por Alejandro Reyes

Cuando a los padres de Oscar Hernández Pacheco les dijeron que su hijo estaría libre a finales de agosto o inicio de septiembre, no cabían de felicidad. En el penal de Molino de Flores, don Paco y otros parientes de presos políticos que, desde la violenta represión policial en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006, enfrentaban la incertidumbre, el miedo y la indignación, ese día celebraban la noticia. “Ya ve, don Paco,” decía el padre de otro joven preso, procedente del poblado de Texcoco, “los muchachos ya pronto van a estar libres, nomás hay que echarle un poquito más de ganas”. “Pues se las festejamos allá en el pueblo”, contestó don Paco.

Pero días después, el 21 de agosto de este año, les dieron la nefanda noticia: su hijo, como los demás presos políticos recluidos en el penal de Molino de Flores, fueron sentenciados a 31 años y 10 meses de prisión bajo la acusación de secuestro equiparado, mientras a Ignacio del Valle le añadían 45 años a los 67 a los que ya había sido previamente condenado.

Cuando doña Francisca supo de la sentencia, estuvo a punto de ser hospitalizada. A los 63 años, tanto ella como su marido sufren de diabetes, condición que se ha agravado durante estos dos años de sufrimiento. “Mis hijos no querían que fuera al penal porque tenían miedo de que me pusiera mal, pero yo fui de todos modos. Estaba más tranquila, pero cuando llegué, sentí que yo ya no era yo. Me sentí muy mal. Al otro día fui al seguro y la doctora me dijo que me tenía que tranquilizar, porque si no me iban a tener que internar. ¿Pero cómo? Él tiene 30 años. Con otros 30, va a tener 60. ¿Cómo es posible que le hagan eso? Y sus hijos tan chiquitos… la niña tiene ocho años, el niño unos tres.”

Como la mayoría de los presos sentenciados, su hijo no participó en los enfrentamientos del 3 de mayo y no formaba siquiera parte del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), organización que, en 2006, defendía a los floricultores de Texcoco de ser desalojados de su local de trabajo.

En el auditorio municipal de San Salvador Atenco, a un lado de la plaza central, un pequeño grupo de familiares de los presos políticos relatan lo que han vivido estos dos últimos años y su indignación con las sentencias del 21 de agosto, mientras continúan los preparativos para la celebración del día de la Independencia, el 15 de septiembre de 2008, organizada por el FPDT. Continúa doña Francisca:

“El día que lo agarraron él iba a ver a un familiar que estaba muy enfermo. Lo detuvieron en la carretera. Le pegaron, le abrieron la cabeza, la cara. Tenemos una foto donde lo están golpeando, y un policía tiene una mitad de tabicón para pegarle en la cabeza. Yo no sabía, porque ese día él pasó a la casa. Estábamos desayunando pozole, su platillo favorito, y me dijo que iba a recoger a la niña y que más tarde regresaba para echarse un taco. Cuando empezaron a entrar los granaderos, nos encerramos. Como a las tres de la tarde mis hijos ya sabían que lo habían agarrado, pero no me dijeron para que no me pusiera mal. Pero entonces lo vi en las noticias, y fue así que me enteré.”

Algo similar sucedió con Julio César Espinoza Ramos, hijo de Maribel Ramos Rojas. En la época Julio César tenía 18 años y no había siquiera oído hablar del FDPT. Jugaba futbol, se dedicaba al comercio en el poblado de San Pablito Chiconcuac y le ayudaba a su abuela a cuidar el ganado. El 3 de mayo de 2006, Julio César conducía su motoneta por la carretera que pasa al lado de San Salvador Atenco. A la altura de la gasolinera de Tocuila, fue detenido en un retén de la policía federal. Ahí lo golpearon salvajemente, antes de trasladarlo a la procuraduría y, acto seguido, al penal de Santiaguito en Almoloya, Toluca.

Julio César no logra entender por qué le ha sucedido todo esto. ¿Por qué lo condenan a tantos años de cárcel, si él no hizo nada? ¿Por qué esa sentencia, mientras los verdaderos secuestradores, los que mutilan, matan, violan, están en la calle? “Él tenía tantas ilusiones”, dice su madre, “y ahora sus ilusiones se ven truncadas y todos esos sueños se quedan detrás de esos muros de la prisión.”

Juan de Dios Hernández, el abogado del FDPT que defiende la causa de los presos políticos, afirma que la sentencia se hizo sin que existieran pruebas plenas de responsabilidad de los acusados, en un proceso lleno de irregularidades y contradicciones. Inclusive, uno de los familiares atestigua que, al cuestionar al juez sobre la dureza de las sentencias, éste le respondió que él no tenía pleno mando y que la decisión venía de más arriba.

La motivación política de estas sentencias queda evidente en el hecho de que éstas fueron emitidas el mismo día en que se celebraba la muy divulgada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Palacio Nacional, en la que se discutió uno de los temas que más preocupan actualmente a la sociedad: la inseguridad que se vive en el país. Ahí se llegó al Acuerdo Nacional de Seguridad, mediante el cual se fortalecerán las instituciones policiales y de procuración de justicia, enfocándose en el secuestro, lavado de dinero y crimen organizado. Entre otras reformas legales, está la propuesta de una ley general del secuestro. Las sentencias contra los presos políticos de Atenco, justamente por el supuesto delito de secuestro, deben ser leídas como una señal de alarma para la sociedad mexicana pues criminalizan la disidencia y la defensa de los derechos, equiparando el activismo político al crimen organizado. “Estamos indignados”, dice Trinidad Ramírez Velázquez, esposa de Ignacio del Valle. “Cómo es posible que se atrevan a comparar a alguien que defiende la tierra y sus derechos con alguien que secuestra, asesina, mutila, viola y demás.” Una de las propuestas de Felipe Calderón ha sido aplicar la pena de cadena perpetua a los secuestradores. La pena de 112 años para Ignacio del Valle equivale, efectivamente, a cadena perpetua.

Cabe resaltar que, con relación a la inseguridad, a la ola de secuestros que cada vez más son tema de primera plana y a la narcoviolencia que asola el país, la corrupción y la impunidad son dos de los principales responsables. En prácticamente todas las bandas de secuestradores conocidas están involucrados agentes o ex agentes justamente de las fuerzas de seguridad pública que en teoría serían responsables por combatirlas.

Al mismo tiempo, mientras los presos políticos son sentenciados con penas absurdas, los responsables por las gritantes violaciones de derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco han gozado de completa impunidad. Los acontecimientos del 3 y 4 de mayo de 2006 representan uno de los momentos más oscuros de represión y violencia estatal en la historia del México moderno: homicidios, agresiones sexuales multitudinarias a mujeres y hombres, allanamiento de moradas, destrucción de propiedad, golpizas, torturas, humillaciones. La barbarie cometida en Atenco no se trató de la actuación descontrolada de fuerzas policiales mal preparadas, sino de una violencia de estado premeditada para infundir el terror en la población y sentar un precedente que sirviera de ejemplo para otros movimientos sociales. Las condenas del 21 de agosto son un ingrediente más de esta política de terror.

Es difícil describir el sufrimiento de las familias. “Soy madre soltera”, dice Maribel Rojas. “Él es todo lo que tengo y yo soy todo lo que él tiene. Me ha afectado mucho en el trabajo porque he tenido muchas ausencias y me puede costar el empleo, pero no puedo dejarlo solo. También me ha afectado en mi salud porque soy diabética y he estado hospitalizada muchas veces. Y desde luego económicamente, me ha sido muy difícil. Hay que llevarle alimentos, hay muchos gastos, y si no trabajamos, no hay de dónde, sobre todo siendo una persona sola. A mí me duele muchísimo verlo allá. El día que me habló por teléfono después de la sentencia, parecía ser muy fuerte para que yo no me cayera. Pero el día que lo visité era otra persona, totalmente quebrantada.”

Doña Francisca no puede controlar las lágrimas cuando habla de su hijo. “Me siento muy mal cuando no puedo ir a verlo, pero a mí me hace mucho daño ir al penal. Desde que estaba en Toluca, lo iba a ver. Y me siento mal cuando veo a mi hijo así. Por eso él me dice: No vengas, mamá, porque me pongo muy triste cuando te veo llorar. Y lloramos los dos. Pero Dios quiera lo voy a ir a ver y me voy a tranquilizar y no voy a llorar.”

Para don Paco la prisión de su hijo también ha sido devastadora. Él es campesino, planta maíz allá mismo, en Atenco. “Estos dos años han sido muy pesados. En este tiempo hay veces que no puedo verlo, porque tengo que trabajar. No hay dinero. Se le tiene que dejar dinero, comida, y hacemos el esfuerzo para ir y llevarle su encargo. Y ahí son 500, 600 pesos que se gastan nomás en un día. Imagínese, y luego sin dinero. Y nosotros nos estamos tronando los dedos porque yo no puedo trabajo así, en forma.” Doña Francisca explica: don Paco también está enfermo, frecuentemente cae en cama y pasa una o dos semanas sin poder trabajar.

Para Trinidad Ramírez, estos dos años han sido un verdadero calvario. Su hijo César estuvo preso casi dos años. Su hija América se encuentra prófuga. Y su marido Ignacio enfrenta una pena de 112 años en el penal de máxima seguridad de Almoloya. Sin embargo, se le ve fuerte, firme, decidida. “Pienso en ellos”, explica. “En Nacho en la cárcel, siempre tan positivo. Tengo miedo de deprimirme, de caerme y no poderme levantar para seguir luchando. El amor puede tantas cosas.” Cuenta que, a pesar de la sentencia, Ignacio está en pie. “Tiene mucha seguridad en lo que cree, en sus ideales, en su lucha. Por eso cuando digo que Nacho está bien no es que esté bien allá, porque las condiciones en el penal son muy duras, sino porque cree en sus ideales.”

Pero la represión y sobre todo las sentencias, cuya intención es amedrentar y silenciar, tuvieron también otro efecto. Maribel Ramos no sabía del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, nunca había participado en ninguna lucha, nunca había expresado su indignación ante las injusticias que percibe.

“Mi visión ha cambiado mucho”, dice Maribel, “porque antes éramos personas tímidas al expresar lo que está pasando en el país, la represión que sufrimos. Porque es realmente una represión lo que está haciendo el gobierno. Quieren ponernos como un ejemplo y decirle a la gente: si ustedes se rebelan, vean lo que les puede pasar, pueden correr la misma suerte que estas personas. Pero esto, en lugar de intimidarme, me ha hecho más fuerte y creo que es importante expresar mi indignación como madre, defender a mi hijo, porque es una persona totalmente inocente, y denunciar toda la injusticia que estamos viviendo. Es hora de levantar la voz. Si dijeron, ‘Se van a estar quietos’, pues creo que no. No. Tenemos que hacer frente y denunciar y decir lo que está pasando.”

Doña Francisca y don Paco, como otros parientes de presos políticos que nunca habían participado en alguna lucha, también se han acercado al FPDT, uniendo fuerzas para, juntos, exigir su liberación.

Para Trinidad Ramírez, “no hay mal que por bien no venga”. Las sentencias despertaron la indignación y dieron un nuevo impulso a la lucha por la liberación de los presos políticos de Atenco, en México y en el mundo. Este 15 de septiembre, el FPDT organizó en la explanada de San Salvador Atenco un “Grito por la libertad”, y para el 23 de septiembre está planeada una marcha del Ángel a Los Pinos en la ciudad de México. Al mismo tiempo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció que se reforzaría el plantón frente al penal de Molino de Flores, convirtiéndolo en un espacio de encuentro de la Otra Campaña, y convocó a la renovación de la campaña nacional e internacional por la liberación de los presos políticos.

Hay, para muchos, una conciencia de que exigir la liberación de los presos de Atenco es una necesidad urgente porque lo que está en juego, además de las vidas de hombres inocentes, es el derecho a la resistencia y a la defensa de los derechos fundamentales. Es, en suma, una lucha por un México con justicia, democracia y libertad.by Alejandro Reyes

When the parents of Oscar Hernández Pacheco were told that their son would be free in late August or Early September, they were overwhelmed with happiness. At the prison of Molino de Flores, don Paco and other relatives of political prisoners — who since the violent repression in San Salvador Atenco on May 3 and 4, 2006, had faced uncertainty, fear, and indignation — celebrated the news. “You see, don Paco,” said the father of another young prisoner from the town of Texcoco, “the kids will soon be free, we just need to stick it out a little longer.” “We’ll celebrate back in our town,” answered don Paco.

But some days later, on August 21 this year, they heard the terrible news: their son, like all other political prisoners held at Molino de Flores, were sentenced to 31 years and 10 months in prison, accused of kidnapping, while Ignacio del Valle was given an additional 45 years, on top of the 67 which he had already been sentenced to.

When doña Francisca learned of the decision, she fell ill. At 63 years of age, both she and her husband suffer from diabetes, an illness which has worsened in these two hears of anguish. “My children didn’t want me to go to the prison because they were afraid for my health, but I went anyway. I was a bit calmer, but when I got there I felt like I was no longer myself. I felt very ill. The next day I went to the hospital and the doctor told me I had to calm down, or I would have to be hospitalized. But how? He’s 30 years old. In another 30, he will be 60. How can they do that to him? And with such young children… the girl is eight years old, the boy is about three.”
As most of the prisoners sentenced, their son did not participate in the confrontations on May 3 and was not even a member of the Peoples’ Front in the Defense of the Land (FPDT), the organization that in 2006 was defending the flower vendors of Texcoco from being evicted from their place of work.

In the municipal auditorium of San Salvador Atenco, on one side of the central plaza, a small group of relatives of political prisoners recount what they have lived through these past two years and their indignation with the sentences of August 21, while the preparations continue for the Independence day celebration, on September 15, 2008, organized by the FPDF. Doña Francisca continues:

“The day they captured him he was going to see a relative that was very sick. They stopped him on the highway. They beat him, they injured his head, his face. We have a picture where the police are beating him, and one officer has a piece of concrete block with which he’s hitting him on the head. I didn’t know anything because that day he’d been at home. We were having breakfast, eating pozole, which is his favorite dish, and he told me that he would pick up the girl and he would come back to eat some. When the troops started coming into the town, we locked ourselves up. At around 3 pm my sons knew they had arrested him, but they didn’t tell me because they were afraid for my health. But then I saw him in the news, and that’s how I found out.”

Something similar happened with Julio César Espinoza Ramos, son of Maribel Ramos Rojas. At the time Julio was 18 and he hadn’t even heard about the FDPT. He liked to play soccer, worked in sales at the town of San Pablito Chiconcuac, and helped his grandmother take care of the cattle. On May 3, 2006, Julio César was riding his scooter on the highway that goes by San Salvador Atenco. Near the gas station of Tocuila he was detained at a police blockade. There he was brutally beaten, and then taken to the police station, before being transferred to the high-security prison of Santiaguito, in Almoloya, in the state of Toluca.

Julio César doesn’t understand why all of this is happening to him. Why was he sentenced to so many years in prison, if he didn’t do anything? And why such a heavy sentence, while the true kidnappers, those who maim people, those who murder and rape, are free? “He had so many dreams,” says his mother, “and now those dreams are truncated, locked up behind those prison walls.”

Juan de Dios Hernández, the FDPT lawyer who defends Atenco’s political prisoners, argues that the sentence was made without convincing proof, through legal proceedings full of irregularities and contradictions. One of the relatives even claims that, when he questioned the judge about the harshness of the sentences, he answered that he didn’t have full control over it and that the decision had come from above.

The political motives behind the sentences are evident in the fact that they were announced the same day that a highly publicized meeting of the National Council on Public Security was being held at the National Palace. In this meeting one of the topics that most concerns Mexican society was discussed: the insecurity that is currently lived in the country. There, a National Security Agreement was drafted, through which police and judicial institutions will be strengthened, with a focus on fighting kidnapping, money laundering, and organized crime. Among other legal reforms is a proposal for a general law on kidnapping. The sentences against Atenco’s political prisoners, precisely for kidnapping, should be read by Mexican society as a sign of alarm, since they criminalize dissidence and the defense of basic rights, equating political activism to organized crime. “We’re indignant,” says Trinidad Ramírez Velázquez, wife of Ignacio del Valle. “How dare they compare someone who defends the land and his rights to someone who kidnaps, murders, mutilates, rapes, and so on.” One of President Felipe Calderon’s proposals is to apply life in prison to convicted kidnappers. The sentence of 112 years to Ignacio del Valle is nothing less than life in prison.

It’s important to note that, regarding insecurity, the wave of kidnappings that are increasingly the topic of front-page headlines, and the drug-related violence that plagues the country, state corruption and impunity are two of the main contributors. Practically all known kidnapper gangs have members who are agents or former agents of precisely the same police forces which are in theory in charge of combating them.

At the same time, while political prisoners are given these absurd sentences, those responsible for the blatant human rights violations committed in San Salvador Atenco enjoy complete impunity. The events of May 3 and 4, 2006, represent one of the darkest moments of state repression and violence in the history of modern Mexico: murders, mass sexual aggressions against women and men, breaking and entering without a warrant, destruction of property, beatings, torture, humiliations. The savagery committed in Atenco were not just the uncontrolled actions of unprepared police forces, but rather a premeditated act of state violence designed to provoke terror in the population and to set a precedent that serves as an example to other social movements. The sentences of August 21 are just one more ingredient of these politics of terror.

It is hard to describe the pain of the families. “I’m a single mother,” says Maribel Rojas. “My son is all I have, and I’m all he has. This has affected me a lot at work because I’ve had to miss many times and I’m afraid to lose my job, but I can’t leave him alone. It’s also affected my health because I have diabetes and I’ve been hospitalized many times. And of course, it’s been very hard economically. I have to take him food, there are many expenses, and if I don’t work, how am I going to get the money, especially being alone? It hurts me a lot seeing him there. The day he called after the sentence, he seemed strong because he didn’t want to hurt me. But when I went to see him, he seemed an entirely different person, he was entirely broken.”

Doña Francisca can’t hold back her tears when she speaks of her son. “I feel very bad when I can’t go see him, but it hurts me a lot when I go to the prison. Since he was in Toluca, I used to go see him. But I feel terrible when I see my son like that. That’s why he tells me, ‘Don’t come, mother, because I get very sad when I see you cry.’ And we both cry together. But God willing I’ll be able to go see him and I’ll be calm and I won’t cry.”

For don Paco, his son’s imprisonment has also been devastating. He is a farmer, he plants corn in Atenco. “These two years have been very difficult. There are times I can’t go see him, because I have to work. There’s no money. We have to take money and food to him, and we make every effort to do it. And we spend 500 or 600 pesos in just one day. Imagine that, and we have no money. So we go crazy trying to find a solution, because I can’t work like I should.” Doña Francisca explains: don Paco is also diabetic and he often falls ill for one or two weeks at a time.

For Trinidad Ramírez, these two years have been a veritable ordeal. Her son César was in jail for almost two years. Her daughter América is in hiding. And her husband Ignacio faces a sentence of 112 years in prison. Nonetheless, she seems strong, firm, decided. “I think about them,” she explains. “I think of Ignacio in jail, always so optimistic. I’m afraid of falling into a depression and not being able to get up to continue fighting. But love can do so many things.” She says that, despite the sentence, Ignacio holds his head up. “He is very secure in his beliefs, in his ideals, in his cause. That’s why when I say that Ignacio is doing well, it’s not because he is well being there, because the conditions in prison are very tough, but because he believes in his ideals.”

But the repression and especially the sentences, which were intended to provoke fear and to silence people, had another effect. Maribel Ramos knew nothing about the FPDT, she had never participated in any struggle, she had never expressed indignation against the injustices she sees.

“My vision has changed a lot,” she says, “because we used to be very shy about expressing what’s happening in our country, the repression we suffer. Because what the government is doing is repression. They want to use us as an example and tell people: if you rebel, this is what can happen to you, you can have the same fate as these people. But instead of intimidating me, that has made me stronger, and I think it’s really important for me to express my indignation as a mother, to defend my son, because he’s completely innocent, and to denounce all this injustice we’re living. It’s time to raise our voices. If they said, ‘You better be quiet,’ well, I don’t think so. We have to face them and denounce everything that’s happening.”

Doña Francisca and don Paco, like other relatives of political prisoners who had never participated in any struggle, have also approached the FPDT, joining forces to struggle together for their son’s freedom.

For Trinidad Ramírez, “all bad things have a good side.” The sentences reawakened indignation and gave a new impulse to the struggle, in Mexico and around the world. This September 15, the FPDT organized an Independence Day event in the main plaza of San Salvador Atenco, and on September 23 a march is planned from the Angel to Los Pinos in Mexico City. At the same time, the Zapatista Army of National Liberation (EZLN) announced that the encampment in front of the Molino de Flores prison would be reinforced and that it would be transformed into a space of encounter for the Other Campaign. The EZLN also called for a renewal of the national and international campaign for the freedom of political prisoners.

For many people, demanding the release of Atenco’s political prisoners is an urgent necessity, because what is at stake, besides the lives of innocent people, is the right to resistance and the defense of basic rights. It is, in sum, a struggle for justice, democracy, and freedom in Mexico.