(Español) Frente a intentos de consulta, defender el territorio
Por Josefa Sánchez Contreras
Con pocos días de anticipación salió a la luz pública la convocatoria para las Asambleas Regionales Consultivas sobre la creación del “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” para ejecutarse los días 30 y 31 de marzo.
Las sedes anunciadas pretendieron abarcar a los pueblos indígenas de la región del Istmo: en el estado de Oaxaca, los zapotecos en Santiago Laollaga; los mixes, chinantecos y mazatecos en Jaltepec de Candoyoc, los ikoots en San Mateo del Mar, los Chontales en San Pedro Huamelula y los zoques en Santa María Chimalapa. En Veracruz, se contempló a los mixes, mixtecos, nahuas, afromexicanos y popolucas en la sede de Oteapan; finalmente, los chinantecos, zoques, zapotecos y totonaco en Uxpanapa.
Dicha convocatoria fue expedida por el gobierno mexicano mediante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La materia a consultar, según apunta su documento oficial era:
La creación del “Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec” en los aspectos que tienen una relación directa con los pueblos y comunidades indígenas consultadas, de manera particular, la rehabilitación / reconstrucción del Tren transístmico.
Desde el anuncio de la consulta, ésta despertó posicionamientos por parte de pueblos y organizaciones. La Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca (Redecom) emitió un comunicado en el que señaló que “la urgencia con la que actúan las autoridades federales, al organizar los foros de consulta, da la impresión de ser una simulación”. El Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, por su parte, en un comunicado conjunto “rechazaron y desconocieron cualquier simulación que se proponga la imposición de mega proyectos de muerte”.
El 29 de marzo los pueblos ikoots se reunieron en San Mateo del Mar, presididos por el presidente de bienes comunales, el Alcalde Único Constitucional y la Organización Monapäkuy. Allí, en pleno ejercicio de su derecho al territorio y la libre determinación, los pueblos de San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Álvaro Obregón, la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec (APIIT), la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y el Centro de Derechos Humanos Tepeyac consensaron: No a la consulta simulada. En dicha reunión levantaron un acta donde exigieron al INPI y a la SHCP la suspensión de la consulta y manifestaron su disposición al diálogo.
No transcurrieron ni 24 horas y, al día siguiente, se hizo oficial el cambio de sede para consultar al pueblo ikoots en la Ciudad de Salina Cruz. Ante ello, desde San Mateo del Mar los ikoots emitieron un manifiesto que apuntó agudamente
antes del derecho a la consulta como pueblo tenemos el derecho al territorio y a una vida […] Hay tantas leyes que nos protegen pero en este trabajo que se pretende implementar no se está considerando, vemos cómo sin respeto a nada pueden decidir sin nosotros, sin estar la ciudadanía y nuestros representantes informados en que consiste este trabajo, los procedimientos que conlleva y menos aún la forma que los pueblos podemos ser escuchados, rechazamos la consulta porque no cumple con las garantías mínimas establecidas para toda sociedad pero sobre todo para los pueblos indígenas, por no ser libre, ni previa, ni informada.
Llegó el 30 de marzo y las Asambleas regionales se instalaron. En la ciudad de Salina Cruz tuvo una escueta asistencia; en Jaltepec de Candoyoc el acto fue encabezado por el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, con una asistencia de aproximadamente 500 personas se llevó a cabo la plenaria donde se señalaron las irregularidades del proceso: “es muy poco tiempo para tomar una decisión que va a afectar la vida de los pueblos”. Por ello, dijeron, “lo que se hará no es una consulta, no es suficiente la información… así que no dejaremos que validen esta asamblea como efectiva para una consulta”. En Laollaga, de igual manera, no se alcanzó la etapa de consulta tal como se contemplaba en el programa de la convocatoria.
El día 31 de marzo le tocó ser sede a Oteapan y Uxanapa, Veracruz y a Santa María Chimalapas, Oaxaca. La instalación de éstas estuvo marcada por la presencia de militares y elementos de la Policía Federal.
En el municipio chima hicieron presencia 23 agentes municipales, tres comisariados, dos consejos de vigilancia, dos presidentes municipales, dos visitadores de Derechos Humanos, 1200 comuneros y comuneras y 46 representantes de gobierno, principalmente dependencias federales encabezadas por la subsecretaria de gobernación Diana Alvarez y Rafael Marín Mollinedo, éste último encargado del Corredor Multimodal Interoceánico y del desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
La exposición de Marín Mollinedo sobre el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec se centró en enumerar políticas públicas y servicios: empleos, carreteras y educación que capacite a los jóvenes para los futuros parques industriales; a ello se le suma la oferta de que los propietarios de las tierras contempladas para los proyectos serán partícipes del mismo. Como ejemplo se refirió al municipio de El Espinal, donde ya se está comenzando a construir un Centro de Innovación. Finalmente, aseguró que la modernización del ferrocarril de carga no afectará a las tierras de Chimalapas, pero de ocurrir esto en un futuro se realizará una consulta a los pueblos.
La posición de los zoques de San Miguel y Santa María Chimalapas fue clara: ubicar como punto prioritario la solución del conflicto agrario, agilizar la acción legal de los juicios, atender la Controversia Constitucional que desde el 2012 se interpuso en la Suprema Corte de Justicia. Así se remarcó “No a la privatización de nuestros recursos naturales” “Rechazo a las tres concesiones mineras otorgadas por la Secretaria de Economía en la zona oriente de San Miguel Chimalapa. Rechazo a las solicitudes de más concesiones mineras que se encuentran en la cartografía de la SE”.
Se enfatizó en que “esto es una asamblea y no una consulta” debido a que “como pueblo zoque no vamos a traicionar a los pueblos zapotecas y mixes, donde sí pasa la vía del tren”. El argumento se centró en que son los pueblos directamente afectados, por la remodelación del tren, los que deben decidir sobre sus tierras. Como resultado de toda la plenaria emanaron tres puntos: a) Solución a los conflictos agrarios, b) No se va a decidir sobre las tierras de los pueblos mixes y zapotecos, c) Se abre una mesa de infraestructura y servicios.
La presencia apabullante de los pueblos zoques y tzotziles en la Asamblea convocada en Santa María Chimalapa, antes que centrarse en la aprobación del Corredor Multimodal del Istmo de Tehuantepec, objetivo de la Convocatoria del gobierno de la 4T, fue un acto que confirmo dos cosas:
- Para los pueblos indígenas el primer punto a colocar en la agenda nacional de México es la tierra y el territorio, de modo que el verdadero respeto a los pueblos como sujetos de derechos público no radica en otorgarles proyectos sociales sino en el respeto al derecho del territorio que los pueblos consuetudinariamente poseen.
- La nutrida participación en Santa María Chimalapa se convirtió en un espacio donde los pueblos externaron sus problemáticas y necesidades dejando al descubierto los grandes problemas estructurales de desigualdad, desplazamientos forzados, ausencia de servicios como luz, carreteras, salud y educación y los rezagos agrarios.
En ese sentido, para lograr una Consulta apegada a los estándares internacionales debe informarse claramente a los pueblos cuáles son los impactos a la tenencia de la tierra y a los ecosistemas de los territorios, con un mapa del proyecto completo, pues la exposición del responsable del Corredor Multimodal ha dejado muchas dudas y se ha limitado a enumerar programas sociales. Esto supone un riesgo: el de un tremendo engaño a los pueblos.
En el fondo de todo esto el problema en la relación de los pueblos indígenas con el Estado-nación sigue radicando en un tutelaje estructural que imposibilita el real ejercicio de la libre determinación. El proyecto de desarrollo de nación del gobierno de la 4T continúa el sueño capitalista de sus antecesores, con la diferencia de un discurso democrático y progresista que promete la distribución de las ganancias y la inclusión de los pueblos al nuevo proyecto económico de nación.
No obstante, lo que no se dice es que este proyecto económico está diseñado por la inversión del capital y no es, en lo absoluto, es un proyecto de desarrollo en proceso de construcción “de abajo hacia arriba” tal como lo ha enunciado la subsecretaria de gobierno para justificar la escueta información que han expuesto sobre el corredor Multimodal. Enlistar todos los servicios que los pueblos necesitan no significa determinar el modelo económico de producción, sino incluir en los resquicios de una estructura ya determinada los programas sociales.
Algunos pueblos hicieron de las Asambleas un espacio para externar sus necesidades y para reafirmar la defensa de su territorio. Para otros pueblos estas Asambleas han sido simuladas por los caciques locales, quienes no tienen reparo en cambiar la tenencia de la tierra para imponer mega proyectos, tal como ha ocurrido con los zapotecas.
Finalmente, es importante señalar que en los pueblos de Oaxaca no se logró una Consulta sobre la construcción y remodelación del Tren Transístmico, tal como se proponía la metodología de la convocatoria, cuyo procedimiento indicaba realizar en un solo día tres etapas: a) la informativa, b) la deliberativa y c) la consulta y acuerdos. En ese sentido considerarla una Consulta sería una simulación jurídica.
