The route of oblivion: Discrimination and inequality, main practices against migrant population
BOLETÍN DE PRENSA
28 de julio de 2011
FRONTERA SUR, LA RUTA DEL OLVIDO: DISCRIMINACIÓN Y DESIGUALDAD PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTRA LA POBLACIÓN MIGRANTE Y SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADOS
- Representantes de la sociedad civil y redes de derechos humanos de Chiapas, Tabasco y Centroamérica se reunirán con el Relator de Migrantes de la CIDH
- Defensa y promoción de los derechos de las personas migrantes, comunidades de origen, trabajo agrícola temporal, inmigración, migración forzada, niñez migrante, acceso a la justicia, Estación Migratoria Siglo XXI y migrantes desaparecidos, algunos de los temas que se abordarán
Ausencia de una política migratoria con enfoque de género y derechos humanos, criminalización de las y los migrantes, falta de garantías y acceso a sus derechos fundamentales, practicas discrecionales por parte del Instituto Nacional de Migración, violación sistemática de derechos humanos en las Estaciones Migratorias, persecución de las defensoras y defensores de derechos humanos, son algunos de los pendientes que el Estado mexicano tiene en materia de migración.
Temas que se pondrán en la mesa de análisis durante la reunión que sostendrán organizaciones de la sociedad civil y redes de derechos humanos con el Relator sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, este 28 y 29 de julio en la Ciudad de Tapachula, Chiapas.
Y es que para la sociedad civil el hecho de que la reunión sea justamente en esta frontera sur, que por años ha sido olvidada pese a que es la puerta de ingreso a territorio mexicano y transito hacía Estados Unidos de países centroamericanos, sudamericanos, asiáticos y africanos, constituye una forma de visibilizar las prácticas que vinculan el tema migratorio al de seguridad nacional y donde confluyen los diferentes flujos migratorios y se palpa la discriminación y desigualdad hacía esta población.
El ingreso irregular de personas migrantes a nuestro territorio es visto como un problema de seguridad nacional, según el Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 en el que se menciona que para proteger la integridad territorial y soberanía se vigilarán con mayor rigor policiaco y militar las fronteras; se ejecutarán operativos de verificación migratoria en los puntos de tránsito; así como la construcción de más centros de detención para personas en condición migratoria irregular, entre otras acciones[1].
Las prácticas de control y regulación migratoria en ésta frontera sur, disfrazadas de una política migratoria a favor de los derechos humanos, han aumentado la condición de irregularidad y las rutas por las que las personas migrantes transitan, al mismo tiempo aumentaron las posibilidades para que las y los migrantes y sus familias corran riesgos de robos, agresiones físicas, sexuales y psicológicas, extorsión, desapariciones forzadas, secuestros, intimidaciones y detenciones arbitrarias que tienen como perpetradores o coadyuvantes, por acción u omisión, a autoridades adscritas a los tres órdenes de gobierno.
En este contexto, Chiapas y Tabasco son los estados que merecen mayor atención por su condición fronteriza y por ser el principal paso de migrantes. En este marco, se entiende el valor estratégico de la frontera sur mexicana, donde se realizan el 85 por ciento de las detenciones a la población migrante, además de encontrarse más de 15 puntos de detención entre los que se encuentra la Estación Migratoria Siglo XXI, una de las más grandes de Latinoamérica, garitas y casetas de verificación.
Por ello como organizaciones defensoras de derechos humanos exigimos a los gobiernos municipal, estatal y federal:
1. Diseño de una política integral de migración con un enfoque de derechos humanos, que desasocie el tema migratorio al de seguridad nacional, avalada por la academia y la sociedad civil
2. Desistir de la persecución y criminalización de la población migrante
3. Garantizar el acceso, efectivo, a los derechos humanos de las y los migrantes
4. Protección integral de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados y/o separados de sus familias
5. Prohibir la detención de migrantes en Estaciones Migratorias, como regla general
6. Eliminación del visado para los países Centroamericanos, situación que traería como consecuencia la disminución del tráfico de personas y redes de corrupción
7. Garantizar la incorporación a la sociedad, sin discriminación, de la población migrante establecida
8. Armonizar, en las leyes locales y federales, las recomendaciones emitidas por distintos instrumentos internacionales en materia de migración
9. Que el Estado mexicano respete, proteja y garantice todos los derechos humanos para todas las personas sin distinción de raza, nacionaliad, condición migratoria, sexo y edad.
Cabe señalar que luego de la visita del Relator, Felipe González, por nuestro país se espera que emita, en los meses posteriores, una serie de recomendaciones al Estado mexicano con el propósito de que éste garantice el respeto y acceso de los derechos humanos de la población migrante.
Para mayores informes contactarse con:
Miriam González Sánchez
Área de Comunicación
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC
Tel. 01 (962) 6425098
Móvil. 9621072406
Twitter: @CDHFrayMatias
Suscriben el presente boletín:
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Comité de Derechos Humanos de Tabasco; Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, A.C; Defensoría de Población Desarraigada y Migrante; Instituto de Investigaciones y Gerencia Política de la Universidad Landivar; Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA); Por la Superación de la Mujer, A.C; Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala; Servicio Jesuita para Migrantes de Centroamérica
[1] Informe Alterno sobre la Situación General de los Derechos de las y los Migrantes y sus Familias. Elaborado por más de 20 organizaciones de la sociedad civil de México y Centroamérica
