(Español) Pronunciamiento del Movimiento de Mujeres en Defensa del Territorio
25 DE NOVIEMBRE
“DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”
PRONUNCIAMIENTO
En el marco del Día Internacional de Lucha Contra la Violencia Hacia las Mujeres, el pasado 23 y 24 de noviembre nos dimos cita mujeres, hombres, niñas y ancianas de distintas regiones de Chiapas, México y el Mundo en la Quinta Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones para denunciar el aumento de la violencia directa, institucional y estructural cuya emergencia y gravedad tenía que atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres de Chiapas (AVGM) y que el gobierno de Chiapas no ha cumplido.
Durante estos días compartimos testimonios de como la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas no es un problema que únicamente deban resolver hombres y mujeres en el ámbito privado, las familias en sus relaciones, comunidades al interior de los pueblos y organizaciones civiles en la promoción y defensa de derechos, es una responsabilidad sobre todo del Estado ya que la dimensión de la violencia feminicida tiene sus orígenes y causas en la violencia estructural como la pobreza, discriminación, injusticia, misoginia, desigualdad de clase, género, etnia edad, preferencia sexual, etc. que se reproduce desde las instituciones y agentes del Estado patriarcal.
Desde que se Declaró la Alerta de Violencia de Género, el pasado 18 de noviembre de 2016, el gobierno de Chiapas y el gobierno federal debieron implementar acciones de emergencia en materia de prevención, justicia, reparación del daño y una amplia difusión de mensajes de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, sin embargo en distintas ocasiones hemos denunciado que eso, hasta el día de hoy, no ha sucedido.
Por el contrario, los índices de violencia en Chiapas tales como agresiones físicas, desaparición y secuestro de personas sobre todo mujeres, trata, despojo, desplazamiento forzado, desalojos, abuso, violación sexual y feminicidio han aumentado de manera alarmante en los 122 municipios de Chiapas, por eso insistimos que la Alerta de Violencia de Género no puede reducirse a los 23 señalados por el gobierno federal.
De la información que se compartió en esta Asamblea señalamos algunas de las principales denuncias en las que coincidimos:
En el ámbito de las medidas de prevención:
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Los mensajes públicos que ha emitido el gobernador, Manuel Velasco Coello, y el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, han sido pronunciados durante la entrega de los programas asistenciales como Prospera aprovechándose de la necesidad de las mujeres que son acarreadas para llenar estos actos multitudinarios; por lo tanto los mensajes de prevención pierden todo sentido ya que se dan en medio del condicionamiento político, abordando el tema de la violencia desde una óptica patriarcal, en un ámbito atravesado por el acoso y el racismo gubernamental. Sin hacer mención de los verdaderos problemas que viven las mujeres y cuya responsabilidad es del Estado y sus instituciones de salud, educación y justicia para erradicar la violencia contra las mujeres.
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En materia de salud, continua sin aplicarse a cabalidad la Norma 046 y se niega eventualmente la atención médica de urgencia, hospitalaria y de consulta médica incluso cuando las mujeres requieren atención obstétrica, por violencia familiar, violencia sexual y feminicida, revictimizandolas e incumpliendo las medidas de la Alerta de Violencia de Género. En este ámbito, se criminaliza el trabajo de las parteras tradicionales a las que se condiciona su práctica y conocimiento obligándolas a capacitarse y certificarse, con la finalidad de que dejen de ser parteras y se conviertan en asistentes o enfermeras de los médicos, por ello con toda razón decimos: “La violencia es tan dura como el dolor del parto”. También hace falta en todos los hospitales y clínicas de la entidad personal suficiente y capacitado en los mencionados perfiles, se carece de la infraestructura material, instrumental necesaria y del cuadro básico de medicamentos para brindar la atención médica, que como derecho humano corresponde a nuestros pueblos, y de manera especial a las mujeres desde su especifica vulnerabilidad social, económica y cultural, lo que se traduce en violencia institucional.
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En nuestras comunidades el PROCEDE (para la certificación agraria), como política pública neoliberal sigue acreditando la tierra solo a los hombres, legitimando e institucionalizando la exclusión de las mujeres del derecho a la tenencia, uso y usufructo de la tierra; la Procuraduría Agraria sigue favoreciendo los despojos de tierra a las mujeres, perpetuando los usos y costumbres que violan derechos humanos, a conveniencia del patriarcado indígena, con lo que las autoridades agrarias son coparticipes del delito.
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Los presidentes municipales hacen funciones de jueces y los jueces de paz se subordinan a ellos o los grupos de poder factico al interior de las comunidades, en donde ya se cuenta con el poder narco-paramilitar, mercantilizando la justicia a partir del pago de multas a las partes, en donde para las mujeres no hay justicia y por el contrario son de nuevo revictimizadas y en algunos casos pueden ser violadas por las autoridades.
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El sistema educativo, en el que a pesar del mandato constitucional, el profesorado no elimina de las aulas la violencia racista, clasista y sexista debido a la falta de una capacitación en los enfoques de género y derechos humanos para eliminar estas violencias desde los niveles de prescolar a universitario.
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El estado es omiso y cómplice con los espacios publicitarios que promueven la degradación y la objetivación de las mujeres, su promoción como mercancías sexuales y el amor romántico que perpetua el rol subordinado de genero de las mujeres. L os mensajes de violencia simbólica están en los medios masivos, tolerados y promovidos por las empresas televisivas (TELEVISA y TV AZTECA) que fabrican, sostienen y justifican a los malos gobiernos neoliberales y patriarcales en el poder.
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El Estado no entiende la dimensión de la violencia feminicida, en la cual el feminicidio es una muestra extrema de esta. Sin duda, hace falta que el poder capitalista patriarcal se vea a sí mismo para comprender el carácter sistémico de la violencia que denunciamos hoy. Esta corta visión del estado y sus agentes ha favorecido que nuestra demanda haya sido reducida y no contemple adecuadamente la violencia feminicida y menos aún la violencia estructural de la que el Estado es responsable.
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El estado tampoco comprende la dimensión de violencia de género, y dirige su discurso (que no su acción) solo a la violencia que vivimos las mujeres, sin considerar esta violencia como un problema relacional, entre hombres y mujeres.
En el ámbito de las medidas de justicia y reparación:
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El sistema de justicia, carece de las herramientas teórico metodológicas básicas para atender las situaciones de violencia que denuncian las mujeres, incluyendo a las instancias especializadas desde las que se revictimiza a las mujeres, se invisibiliza y se ignora la violencia estructural y sistémica que determina la reproducción de la violencia de género en todos los ámbitos de la vida social.
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El Estado y sus funcionarios no entiende la dimensión de la violencia feminicida como violencia sistémica, en la cual el feminicidio es una muestra extrema de esta violencia. Esta corta visión, ha favorecido que nuestra demanda haya sido reducida y no contemple la violencia feminicida y menos aún la violencia estructural de la que el Estado es responsable. De igual manera no se comprende la dimensión de violencia de género, por lo que el Estado dirige su discurso (que no su acción) a la violencia que vivimos las mujeres, sin considerar esta violencia como un problema relacional, entre hombres y mujeres. El primer signo visible de esta transformación ideológica y cultural sería la comprensión de la medida llamada “Tolerancia Cero” que hasta el momento se reduce a la promoción de un slogan publicitario vacío de contenido y responsabilidad política.
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Sin duda el Estado debe dotarse de la asesoría científica y ética necesaria para capacitar y formar a sus agentes en estas dimensiones de la vida social para que cumplan realmente con sus responsabilidades legales con las mujeres y con la sociedad en su conjunto. Tal y como exigen los tratados internacionales de los que es parte. De tal forma que el derecho de las mujeres para el acceso a la justicia esta mediado por la incapacidad, falta de investigación y análisis contextualizados, falta de recursos e infraestructura, impunidad y en muchos casos inconstitucionalidad de leyes, como es el caso de la conciliación en casos de violencia familiar, con esta situación, la reparación del daño para las víctimas de feminicidio y sus familias sigue siendo letra muerta.
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Por otro lado, el presupuesto destinado a la Alerta de Violencia de Género, es un botín político de los funcionarios corruptos que roban el dinero del pueblo, tal y como roban el dinero de los damnificados del Sismo. En los municipios que forman parte de la implementación de la Alerta, se dice que desconocen la existencia y los montos de los recursos en este rubro y las pocas acciones que realizan son resultado de los recortes a sus presupuestos en otras tareas municipales. El CONAVIM es omiso e irresponsable en relación a sus responsabilidades frente la implementacion de la AVG en Chiapas.
Por todo esto, declaramos que Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Manuel Velasco Coello, representantes del Estado Mexicano. NO HAN CUMPLIDO con la implementación efectiva de la Alerta de Violencia de Genero en Chiapas, tal y como lo mandata la ley.
Por lo que les responsabilizamos de las 35 desapariciones de mujeres (dato de la Fiscalía General del Estado); de los cientos de violaciones sexuales, de más de doscientas muertes violentas, y de por lo menos 58 feminicidios y 79 tentativas (datos del Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas), ocurridas en este año en curso, mismo en el que transcurre la Alerta de Género en Chiapas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 25 de noviembre de 2017
¡No más violencia contra las mujeres!
¡Vivas nos queremos!
¡Vivan las hermanas Mirabal!
