(Español) A 10 meses de detención arbitraria, suspenden audiencia de defensores tseltales
Por Jeny Pascacio | Avispa Midia
En portada: Integrantes del Movimiento de la Vida y el territorio, se movilizaron en las afueras del Palacio de Justicia de la ciudad de los Altos para exigir alto a las violaciones de los derechos humanos y la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Chiapas
El lunes (28), la Fiscalía de Distrito Altos suspendió la audiencia para abordar el caso de cinco tseltales originarios de San Juan Cancuc, Chiapas, quienes permanecen recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERRS) no.5, acusados sin pruebas ni investigación, del homicidio calificado del policía municipal, Antonio Aguilar.
Se trata de Martín y Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista.
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Madres y esposas de los presos, con hijos en brazos, llegaron por la mañana acompañadas de organizaciones y el Pueblo Creyente, al Palacio de Justicia de San Cristóbal de Las Casas para exigir la libertad de los cinco detenidos arbitrariamente, previo a la celebración de la audiencia de juicio oral.
“Estuvimos en el Palacio de Justicia hasta las tres de la tarde cuando salieron los abogados y dijeron que habían cancelado la audiencia”, dijo José Luis Vargas Castellanos, párroco de San Juan Cancuc. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas agregó que el juicio no se realizó por falta de traductor de lengua tseltal.
Necropsia
Durante la manifestación en el Palacio de Justicia –que pertenece a la Fiscalía de Distrito Altos–, las familias difundieron que ninguna autoridad investigó en el lugar de los hechos. Sin embargo, el proceder de la Fiscalía Indígena fue solicitar ordenes de de aprehensión, las cuales fueron otrogadas por el Juez de Control, antes de que existiera la solicitud ministerial formal.
“No hay ninguna investigación antes, los agarran directamente los llevan a la fiscalía y a las 48 horas los entrega al Ministerio Público bajo el cargo de homicidio calificado”, dijo el párroco que acompaña a las familias.
Agregó que, en esta ocasión, la audiencia también se canceló porque no llegó la doctora que hizo la autopsia, misma que se logró solo hasta un mes después del hecho por insistencia y presión de las familias.
El cuerpo de Antonio Aguilar fue exhumado, entonces notaron que tenía una costilla quebrada, pero aún con todas las pruebas que fundamentan la versión de la caída; mientras cuatro policías siguen declarando ser testigos oculares del asesinato del uniformado a mano de los tseltales.
En una entrevista previa con el abogado Jorge Gómez del Centro de Derecho Fray Bartolomé de Las Casas, destacó que científicamente no estaba comprobada la causa de muerte del policía cuando ocurrió la detención arbitraria.
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“Es lamentable la corrupción institucional del sistema de gobierno, se ve a las claras cómo desde el inicio, el fiscal y el juez pareciera que están vendidos y se dejan comprar. Lo peor es que puede estar pasando lo mismo con la jueza en turno”, dijo el párroco de San Juan Cancuc.
Después de las declaraciones ante los medios de comunicación, colgaron las mantas y pancartas con las exigencias en el Palacio de Justicia, “de donde salieron dos policías a preguntar lo que estábamos exigiendo, pidieron nombres y se retiraron dando el reporte por celular. A los 15 minutos llegó elementos del Ejército y de la Guardia Nacional; hicieron acto de presencia”, relató el sacerdote.
Peregrinación
En febrero se celebró la Asamblea Diocesana del Pueblo Creyente donde las mujeres plantearon los problemas económicos que enfrentan las familias de los detenidos y se acordó la recolección de alimentos.
Son dos parroquias donde los habitantes llegan a dejar donaciones de arroz, frijol, azúcar, entre otros víveres para las familias que están conformadas, cada una, por más de dos menores de edad, algunos que nacieron durante los primeros meses tras la detención.
Las familias dijeron que seguirán en la lucha, en especial las mujeres que ya se organizan para dar batalla legal con una contrademanda y con el Pueblo Creyente para realizar otra peregrinación diocesana en el marco del año de la detención. La fecha se definirá en las próximas semanas.
A la petición de justicia se une el Pueblo Creyente, la Diócesis de San Cristóbal y el Movimiento de la Vida y el -Territorio (Modevite), quienes también se pronunciaron contra las violaciones de los derechos humanos; además, rechazaron la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.
“Fueron privados de su libertad sin orden de aprehensión. Ante este hecho Miguel López Cruz, juez municipal de San Juan Cancuc se quedó cruzado de brazos sin hacer acto de presencia, al igual que muchos casos en que solo se da la orden a la policía de arrestar a las personas sin antes mandar un citatorio”, expresó un integrante del Pueblo Creyente.
Recordó el caso de una mujer detenida arbitrariamente en el paraje Bajpuz, el pasado 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, caso por el que incluso se han pronunciado organismos defensores de los derechos humanos. En la detención participó el director de la Policía Municipal, Miguel López Santiz y el policía, Manuel Hernández Aguilar, a quienes acusan de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y los que resulten.
Barrio abajo
Martín, Agustín, Juan, Agustín y Manuel, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, son vecinos del barrio Abajo o C’ani’, ubicado en la cabecera municipal de San Juan Cancuc y fueron detenidos el 29 de mayo de 2022, luego de auxiliar a un policía en estado de ebriedad que cayó a un barranco durante la madrugada.
Recuerdan que escucharon los gritos de una persona, salieron de sus viviendas y se dieron cuenta que era el policía municipal Antonio Aguilar, inmediatamente avisaron al director de la corporación, Lorenzo Pérez Guzmán y tres horas más tarde —aproximadamente— llegaron al barrio tres policías en una patrulla de Protección Civil Municipal con placas CW-9613-B en la que se llevaron Antonio Aguilar, que para entonces seguía con vida.
Incluso, ellos comentaron que vieron al uniformado en estado de ebriedad, que había consumido drogas y que se puso a correr y a gritar. Pero más tarde, los policías avisaron que Aguilar había muerto y casi de inmediato arribaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano para detenerlos.
