(Español) Simulada Alerta de Género incrementa violencia contra las mujeres en Chiapas
Informe de la Campaña contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas sobre la Declaratoria de Alerta de Género.
Las organizaciones que solicitamos y hemos dado seguimiento puntual a las medidas derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AGV) en Chiapas, exigimos este 8 de marzo (2019), el cese de su engañosa aplicación. Consideramos que las limitadas acciones emprendidas e informadas por el gobierno, a más de un año de su aplicación, lejos de detener la violencia, han resultado ser una simulación y una burla para las mujeres violentadas y asesinadas. Así mismo denunciamos que, las autoridades responsables de cumplir y hacer cumplir el derecho que tenemos las mujeres a la seguridad de nuestras vidas, es decir a vivir una vida sin violencia, han generado impunidad y han mostrado indiferencia, negligencia, desconocimiento y hasta complicidad con los perpetradores.
La violencia de género tiene causas múltiples y complejas, todas ellas ligadas a las relaciones de dominación/subordinación sobre las mujeres que histórica y culturalmente se han naturalizado como parte del imaginario colectivo patriarcal, colonial y sexista que prevalece tanto en las ciudades como en las zonas rurales del país. Ese carácter estructural de la violencia, abonado con la pobreza extrema y la desestructuración de la vida campesina que la modernidad neoliberal impuso oficialmente en Chiapas desde de los 80s, ha propiciado la idea de que las mujeres somos objetos no sólo de explotación y uso sexual del poder masculino, sino que, violando todos nuestros derechos, nos han convertido en objetos desechables a través de múltiples formas de violencia feminicida y victimización, incluyendo los feminicidios, que van aumentando y formando modelos de agresión, como sucede en bares, cantinas y antros en donde se prostituye, emborracha, droga, viola tumultuariamente, asesina y después arrojan al descampado o a la vía pública los cuerpos de niñas indígenas, como ha sucedido en 4 de los últimos casos de los que tenemos documentados. Lo anterior es ejemplo de que las autoridades no toman su responsabilidad en la política pública de seguridad para las mujeres, impidiéndonos el pleno goce y ejercicio de nuestros derechos.
Pretextando que la AVG no es un instrumento que se avoque a combatir el carácter estructural de la violencia, las acciones que se han realizado y que se reportan en el informe que el Gobierno del Estado de Chiapas presentó en la última sesión del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) en noviembre de 2018, son tan inocuas, superficiales e insuficientes que sólo han vulgarizado el concepto de género mostrando no sólo la incapacidad del gobierno para abordar el problema, sino también el carácter patriarcal obtuso de las instituciones y su funcionamiento. Estos hechos nos reafirman en nuestro posicionamiento de que no es sólo la presión al Estado lo que va a desaparecer la violencia de género hacia las mujeres, sino que somos los pueblos y especialmente las mujeres, quienes tenemos que luchar por nuestra autodeterminación personal y nuestra autonomía política, quienes podremos transformar el carácter patriarcal de la sociedad y hacer una lucha efectiva contra la violencia de este régimen neoliberal.
En los siguientes párrafos, exponemos detalles de la evaluación crítica que hoy entregamos al gobierno. A través de ejemplos concretos referentes a las estrategias de seguridad, prevención y justicia que se aplicaron, se ponen de relieve las razones por las que nos pronunciamos en contra de la continuidad de la AGV en Chiapas y por qué llamamos a las mujeres a continuar nuestras luchas desde la Campaña contra la Violencia y exigir al Estado nos garantice una vida sin violencia tanto en el ámbito público como en el privado.
Exigimos la transformación de la estructura, funcionamiento y dinámicas del Estado para eliminar el patriarcado (verticalismo, segregación, discriminación, explotación e impunidad). No se trata sólo una acción de protección a las mujeres, sino de generar políticas para que hombres, mujeres y el Estado mismo, eliminemos las relaciones de desigualdad que se oponen al ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Medidas de Seguridad.
Al respecto, los discursos oficiales de la AVG vulgarizaron el género en vez de promover relaciones de igualdad.
Las actividades de iluminación, limpieza de baldíos, construcción de bardas de lotes, y patrullajes,, son acciones que forman parte de las obligaciones cotidianas del municipio y que fueron reportadas como emergentes para aparentar el cumplimiento de la AVG.
Lo mismo ocurrió con las Unidades de Atención Inmediata a la violencia, que quedaron reducidas a mesas públicas de información sin mayor trascendencia.
Se informa de miles de órdenes de protección emitidas por las autoridades, sin embargo, no se presenta el análisis de su implementación y menos de los resultados obtenidos. Las órdenes de protección se tradujeron en meros documentos y no en acciones reales de protección a la vida de las mujeres.
A los policías se les encomienda el deber de investigar la comisión de delitos sin capacitación para ello, generando que la atención a mujeres sea revictimizante y basada en estereotipos masculinos de poder.
El informe del Gobierno de Chiapas refleja que más del 60% del presupuesto asignado a la AVG se canalizó a la capacitación de funcionarios y policías de diversos niveles, sin que haya redundado en las transformaciones personales necesarias para asumir y aplicar la justicia con visión de género.
Para nosotras la seguridad consiste en la responsabilidad global del Estado de garantizar la vida de las mujeres y la no violencia. Esto incluye medidas de prevención, justicia y reparación, además de la eliminación del sentido patriarcal en el funcionamiento del Estado.
Medidas de Prevención.
La prevención se redujo a capacitaciones masivas y discursivas, sin promover en la práctica la transformación de las relaciones de género ni el carácter patriarcal de las instituciones. Consideramos que se realizó un cumplimiento burocrático de la agenda de prevención de la AVG.
La visión implementada responsabiliza sólo a las personas y desconoce que la violencia también se ejerce institucionalmente al ser omisos, por ejemplo, en la aplicación de las normas administrativas municipales y de salud pública en bares, cantinas, centros nocturnos, antros, etc.
No se incluyó la prevención al interior de las escuelas, ni se aplicó la normativa especifica en donde se prevé la eliminación de la violencia en el ámbito escolar.
Medidas de Justicia y Reparación.
La actuación del aparato de procuración y administración de justicia en relación con las mujeres en Chiapas no ha cumplido las medidas indicadas por el Gobierno, ni con lo que nosotras, peticionarias de la AVG, solicitamos con urgencia. Si bien las acciones realizadas se centraron en los 84 casos de violencia que sustentaron nuestra petición, no se diseñaron políticas para prevenir los feminicidios, ni criterios que coadyuven a la identificación del perfil del perpetrador ni los móviles y escenarios en el que ocurren los crímenes contra mujeres. Además, no se han tomado en cuenta las múltiples denuncias que hemos presentado posteriormente y tampoco existen la unidad de contexto ni el banco de datos en la forma que se ordenó en la Avg.
El nuevo sistema de justicia penal se encuentra en crisis, en tanto que la falta de capacitación de jueces, policías, fiscales, peritos, etc., está generando impunidad para las mujeres ante el no castigo a sus perpetradores, lo que estimula y permite la repetición impune de los delitos, magnificando el proceso de violencia social, situación que nos permite denunciar que existen focos rojos en torno a los siguientes temas: La violencia hacia las mujeres y las niñas está naturalizada, justificada e institucionalizada, por tanto, no se atiende adecuadamente ni en los casos en los que rige el derecho positivo estatal ni ante los sistemas de justicia indígena.
Existe miedo a denunciar por la falta de medidas de seguridad que garanticen que las mujeres no serán nuevamente agredidas; por la carencia de recursos económicos, no sólo para el seguimiento de las denuncias, sino para solventar la corrupción de los servidores/as públicos/as; y también porque la atención patriarcal y clasista que se les brinda las criminaliza en vez de protegerlas. Cuando deciden denunciar existen distorsiones y tardanza en la investigación, sobrecarga de trabajo de peritos, intérpretes, policías y personal en general
La carencia de recursos humanos capacitados es crítica: los fiscales obstaculizan la integración de las carpetas de investigación y dan oportunidad al agresor a que cambie de conducta, propiciando la conciliación, revictimizando y culpabilizando a las mujeres. Con frecuencia el personal de las fiscalías desalienta e inhibe la presentación y seguimiento de las denuncias. Fiscales y jueces se dejan presionar por poderes fácticos, no existe independencia e imparcialidad en su actuar, delegan los análisis jurídicos a profundidad a las instancias superiores. Existe un tipo penal de feminicidio que evidencia la incomprensión de la desigualdad entre hombres y mujeres y no existe una verdadera aplicación de protocolos de género. Por otro lado, es sistemática la falta de defensa adecuada y técnica; la justicia se utiliza como forma de dirimir disputas particulares en las que, por las desiguales de sexo-género, las mujeres criminalizadas continúan siendo “pagadoras” de delitos que no cometieron, obligándolas a autoincriminalizarse con el uso de la tortura como instrumento institucionalizado en el actuar de las fiscalías.
La violencia en los municipios indígenas se ha acrecentado y reproducido debido a la falsa justificación de que los usos y costumbres impiden la intervención de las autoridades para sancionar la violencia hacia las mujeres y al no reconocimiento de que la cultura indígena también está construida sobre parámetros patriarcales dejando a las indígenas en una desprotección mayúscula. Además de que son coaccionadas a otorgar perdón a sus agresores, existe complicidad entre autoridades y perpetradores, ausencia de traductores, intérpretes capacitados y enfoque intercultural. El Gobierno de Chiapas no consideró la necesidad de articular, el derecho autonómico de los pueblos con la aplicación de los derechos humanos y el ejercicio de su responsabilidad en la solución de esos problemas.
El desplazamiento de miles de indígenas perpetrado por paramilitares en Chenalhó, Chalchihuitan, Aldama, y Oxchuc ha sido ignorado, a pesar de que esos municipios están considerados en la AVG.
A las mujeres centroamericanas criminalizadas se les priva de un juicio justo deportando a sus testigos clave y cuando son absueltas, se les priva del derecho a una tarjeta por razones humanitarias.
La información aquí vertida nos da un panorama de la falta de interés e incumplimiento que tanto el estado de Chiapas, como el Estado mexicano, han mostrado respecto de su obligación de garantizar, promover, respetar y difundir los derechos humanos de las mujeres en cuanto al acceso a la justicia.
Conclusión Final:
Combatir la violencia de género no es incorporar mecánicamente la “perspectiva” de género a las políticas y programas del Estado, ni de realizar actividades parciales, fragmentadas y desarticuladas, sino asumir la existencia de las desigualdades y violencia de género, en todos los ámbitos de la vida social, así como la necesidad de transformarlas y de eliminar el carácter patriarcal del Estado desde su raíz. Por lo tanto, la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres que tiene asignada constitucionalmente, no debe reducirse a medidas emergentes y superficiales, como la AVG, sino requiere de una política pública nacional que ataque los problemas de violencia de género de manera estructural. Esta es nuestra exigencia.
Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas
Peticionaria de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género
para las Mujeres en Chiapas.
Integrada por: Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C., Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., Melel Xojobal, A.C., Agua y Vida, A.C., Colectiva CEREZA, Semilla del Sur, A.C., y personas de sociedad civil.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 07 de marzo de 2019
Leer: Alerta de Género para Chiapas fraude y simulación de los gobiernos.
