(Español) La militarización aumenta la violencia y perpetúa las violaciones a Derechos Humanos y a los territorios de los Pueblos
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
18 de septiembre de 2022
Boletín No. 30
- Las reformas constitucionales en materia de seguridad vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos.
En Chiapas se tiene planeado concluir la construcción de 24 cuarteles de la Guardia Nacional (GN) de los 500 proyectados a nivel nacional. Contará con 3522 efectivos, de 223 000 elementos que forman esa institución y distribuidos en 266 coordinaciones regionales a nivel nacional. Los cuarteles se han instalado en territorios de Pueblos Originarios que se oponen al despojo de sus espacios de vida a través de los megaproyectos del Gobierno Federal, como el tren maya, el corredor interoceánico, la Refinería Dos Bocas o la infraestructura carretera que los conectan.
En este contexto, las fuerzas armadas en el estado Chiapas han servido como elementos coercitivos que busca desmovilizar a los pueblos y comunidades que defienden su tierra y territorio. El Ejército mexicano en el año 2018 implementó un aparato de espionaje, hostigamiento, intimidación y criminalización a la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbre (PADUC), incursionando el 18 de febrero del mismo año en la Comunidad de Angel Albino Corzo, municipio de Palenque, Chiapas. El operativo se llevó a cabo, por efectivos militares (38 zona militar, 18 de infantería y la séptima región militar) Policías Federales y Estatales, así como policías ministeriales, quienes bajo el argumento de aplicar la derogada “Ley de Seguridad Interior” tendieron un cerco a la comunidad, les cortaron la energía eléctrica, generando terror contra representantes de decenas de comunidades.
El pueblo tseltal de Chilón se manifestó el 15 de octubre del 2020, en contra de la construcción del cuartel de la GN que se construyó en su territorio sin su consentimiento, siendo fuertemente reprimidos por Policías Municipales de Ocosingo y Chilón, así como por la Policía Estatal, con el apoyo de la GN, quienes agredieron con piedras, palos, gases lacrimógenos, golpearon a personas y vehículos, causando lesiones, daños materiales y la detención arbitraria de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes además de haber sido torturados, enfrentan un proceso penal injusto por el delito de Motín que da cuenta del sentido represivo del gobierno de Chiapas.
En medio de la remilitarización actual de Chiapas, se ha intensificado el tráfico y consumo de drogas, persisten las desapariciones y los homicidios. Lo que da evidencia que como en los noventas la estrategia es fallida. Dentro de los impactos de la violencia esta: comunidades agredidas y obligadas a desplazarse, en otras se han impuesto toques de queda por grupos criminales y zonas de silenciamiento. Estamos ante un Estado omiso y ante el fracaso de la estrategia militar.
El Gobierno Federal ignora lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han expresado su preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Han exhortado al Estado mexicano cambiar el enfoque militarizado de la seguridad.
Sin embargo, el titular del ejecutivo, con la aprobación del Congreso de la Unión, otorgaron el control a la Secretaría de la Defensa Nacional de la operación y administración de la GN. Con esta iniciativa el gobierno profundiza la militarización del país, poniendo en riesgo e inseguridad a quienes se organizan para la defensa de sus derechos y del territorio.
En la memoria persiste la forma en que el Ejército mexicano ocupó territorios zapatistas desde 1994, entrenó, financió y ejecutó el plan de contrainsurgencia llamado Plan de Campaña Chiapas 94, creando diversos grupos de paramilitares. No se olvidan las diversas represiones al movimiento social como en Atenco, a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Xoxocotla, las ejecuciones sumarias como Tlatlaya, así como la participación directa en el crimen de Estado que es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En el Frayba, expresamos nuestra preocupación ante la aprobación de las reformas constituciones en materia de seguridad que vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos, comunidades y colectivos. Hacemos un llamado para caminar en la construcción de un modelo de seguridad distinto que impulse soluciones al ambiente de violencia que impera en Chiapas y en nuestros país.
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