prohibieron la circulación. Al punto de que reciben solidaridad y simpatía de quienes transitan, que les acercan agua y comida. Desde allí, un grupo de personas viajó hasta Buenos Aires para llevarle una petición al presidente de la Nación. Llevan 20 días en el corte y no se irán hasta que la Reforma inconsulta sea derogada.
¡Arriba los salarios, abajo la Reforma!
Las protestas en Jujuy llevan más de un mes y comenzaron por el sector docente, que el 3 de junio, luego de una Asamblea del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), se declararon en paro por tiempo indeterminado. En ese momento, se trataba de demandas sectoriales: reclamo salarial, mejora del transporte para les docentes que viajan en las diferentes zonas de la provincia, debido a los recurrentes accidentes; cuestiones edilicias de Escuelas y el pago de dos horas de trabajo para preceptores. Cuando se supo por los Convencionales Constituyentes opositores que la Reforma también atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la protesta, las luchas se unieron: “¡Arriba los salarios, abajo la Reforma!”.
Silvia Torres, integrante de la Comisión Directiva del CEDEMS explica que el gremio estuvo cooptado por comisiones directivas “entreguistas de la lucha docente” durante 8 años. “Nos hemos encontrado con un gremio quebrado, lleno de millonarias deudas y absolutamente desmantelado, todo lo que tenía, desde sillas, mesas, mobiliario, parlantes, se han robado todo”. La administración anterior era afín al gobierno provincial de Jujuy, con intereses políticos y económicos para no promover un sindicato independiente. Luego de mucha organización, distintas corrientes sindicales lograron la intervención del gremio a finales de 2022. Con nuevas elecciones y su normalización, CEDEMS lideró el llamado a paro inicios de junio, conjunto a la Asociación de Educadores Provinciales, la Unión de Docentes Argentinos y el Sindicato Argentino de Docentes Privados de Jujuy, consolidando la Coordinadora Intergremial.
Litio: la carrera por secar la vida en los salares altoandinos
“En la Puna el agua no es abundante, y lo que hay alcanza para que nosotros podamos sobrevivir y tener una vida digna, pero sin las mineras, porque por la forma de explotación del Litio, evaporan el agua que necesitamos para la vida. Viendo que nosotros podíamos resistir, ellos decidieron directamente cambiar la Constitución”, explica una comunera del corte de ruta de Purmamarca.
El Litio es un mineral que se encuentra en la sal contenida en las aguas salmueras debajo de los grandes salares y salinas. Argentina, Chile y Bolivia son los países de Sudamérica con mayores reservas. Aunque la minería de Litio no implica dinamitar montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro, es una intervención de envergadura para el territorio y las comunidades afectadas. También conocida como “Minería de Agua”, el material se obtiene a través de bombeo y evaporación de grandes cuerpos de agua, en una región de extrema aridez con déficit hídrico debido a las grandes sequías y el uso de aguas subterráneas para la manutención de la vida.
El reclamo de los pueblos y nacionalidades indígenas que habitan Jujuy no es algo nuevo ni importado de Buenos Aires, como intentaron desprestigiar desde el gobierno provincial. Tienen más de una década exigiendo al Estado argentino que respete su preexistencia y cumpla el Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que estipula que debe asegurarse la participación de los pueblos originarios en la gestión referida a los “recursos naturales” y los temas que les afecten.
Desde 2010, el gobierno provincial de Jujuy con impulso del gobierno nacional, han avanzado en la aprobación de proyectos de exploración y explotación de Litio, dada la revalorización de este mineral en el mercado mundial, utilizado en baterías para vehículos eléctricos para EE.UU. y países de Europa, celulares y otros dispositivos electrónicos.
Las concesiones mineras son autorizadas por el gobierno de Jujuy sin realizar la consulta a los pueblos originarios, usando estudios de impacto ambiental parcializados, elaborados por las propias empresas extractivistas y con un Código Minero que otorga permisos de explotación a particulares. Actualmente, la provincia de Jujuy cuenta con dos proyectos de extracción de Litio en desarrollo, ambos iniciados en 2014. En 2019, el gobierno de Jujuy informó la licitación pública minera de 35.000 hectáreas más para explotación. Las comunidades indígenas y campesinas que habitan desde hace miles de años los salares altoandinos, vienen denunciando que la explotación de Litio usa la poca agua disponible, afectando de forma determinante el desarrollo de la biodiversidad, así como sus proyectos turísticos, agrícolas y de cría de animales de baja escala.
“No es justo, porque para sacar el Litio se necesita una cantidad terrible de agua y nosotros ya tenemos a las mineras trabajando acá. Nuestros animales ya no tienen agua, la gente que vive en el campo ya no tiene agua para el consumo personal. La gente ya no quiere que nos quiten lo poco que nos queda y es eso lo que se viene planteando, que en la Reforma dicen que no nos van a pedir permiso, que los recursos naturales no nos corresponden a nosotros”, explica Verónica.
Frente a la resistencia de las comunidades, el gobierno de Jujuy impuso una Reforma Constitucional que relativiza el derecho de posesión sobre la tierra para convertirla en zona de sacrificio, lugares donde se invisibiliza y niega la existencia de historia, población y vida, convirtiendo a los territorios en espacios de acumulación de riqueza a costa de la desposesión de sus cuidadores tradicionales.
La tierra para quien la cuida
La contradicción entre la tenencia de la tierra y quien decide sobre ella es antigua, pero no por ello menos vigente. Los Estados, abonados por las corporaciones y los terratenientes, se encargan de inventar una y otra vez mecanismos para disponer de ella a su antojo. Cuando conviene, la propiedad privada es intocable. Y también, cuando resulta conveniente, la propiedad se manosea y trastoca. Aunque el Estado argentino reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, monopoliza el poder para reconocer jurídicamente sus tierras comunitarias y, mientras tanto, usa y ordena el territorio para el extractivismo neoliberal.
En 2006, se declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, instando a suspender los desalojos y relevar los territorios ocupados. Desde los cuatro puntos cardinales del país, pueblos originarios reclaman por su cumplimiento, denunciando el atropello de los gobiernos locales y las empresas, que aprovechándose del vacío jurídico, actúan violando los derechos de las comunidades.
Los cortes de ruta que se sostienen en Jujuy, aseguran que la falta de títulos de propiedad sobre los territorios comunitarios, viene dando camino libre para las iniciativas públicas y privadas, nacionales y transnacionales, para la explotación de Litio. Con la Reforma Constitucional impuesta por el gobernador Gerardo Morales, la fragilidad de la tenencia de la tierra para la vida se profundiza, dándole un valor productivo y económico, desconociendo la cosmovisión indígena y vulnerando los derechos reconocidos.
El extractivismo que une a Latinoamérica y el Caribe
Los conflictos socioambientales son una realidad de la mayoría de los territorios habitados por comunidades campesinas, indígenas y multiétnicas en Abya Yala. Los asesinatos de Cristina Bautista, indígena nasa de Colombia; Berta Cáceres, defensora del pueblo lenca en Honduras; Macarena Valdés, mujer mapuche en Chile; Dilma Ferreira, en contra de las represas de Brasil; Sergio Rojas Ortíz, indígena bribri en Costa Rica; Eduardo Mendúa, indígena kofan de la amazonía ecuatoriana; Sabino Romero, indígena yukpa en Venezuela, Santiago Contoricón, del pueblo Ashaninka en la Amazonía peruana y Elyas Garay, joven mapuche en Argentina, son solo algunos ejemplos del extremo al que pueden llegar las corporaciones transnacionales para convertir los territorios en zonas de sacrificio.
La lista de personas criminalizadas se multiplica por mil, muchas de las cuales llegan a los estrados judiciales y deben enfrentar el exilio o la cárcel, con Estados nacionales que arman sus leyes para perseguir a quienes defienden la vida. Una suerte similar corren quienes ejercen el periodismo crítico, denunciando estas violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza. María Efigenia Vásquez Astudillo, periodista comunitaria colombiana, asesinada en 2017, se dedicaba a cubrir los desalojos de las comunidades indígenas. Irma Galindo, periodista mexicana, se encuentra desaparecida desde 2021 por reseñar la deforestación de los bosques nativos de Oaxaca.
Es que el extractivismo, que comenzó con la invasión de América y el saqueo del oro y la plata, hoy se ha extendido a un centenar de minerales, centrales hidroeléctricas, empresas forestales y el monocultivo para la industria agroalimentaria.
El derecho a la consulta previa, la posibilidad de protestar sin criminalización y el ejercicio del periodismo ambiental crítico son formas de resistir a una civilización que propone el saqueo y la muerte, frente a miles de años de convivencia y organización.
