Por: Daniel Arellano Chávez y Javier Abimael Ruiz García

El día jueves 7 de Enero de 2021, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hizo pública la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en su modalidad regional (que implica que dicho estudio abarca más de dos municipios de una misma región), para la construcción del Libramiento Sur, carretera que conectará el valle de Tlacolula con la súper-carretera que conecta al Distrito Federal. Esta publicación se da casi una década después de que distintas comunidades de los valles centrales del estado de Oaxaca, organizadas en la “Coordinadora de pueblos en defensa del territorio”, se opusieran a dicho megaproyecto pensando que lo habían enterrado por completo.

La autopista tendrá una extensión de 67.5 km y se construirá con una inversión de aproximadamente 4,74 mil millones de pesos, es decir, “un costo de $70,215,016.53 por kilometro”, de acuerdo con la MIA.  Alrededor de 46% de dicha inversión será de capital privado. Además, la MIA sostiene que “solamente 434.8041 hectáreas serán afectadas de manera directa, entre el desmonte de vegetación y la fauna desplazada” de aproximadamente 21 municipios pertenecientes a la región de los valles centrales de Oaxaca.

Minería y parques eólicos

Dentro de las zonas de incidencia e influencia del proyecto están la producción minera y de energía eólica en el Estado. La intención del gobierno federal es agilizar el transporte de mercancías dentro del proceso de circulación de capital privado y potencializar los proyectos existentes, no solo como concesiones (en el caso de la minería), sino los que son considerados como altamente potenciales (zonas consideradas altamente potenciales para generar energía eólica y fotovoltaica, como lo señalan los documentos del Inventario Nacional de Energías Renovables y el Atlas de Energías Renovables).

Dentro de esta amalgama, la interconexión con el Istmo de Tehuantepec y, por lo tanto, con el Corredor multimodal seco – uno de los proyectos prioritarios del actual gobierno que intentará conectar el golfo de México con el Océano Pacífico -, así como las salidas a los grandes puertos y carreteras internacionales son de las cuestiones que más interesan en la construcción de este libramiento.

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De acuerdo con la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, a través de informaciones proporcionadas por la Coordinación General de Minería y la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, entre el 1 de Enero del 2000 y el 30 de Septiembre del 2010, en Oaxaca fueron concedidos 366 títulos mineros de exploración y explotación, que comprenden más del 15% del territorio oaxaqueño. Este dato se ha ido modificando hasta las actuales 427 concesiones reportadas por la actual administración federal en Diciembre de 2018.

De las 366 licencias mineras reportadas hasta 2010, 132, es decir más de un tercio de todo el estado, se encuentran en los Valles Centrales, divididas como sigue, según los distritos: 13 en Etla, 9 en Zaachila, 38 en Ocotlán, 47 en Tlacolula y 25 en Ejutla. Los municipios más “afortunados” en tierras explotadas por licencias mineras son: San Jerónimo Taviche, con 26; San Pedro Totolapa, con 20; Ejutla de Crespo, con 15; San Lorenzo Albarradas, con 9; San Baltazar Chichicapám, con 7; Magdalena Teitepec, con 7; Zimatlán, con 6; San Juán Lachigalla, con 5; San Dioniso Ocotepec, con 5; San Francisco Telixtlahuaca, con 5; San José del Progreso, con 4; lugares por donde debe pasar el Libramiento Sur, convirtiéndose en una ruta de transporte para la explotación de los recursos mineros de la región.

Es importante señalar que las dos minas impuestas en territorio del estado de Oaxaca – Fortuna Silver Mines-Minera Cuzcatlán en San José del Progreso y Gold Resource- Don David Gold en San José de Gracia – se encuentran en procesos de expansión del proyecto, tras 10 años de haber entrado por la fuerza a los territorios.

A más de 11 años de resistencia contra esta ruta de despojo, y de sucesivos intentos de los diferentes gobiernos estatales, que incluyeron el sangriento sexenio de Ulises Ruiz (2004-2010) a la “Alianza por la Paz y el Progreso” encabezada por Gabino Cué en la primera transición política pactada en el Estado de Oaxaca (2010-2016),  nuevamente con el PRI en el gobierno de mano de los Murat, y con el respaldo del Gobierno Federal, se activa dicha obra.

El Libramiento Sur nada tiene que ver con la bondadosa intención de conectar una comunidad con otra, ni el interconectar pueblos de diferentes regiones. Más bien, es un factor indispensable para la expansión minera en el estado de Oaxaca. Las condiciones para su expansión se crean a partir de la construcción de infraestructura adecuada para dicho propósito, construidas no solo con dinero privado sino también con dinero público.