En febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que declara zona de reserva minera de litio la superficie de 234,855.1980 hectáreas, ubicada en los municipios de Arivechi, Bacadéhuachi, Huásabas, Divisadero, Granados, Sahuaripa y Nácori Chico, en el estado de Sonora. Las reservas mexicanas de litio serán otorgadas a la Secretaría de Energía (Sener).

El decreto está respaldado por la reforma a la Ley Minera, llevada a cabo en abril de 2022, que “reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento se reserva en favor del pueblo de México”.

López Obrador, en la ocasión de la firma del decreto, señaló que así como el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) recuperó el petróleo con la expropiación petrolera, “ahora lo que estamos haciendo, guardada las proporciones, es nacionalizar el litio”.

La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio “quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado que determine el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones aplicables”.

Para eso se creó la empresa estatal,Litio para México (LitioMx), operada por la Secretaría de Energía. La paraestatal fue constituida formalmente en agosto de 2022 tras un decreto firmado por López Obrador.

A pesar del discurso manejado por el gobierno, sobre la nacionalización del litio en México, para Viviana Herrera, coordinadora del programa para América Latina de Mining Watch Canadá, “falta un análisis crítico” de este discurso. Según ella, se ha llamado nacionalización del litio “de forma errónea”.

Dicho discurso supone la necesidad de extraer litio como parte de una transición energética mundial y que este extractivismo integra un proyecto para fortalece la soberanía nacional, resume. “En realidad esta ola extractivista está dinamizada por una política neoliberal del T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá). Lo que avanza es un proyecto vinculado al capital privado de alto riesgo al erario público”, explica la coordinadora de Mining Watch quieng, juntamente con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), publicó el informe Explotación de litio en México, ¿interés público oextractivismo transnacional?

De acuerdo al informe, lo que se ha difundido como “la nacionalización del litio” en México, son “modificaciones minúsculas a la ley” que no garantizan la plena propiedad estatal de las empresas que se conformen alrededor de la cadena de explotación y transformación del litio. “Muy por el contrario, busca legitimar y posibilitar la apertura a un modelo empresarial público-privado, en el que no se ha excluido la participación mayoritaria de empresas no sólo privadas, sino incluso extranjeras”.

La empresa pública LitioMx tendrá exclusividad en la administración de estas actividades, sin embargo, podrá asociarse con capitales, nacionales o extranjeros.

El Artículo 5 del decreto de agosto del 2022, garantiza que para “administrar y controlar las actividades necesarias para la producción, transformación y distribución de productos derivados del litio”, la empresa estatal “podrá asociarse con otras instituciones públicas y privadas”. Así, “lo que se instrumenta es un modelo idéntico al esquema neoliberal que en el sector de los hidrocarburos opera desde las reformas calderonistas de 2008”, sostienen las organizaciones en el informe.

El propio López Obrador, en ocasión de la creación de la empresa pública, sostuvo que la inversión privada será necesaria. “No nos alcanzaría para que fuese sólo pública, se requiere de bastante inversión”, dijo en su conferencia de prensa, en agosto de 2022.

Las organizaciones alertan que considerar el litio como un mineral de utilidad pública y estratégico, faculta al Estado a promover acciones impositivas para llevar a cabo estos proyectos.

Los proyectos que ya son prioritarios del gobierno, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, “nos dan una idea muy clara de este tipo de acciones: la aceleración de los trámites para los permisos y las licencias necesarias, el ocultamiento de la información, la desinformación, la manipulación y la imposición para fabricar la aceptación social del proyecto; el linchamiento mediático y político de quienes se oponen a estos proyectos, la criminalización y uso de la fuerza pública, que se suma a la violencia que ya ocurre en los territorios con participación de crimen organizado en contubernio con diferentes niveles del Estado”.

Carros eléctricos para los EEUU

La nueva ola minera es promovida para sostener lo que llaman la transición energética, recalca Isabel Velázquez Quesada, integrante de la REMA y de GeoComunes. Es decir, las nuevas tecnologías necesarias para la transición energética demandan el aumento de la explotación minera.

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“Bajo esta idea ha generado cierto consenso sobre una afirmación abrumadora: para salvar el mundo, entre 2011 y 2060, se quiere aumentar 111% la extracción de minerales, es decir, quieren salvar el mundo promoviendo, para ello, una de las actividades más violentas y dañinas como es la minería”, analiza Quesada.

En este escenario el litio saltó a la escena mundial y, en México, por el lugar que dicho mineral tiene en el proceso de producción de baterías. “Si bien se ocupa en las baterías de muchos aparatos que la industria electrónica produce, el sector que ha impulsado esta ola extractivista en torno a los depósitos de litio es la industria de los automóviles”, sostiene. La demanda global para el litio responde en un 80% al mercado para vehículos eléctricos. Es más, “es al calor de la expansión y acomodo geopolítico del sector automotriz en América del Norte que esta fiebre minera toca tierra en México”.

Mining Watch y REMA advierten que esta nueva ola extractivista está siendo dinamizada por el fortalecimiento de la industria automotriz estadounidense en su intento de posicionarse mejor frente al dominio de China en toda la cadena de valor para la fabricación de vehículos eléctricos, armonizando así la región con los nuevos requisitos de valor de contenido regional pactados en el T-MEC.

Con la entrada en vigencia del T-MEC, el 1 de julio de 2020 ,“se imprimió un significativo sello regional en la fabricación de automóviles a través de los estímulos para fomentar el uso de insumos procedentes dentro de la misma región”, dice el informe.

Así, para poder calificar un vehículo para la exportación libre de impuestos en el 2023 en la zona de libre comercio, 75% de sus componentes llamados esenciales tendrán que ser de origen norteamericano, lo cual incluye, entre otras partes, las baterías de litio.

Ante este cambio, la industria en los tres países se está ajustando para cumplir con este nuevo estándar. Con el dominio de países asiáticos en la producción de baterías de iones de litio, el T-MEC está impulsando para que se hagan nuevas inversiones en la extracción y procesamiento de litio y la fabricación de baterías dentro de los tres países que pertenece al T-MEC.

Proyectos

En un informe anterior, las organizaciones señalaron que existían 36 proyectos mineros de litio en manos de 10 empresas, todas de capital extranjero, pero que sólo tres de éstas tenían algún nivel de avance de sus proyectos.

El resto, eran proyectos de mera especulación financiera, útiles para el enriquecimiento de las llamadas empresas “juniors”, esto es, empresas de bajo capital enfocadas en las fases

de prospección y exploración.

El único proyecto de litio avanzado en el país es el proyecto Bacanora en el estado
de Sonora, cuyo principal inversionista es la empresa china Ganfeng Lithium Co.

Las declaraciones públicas del presidente han indicado que es poco probable que se actúe para expropiar proyectos privados. En junio de 2022 declaró: “En el caso de los convenios que se otorgaron con anterioridad, se van a revisar para ver si fueron solicitados para explotar litio, no minerales en general […] Si fueron solicitados para explotar litio y están en regla, y hay proyectos de exploración y de producción, se van a respetar”.

Las organizaciones llaman la atención hacia el hecho de que, según la información más reciente del Servicio Geológico Mexicano (SGM), la mayor parte de los depósitos económicamente viables de litio en México son en arcillas. “Un tipo de depósito que no tiene antecedente de explotación comercial, por lo que incrementa la incertidumbre sobre las implicaciones económicas y ambientales, a pesar de que podemos tener certeza que los impactos ambientales y a la salud de su explotación no distarían mucho de otros proyectos mineros”.

Agua

Las organizaciones también hicieron un estudio sobre la disponibilidad del agua en las regiones donde están los proyectos de litio. Encontraron que casi un cuarto de los proyectos de litio – sumando los privados y los sitios de prospección del SGM – está en zonas de riesgo hídrico extremadamente alto, principalmente los proyectos situados en Chihuahua y en la zona fronteriza entre San Luis Potosí y Zacatecas. Mientras que más de un tercio del conjunto de los proyectos se encuentran en zonas de riesgo hídrico alto.

Las comunidades afectadas por la minería y las organizaciones que “nos oponemos al modelo extractivo minero, queremos insistir en que, sin importar el origen de la empresa minera, la minería seguirá despojando a los pueblos de sus territorios y generando daños irreparables a los mismos, todo esto para extraer minerales que siguen fomentando un consumo absurdo que profundiza la polarización del mundo y que sólo abona a falsas soluciones que da el capitalismo a la crisis socioecológica y económica que vivimos”.