Por otro lado se conformó el Consejo Asesor Empresarial de AMLO que encabezan los multimillonarios Bernardo Gómez Martínez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank González, Daniel Chávez Morán, Miguel Alemán Magnani y Ricardo Salinas Pliego. La poderosa clase empresarial mexicana pasó repentinamente de repudiar el supuesto “populismo” de AMLO a abrazar el nuevo proyecto de nación tan rápido como AMLO pasó de incluirlos en la “mafia en el poder” a decir que “quieren ayudar” y “les tomo la palabra”.

Cabe señalar que los apellidos Hank González, Olegario Vázquez y Miguel Alemán son de destacados miembros y amigos cercanos del llamado “Grupo Atlacomulco”, que mantiene sólidas proyecciones corporativas que incluyen  -entre otras- a la ciudad global de Santa Fe y su expansión hacia Toluca, la conectividad logística desde el renovado puerto de Veracruz al centro corporativo de la CDMX y su Nuevo Aeropuerto Internacional, donde con todo y las modificaciones que anunció el gobierno federal de Morena, las inversiones realizadas y prospectadas estos grupos empresariales no se ven afectadas significativamente.

Estos polos comerciales son conectados por vías rápidas interurbanas como la Autopista Naucalpan-Ecatepec y, desde allí, directamente a través de la Autopista Toluca-Naucalpan al segundo aeropuerto y centro de negocios más grande del país, el de la ciudad de Toluca. Una vez en Toluca se puede acceder a la infraestructura carretera o aérea que conecta al otro puerto geopolítico más importante del país, el de Lázaro Cárdenas Michoacán.

Así han concretando un poderoso portafolio empresarial y logístico de dimensiones globales, que conecta los Océanos Atlántico y Pacífico, pasando por el centro del país a través de vías aéreas, terrestres y marítimas, conectando un flujo de mercancías hacia las dos costas de Estados Unidos, Europa o Asia. De esta forma se van materializando los sueños y las enseñanzas de quien fue señalado como principal visionario de este grupo; Carlos Hank Gonzalez. Para materializar estos poderosos intereses no solo fue necesario consolidar la relación política y empresarial de los miembros prominentes de este grupo, sino también saber quitar de en medio a quienes les estorban, para concretar sus negocios.

La imposición y el despojo

El 29 de Mayo del 2014, a través del Diario Oficial de la Federación se dio a conocer el decreto expropiatorio que permitía la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, arrebatando 6,938.7 Hectáreas del polígono comunal de San Lorenzo Huitzizilapan. El 9 de julio del 2015 se informó a comunidades como San Francisco Xochicuahutla o Santa Cruz Ayotuxco, entre otras, del despojo que sufrirían y la indemnización que ofrecía el gobierno a cambio de la “afectación”.

A partir de ese momento inició una lucha por la defensa de la tierra y el territorio en todas estas comunidades indígenas Hñätho (Otomíes) frente a la imposición de un mega-proyecto carretero, del cual no estaban informados. El trazo de la autopista, además de realizarse en la ilegalidad, violando resoluciones judiciales favorables a las comunidades, está devastando miles de árboles, flora y fauna, pasa por encima de importantes fuentes hídricas, y parte irreparablemente zonas sagradas para la espiritualidad de estos pueblos originarios.

El 6 de Julio del 2014, el comisariado de Bienes Comunales Luis Enrique Dorantes, en complicidad con autoridades municipales, estatales y federales, intentó junto con funcionarios del Registro Agrario Nacional (RAN) validar una asamblea para cambiar el uso de suelo de San Lorenzo Huitzizilapan. La intervención de más de mil granaderos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México culminó en graves violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos, contra decenas de hombres, mujeres, niños y ancianas de la comunidad que –afirmaron- solo intentaban impedir la injusticia y la corrupción.

Al día siguiente, cientos de pobladores realizaron una multitudinaria marcha-caravana  al municipio de Lerma y lograron que el entonces Presiente Municipal Eric Sevilla Montes de Oca, saliera a una mesa de trabajo, donde se comprometió a no realizar más injerencias en la comunidad.

Para 2018 la mayor parte del tramo carretero que cruza el polígono comunal de San Lorenzo Huitzizilapan está prácticamente concluido, sin embargo la comunidad mantiene una lucha jurídica en tribunales para que se revierta esta autopista, que aseguran “no representa ningún beneficio para nuestras comunidades”. El Movimiento en defensa de la tierra, el agua, la cultura y la vida de Huitzizilapan trabaja para concientizar a su población y a otras comunidades de la región sobre el grave peligro para sus territorios por la serie de proyectos empresariales que se avecinan.

Después de cinco periodos de comisariados de bienes comunales afines al Priismo imperante en la región, desde Rogerio Ordorico Villavicencio (2000-2003) quien después del comisariado ocupó el cargo de Regidor en el Ayuntamiento de Lerma, Saúl García González (2003-2006) quien después del comisariado ocupó el cargo de Director de Gobernación en el Ayuntamiento de Lerma, Guadalupe Casas Cabrera (2006 – 2009) quien después del comisariado ocupó el cargo de Subdirector de Vinculación Ciudadana en el Ayuntamiento de Lerma, Francisco Olvera (2009 – 2012)  quien después del comisariado ocupó el cargo de Coordinador de Trabajo de la Región Huitzizilapan en el Ayuntamiento de Lerma y Luis Enrique Ortínez Dorantes (2012 – 2015) quien mientras aun ostentaba el cargo de comisariado también obtenía un puesto en la estructura de la priista Confederación Nacional Campesina.

Es en el periodo del 2015 al 2018 que la comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan logra un Comisariado de Bienes Comunales que no responde a la lógica de los proyectos empresariales del PRI y desde donde se está desmontando toda una estrategia de despojo del territorio a través de la desincorporación de predios del régimen de Bienes Comunales, para que pasen a formar parte del Ayuntamiento de Lerma.

El actual comisariado de bienes comunales, ya en su recta final, informó de esta lucha por la defensa de su territorio en asamblea de comuneros realizada el pasado domingo 4 de Noviembre del 2018, donde el abogado de la comunidad informó sobre el Amparo 8870/2018  del índice del juzgado primero de distrito en materia de juicios de amparo y federales de la ciudad de Toluca. En él se reclama la ilegal ocupación por parte del municipio de Lerma de un predio que se pretende destinar a un panteón en la colonia Adolfo López Mateos.

El abogado Carlos González informó que:

Se han cometido actos lesivos de gravedad en contra de la comunidad, a través de un convenio de ocupación previa que es totalmente ilegal, que esta desconociendo el carácter comunal de las tierras de San Lorenzo Huitzizilapan. Esto debido a que el convenio lo suscriben delegados municipales con el ayuntamiento de Lerma, sin que este de por medio el acuerdo de la asamblea general de comuneros.  En gaceta municipal publicada el 19 de Febrero de 2016 donde el Municipio de Lerma se adjudica un predio en la colonia Adolfo López Mateos de Huitzizilapan con una superficie de 26,000 metros cuadrados”.

De acuerdo a la resolución presidencial del 23 de Julio de 1947 todas las tierras que le fueron consignadas y tituladas a San Lorenzo Huitzizilapan son comunales. Las que hayan sido expropiadas para vialidades y otras cosas, esas salen del régimen comunal, lo demás no puede salir. Sin embargo el comisariado de bienes comunales el concejo de vigilancia y varios delegados municipales me han hecho llegar varios convenios de ocupación previa que pretenden sacar del régimen comunal las tierras de la comunidad. Convenios y contratos en los que se están haciendo donaciones que son absolutamente ilegales, porque conforme marca la ley agraria las tierras de San Lorenzo Huitzizilapan son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Inalienables quiere decir que no se pueden enajenar ni por vía onerosa a través de compraventa ni por vía gratuita a través de donación.

La división como estrategia de control social

Otra de las formas de control social que le ha funcionado perfectamente al llamado “Grupo Atlacomulco” para lograr imponer sus proyectos empresariales a las comunidades afectadas por ellos, es a través de la división inter-comunitaria. Logrando así un desgaste de las comunidades, incapaces posteriormente de mantenerse unidas frente a nuevas embestidas de proyectos nocivos. Esto lo ejecutan mediante la utilización de grupos afines al PRI quienes argumentan defender causas de la comunidad, brindando poca o nula información al respecto y arengando a la población en contra de otra u otras partes de la misma, hasta lograr un conflicto social que las confronte al grado de quedar incapacitadas para mantener una cohesión social que les permita mantener una visión y defensa común de sus bienes territoriales.

Actualmente se ha insertado una controversia en la comunidad derivada del juicio de amparo indirecto 182/2018 interpuesto en el juzgado séptimo de distrito en materia de juicios de amparo y federales de la ciudad de Toluca, el 16 de Octubre del 2018 el juez federal determinó que se decreta la suspensión de plano contra los actos reclamados que se atribuyen a las autoridades señaladas como responsables para que las cosas se mantengan en el estado que guardan en la actualidad hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo.

Dicho amparo se interpuso en contra de la obra de un pozo profundo a realizarse en la comunidad de Las Rajas, debido a que algunos actores de la comunidad ligados a los grupos priistas han logrado convencer a pobladores de tres de las doce comunidades que integran el núcleo de bienes comunales de San Lorenzo Huitzizilapan, de aceptar el proyecto sin ser analizado y decidido por la “asamblea de usos y costumbres” y la “asamblea de comuneros”. Mientras, el actual Comisariado al investigar dicha obra ha encontrado varias irregularidades, omisiones de información y, sobre todo, una campaña de desprestigio.

Casualmente, aunque estos sectores priistas sostienen que la obra beneficiará a las comunidades, quien inmediatamente reaccionó ante la suspensión de obra por el amparo 182/2018, fue Sistemas de Agua de la Ciudad de México (Sacmex), dependencia que interpuso un recurso de queja porque dicen que esas tierras están desincorporadas y no corresponden al régimen comunal. Al parecer, alegan que existe un contrato de comodato entre el COPACI (Consejo de Participación Ciudadana) de las Rajas con Sistemas de Agua de la Ciudad de México.

Esto deja en evidencia que los intereses de esta obra rebasan el ámbito comunitario y además crean un clima de confrontación inter-comunitaria que beneficia a altos intereses político-empresariales. Sin embargo, después de la experiencia de la comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan de poder lograr restablecer una autoridad comunal que defienda su territorio, se abre una posibilidad para revertir el rumbo que se había mantenido con los comisariados priistas que se ajustaron a los intereses del “Grupo Atlacomulco”. Pero esta situación no se visibiliza fácilmente, ya que por un lado la estructura priisita en el Estado de México se mantiene fuerte y, por el otro, esta misma estructura servirá de refugio ante la nueva configuración política federal.

Aun así, los integrantes del Movimiento en defensa de la tierra, el agua, la cultura y la vida de Huitzizilapan trabajan cotidianamente para mantener viva la importancia de la defensa de su territorio, ante las amenazas de crecimiento de las dos ciudades que les rodean tanto en el valle de Toluca como en el valle de la CDMX. Así, van consolidando proyectos que puedan fortalecer el tejido comunitario y la importancia de mantener los usos y costumbres de una comunidad indígena rodeada del urbanismo capitalista y su cultura individualista.