^{En portada: Familiares de los estudiantes desaparecidos participan en una protesta para denunciar crímenes de Estado en México y Brasil. São Paulo, 2015. Foto: Aldo Santiago}

La desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014 fue un crimen de Estado. Así lo confirmó Alejandro Encinas, titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

“Se acredita plenamente la colusión y la intervención de autoridades de distintos órdenes de gobierno con los policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, por supuesto, con el grupo delictivo de Guerreros Unidos para llevar a cabo la desaparición de los muchachos”, detalló el funcionario durante conferencia en la que expuso las conclusiones preliminares de la Comisión que preside.

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Otra de las conclusiones de este organismo apunta a que no existen indicios para afirmar que los 43 estudiantes desaparecidos aún estén con vida. “Por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, comentó Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación.

El funcionario federal detalló que las autoridades de los tres niveles, además del Ejército mexicano, tuvieron acceso a información en tiempo real de los movimientos de los estudiantes normalistas hasta el momento que se dio la orden de desaparición a las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, sin que hubiera una actuación de las autoridades para evitar los crímenes.

Encinas compartió que existen órdenes de aprehensión contra 33 ex funcionarios, de los cuales reservó sus identidades, aunque aclaró que entre ellos no contemplan al ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró la escena del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado”, sentenció Encinas, quien aseguró que la investigación del caso continúa.

Infiltrado

El subsecretario informó que las autoridades estatales, municipales y federales estuvieron al tanto de todos los movimientos de los estudiantes mientras se preparaban para partir hacia la ciudad de México en el marco de las protestas del 2 de octubre.

Esto sucedió incluso con información desde dentro de la escuela normalista, pues la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) infiltró a uno de sus elementos, de nombre Julio César López Patolzin, quien realizaba informes para el Ejército.

López Patolzin era responsable de informar sobre las actividades, asambleas y acciones que se preparaban por los estudiantes y estaba bajo el mando del Teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 batallón.

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“Y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran ninguna acción para garantizar su integridad y su búsqueda como lo establece el protocolo para militares desaparecidos. De haberse aplicado (el protocolo de búsqueda) hubiera permitido no solamente proteger la integridad y buscar al soldado, sino a todos los estudiantes”, enfatizó Encinas, quien apuntó que el Teniente es una de las personas que tendrá que rendir cuentas por su omisión.

Jueces, obstáculo

Otro elemento a destacar del informe presentado este jueves (18) es la falta de unificación en los procesos judiciales, dispersión de las causas, así como criterios discrecionales y diferenciados, que consideran a los jueces un obstáculo para avanzar con las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes.

Desde el inicio de las investigaciones, el Poder Judicial radicó los procesos en siete juzgados de diferentes estados, y en dos sistemas procesales distintos: inquisitivo y acusatorio. “Lo que fragmentó el proceso judicial, estableció criterios discrecionales y diferenciados de los jueces en la interpretación de los hechos y de la ley”, sostuvo el funcionario federal.

Encinas informó que en la actualidad existen más de 20 causas penales iniciadas ante el Poder Judicial de la Federación por acusaciones directa o indirectamente vinculadas con los hechos de Iguala, lo cual “propició trabas burocráticas y administrativas, prolongando los procesos en demérito de los derechos de las víctimas”.

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“Frente a ello, los padres y madres de los estudiantes han demandado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecer una jurisdicción única sobre el caso, demanda que no ha sido atendida”, apuntó el titular de la Comisión.

El informe apunta la actuación específica de jueces. Por ejemplo, el Juez Samuel Ventura Ramos, del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales federales en Tamaulipas, liberó a 77 presuntos responsables de la desaparición por haber sido torturados por distintas autoridades “sin dar vista al Ministerio Público ni señalar e investigar a quienes realizaron la tortura”, detalla el documento.

Además, el mismo Juez restó valor a las pruebas obtenidas como las escuchas que realizó la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Chicago. También se acusa a jueces de liberar a Marco Antonio, “La Pompi”, con una fianza de 10 mil pesos, de permitir que Carlos “N”, un ex mando de la Policía Federal Ministerial llevara su proceso en libertad; y de considerar que el delito de desaparición forzada es prescriptible.