(Español) Declaración al Congreso de la Unión del Consejo Supremo Indígena de Michoacán
SENADO DE LA REPUBLICA
CAMARA DE DIPUTADOS
PRESENTE:
Comunidades p´urhépecha a 9 de noviembre del 2018
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, consejo autónomo e independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de más de 50 comunidades: Santa Fe de la Laguna, Caltzontzin, San Felipe de los Herreros, Cocucho, Zirahuén, Apo del Rosario, Capácuaro, Huecorio, San Ángel Zurumucapio, Jicalán, Tahuejo, Zopoco, Pamatácuaro, Sicuicho, Cuanajo, Sevina, San Andrés Tziróndaro, Jucutacato, Corupo, Angahuan, Carapan, Rancho Seco, Comachuén, Paracho, Santa Ana, Cheranástico, Naranja de Tapia, San Benito, San Antonio, Aranza, Tirindaro, Agua Verde, Quinceo, Tomendan, Nuevo Zirosto, Condembaro, La Tinaja, Urapicho, Turián Bajo, Santa Rosa, Arato, Comanja, Zipiajo, Pomacuarán, Ahuirán, Santa Catarina, 18 de Marzo, Santa Gertrudis, La Virgen, La Escondida, San Andrés Coru, San Juan Tumbio, San Francisco Periban, Ichán, entre otras, representados en la presente por la Comisión de Enlace, manifestamos conjuntamente lo siguiente:
1.- Rechazamos totalmente la Iniciativa de Ley para el Desarrollo Agrario, porque contribuye a despojar y destruir los territorios ejidales y comunales de las comunidades originarias, tratándose de facto de una nueva reforma neoliberal que convalida el Procede. Con base en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, exigimos a la Cámara de Diputados y Senadores que realice una consulta libre, previa e informada sobre esta Iniciativa de Ley y sobre sobre las políticas administrativas o legislativas que nos afecten.
2.- Exigimos justicia para los casos de desaparición forzada de los pueblos originarios de Michoacán, rechazamos categóricamente la “reconciliación” con los asesinos de las comunidades originarias. Ni perdón, ni olvido. Justicia, memoria y dignidad.
3.- Exigimos el reconocimiento constitucional de los Consejos de Gobierno Comunal, las Rondas Comunales y los Jueces Tradicionales y se legisle sobre la entrega del presupuesto directo para las comunidades indígenas que así lo soliciten mediante sus respectivas asambleas generales.
4.- Desconocemos categóricamente a la Gubernatura Nacional Indígena y la Gobernadora Estatal Indígena del Estado de Michoacán Denisse Ramírez, por no haber sido consultados en ningún momento sobre su designación, no ser de una comunidad indígena y no representarnos de ninguna manera, y anunciamos que la impugnaremos jurídicamente su designación ante todas las instancias correspondientes.
5.- Desconocemos totalmente a Celerino Felipe Cruz, Abundio Marcos Prado, Abelardo Torres Cortez, Alfonso Vargas Romero y Rogelio Mercado Damián como interlocutores de las comunidades originarias, por ser burócratas indígenas sin principios, que han trabajado al servicio del mejor postor y en detrimento de los intereses de las comunidades, privilegiando únicamente sus intereses personales. Dejamos claro que no nos representan de ninguna manera y que combatiremos su designación en cualquier espacio burócrata, además de que tomaremos permanentemente las instalaciones donde sean designados.
6.- No estamos de acuerdo con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, proponemos en contraparte la creación de una Secretaria para la Atención Integral de los Pueblos Originarios, a la que se le designe un presupuesto en legitima correspondencia con el número de habitantes de los pueblos indígenas.
Consejo Supremo Indígena de Michoacán
