Tiempo de lectura: 7 minutosEl caso de la comunidad Chaab’il Ch’och’ sobre la propiedad de la tierra se encuentra en una de las cortes en Guatemala. Son familias Maya Q’eqchi’ que viven en Livingston Izabal. El reclamo no es nada nuevo en el país: comunidades indígenas asentadas por muchas décadas que reclaman el derecho a la propiedad de la tierra.

La comunidad disputa dos fincas en una zona montañosa que colinda con el Caribe en un extremo y  en otro con la reserva natural Chocón Machacas, con el río que lleva el mismo nombre y que se une al río Dulce. La disputa de la tierra involucra a terratenientes, militares, a un expresidente, un exministro, ambos en prisión por casos de corrupción y a un financista de partidos políticos.

Por Nelton Rivera

Las autoridades de la comunidad Chaab’il Ch’och’ decidieron acudir a la justicia en reclamo de la propiedad de la tierra. Son dos fincas en Izabal en disputa y que habitan desde varias generaciones atrás. Para buscar el reconocimiento legal del derecho histórico que tienen sobre la tierra, presentaron un amparo el 4 de septiembre de 2020 en la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil. Argumentaron que como comunidad indígena han sido víctimas de varios agraviados ocurridos en distintos periodos y durante distintas etapas.

Las familias se convirtieron en mozos colonos con la llegada y extensión del cultivo de café durante el siglo XIX. Luego, durante el Conflicto Armado Interno, la represión del ejército los desplazó de manera forzada y provocó que nuevamente perdieran la tierra. En tiempos de paz, recientemente con Otto Pérez Molina en la presidencia, recibieron amenazas, ataques y desalojos, como el vivido en 2017 en contra de 210 personas de la comunidad.

En marzo de 2021, cinco autoridades Q’eqchi’ de la comunidad viajaron desde Livingston y participaron en una vista pública, como parte del seguimiento al amparo por la pandemia; esto lo hicieron a través de una videollamada. En esta vista presentaron sus argumentos sobre esos agravios y por el despojo de la tierra comunal, que a criterio de la comunidad han habitado históricamente. Deberán esperar un nuevo plazo para que la Corte entregue su resolución sobre el amparo que contiene el reclamo de la comunidad.

“Buscamos el amparo para que la comunidad indígena Maya Q’eqchi’ sea respetada y que ya no sean vulnerados sus derechos en cuanto a la exigencia de la certeza jurídica de la tierra…”, expresó Raúl Icó dirigente de la comunidad.

La comunidad Chaab’il Ch’och’, que en idioma Q’eqchi’ significa “Tierra Buena”, está ubicada en el municipio de Livingston, Izabal, en el Caribe guatemalteco. El pueblo Q’eqchi’ está asentado en este territorio. Los primeros registros de la existencia de la comunidad indígena son del año de 1,850. A pesar de eso, la gente en la comunidad afirma que sus antepasados llegaron mucho tiempo antes. Después de un siglo y 71 años, el Estado de Guatemala no ha reconocido a la comunidad como la propietaria de estas tierras.

La abogada Wendy Geraldina López, quien los asiste legalmente, forma parte del Bufete para Pueblos Indígenas,  Se refirió a esos distintos momentos y agravios que la comunidad ha tenido que atravesar. Los registros oficiales dan cuenta que en el siglo XVII a la comunidad se le conocía como la Comarca de Machacas. Con el paso de los años cambió su nombre a Chiná Machacas y a partir del siglo XIX se le llamó Chaab’il Ch’och’.

“En aquel tiempo nuestros abuelos la llamaron Machacas. Durante el tiempo de la esclavitud,  sometidos a ser mozos colonos, fueron expulsados de Alta Verapaz y lograron encontrar tierra fértil en Livingston Izabal. Así se formó Chiná Machacas “pequeño pez”, con nuestros antepasados y con nuestras raíces; nosotros somos los nietos y bisnietos de ese origen de la comunidad.” afirmó Icó.

La abogada detalló que fue a través de varias ilegalidades que encontraron con la inscripción de las dos fincas las que facilitaron que otras personas o testaferros se asumieron como los supuestos propietarios. Luego apareció Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi Aparicio y Rodrigo Lainfiesta Rímola también acusado por corrupción. Lainfiesta falleció el año pasado por contagio de covid-19. Todos  buscaban apropiarse de las fincas. Pérez Molina y Sinibaldi están en prisión por su participación en casos de corrupción en Guatemala. Chocón Machacas: Sinibaldi y el pueblo q’eqchi que lucha por la recuperación de la tierra parte I

Para los comunitarios la tierra está ubicada en lugares estratégicos del país. Tiene entrada directa al Caribe y se ubica cerca a la reserva natural Chocón Machacas, una ubicación que los supuestos propietarios utilizaban para el narcotráfico, según denunciaron los propios comunitarios en 2018, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Según los solicitantes, el área de Livingston sería favorable para el intercambio comercial y también para negocios ilícitos como el narcotráfico. Los solicitantes indicaron que la comunidad estaba rodeada por fincas de “narco-ganaderos” y de personas que realizan narcoactividades.” cita la CIDH.

Antecedentes históricos de la tierra en disputa

La tierra en dónde está asentada la comunidad tiene como registro dos inscripciones. Resultado de éstas ha sufrido dos desmembraciones (finca 4272 y la finca 3153), ambas del grupo norte de Izabal. Las inscripciones tienen varias anomalías. La investigación hecha por el Bufete para Pueblos Indígenas reveló que la primera inscripción fue hecha entre 1911 a 1912, beneficiando a una persona de apellido Rosales. Esta persona falleció en 1923, bajo el régimen de Manuel Estrada Cabrera. Estaba vigente el Código Fiscal donde se regulaba que para que la tierra fuera entregada a una persona, esta debía realizar un reclamo de tierra baldía, con lo cual se debía demostrar que no existiera ningún habitante y no hay registro de ese reclamo.

La información relacionada a las escrituras da cuenta de que los límites de la tierra colindan con la Comarca, con la calle liberada y con los indios, citan los documentos de los registros de la finca 4272. Para la abogada la explicación es sencilla, aunque el agrimensor -quien realiza la medición de la tierra- no quiso hacer la visita y hacer su informe, pero afirma que entrevistó a las personas colindantes, lo que significa que la tierra no estaba baldía y que las familias Q’eqchi’ ya la habitaban desde tiempo atrás.

Otro de los hallazgos importantes es la descripción del agrimensor de esa época, quien hace referencia a uno de los informes de la Municipalidad de Livingston, elaborado entre los años 1906 a 1907. La municipalidad hace ver que no se puede conceder la tierra porque en su interior existe la Comarca de Machacas y que por esa razón no puede adjudicarse la tierra.

A pesar de esas limitaciones legales, Estrada Cabrera firmó un acuerdo gubernativo cediendo la propiedad de la tierra a Rosales. La abogada informó que esta persona murió intestada; no dejó ningún testamento o documento en el que cediera la tierra a otra persona. El bufete solicitó información a la Corte en relación a la supuesta propiedad de Rosales, pero no existe ningún documento.

En 1991 apareció un supuesto testamento elaborado por Rosales. Sus dos hijos aparecieron y comenzaron el proceso sucesorio de intestado. Un año después falleció la hija de esta persona y de la nada surgió en 1993 un documento de compra venta de derecho sucesorio a favor de una tercera persona, afirmó la abogada. La ley es clara al dar un período de 6 meses para reclamar un proceso sucesorio, si una persona no deja un testamento y en este caso pasaron más de 70 años para que aparecieran estas personas e hicieron el reclamo.

Otro hallazgo lo constituyen las dos inscripciones, que están hechas de forma anómala en el Registro General de Zacapa. Según la ley guatemalteca, los únicos lugares en los que se pueden registrar propiedades son el Registro General de la zona central en la ciudad de Guatemala y el segundo lugar es el Registro de la Propiedad.

La abogada afirma que lo extraño es que a pesar de que los documentos no fueron elaborados de manera legal, se inscribió la propiedad; la sucesión de derechos de la tierra se va dando de manera irregular e ilegal. Con todo ese contexto se da la compra-venta de la finca 3153, hasta la fecha esta misma finca corresponde a la llamada finca Santa Izabel, que en los últimos 9 años ha sido objeto de una fuerte disputa, por parte de personajes como Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta, en contra de la comunidad indígena.

¿Qué sucedió con la finca 4274?

En este caso, el agrimensor sí se presentó a medir y verificar cómo se encontraba la tierra. La información en el expediente da cuenta de que esta persona si localiza la existencia de chozas dentro de la finca y por ende confirma la presencia de habitantes. En todo este tiempo la finca fue usada solamente para crear créditos hipotecarios.

El hallazgo que para la abogada resulta impactante es que, al igual que la finca Santa Izabel, no existen documentos sucesorios ni testamento. Finalmente la propiedad llegó a manos de una familia de terratenientes dedicados al café, se trata de la familia De la Roca Pérez, originarios de Acatenango Chimaltenango y que se dedican a la siembra y exportación de café.

La investigación de los abogados refiere que la familia De La Roca Pérez llegó al territorio de Livingston en 1986 y en el contexto de la guerra logró despojar de la tierra a las familias de Chaab’il Ch’och’. Por favores militares se les beneficiaba con la obtención de fincas, explica la abogada.

Una de las hijas de la familia se unió en matrimonio con uno de los hijos de la familia Garavito Morán, con tradición en las filas del ejército de Guatemala. Se trata de Héctor Armando Garavito Morán. Uno de los hermanos Garavito está siendo procesado actualmente por delitos de lesa humanidad, cometidos en la zona militar 21 de Cobán Alta Verapaz conocida como Creompaz. Se trata de Carlos Augusto Garavito Morán.

“4. Según los solicitantes, durante el conflicto armado interno muchas tierras fueron escrituradas a nombres de otras personas, fundamentalmente militares; o simplemente ocuparon las tierras y, cuando las personas quisieron volver a ellas, se encontraron con que estaban ocupadas…” señala la CIDH en su resolución 3/2018, al resolver la medida cautelar No. 860-17.

“El Estado de Guatemala con el apoyo del ejército empezaron a apropiarse, realizaron el desplazamiento y a sacar familias amenazándolos para que abandonaran la tierra, ahí tuvo responsabilidad también el INTA, fue la ignorancia y al analfabetismo de nuestros ancestros no pudieron defenderse y tuvieron que emigrar a otros lugares.” describió Icó.