Por Perseo Greco y Lucia Joselin Muñoz (Foto: Perseo Greco)

CdMX. 12/02/18 (Surco Informativo).- El día de hoy, en conferencia de prensa, familiares y ONG´s ponen en la mira a la embajada canadiense por considerar que sus acciones y omisiones pudieron poder en peligro la vida de Mariano Abarca, opositor al proyecto de la minera Blackfire Exploration, en contra de las operaciones de extracción de barita o baritina por sus afectaciones medioambientales y sociales en la comunidad de Chicomuselo, Chiapas, quien fuera asesinado el día 27 de noviembre del 2009.

El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, Otros Mundos A.C. la Red Mexicana de Afectados por la Minería, Fundación Ambientalista Mariano Abarca y familiares del activista denunciaron que la embajada canadiense pudo ser omisa ante actos de corrupción relacionados con las operaciones de la minera Blackfire; así mismo, estaba al tanto del fuerte descontento de la población local con la empresa, así como los riesgos que corría Mariano Abarca, quien antes de ser detenido y asesinado, ya había sido amenazado y golpeado por trabajadores de Blackfire.

Según denunciaron, la embajada no sólo guardó silencio ante los hechos y ante 1.400 correos que expresaban la preocupación por la vida del activista y exigían su protección, por el contrario, realizó gestiones para defender los intereses de la empresa, entre ellos el abogar con autoridades chiapanecas para que “controlara” las protestas sociales antes de la muerte del ambientalista.

Ante ello, el pasado cinco de febrero, el hijo de Mariano Abarca y las ONG´s presentaron una petición al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, con la intención que se investigue a la embajada de ese país en México y su apoyo a las operaciones de la minera canadiense.

El Comisionado podría tardar hasta 90 días para decidir si abre o no una investigación, por lo que aseguraron que estarán atentos al seguimiento de los acuerdos establecidos o posicionamientos que surjan al respecto, pues señalaron que el de Mariano, no es el único caso en que la embajada de Canadá en México pudo actuar de forma injerencista, sobredimencionada y en abandono de su papel principal de protección de los derechos humanos a favor de la minera.

Finalmente aseguraron que los delitos generados por empresas mineras canadienses se extienden a América Latina y otras partes del mundo, por lo que la diplomacia de aquel país debe asumir la obligación de crear una alerta acerca del patrón de actuación de las mineras y dejar la permisibilidad, por lo que consideran que la petición presentada constituye un paso en el camino hacia la justicia para Mariano Abarca y un precedente en otros casos.