(Español) La violencia latente en el Perú deja al menos cinco muertos
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
Foto de portada por @lazlogram
Las protestas de sindicatos y sectores de la población en el Perú por la subida de precios desencadenaron -en al menos 10 de las 25 regiones del país- un clima de inestabilidad política paralizante, potencialmente conflictiva, autodestructiva para la nación. La represión policial ocasionó cinco muertes -un menor de edad de 13 años entre las víctimas-, en la semana más crítica de los nueve meses de presidencia de Pedro Castillo. De momento se detuvieron las manifestaciones, tras anuncio de medidas de ajustes del Gobierno.
A la vez que reclamos por el incremento del valor de combustibles y fertilizantes, ocasionado por la guerra en Ucrania, los gremios agrarios y de transportistas apuntan a políticas económicas estructurales. Como una segunda reforma agraria y el cambio de la Constitución neoliberal fujimorista, promesas de campaña de Castillo a las que se oponen la mayoría parlamentaria, representante del gran capital y las clases empresariales.
En respuesta a la primera semana de huelgas, bloqueos de carreteras y violencia, a pocas horas del martes 5 de abril, el presidente sorprendió con el anuncio del toque de queda en Lima para ese día, con el fin de evitar actos de vandalismo advertidos por informes de inteligencia, según argumentó.
En esta fecha se recuerda con movilizaciones masivas el (auto) golpe de Estado que allanó la dictadura de Alberto Fujimori (1992). El toque de queda generó malestar incluso en quienes respaldan a Castillo, como el antifujimorismo y sectores populares ya descontentos por el alza del costo de vida.
Esto intentó ser capitalizado por la ultraderecha y aliados, que hasta hoy no reconocen el resultado de las elecciones de 2021 y buscan, desde el Congreso, destituir al mandatario, en un lento pero latente golpe de Estado.
Así, el fujimorismo y otros sectores conservadores pretenden desde un primer momento crear escenarios de desestabilización. Con un discurso paternalista y economicista amplificado por los medios de comunicación limeños, la narrativa que se propone instalar la clase dominante es la de la renuncia de Castillo como condición para salir de la crisis.
Ahora desde estos mismos emisores de intereses económicos-empresariales, que dejaron de recibir la millonaria publicidad estatal bajo este Gobierno, se sugiere la convocatoria a nuevas elecciones para la presidencia. Es decir, proponen votar para tener al sexto presidente en seis años, como signo de estabilidad.
Todo el imaginario racista y clasista se manifiesta en la existencia en el Congreso de una comisión investigadora de un fraude inexistente -Keiko Fujimori desconoció su ajustada derrota ante Castillo pretextando manipulación de votos, lo que azuzó a sus seguidores-, que lleva meses de presunto trabajo y millones de soles invertidos. El motivo del conflicto nunca fue la capacidad de gobernar de Pedro Castillo, la muletilla de sus opositores, sino lo que representa: el campesinado, las provincias, la sierra históricamente racializada, el sindicalismo, a una izquierda y provinciana.
No debería pasar desapercibido el bloqueo parlamentario a la investigación por la matanza de 16 personas en mayo de 2021 atribuida a “Sendero Luminoso” en la zona de valles de la cocaína, a pocos días de la segunda vuelta. Fue la tercera vez, consecutivas todas, que en vísperas de elecciones ocurrió un “ataque terrorista”, así enunciado y denunciado en sus días por quienes hoy eligen ocultar acciones de verdadero interés público. Pues hay testimonios que señalan un montaje paramilitar y el círculo de Keiko Fujimori es cercano a militares, paramilitares y el narco.
Lima es una realidad lejana
En Lima y demás ciudades, la distancia respecto al campo y las provincias se expresa en desvaríos como acusar peligros letales, una dictadura comunista, terrorista. En simulacros de solidaridad con protestas que meses atrás calificaban de terrorismo, barbarie. En las caravanas de autos particulares o los cacerolazos desde los barrios privilegiados. En una trabajadora del hogar golpeando la cacerola mientras la jefa la graba con su celular. En la permisividad de la Policía de “una dictadura” ante la violencia con privilegios. En la saturación de la simbología patriótica para discursos excluyentes.
Estaban claros los marcos y las posibilidades del círculo de Castillo y funcionarios, más allá del sabotaje opositor: corrupción y favorecimientos de licitaciones, del propio presidente, según sus opositores, sin pruebas; hasta el desfile de esa oposición en puestos y asesorías. Por un lado, los límites de un partido de izquierda que se anunciaba radical en materia económica (proceso constituyente, reforma agraria) y conservador en derechos individuales (garantías a las grandes fortunas, rechazo a derechos reproductivos), caudillista, personalizado en líderes que ocuparon cargos públicos con indicios de corrupción, nepotismo, clientelismo, en suma, para capitalizar poder que emana de lo colectivo en beneficios particulares. Movimientos que no distinguen alas políticas, es la misma lógica.
No se trata puntualmente de la figura del presidente del partido de Gobierno, Vladimir Cerrón, satanizado como el maquinista detrás de Pedro Castillo, el ideólogo del terror, de la inestabilidad, proféticamente, desde antes de la guerra en Europa y los precios globales. Es también una izquierda capitalina que develó su extravío al adherirse a la desestimación de las encuestas que señalaban que Castillo les superaría ampliamente en votos. Una práctica de paternalismo, supremacismo cultural, al igual que presentarse como el socialismo preparado, depurado, redimido, experimentado, tecnócrata. Al intentar, en calidad de derrotados, imponer condiciones a la izquierda provinciana. No extraña que representantes y simpatizantes suyos se sumen hoy al pedido de que vayan todos.
La frase fue consigna en 2020 contra el asalto al poder bajo el mecanismo de vacancia presidencial por parte del Congreso, capturado, como el actual, por el interés de conservar o extremar las desigualdades del orden económico.
No es la demanda de gremios y trabajadores. El agotamiento general apunta a la disputa de poderes legislativos y ejecutivos. La de Castillo es una representación en la que se vieron y se reflejan las mayorías: el campo, los andes, las comunidades originarias, lo cholo y el mestizaje, los de abajo. El significado del rechazo a una oligarquía impuesta a sangre se confunde con la anulación de un conjunto de expresiones populares, mayoritarias, que por primera vez ganaron unas elecciones democráticas. ¿Tan fácilmente tuercen los principios de un sistema que dicen defender? ¿Quiénes vendrán cuando se vayan todos? Es la ficción de la democracia representativa -neoliberalizada- como el mejor sistema posible.
En un contexto de pugna de grupos de poder, se prolonga el clima amenazante anunciado en el golpe de Estado de noviembre 2020. Se trata de la disputa de quienes concentran los recursos materiales y simbólicos de la república empresarial, como denomina el sociólogo y economista peruano Francisco Durand, a la forma que tomó el aparato institucional público desde el fujimorismo. Una guerra de capitales, tradicionales y emergentes, que no vacilan en trasladar a las calles, a una población aún dividida por estigmas de la guerra interna y la violencia política recientes.
