Two years of impunity in the case of Human Rights Defenders
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 8 de noviembre del 2011
A las Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos:
A las Organizaciones Sociales y Civiles:
A los Medios de Comunicación Convencionales y Alternativos:
A las Juntas de Buen Gobierno:
A la Otra Campaña:
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional:
Al Movimiento por la Paz:
A dos años de impunidad en el caso de los defensores de derechos humanos Margarita Guadalupe Martínez Martínez y Adolfo Guzmán Ordaz.
Han pasado dos años de que miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), en concreto de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra (FDFS), allanaron nuestra casa en la Cd. de Comitán, Chiapas, ejerciendo abuso de autoridad y tortura sobre los cuatro miembros de nuestra familia. Esta situación fue denunciada formalmente ante la Fiscalía Especializada para la Protección y Atención a Organismos No Gubernamentales para la Defensa de
Derechos Humanos, FEPAONGDDH, pero, a pesar del tiempo transcurrido, tanto la Fiscalía como el Gobierno del Estado de Chiapas no han hecho nada para esclarecer los hechos y continúan dando largas al asunto para encubrir a sus funcionarios y que la verdad no salga a la luz.
Desde el inicio del proceso jurídico hemos recibido seis amenazas de muerte, además de la privación ilegal de la libertad con elementos de tortura a Margarita Martínez en dos ocasiones, la primera el 25 de febrero de 2010 (36 horas antes del peritaje de reconstrucción de hechos), y la segunda el 24 de noviembre del mismo año. Estos hechos han sido todos denunciados públicamente.
A raíz de la privación ilegal de la libertad de Margarita el 25 de febrero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamamiento al Estado Mexicano para salvaguardar la integridad de nuestra familia y nos otorgó medidas cautelares (MC) de guardia custodia a implementar por el gobierno del Estado de Chiapas a cargo de un “cuerpo especial” de la Secretaría de Seguridad Publica y Protección Ciudadana (SSyPC). Tuvimos que aceptar estas medidas ante el inminente riesgo y vulnerabilidad en que nos encontrábamos.
Sin embargo, las MC no han facilitado el proceso de seguimiento al caso ni han ayudado a propiciar un ambiente menos tenso, ya que la privación ilegal de la libertad de Margarita de noviembre del 2010 se produjo con acompañamiento de MC y en octubre del presente año recibimos en nuestro domicilio, custodiado por miembros de la SSyPC, un anónimo con amenazas de muerte.
Consideramos que la ineficiencia del órgano de procuración de justicia del Estado de Chiapas, y su complicidad con los demandados, es evidente por las siguientes circunstancias:
Primero: por la demora en la resolución del proceso. La FEPAONGDDH dividió el caso en tres eventos con el pretexto de hacer una mejor investigación: 1o: el allanamiento: con delitos de abuso de autoridad, tortura (la cual no quieren integrar) y lo que resulte; 2o: amenazas con agravante de muerte; y 3o: Privación ilegal de la libertad, tortura y violación. Estos tres eventos fueron denunciados
ante la FEPAONGDDH y sólo ha integrado y ejercido acción penal del primero omitiendo la tortura.
Segundo: por la reclasificación de los delitos que consideramos improcedente: La FEPAONGDDH argumenta que por falta de elementos no procede el delito de tortura, siendo que una psicóloga certificada por la ONU para la atención en casos de tortura de acuerdo al Protocolo de Estambul, realizó dicho peritaje certificando tortura hacia cada miembro de la familia.
Tercero: porque las MC establecidas por la CIDH y ejecutadas por el gobierno de Chiapas no suponen una garantía de seguridad dado que, como se indicó, se dieron dos eventos muy graves contando la familia con guardia custodia.
El Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, y el Gobernador del Estado, Juan Sabines Guerrero, no están contribuyendo a la resolución del caso ya la aclaración de los hechos a pesar de la intervención de la CIDH, lo cual demuestra la falta de justicia y transparencia para resolver de manera eficaz y objetiva los atropellos que cometen los servidores públicos de su
administración.
Ante lo expuesto, denunciamos el incumplimiento de los acuerdos asumidos por parte del Estado para hacer una investigación imparcial y expedita. A dos años, no se han esclarecido los hechos y no se ha fincado la responsabilidad de los acusados correspondiente. Dichas acciones ponen en evidencia la incapacidad del Estado Mexicano, y en particular del Estado de Chiapas, así como la falta de garantías que destina a los defensores de Derechos Humanos.
Exigimos al Gobierno del Estado de Chiapas y al Estado Mexicano:
• Que le dé cabal cumplimiento a la implementación de las MC 52-10 establecidas por la CIDH, de manera eficiente y profesional.
• Que se garantice la vida e integridad física y emocional de todos los miembros de nuestra familia.
• Que se destituya de sus cargos a todos los servidores públicos implicados en los
eventos de hostigamiento a nuestras personas (allanamiento, abuso de autoridad,
amenazas de muerte, tortura, privación ilegal de la libertad y violación) en tanto no se resuelva su situación jurídica legal, ya que utilizan sus cargos públicos para
resguardarse y mantenerse en la impunidad.
• Que se ejercite la acción penal contra los responsables de estos actos y los autores materiales e intelectuales de estas violaciones a los derechos humanos sean debidamente sancionados.
Basta de hostigamiento a las y los defensores de Derechos Humanos
Basta de torturas por defender nuestros derechos
Nunca más un México sin los Derechos Humanos
Atentamente,
Margarita Gpe. Martínez Martínez
Adolfo Guzmán Ordaz
