El colegiado del Segundo Tribunal de Circuito en Materias Civil y Administrativa revocó la sentencia del juez 4º de distrito de Oaxaca, quien había decidido contra la explotación minera de la empresa Zalamera S.A de C.V, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, en 5 mil hectáreas del territorio del pueblo chontal.

Apegado a marcos jurídicos internacionales, este pueblo originario había apelado a su autonomía y a su autodeterminación, alegando sobre la inconstitucionalidad a la que se incurrió al haber emitido el título de concesión por parte de la Secretaría de Economía sin haberles informado ni consultado. Por tanto, el juez dictó sentencia favorable al pueblo chontal en febrero del año 2020.

“Esta fue una decisión histórica porque la determinación del juez defendió no solamente las comunidades directamente afectadas por la concesión, sino todo el pueblo chontal”, señaló la abogada Aracely Olivos Portugal, de la organización civil Tequio Jurídico.

Sin embargo, la minera, al ver que casi pierde el caso, movió sus piezas para invalidar el juicio. Mañosamente, desistió de la concesión, “sabiendo perfectamente que con esa acción pone en riesgo la existencia misma del juicio, porque los tribunales van a decir que, si ya no existe esta concesión, ya no hay nada que analizar y ya no hay derechos que proteger”, asevera la abogada.

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Y fue lo que pasó. “El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito decidió que el desistimiento de la concesión es algo que beneficia a las comunidades y que, por tanto, no hay ningún riesgo a la comunidad y ningún acto que mantenga vivo el juicio de amparo contra esta concesión”, explicó Olivos.

“No estamos de acuerdo”, refiere la abogada con respecto a la argumentación de los magistrados. “Sabemos que es una estrategia de mala fe de la minera y no es la primera vez que ha pasado”.

Para la abogada Olivos, esta es una estrategia muy común por parte de las empresas mineras en colusión con la Secretaría de Economía. Al ver que van perdiendo el juicio, desisten de la concesión y, consecuentemente, se suspende el caso, para después volver a hacer el pedido de concesión.

La empresa aplicó el mismo procedimiento, en el año 2015, en San Miguel del Progreso, estado de Guerrero. “Con la comunidad me’phaa, desistieron de las concesiones y, al llegar el caso a la corte, se dijo que como ya no hay concesiones, no hay juicio. Esta fue la primera vez que la corte se iba a pronunciar sobre la ley minera”, agrega la abogada.

El pueblo Chontal sería el tercer pueblo indígena al que se le aplica la misma estrategia de invalidar su proceso jurídico. El segundo fue en Puebla, con la comunidad de Tecoltemi, donde la empresa Almaden Minerals Ltd, también de capital canadiense, intentó invalidar el juicio.

“La minera hizo lo mismo, intentó pedir una reducción de su concesión para que ya no abarcara el territorio de la comunidad de Tecoltemi y desistirse de la fracción de la concesión que abarca esa comunidad, pero las abogadas litigaron muy bien y la Secretaría de Economía dijo que no se podía desistir. Actualmente está en la corte”, detalla Olivos.

La abogada sostiene que la defesa del territorio chontal debe continuar. “Seguramente no van a desistir del oro, plata, cobre, zinc y plomo que hay en este territorio”.

Por su parte, el pueblo Chontal ya decidió mediante actas que declaran su territorio prohibido para la minería. No quieren esta industria extractiva en su región.