^{En portada: Librada Arnulfo, hermana de Felipe Arnulfo, uno de los normalistas de Ayotizanpa que fueron desaparecidos, participa en una protesta afuera de la Procuraduría General de la República. 26 de mayo, 2016, Ciudad de México.  Foto: Clayton Conn.}

Este jueves (19), Andrés Manuel López Obrador sostuvo en conferencia de prensa que, de 100 compromisos que dijo cumpliría durante su gobierno, ha cumplido con 98 de ellos, solo le resta, a parte de la descentralización del gobierno, “el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa”. A su vez, dijo el mandatario mexicano, que no es sencillo, porque se trata de “una red de complicidades y componendas”.

Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), puntualizó que está dando seguimiento a personas involucradas en el caso que habían evadido a la ley y, aceptó, que al menos ocho personas vinculadas al caso han sido asesinadas. “Claro, hay que entender el problema de la violencia en esta región del estado de Guerrero. Tiene que ver no solamente con este ajuste de cuentas, o este pacto de silencio para borrar toda huella del caso de Ayotzinapa”, sino que también una reorganización del narcotráfico, sostuvo Encinas.

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Estos asesinatos se han suscitado a casi siete años, desde aquel 26 de septiembre de 2014, en que los estudiantes, de entre 17 y 25 años, pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron desparecidos. En esta acción participó el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos y de forma inusual, la policía estatal y municipal. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y, por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos”.

Encinas asevera que han sostenido una serie de reuniones con los familiares de los 43 estudiantes desparecidos y que a partir de la última semana de agosto evaluarán los avances con los familiares, junto a Omar Gómez Trejo, Fiscal de la Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa.