(Español) Acuerdo Unión Europea-Mercosur: así se construye la transición energética desigual
Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
En portada: Incendios en la amazonía brasileña abren paso a la expansión de la frontera de la agroindustria y la minería.
Después de 20 años de idas y venidas en las negociaciones para la conformación de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur, compuesto por Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay), los países europeos han intensificado los esfuerzos para ratificarlo, especialmente durante la pandemia de Covid-19 y la Guerra en Ucrania.
El acuerdo, firmado en junio de 2019, todavía no fue ratificado por los países. En estos momentos los textos del acuerdo están sometidos al proceso de revisión jurídica y traducción para, entonces, seguir para la aprobación parlamentaria de los países.
Los términos del acuerdo, como ha sido alertado por distintas organizaciones latinoamericanas y europeas, siguen la lógica colonial y desigual en la división internacional del trabajo. Es decir, estimula la producción industrial en Europa mientras promueve un saqueo de los recursos naturales de América del Sur.
La agricultura y la minería son los principales sectores en los cuales se prevén un gran crecimiento en los países suramericanos. Un estudio de la organización GRAIN indica que, con el acuerdo, habrá un crecimiento de por lo menos 540% en la exportación de etanol, 55% en la exportación de carne de aves, 60% en café y 50% en carne bovina. Todos estos productos llevarán tarifa cero de exportación. Minerales como el hierro también tendrán sus tarifas reducidas a cero en un plazo de diez años.
“Refuerza un modelo de exclusión social y de impacto ambiental, ya que implica ocupar cada vez más nuevas áreas y utilizar más intensivamente las áreas ya ocupadas”, evalúa Adhemar Mineiro, de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip).
Las dos actividades económicas ya son hoy las que “más promueven la destrucción ambiental en Brasil, con profundos impactos para los derechos humanos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, sostiene la investigadora Maureen Santos, integrante del Grupo Carta de Belém.
En el asentamiento Lago Grande, un área de ríos en Santarém, Estado amazónico de Pará, en Brasil, 155 comunidades viven de la recolección de frutos del bosque, de la pesca y agricultura familiar. Alrededor del 55% de su territorio, resultado de la distribución de tierras a pequeños agricultores, está amenazado por la explotación minera.
Rosenilce dos Santos, quien vive en este territorio, cuenta que ahora, además, están sufriendo la presión con la expansión de la soya. “Todos somos conscientes de que no se puede vender tierras, porque es un territorio colectivo, sin embargo, la grilagem (venta ilegal de tierras) avanza. Eso ha generado conflictos dentro de las comunidades y de las familias. Llegan a nuestro territorio ofreciendo hospitales, escuelas, vías de transporte”, cuenta.
Con la expansión de la demanda europea se intensificará la embestida sobre estos territorios, “aumentando los conflictos socioambientales”, añade Santos quien también hace parte de la Federación de Organizaciones de Asistencia Social y Educativa (FASE) de Brasil.
Para pocos
Algunos meses después de la firma del acuerdo entre los bloques, la Unión Europea anunció su Pacto Verde, en diciembre de 2019. “Un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica, con el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050”, como lo explica la propia UE en su página web, y así cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París.
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La aceleración de la “transición energética”, propuesta por el pacto, fue anunciada también como una estrategia para impulsar la economía en crisis, agravada con la pandemia. “Será necesaria una transformación de la sociedad y de la economía europeas, que tendrá que ser rentable, equitativa y socialmente equilibrada”, menciona la UE en sus documentos.
Para Mónica Bruckman, científica social y coordinadora del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) sobre Geopolítica, Integración Regional, existe una clara relación entre las estrategias del Pacto Verde Europeo y las disposiciones concretadas en el acuerdo que la “Unión Europea está proponiendo al Mercosur”.
El acceso a los recursos es definido, en los documentos del Pacto Verde, como una cuestión de “seguridad estratégica” para la misión de avanzar con dicho pacto. Por tanto, uno de los requisitos para volver la transición una realidad es garantizar el suministro de materias primas, en particular, aquellas críticas necesarias para las tecnologías limpias, aplicaciones digitales, espaciales y de defensa.
“Todos estos recursos críticos no están en el territorio europeo. Están principalmente en territorio africano y, sobretodo, en territorio suramericano. Entonces acceder a estos recursos es un requisito indispensable para cumplir los objetivos del Pacto Verde Europeo y eso significa acceder a nuestros territorios”, analiza la investigadora.
El acuerdo entre UE y Mercosur abre las puertas de los países suramericanos para que Europa acceda a estos recursos.
Mientras se piensa en descarbonizar la industria y el consumo de los países del norte, “este mismo proceso, va a ampliar de manera violenta y brutal la actividad extractiva en [nuestros] territorios”.
Un estudio de GRAIN refuerza el análisis de la investigadora. “Si bien es muy probable que con este acuerdo el aumento de importaciones europeas de etanol y soja se utilice para cumplir con los objetivos de combustible ‘verde’ para el transporte en Europa, esto puede impulsar mayor deforestación y acaparamiento de tierras en países como Brasil. Podría resultar que los gobiernos de la UE provoquen más destrucción del clima con el fin de cumplir sus objetivos climáticos”, dice el estudio.
El Pacto Verde, según sus documentos, busca la protección del capital natural europeo, que incluye su biodiversidad y sus recursos hídricos. Bruckman subraya el aspecto rebasado del punto de vista ambiental de esta visión. “En pleno siglo XXI ya sabemos que el planeta opera como un grande bloque con sus biomas complejos pero todos integrados. De nada sirve proteger el capital natural europeo si no se protege, por ejemplo, la Amazonia, que es el bioma que tiene la mayor capacidad de captura de carbono en el planeta. Proteger el capital natural europeo significa proteger las reservas naturales y los biomas en el mundo entero”, señala.
En Brasil, 87% del área de minería está en la Amazonia. El sector minero “ya está impactando de forma colosal este territorio e irá impactar aún mas en los próximos 20 años (…). Tenemos un futuro de mucha disputa global por recursos naturales estratégicos, por bienes comunes estratégicos”, sostiene Bruckman.
De manera que la investigadora alerta que el acuerdo entre UE y Mercosur no es solamente un acuerdo comercial, “tiene que ver con un nuevo orden mundial que ellos mismos están proponiendo”.
Más emisiones
Distinto del Pacto Verde Europeo, el acuerdo no obliga que los países del Mercosur cumplan las metas del Acuerdo de París. A pesar de citarlo, “no hay ningún mecanismo o arbitraje previsto en el acuerdo que obligue que los países sí cumplan dichas metas”, detalla Santos.
Hoy Brasil, Argentina y Paraguay ya están en llamas por cultivar soya o caña para el mercado europeo. Las emisiones provenientes de los incendios forestales o de la pérdida de sumideros no aparecen en la contabilidad climática europea.
De acuerdo con el documento El comercio entre los bloques aumenta la violencia, las desigualdades, la crisis de los derechos humanos y la emergencia ambiental, del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, la UE es el según mayor importador mundial de deforestación tropical y emisiones asociadas.
Además, es responsable por 16% de la deforestación asociada al comercio internacional y 25% de las emisiones de efecto invernadero provenientes del sistema de abastecimiento alimentar en la UE son provenientes de emisiones producidas por importaciones de América Latina.
Con el acuerdo, GRAIN estima que aumentará en un tercio las emisiones de gases con efecto de invernadero en los países de Mercosur procedentes del comercio de tan sólo ocho productos agrícolas. Mas de 80% de estas emisiones provendrán de un sólo producto: la carne bovina.
¿Soluciones basadas en la naturaleza?
Los reclamos contra el acuerdo no vienen solamente de organizaciones de los dos lados del océano. Países como Francia también han manifestado la necesidad de que el acuerdo obligue a los países del Mercosur a cumplir con compromisos ambientales.
A los medios de comunicación, el embajador de la Unión Europea en Brasil,
Ignacio Ybañez, dijo que la Comisión Europea ya posee un borrador de un documento adicional sobre temas ambientales que será presentado a los países.
Sin embargo, el documento no es público, y aún no se conoce su contenido.
“No tenemos acceso a la documentación que está siendo negociada, la mayor parte de las informaciones que tenemos en relación a las propuestas vienen de organizaciones de la UE que logran acceso y que nos informan. Eso es un absurdo”, sostuvo la integrante del Grupo Carta de Belém.
Uno de los temas que Santos considera que puede ser integrado en declaraciones adicionales al acuerdo son las ‘soluciones basadas en la naturaleza’ como “salida para resolver la crisis climática”, cuyo eje central es el mercado de carbono. “Pienso que este tema va a entrar con mucha fuerza, ya que es una bandera clave de la Unión Europea y que lo viene defendiendo en los acuerdos globales”, explica.
Dichas soluciones fueron consensuadas entre los países en las conferencias del Clima de la ONU, las llamadas COPs, y son consideradas por diversas organizaciones y pueblos en todo el mundo como ‘falsas soluciones de mercado’.
“Para nosotros son falsas [las soluciones basadas en la naturaleza]; ellos ponen este nombre en mecanismos que ya existen hace 20 años y no dan resultados concretos para el problema del clima”, dijo Santos.
Más allá del comercio
El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur empezó a ser negociado en 1995, en el mismo año de fundación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este contexto el acuerdo adhirió toda la agenda de esta organización en lo que respecta a los acuerdos internacionales, agenda esta que repasa la liberalización del comercio.
“Incluye, entre otros, la liberalización de servicios básicos como, por ejemplo, el agua y la energía; privatización de servicios públicos, facilitando la entrada de empresas europeas en esta gestión; desregulación laboral; desregulación del sistema financiero; privatización de bancos públicos”, explica Adhemar Mineiro.
Otro punto son las compras realizadas por los gobiernos – federal, estatales y municipales – en los países de Mercosur. “Todas las compras, como por ejemplo de alimentos, deben ser realizadas mediante licitaciones internacionales, dando acceso a las empresas europeas”, lo que vulneraria, por ejemplo, las compras de productos de la agricultura familiar hechas por el gobierno brasileño.
Agrotóxico: “doble patrón”
El acuerdo facilita la venta de agrotóxicos producidos por empresas europeas. Los impuestos sobre los productos químicos serán reducidos o eliminados en 90%. La previsión de la Comisión Europa es que debe aumentar en 47,6% las exportaciones de estos productos hacia el Mercosur.
Al mismo tiempo, la UE reforzó sus restricciones internas a los agrotóxicos. De acuerdo con un informe de 2019 de la Asociación Brasileña para la Reforma Agraria, 44% de las sustancias registradas en Brasil son prohibidas en la UE. De los 113 productos de la empresa alemana BASF, 71 son aprobados en Brasil, agrotóxicos altamente peligrosos, siendo que 57 de ellos no tienen registro para su uso en la UE.
“El acuerdo refuerza un doble patrón, en el cual los ciudadanos del Mercosur son tratados como segunda categoría”, dijo Santos.
El estudio Comercio Tóxico: a ofensiva do lobby dos agrotoxicos da UE no Brasil, realizado por Gabriel Cassoti, de Amigos de la Tierra Europa, revela el lobby ejercido por este sector en Europa y en Brasil, y que las empresas fueron consultadas por la UE para que sus demandas fueran incluidas en el acuerdo.
Hoy existen 5 mil agrotóxicos liberados en Brasil, siendo que 1,500 de ellos fueron permitidos en el gobierno de Jair Bolsonaro.
Sustitución
Los carros, principalmente de la industria alemana, tendrán su venta facilitada en los países del Mercosur. “El sector automovilístico también fue consultado para que sus demandas fueran incluidas en el acuerdo”, sostiene Lúcia Ortiz, de la organización Amigos de la Tierra Brasil.
La Unión Europea estableció, como parte de sus estrategias para reducir las emisiones de carbono, el objetivo tener al menos 30 millones de coches cero emisiones para 2030. Además, planea prohibir ventas de vehículos con motores de combustión en 2035.
“La UE, con su directriz de energías renovables, va a sustituir sus carros con motor a combustión por carros eléctricos o movidos a hidrógeno verde, y nos quieren vender los carros que ya no utilizan. Mientras exportamos para allá los minerales necesarios para su tecnología de la transición energética”, dijo Ortiz.
Comercio electrónico sin control
Gabriel Cassoti alerta para un punto poco discutido sobre el acuerdo que es el comercio electrónico de las grandes empresas digitales. El acuerdo prohíbe la tributación de los lucros de estas empresas. “Existe un gran lobby de las cinco mayores empresas – Google, Amazon, Apple, Facebook, Alibaba – que están entre las siete mayores empresas del mundo”.
Además, el acuerdo prohíbe los Estados regular los flujos de datos personales de los usuarios de sus plataformas, datos estos “que generan altísimos lucros para estas empresas”.
Expectativa
Existe una expectativa sobre los rumbos del acuerdo debido a los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil, que se definen el próximo 30 de octubre entre Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. El tema estuvo en las discusiones de la campaña electoral.
Lula ha sostenido que, si es elegido, pretende “mejorar” el acuerdo para garantizar que los países de Mercosur puedan tener una política industrial. Sin embargo, el eurodiputado Cañas declaró a los medios europeos que una posible renegociación del acuerdo “no va a ocurrir”.
