Residents detained in Juan de Grijalva for demanding that the government keep its promises
Mirada Sur: Detenidos en Juan de Grijalva por exigir que el gobierno cumpla promesas
Escrito por Heriberto Velasco / Mirada Sur
Miércoles, 01 de Junio de 2011 00:00
San Cristóbal de Las Casas, Chis. 2 de Junio. Habitantes de la llamada primera “ciudad rural sustentable” Juan de Grijalva, denunciaron el hostigamiento del gobierno de Juan Sabines surgido a raíz de que decidieran manifestarse para exigir el cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron, luego de la destrucción de su pueblo en noviembre de 2007 por un deslizamiento de tierra.
En un documento distribuido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, las familias afectadas denunciaron que el gobierno federal ya depositó el pago de sus tierras que resultaron afectadas, pero el gobierno de Chiapas se ha negado a darles el recurso, argumentando que para hacerles efectiva la indemnización es necesario cambiar el tipo de posesión de la tierra, cuestión que ya tramitaron, pero que ni así les han pagado.
Aseguraron que a raíz del desastre, el gobierno estatal, así como el gobierno federal, aportaron recursos y apoyos a los damnificados, “todo esto sólo en los momentos en que surgió el desastre” y crearon la primera “ciudad rural sustentable” del mundo, conocida como nuevo Juan de Grijalva, “hasta ese entonces se creía que esto cambiaría la forma de vida de los afectados y sería el primer paso, en esto no se equivocaron y así fue, pero no para el bienestar de esta comunidad”, afirman y agregan que realmente la ciudad rural es “todo un fracaso”.
Relatan que luego del deslizamiento, sus casas y parcelas quedaron totalmente destruidas y que a raíz de que CONAGUA y CFE comenzaron a trabajar para recuperar el cauce del río, también se vieron afectados los demás terrenos de la comunidad, pero acordaron con el gobierno del estado que todo les sería pagado y solamente había que cambiar del régimen ejidal al de propiedad privada para hacer efectiva la liquidación.
Sin embargo, a más de tres años no han recibido el pago, por lo que decidieron contratar los servicios de dos abogados para llevar los trámites necesarios, “por medio de ellos nos enteramos que la federación depositó al gobierno del estado el pago de la cota 93.5 a la 100. Inclusive teníamos un documento firmado por Laura Gurza, directora de protección civil federal, donde se corrobora esta información”, indican los afectados, al agregar que también el secretario de gobierno de Chiapas, Noé Castañón, reconoció que el dinero ya fue depositado.
Por lo anterior decidieron realizar una manifestación en sus parcelas, pero al momento en que la realizaban se presentaron al lugar más de 300 policías estatales diciéndoles que ya no protestaran, y que los llevarían al sitio indicado para hacer sus trámites, pero en su lugar, varios de ellos fueron detenidos y encarcelados.
En su denuncia, detallan cómo fueron detenidos sus compañeros y comentan que con motivo de esta manifestación “el gobierno del estado de Chiapas volcó sus ojos al ejido nuevamente, pero no con el propósito que se pretendía; y como al gobierno no le conviene un escándalo de esta magnitud, tomó represalias contra los manifestantes”.
Así que el pasado 17 de marzo, estando parte de la población reunida, se presentó un grupo aproximado de 200 a 300 policías, entre ellos p olicías ministeriales, conocidos también como policías judiciales, “llegaron hasta el lugar de la manifestación, siendo esta una manifestación pacífica, aclarando que la misma se realizó en una de las parcelas del ejido y que por obvias razones el dueño de esta parcela también es uno de los ejidatarios, y de una manera arbitraria los levantaron, todo esto bajo el engaño, diciéndoles que no siguieran con esa manifestación con el argumento de que los iban a llevar a negociar el pago de las tierras”, detallaron.
Agregan que el arresto de estas personas se ejecutó bajo las órdenes del Fiscal de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas del municipio de Pichucalco, Chiapas, José Luis Gómez Santaella, así como del Ministerio Público de Ostuacán, Edgar Benjamín Estrada Cervantes, “quien al parecer está actuando no sólo basado en el cumplimiento de su ejercicio como M.P., sino que creemos que actúa bajo su propio criterio y que lo está haciendo por interés propio y para lograr un beneficio personal”, refieren.
Detallaron que en seguida, los policías les solicitaron sus credenciales respectivas pero sólo a unos cuantos los apartaban del grupo. En total fueron 5 personas las que se llevaron y a éstos no precisamente los agarraron allí, sino en otros lugares distintos al lugar de la manifestación, sin saber si participaban o no en dicha protesta, “así pues los privan de su libertad y los acusan de delitos que no han cometido, ya que la compañía MÉXICO reconoció que la manifestación no era en perjuicio de ellos, sino que era una forma para llamar la atención del gobierno del estado y CFE, todo para que éstos realizaran los pagos correspondientes que hasta el día de hoy no se han concretado”.
Los detenidos fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez, confirmaron los afectados, y luego fueron arraigados en la famosa “Quinta Pitiquitos”. Pero no solamente ellos fueron detenidos, sino otros tres de sus compañeros que bajo engaños los llevaron a declarar a Ostuacán, y hasta ahora no han sido liberados.
Por todo lo sucedido, mencionan que a la fecha “la primera ciudad rural sustentable del mundo cambió de nombre, ahora es la primera ciudad rural asustada del mundo y esto es porque se vive y se percibe, el miedo, la falta de protección, la impotencia y sobre todo inseguridad, pero esta última no por parte de los que llamamos comúnmente delincuentes, sino de aquellos que se supone tienen que protegernos de éstos (las autoridades), esto es porque hasta donde se sabe existe una orden de aprehensión para todos aquellos que participaron en la manifestación, la cual serviría para la defensa de nuestros derechos”.
Dan a conocer que la ciudad rural está casi desértica, a excepción de algunas mujeres, adolescentes y niños que aún se encuentran allí, ya que los jefes de familia están huyendo debido a que tienen el temor que de un momento a otro los detengan.
“El problema actual para estas familias es la desintegración, la falta de recursos para el sustento de las mismas, el miedo constante, sobre todo el hecho de saber que difícilmente se puede hacer algo para detener y acabar con esta situación, ya que no se tiene el apoyo de nadie, sobre todo porque no se cuenta con el apoyo del gobernador, no sabemos hasta dónde ha sido de su conocimiento esta situación, pero lo que sí nos consta es que su gobierno no es el adecuado para resolver este tipo de asuntos, ya que esta lucha es contra ellos precisamente y todo porque no quieren soltar los recursos que les corresponden a los afectados en ese lugar y porque no quieren que nada ni nadie obstruya el paso para que así lleven a cabo su propósito que es la terminación de las obras en ese lugar”, argumentaron.
Agregan que han intentado llegar a un acuerdo con las autoridades correspondientes, “sin embargo, se nos ha negado todo acceso. Incluso hemos llegado hasta decir que no queremos ninguna indemnización, ningún pago por los desastres naturales, que el dinero destinado al pago de las tierras, de las casas, quede en sus manos, porque al fin de cuentas ha sido la manzana de la discordia, el motivo del enojo de las autoridades, aunque también nos parece justo ya que por propio derecho ese dinero nos corresponde, ya que el gobierno del estado de Chiapas, el cual está en manos de Juan Sabines en conjunto con CFE y no sabemos hasta dónde con el gobierno federal se ha lucrado con nuestras tierras y todo esto desde el momento del deslizamiento del cerro que se encontraba cerca del poblado y que por obvias razones benefició al estado de Tabasco en los tiempos en que este estaba padeciendo un diluvio, por eso muchos de nosotros nos atrevemos a creer que todo esto ha sido sólo mera estrategia del gobierno para así lograr sus propios fines”.
Por lo anterior exigen “que liberen a los presos de nuevo Juan de Grijalva, queremos que se respeten nuestros derechos; este es un caso que ha tocado los límites de la ley del más fuerte, y vemos con impotencia cómo nos aplasta, sin poder siquiera tocar la agujeta de sus zapatos. Así también exigimos que pare ya el hostigamiento y la represión por parte del gobierno del estado de Chiapas, así las personas del nuevo Juan de Grijalva, por todas aquellas que sin tener necesidad andan huyendo y por todos los familiares, entre ellos mujeres, adolescentes y niños”.
Finalmente puntualizan que no claudicarán en sus exigencias “no importa qué tan largo sea el camino que nos toque recorrer, estamos dispuestos a emprenderlo por tal razón solicitamos todo el apoyo posible. Pedimos la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para la solución de nuestro problema, estamos seguros que esta comisión podrá darle solución a nuestro caso; les aclaramos que no somos delincuentes, hemos trabajado en nuestras tierras por años para sobrevivir, somos personas humildes, que no debemos nada a nadie, somos gente de campo que trabaja y lucha; estamos acorralados por el gobierno del estado, no se olviden de nosotros, ni se olviden de las personas nuestras que están en la cárcel, hoy pedimos por ellos”, concluyen diciendo los afectados quienes piden omitir sus nombres por razones de seguridad.
