(Español) Los pueblos resisten la cuarta trasformación en Morelos
Colectivo Paso doble
A tres meses de que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México, las protestas y los movimientos de resistencia contra sus proyectos desarrollistas, han proliferado en varios estados del país, entre ellos, Morelos, paradójicamente, a punto de cumplirse, este 10 de abril, cien años de la traición y asesinato del general Emiliano Zapata en la hacienda de Chinameca, y habiendo decretado el 2019, como el “Año de Zapata”.
La virtual declaración de guerra contra los pueblos originarios, particularmente del sureste de la República, que significan la continuidad del proceso de militarización, a través de la Guardia Nacional, junto con megaproyectos como el Tren Maya, la siembra de un millón de hectáreas con árboles en la Selva Lacandona y el canal seco en el Istmo de Tehuantepec, entre otros, llega a tierras del zapatismo histórico al pretender imponer el gobierno de la cuarta trasformación, como los gobiernos neoliberales anteriores, el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM).
Impulsado e iniciado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el PIM es un megaproyecto que consiste en poner en marcha dos termoeléctricas, un acueducto y un gaseoducto, cuya finalidad primordial y real es proporcionar energía eléctrica a los enclaves industriales de Morelos, Puebla y Tlaxcala que ya existen, y estimular el proceso de industrialización en otras regiones del centro del país.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha actuado, desde el año 2011 que se inicia el proyecto, como gestora subalterna de tres empresas: ABENGOA, ALECNOR y ENAGAS, de capital español, que han obtenido ganancias millonarias en otras partes de México y América Latina. Al igual que las corporaciones mineras, con sus departamentos de “ingeniería de conflictos”, la CFE ha recorrido las comunidades tratando de convencer a sus habitantes sobre los supuestos beneficios del proyecto, intentando comprar conciencias, amenazando a los opositores, fragmentando a las comunidades, y frecuentemente con los recursos represivos de la policía y el ejército a su disposición. Violencias, detenciones y criminalización de la lucha, han distinguido las resistencias de estos años.
Pese a la propaganda oficialista, que oculta incluso datos del proyecto no favorables, las organizaciones en resistencia han logrado demostrar que los habitantes de los tres estados, 24 municipios y cientos de comunidades se verán afectados de diversas maneras. El gasoducto de 30 pulgadas de diámetro recorrerá 170 kilómetros de largo, trasportando diariamente 320 millones de pies cúbicos de gas natural, con todo el peligro real que esto conlleva, y tomando muy en cuenta que una buena parte de la ruta es zona sísmica y considerada de riesgo medio y alto por la proximidad del volcán Popocatépetl. Asimismo, el acueducto, de aproximadamente 12 kilómetros de largo y casi un metro de diámetro, saqueará el agua que nutre la vida agrícola de decenas de comunidades indígenas y campesinas de Morelos.
Desde que se diera a conocer el PIM y se iniciaran sus trabajos, la resistencia de los pueblos no ha cesado en los tres estados, al igual que la represión. La lucha de resistencia se organiza fundamentalmente en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala y la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos. Se movilizan en contra de los proyectos desarrollistas que para las comunidades significan muerte, despojo de tierras y devastación del medio ambiente. Todas las formas de lucha son pacíficas, mientras que la respuesta del Estado es violenta. En Morelos, la lucha contra el PIM inicia desde el 2013. Huexca, Amilcingo, Jantetelco y Ayala, son focos de la resistencia contra el proyecto.
Precisamente, el 9 de febrero de este año, los integrantes del Campamento Zapatista en Defensa del Agua del Rio Cuautla, localizado en San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala, Morelos, hicieron pública una “Carta abierta al Presidente Andrés Manuel López Obrador”, en la que se manifiestan en contra de la anunciada consulta ciudadana del 23 y 24 de febrero de este año, informan sobre sus dos años y medio de plantón en resistencia para impedir el despojo del agua del Rio Cuautla, para la termoeléctrica de Huexca, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y destacan los amparos ganados para la suspensión definitiva del proyecto.
Asimismo, al término de la visita de AMLO a Cuautla, el 10 de febrero, el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno se pronunciaron enérgicamente contra el Proyecto Integral Morelos y se manifestaron tajantemente en contra de la simulada consulta ciudadana del 23 y 24 de febrero:
“Estas consultas están hechas a modo para concretar el despojo y llevar la muerte a nuestros territorios…Suplantan la voluntad de los pueblos, diluyéndola en una presunta consulta amplia y ciudadana, como si la voluntad de los dueños, poseedores y guardianes del territorio no valiera…Es racista y clasista porque no toma en cuenta los modos y formas propias de toma de decisiones de los pueblos indígenas, campesinos y organizaciones populares…Es invasora, porque son los pueblos originarios, ejidos y comunidades directamente afectadas, las que en el ámbito de su autonomía y libre determinación pueden decidir con legitimidad y legalidad el destino de su territorio…Es represora porque pone en una situación muy vulnerable y desventajosa a los legítimos y originarios moradores del territorio.”
AMLO olvida convenientemente un hecho importante: a inicios de marzo del año pasado, la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH), tras indagar las denuncias presentadas por los pueblos afectados, determinó que el PIM vulnera los derechos humanos de los habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala, por lo que emitió una recomendación dirigida a los entonces titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE),y al director general de la Ex Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). La CNDH concluyó “que este proyecto violentó los derechos a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas, y a la información sobre la construcción y operación de dicho complejo” (La Jornada, 6 de marzo de 2018).
Así, con consultas amañadas, como en los viejos tiempos del régimen de partido de Estado, con el peso de un presidencialismo reconfigurado con 30 millones de votos, el Proyecto Integral Morelos tratará de imponerse contra viento y marea, mientras AMLO culpa al “conservadurismo de la extrema izquierda” por las protestas en su contra en Cuautla, donde en una manta se destacaba: “Señor presidente, usted tendrá su termoeléctrica, nosotros a cambio la muerte”, y se escucharon consignas de “Agua si, termo no”.
