En portada: Conferencia de prensa realizada por la organización indígena. Foto de Vanessa García Navarro

Este lunes (9) por la mañana, “Día internacional de los pueblos indígenas”, representantes del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI) se posicionaron enfrente del templo de Santo Domingo, en Oaxaca, para realizar una nueva acusación sobre un viejo problema, no sólo vigente, sino creciente: agresiones hacia sus miembros por parte del Estado mismo, asociado con el crimen organizado.

Cristóbal Ramírez (actual vocero del CODEDI), procedió a leer el comunicado, en el cual denuncia que el pasado 24 de julio se suscitó la aprehensión injustificada de él y su compañero Josué Sánchez. La policía municipal, abordo de la patrulla con número A-0005, perteneciente a Santa María Huatulco, los detuvó por una presunta denuncia ciudadana por “conducta sospechosa”.

Sin ninguna prueba para imputarles crimen alguno, fueron informados que los trasladarían a la comandancia, a lo cual ellos accedieron; no obstante, los eventos se tornaron viciados, ya que los agentes simplemente los condujeron a otro lugar, poco antes de un punto conocido como “el crucero”. Los interrogaron, los registraron y al no encontrarles armas (tal y como los dos jóvenes les habían indicado), los  llevaron a una zona de terracería. Ahí los entregaron a dos personajes vestidos de civil (que claramente no eran miembros del cuerpo policiaco, sino, posiblemente, del crimen organizado) a quienes les encomendaron “trabarlos”.

En manos de estos sujetos, Cristóbal Ramírez y Josué Sánchez fueron amagados y violentados. Finalmente los enviaron al que era su destino original (la agencia policiaca en la cabecera de Santa María Huatulco), en donde la policía los obligó a pagar una multa (también injustificada) y recibieron nuevas amenazas: “Para pasar por Santa María Huatulco, deberían pagar, nadie pasa de forma gratuita”.

Así, este reciente calvario de tres horas se extiende con secuelas. Una amenaza no sólo para los involucrados directos, sino una advertencia descarada de la corrupción e impunidad que rige el municipio de Santa María Huatulco, al estado de Oaxaca, e impacta contra la ciudadanía, especialmente los pueblos originarios.

También, es la oportunidad de exigir justicia por los crímenes que no se olvidan. Ya antes habían acontecido ataques a integrantes del CODEDI, pues el 12 de febrero del 2018 fueron emboscados cuatro integrantes de la organización, siendo el saldo tres asesinados (dos menores de edad y uno de los fundadores). El único sobreviviente, Abraham Ramírez Vásquez, ha sufrido varios intentos de asesinato y hoy en día necesita estar en resguardo.

Por otro lado, Fredy García Ramírez (anteriormente miembro del primer comité general, vocero y cara pública del CODEDI), quien apenas hace dos años era coorganizador del “Tercer Encuentro Nacional de Teatro del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas”, declaraba para Avispa Midia, “nosotros como organización decimos que somos como una piedra en el zapato para el Estado”. Con ello comprueba desde hace casi 24 meses la verdad de sus palabras, ya que desde noviembre del 2019 fue apresado arbitrariamente en el penal de Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Hoy en día las autoridades, lejos de dar respuesta y solución a su proceso legal, vulneran a García Ramírez, confinándolo apartado de sus compañeros bajo pretexto de la COVID-19.

Quedan muchas irregularidades y perjurios por vencer, lo cual representa un nivel mayor de dificultad, porque de acuerdo a la organización indígena, los antagonistas de los pueblos originarios son el mismo gobierno estatal, federal y la red de narcotráfico. Sin embargo, en palabras de la propia CODEDI, “demandaremos nuestros derechos a vivir en paz, como pueblos originarios, porque no es posible que una pequeña familia con una pequeña tienda en la esquina, el comercio desorganizado en la zozobra del miedo por la pandemia, además de estar viviendo en la precariedad, tiene que soportar a un narco estado que cobra el piso por habitar lo que es nuestro en contubernio con quienes dicen vela por la seguridad”.

Hoy, nuevamente, llaman a los medios y a los defensores de los derechos humanos de México y el mundo a no quitar la vista de ellos, porque ellos no quitaran el dedo del renglón hasta conseguir justicia.