(Español) Se aplica doctrina del shock tras terremoto en Oaxaca
Por Avispa Midia – Renata Bessi y Santiago Navarro F.
(Fuente: SubVersiones)
Naomi Klein, en su libro La doctrina del shock, sostiene que las políticas económicas del Premio Nobel Milton Friedman y de la Escuela de Economía de Chicago, han alcanzado importancia en países con modelos de libre mercado no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencias, provocando que, ante la conmoción y confusión, se puedan hacer reformas impopulares.
Ha pasado poco más de un mes desde que sucedió el terremoto más fuerte de los últimos 100 años en México, 8.2 grados en la escala Richter, el 7 de septiembre; el paisaje en el Istmo de Tehuantepec, la región más afectada, aún es de devastación. La ciudad de Juchitán de Zaragoza se asemeja a una ciudad fantasma. Por donde mires hay escombros o edificios dañados. Los cuerpos policiacos y militares aun deambulan por las calles fuertemente armados.
La tierra aun no ha dejado de temblar. Extraños sonidos emanan de las profundidades del mar en las costas de Oaxaca. Es posible sentir temblores de hora en hora. El sistema nacional de servicio sismológico nacional de México calcula ya más de 6 mil réplicas, además de un segundo terremoto de 7.2 grados Richter que sucedió el 19 de septiembre y devastó diversas localidades de la Ciudad de México, donde se han contabilizado —hasta el 4 de octubre— 369 muertes.
Datos oficiales del Gobierno de Oaxaca precisan que el sismo afectó a 120 mil personas en 41 municipios, así como 60 mil 600 viviendas de las cuales 20 mil 664 tuvieron daño total y 39 mil 956 daño parcial. Su infraestructura, redes de agua potable y de drenaje están dañadas. La economía local está golpeada. En las calles la basura se amontona. La preocupación es por una posible crisis sanitaria.
El municipio de Ixtaltepec, una de las regiones más afectadas, se asemeja a una zona de guerra. La maquinaria del gobierno o de las empresas eólicas que dominan la región va demoliendo sin discriminación alguna todo lo declarado como pérdida total, por lo menos 80% de las viviendas. Parte de los vecinos ha rescatado lo que ha podido y ha decidido abandonar la comunidad. La incertidumbre ha tomado por asalto el sueño y la tranquilidad de las personas que resisten para no abandonar su hogar, su comunidad y su historia. «Yo no me voy a ir de aquí, porque este es mi hogar, aquí están mis raíces, aquí es mi pueblo», dice Joaquín Sánchez, de Ixtaltepec.
Las carpas y lonas coloridas tendidas en medio de las calles y en los patios de las casas han pasado a ser parte del paisaje cotidiano de los pueblos del Istmo. Desde hace más de un mes del siniestro, las cocinas comunitarias y las carpas creadas por los vecinos en espacios públicos, con recursos propios o por donación de la sociedad civil, han sido la única alternativa para estas poblaciones. Los albergues del Estado son casi inexistentes.
En el municipio de San Mateo del Mar, por ejemplo, donde el 80% de las viviendas fueron afectadas, la respuesta del Estado fue enviar a la Marina cinco días después del terremoto para crear un albergue, pero han sido superados por la organización de la comunidad, quienes han buscado las formas de resolver sus necesidades más inmediatas. Para los que perdieron sus casas con el sismo o que fueron demolidas por orden del Estado, no les queda más que dormir en la calle o en la casa de familiares y amigos.
Siete organizaciones civiles realizaron una Misión de Observación de Ayuda Humanitaria (Moah), que recorrió comunidades de la zona del Istmo de Tehuantepec. En sus principales conclusiones, las organizaciones señalaron que «las necesidades básicas urgentes de las personas afectadas por el sismo no han sido cubiertas; y que se observa una falta de coordinación gubernamental en la distribución de la ayuda humanitaria». Denunciaron además que «precandidatos y funcionarios públicos han caído en el oportunismo al condicionar la ayuda humanitaria, que solo era entregada tras ciertos condicionamientos a las personas cercanas al gobierno o a militantes de ciertos partidos políticos».
«Debemos impedir que borren nuestra memoria»
La política inmediata del Estado fue llevar a cabo la demolición de viviendas. En el municipio de Ixtaltepec, por ejemplo, los vecinos denuncian que las demoliciones empezaron horas después al terremoto. «El sismo fue alrededor de la media noche y al amanecer las máquinas ya estaban preparadas para empezar a demoler, sin ningún tipo de dictamen o peritaje», cuenta un vecino del municipio que prefiere no identificarse por seguridad.
«Esta política de destrucción viene desde el gobierno federal, sin un peritaje serio. Ya lo dijo Peña Nieto: “Invité a mis amigos constructores que vengan a reconstruir”. ¿Quiénes son los amigos constructores de Peña Nieto? Pues no son los albañiles o ingenieros locales. Son los que están conectados con esquemas de arriba. Entonces lo que necesitan estas empresas es que el territorio esté limpio para que puedan actuar. Es un negocio para las grandes constructoras. La gente está asustada, está en choque y lo que el gobierno está haciendo es aprovecharse del temor de la gente», sostuvo el ingeniero Gerardo de Gyves Ramírez, integrante del Concejo Regional por la Reconstrucción de Nuestros Pueblos, formado por organizaciones y vecinos del Istmo.
Los moradores de Ixtaltepec entregaron el 15 de septiembre al Gobierno Federal una solicitud para que se haga publico el padrón de lo que el Estado está considerando un inmueble «damnificado». Hasta el momento el gobierno se resiste a hacer público este padrón.
Una de las demandas del Concejo es que se haga un estudio serio de las viviendas y que se evalúen las condiciones reales para su reconstrucción.
«La casa es parte fundamental de la cultura de un pueblo. Tenemos una arquitectura típica que la propia gente del Istmo ha desarrollado por siglos. Son casas grandes, con grandes patios. La mayor parte de la vida la gente pasa en sus espacios libres, afuera de la construcción. Cambiar el modo de vivir es cambiar las costumbres. Dependiendo de cómo uno vive, así uno piensa. No piensas igual cuando vives en un departamento pequeño, cerrado, que cuando vives en una casa grande, con gran espacio verde, al aire libre, que sabes que tiene historia», dice Ramírez.
El Istmo de Tehuantepec es una región rica en cultura y tradiciones, resultado de los diversos grupos étnicos que habitan la zona —zapotecos, chontales, huaves, zoques, mixes, mixtecos, tzotziles y chinantecos—. «El primer acto que debemos impedir es que borren la memoria colectiva», dijo Jehú Pinacho, del Grupo de Investigación Autónomo.
Detener las demoliciones
En Unión Hidalgo, los vecinos conformaron el Concejo Ciudadano por la Reconstitución de Unión Hidalgo justamente para impedir la destrucción de las casas. Hasta el momento el Estado ha realizado 100 demoliciones. La brigada de trabajo detuvo 300 demoliciones de viviendas tradicionales. «Cuando percibimos la estrategia del gobierno, reaccionamos. Hay una brigada de arquitectos e ingenieros recorriendo Unión Hidalgo y haciendo laudos y concientizando a la población sobre la estrategia del gobierno», dijo Carlos Manso, integrante del Concejo.
El mismo trabajo está haciendo el Concejo de Reconstrucción y Fortalecimiento del Tejido Comunitario de Ixtepec. «Nosotros nos conformamos como organización y empezamos a remover escombros y a reciclar material que están sirviendo para reparación de los caminos campesinos. Además, empezamos a visitar las casas con técnicos y de las que visitamos 70% son recuperables», dijo uno de los integrantes del Concejo de Ixtepec.
Tarjeta
El presidente de la república, Enrique Peña Nieto, anunció el 2 de octubre la entrega de tarjetas bancarias en las que se entregarán 6,478 dólares para aquellos que obtuvieron pérdida total de sus casas; para quienes fueron catalogados como pérdida parcial recibirán 1,619 dólares. Inmediatamente después del anuncio, hicieron acto de presencia una fila de tráileres cargados con materiales de construcción y una leyenda que rezaba: «En este establecimiento se acepta la tarjeta para compra de materiales».
Además de la mísera cantidad ofrecida para la reconstrucción de las viviendas, en comparación al patrón de las casas tradicionales, la tarjeta representa un problema para diversas comunidades. En las comunidades de la costa, por ejemplo, donde las casas tradicionales están hechas de hojas de palma y madera, no podrán comprar material en las tiendas de materiales de construcción que están aceptando dicha tarjeta.
Pedro Davalor Larrinzas, autoridad municipal de San Mateo del Mar, explica que en el municipio hay todavía el problema de casas que fueron damnificadas después del terremoto del 7 de septiembre, con las réplicas y el sismo de 19 de septiembre, pero que no fueron contabilizadas por el gobierno. Además, «agentes del Estado en muchos casos se reusaron a considerar casas de palma como viviendas y, por lo tanto, quedaron sin la posibilidad de ayuda», dijo Larrinzas.
Él recuerda que existen muchos otros problemas en las ciudades y en las comunidades que el Estado no está poniendo atención. «La mayoría de las fosas sépticas, por ejemplo, se abrieron porque aquí no tenemos un sistema de drenaje. Resolver eso es urgente para no empeorar la crisis sanitaria que se avecina».
Ausencia de laudos científicos confiables
El Concejo Regional por la Reconstrucción de Nuestros Pueblos denuncia que los científicos han brillado por su ausencia en el Istmo de Tehuantepec. «Lo único que han hecho es comunicados y ruedas de prensa desde el centro de operaciones que es la Ciudad de México. No hemos tenido la visita de ningún instituto de investigación independiente. Han venido solamente comisionados por parte del gobierno federal», dijo Fernanda Latani, del colectivo feminista de Ixtepec Las Nietas de los Binnigulaaza, integrante del Concejo.
La población, desde el sismo, vive en zozobra respecto a lo que está sucediendo. En San Mateo del Mar, por ejemplo, la población relata que los ruidos del mar continúan llegando. «No llegó ningún instituto, ningún geólogo para decirnos bajo que condiciones estamos. Las réplicas todavía continúan y del mar todavía nos llegan ruidos y nosotros no tenemos la mínima idea de lo que sea. Y eso genera muchas incertidumbres. Estamos un una situación incierta de cómo vivir y seguir adelante», dijo Juan Bernardo Fernández, vecino de la comunidad.
Además, sostiene, la ayuda para la reconstrucción debe ser distinta para cada una de las comunidades. «Nosotros, pueblos que vivimos a la orilla del mar [San Mateo del Mar está rodeado por agua; es una pequeña península, con aproximadamente 40 km de largo con 3 km de ancho, al sur el océano Pacífico y al norte un lago llamado mar muerto] tenemos necesidades distintas de aquellos que viven en suelos más firmes, como el centro de Juchitán, por ejemplo. Nosotros estamos en una región de terreno arenoso. No tenemos ningún laudo técnico, pero lo que vimos fue que, con el terremoto, el suelo hizo un movimiento hacia arriba y después un muy brusco para bajo. Muchas casas se hundieron y la gente no pudo abrir la puerta para salir. En otros lugares se abrieron grietas en la tierra y el agua empezó a brotar, incluso cuatro personas murieron tragadas por las grietas», relata Fernández. Entonces, «no se puede simplemente tratar todas las regiones, mismo que cercana una de la otra, de la misma forma».
«No hay información geológica oficial, seria, responsable y suficiente en lenguaje accesible a la mayoría sobre el suceso y sus consecuencias», dice un comunicado del Concejo.
De manera inmediata viviendas temporales a familias que quedaron sin techo por el sismo o por demolición de las autoridades.
Detener de manera inmediata la destrucción de viviendas tradicionales en pie, así como la presión a los propietarios por parte de las autoridades, ya que atenta con ello contra el patrimonio familiar, cultural y la identidad de nuestros pueblos, patrimonio que al contrario debían proteger. En vez de destruir apuntalar para su posterior reconstrucción.
Rechazamos de manera categórica la imposición de prototipos de vivienda que nada tienen que ver con la cultura e identidad de nuestros pueblos, así como la participación de los grandes consorcios de construcción que se llevarán la mayor parte de recursos económicos. Demandamos procesos de autoconstrucción con materiales de la región, mejorados estructuralmente, con asesorías adecuadas.
Realizar de manera inmediata un programa de estudios geológico para determinar la manera adecuada como se deban edificar en adelante las viviendas en nuestra región.
Implementar un plan contingente para prevenir una posible crisis sanitaria derivada de las condiciones insalubres en que vive gran parte de la población.
Detener de inmediato la confiscación por parte de las fuerzas armadas de la ayuda humanitaria que organismos sociales o particulares desean hacer llegar directamente a los afectados e igualmente se mantenga en el proceso de reconstrucción.
Región estratégica
«Siete días después del sismo, llegaron a mi casa y sentenciaron que era daño total. Así de simple me dijeron: “Señora, busque donde pueda quedarse porque aquí ya no se puede vivir”. Y demolieron la casa. Llegó un trabajador de gobierno diciendo que no era un lugar adecuado para construir una vivienda y nos dijo que el gobierno iba a encontrar otro lugar para reubicar nuestra hogar. Entonces le dije: ¿cómo nos van a reubicar si nuestros ancestros siempre vivieron aquí?», cuenta la vecina del municipio de San Mateo del Mar, Reina Gutiérrez Ruiz. «No es reubicarnos lo que nos va ayudar. Si realmente quieren ayudarnos es necesario hacer un estudio para que nos digan qué tipo de casa construir y cuáles son materiales», dijo ella.
Ver también «Rastros obscuros de la energía limpia en Oaxaca, México». ¿Bajo que lógica están siendo construidos estos proyectos? ¿Realmente son una solución al cambio climático? ¿Están llevando el desarrollo limpio para los países pobres?
Este es un relato recurrente de los moradores de la comunidad. «Del gobierno no podemos esperar bendiciones, somos un estorbo para el gobierno. Para ellos hubiera sido mejor que el terremoto hubiera acabado totalmente con nuestros pueblos», dijo Beatriz Gutiérrez Luis, maestra de educación indígena, integrante de la Coalición de Maestros Promotores Indígenas de Oaxaca y vecina de San Mateo del Mar.
La afirmación de la profesora está basada en el hecho de que su pueblo ha sostenido una lucha férrea contra los megaproyectos que han hecho presencia en la región desde hace por lo menos 15 años. «El gobierno tiene interés de que el pueblo deje su territorio —sostiene ella—. Nuestras tierras son cotizadas. A pesar de que en asamblea rechazamos el megaproyecto eólico, el gobierno quiere instalar un parque en nuestras tierras. Además, sabemos que hay concesiones mineras y eso no lo vamos a permitir».
En el año 2000 inició la intromisión de los parques en el Istmo. Se empezó a circular informaciones aquí en la comunidad sobre los proyectos en otras comunidades, pero no creíamos que iba a llegar hasta nosotros. En 2003 se instaló una radio aquí en el bachillerato comunitario, entonces nos empezaron a informar de forma más constante sobre los proyectos en el Istmo. En 2005 ya se empezó a decir que se iba a instalar un parque aquí en la comunidad. En 2007 llegó un español aquí en nuestra comunidad, específicamente en una asamblea del pueblo, para decir que iban a instalar el parque. Y la asamblea respondió que no. Nos dijo que nos traería muchos beneficios, construcción de carreteras, de escuelas. Y nosotros dijimos que no. Una de las principales razones de porque nos negamos, es por la profunda relación espiritual que tenemos con la tierra y con el mar. Y ya teníamos informaciones de lo que estaba pasando con otras comunidades vecinas, justo por la sensibilización que se hizo a través de la radio. Pero sí somos una piedra en su zapato.
En Unión Hidalgo, donde los vecinos han logrado detener las demoliciones indiscriminadas, hay una ofensiva por parte del Estado y de empresas para la instalación de un nuevo parque eólico —hoy existen 114 aerogeneradores instalados en la comunidad de la empresa Demex. «Antes del 7 de septiembre nosotros estábamos en otra dinámica. Existía aquí la cuestión de la consulta que estaba por realizarse para la instalación de nuevos proyectos eólicos. Nosotros somos críticos a estos proyectos porque no hemos visto desarrollo para nuestras comunidades», dijo José Arenas López, vecino de la comunidad e integrante del colectivo Binni Cubi, que mantiene una radio comunitaria en Unión Hidalgo.
Primero, continúa él, «tendríamos que discutir lo que se entiende por desarrollo y quién se desarrolla con todo eso. En todo el Istmo no hay siquiera un foco que se haya encendido a beneficio de una comunidad. Hemos visto la cantidad de recursos que se producen con nuestro recurso, el viento, pero no ha servido para nuestro pueblo. Por ejemplo, Demex produce al menos un promedio de 323 millones de pesos por mes. No es un desarrollo que incluye nuestras comunidades», sostiene.
Además, no se discute sobre los impactos ambientales, sociales y culturales traídos por los parques. «Todo se quiere minimizar, cuando hay estudios que hablan de la mortandad de murciélagos y aves. Por ejemplo, en el parque eólico La Venta 2, con 98 aerogeneradores, hubo un estudio en 2010, con un año de observación, y constataron 6 mil murciélagos muertos, 3600 aves muertas. Si extrapolamos eso para la cantidad proporcional de aerogeneradores instalados, es una cantidad impresionante que nos debería preocupar como comunidad. Y lo que pretenden es cercar nuestro pueblo de aerogeneradores. Hay comunidades como la venta, que es un pueblo condenado a desaparecer», dijo.
Lo que hemos notado es que las empresas, junto con las personas que han abogado por ellas, han ido a las escuelas y han hecho algunas obras de caridad para que cuando venga la consulta la gente agradezca a las empresas porque hizo un baño, o porque hizo un pozo, porque entregó un trofeo. Entonces cuando se hace eso previamente a la consulta pues ya no es de buena fe, pues ya se está induciendo hacia un lado la consulta.
También lo que están tratando de hacer es intimidar la gente que no piensa como ellos. Dicen que nosotros nos oponemos al desarrollo. Estas empresas ya tienen definido el proyecto, ya hay una aprobación por parte de la Secretaría de Energía de los proyectos eólicos, incluso con las dimensiones y cantidad de aerogeneradores. Entonces cuando se refieren a consulta previa, pues eso no tiene nada de previo. Aquí el proyecto ya está elaborado y definido. Los acuerdos internacionales dicen de una consulta previa, libre e informada a la elaboración del proyecto. El primero a no respetar las leyes es el propio Estado. Con estas situaciones está claro que lo que quieren hacer es un trámite para legitimar la entrada de más proyectos eólicos. En días de pánico como el que vivimos es fácil controlar a la gente asustada. El pueblo mismo es el que debe buscar un mecanismo para reorganizarse y poder hacer frente a todo que viene.
Así como San Mateo del Mar y Unión Hidalgo, históricamente todo el Istmo de Tehuantepec es cotizado por sus recursos naturales. «El saqueo ha sido ininterrumpido de madera, petróleo, agua, minerales y energía», sostiene Luis.
Además, la frontera sur de México constituye una zona estratégica por ser un corredor de tránsito entre Centroamérica y Norteamérica, tanto para mercancías como para migrantes. Por esta razón la región es considerada por distintos planes de desarrollo neoliberales, como el Proyecto Mesoamérica y, más recientemente, las Zonas Económicas Especiales (ZEE), o sea, una demarcación territorial que tiene condiciones muy particulares otorgadas a partir de una política pública que el Gobierno ha establecido para hacerla altamente atractiva a la inversión. El objetivo del gobierno es generar las condiciones necesarias para acelerar la instalación de los megaproyectos.
El control económico de la región se complementa con planes de control de la población como el Plan Frontera Sur, con apoyo de los Estados Unidos, fue diseñado para gestionar el tránsito de migrantes en su ruta hacia Estados Unidos y, con la justificación de combatir al narcotráfico, mantienen la presencia de distintas fuerzas de seguridad, las cuales facilitan el completo control sobre esta zona estratégica.
Y con el terremoto, las comunidades fueron sobre-militarizadas. «Hay una intención directa de militarizar lo más posible para tener un control sobre los espacios físicos, territoriales, psicológicos. Todo disfrazado de ayuda humanitaria. Eso es bárbaro», señala Luis.
Los elementos del ejército y la policía, denuncia Pinacho del Grupo de Investigación Autónomo, solo han servido «muchas veces de espectadores; mientras los pobladores se organizaban para recoger escombro y organizar brigadas en sus barrios y colonias».
Además, actúan en complicidad con las empresas eólicas. «Un ejemplo es el caso de Unión Hidalgo, donde los comuneros denunciaron el acaparamiento de elementos de la Marina de los cargamentos de víveres enviados por la sociedad civil, para luego permitir que la empresa eólica EDF los etiquetara con su nombre. Posteriormente salieron acompañados de la Marina a repartirlos a las calles del pueblo», señala Pinacho.
Oportunismo
La región del Istmo de Tehuantepec ha sufrido ya un primer reordenamiento territorial a partir de la creación de más de 20 parques eólicos establecidos en tierras comunales y ejidales, carreteras, líneas de transmisión de energía, oleoductos y gaseoductos, que fueron proyectados desde el año 1999 con el Proyecto Mesoamérica —llamado en un primer momento Plan Puebla Panamá—. Este proyecto de integración económica que abarca los 7 países de Centroamérica, ha sido asesorada y subvencionada por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El gobierno de México ha estado articulando la construcción de una ZEE justamente en el Istmo, cuya área de influencia abarca la zona afectada por el sismo. Efectivamente, el contexto de desastre ha significado oportunidad para políticos y empresarios. El titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Candiani, dos días después del sismo, consideró necesario acelerar el paso en el proceso de construcción de la ZEE en la región con la finalidad, según él, de reactivar los puntos afectados por la devastación que dejó el terremoto.
De acuerdo con el sitio oficial de la presidencia de México, una Zona Económica Especial (ZEE) es un área delimitada geográficamente; ubicada en un sitio con ventajas naturales y logísticas para convertirse en una región altamente productiva. Es un régimen legal, fiscal, aduanero, laboral, migratorio y de negocios especiales y de intercambio.
El objetivo es atraer inversión extranjera directa proveniente de compañías transnacionales o multinacionales que, a su vez, según la Ley Federal de ZEE, busca «democratizar la Productividad, a nivel regional, para que los habitantes del sur tengan las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar que los del resto del país».
La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales promulgada en 2016 fue diseñada conjuntamente por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Universidad de Harvard.
Se delega a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales —órgano descentralizado y con autonomía técnica, operativa y de gestión— las atribuciones de planeación, promoción, regulación, supervisión y verificación en materia de zonas económicas especiales, previstas en la Ley Federal de ZEE.
La primera zona económica especial moderna fue creada en 1959 en el aeropuerto Shannon, en Irlanda. Actualmente, se estima que existen 4,300 de estas zonas a nivel mundial y que alrededor del 75% de países cuentan con al menos una. Después de tres décadas, China es considerada la economía más grande del mundo y cuenta, según datos del Banco Mundial, con seis ZEEs y es el referente de las ZEEs de México.
Es casi seguro que México ofrecerá un amplio mercado laboral a muy bajo costo, con salarios mínimos de no más de 60 pesos por día. Entre otros beneficios que tendrán las empresas, según la ley de ZEE, están: exención, sin límite de tiempo, en aranceles de importación y exportación; descuento de 100% del Impuesto sobre la Renta en los primeros 10 años de operaciones, y 50% en los siguientes cinco años; créditos fiscales de 50% por las cuotas patronales que se pagan ante IMSS durante los primeros 10 años de trabajo; tratamiento especial en materia de IVA y régimen aduanero especial con reducciones a las cuotas de derechos, por nombrar solo algunos de los beneficios.
La verdad es que con la ZEE se establece un área en que todo el privilegio es dado a los inversionistas, que además de las exenciones fiscales tendrán control hasta de la circulación y seguridad de la zona. El diseño y planeación de las ZEE quedó a cargo de consultoras privadas con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De acuerdo con la agrupación Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), esta nueva política del gobierno federal es un endurecimiento del modelo extractivista y un paso adelante en la privatización del territorio mexicano.
Se habla de crear estos megaproyectos con incentivo incondicional a las empresas, pero no hay ninguna referencia de las ramas de la economía popular que se encuentran afectadas y paralizadas. «No hay ningún plan de emergencia para recuperación de los circuitos económicos de los pueblos».
«Es un contexto muy difícil para nosotros porque el gobierno está utilizando la doctrina del choque en nuestra región y aprovechándose de la devastación. La gente está atemorizada y más preocupada en resolver sus necesidades más inmediatas. Al momento de estar sobreviviendo a la catástrofe y creando lazos entre nosotros tenemos que ver cómo articularnos en contra de la estrategia mayor del gobierno que es desplazarnos», dijo Carlos Manso, vecino de Unión Hidalgo y autor del libro Comunalidad, resistencia indígena y neocolonialismo en el Istmo de Tehuantepec, siglos XVI-XXI.
Tierras comunales, resistencia
Días después de la declaración de Candiani, el gobierno federal, sin antes haber establecido un protocolo que respondiera a las necesidades básicas de las comunidades afectadas en Oaxaca ni del estado de Chiapas —duramente afectado por el terremoto del 29 de septiembre—, anunció oficialmente la Declaratoria de tres ZEEs: Puerto Chiapas, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; y Lázaro Cárdenas-La Unión, en los estados de Michoacán y Guerrero.
Para estas tres primeras ZEEs, en Tapachula, Chiapas, el gobierno federal adquirió 522 hectáreas, pero el polígono demarcado abarcará los municipios de Tapachula, Tuxtla Chico, Suchiate, Huehuetán, Mazatán, Frontera Hidalgo y Metapa, en una superficie neta de 8,216.51 hectáreas; en Coatzacolacos, Veracruz, el área adquirida es de 260 hectáreas con un polígono de hasta 8 mil 263 hectáreas, abarcando Coatzacoalcos, Nanchital, Ixhuatlán, Minatitlán, Cosoleacaque, Osteapan, Chinameca, Jáltipan y Zaragoza; y en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el gobierno federal adquirió 369 hectáreas pero el área de influencia será hasta de 5 mil 451 hectáreas, principalmente en La Unión y Zihuatanejo, en Guerrero.
Aunque el Istmo de Tehuantepec no ha sido declarado ZEE en esta primera etapa, Candiani señaló que el proyecto tiene un avance de 90% en el territorio oaxaqueño y que será declarada ZEE en los próximos meses, junto con Campeche, Yucatán y Tabasco.
Oaxaca es un estado rural e indígena donde la propiedad social de la tierra es superior a la privada, donde destaca la tierra comunal y ejidal que representa 76% del territorio. Aquí es donde radica el principal problema para avanzar con la ZEE, la dificultad de privatizar las tierras, ya que están en manos de indígenas y campesinos.
Desde que el Gobierno Federal reformó al Artículo 27 constitucional, implementó el programa federal denominado Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), cuyo objetivo principal es enmarcar estas tierras a la modalidad de propiedad privada para que las empresas o el gobierno pudieran comprarlas.
Oaxaca es uno de los estados de México que ha avanzado lentamente en la privatización. «Simplemente porque la propiedad privada cambiaría nuestras relaciones sociales. Nuestras costumbres y tradiciones se mantienen porque nuestro territorio es colectivo», dice Arenas López.
Bajo el argumento de «una mejor repuesta a las demandas de la sociedad, es necesario regularizar las tierras para recaudar los impuestos catastrales», según el gobierno del estado de Oaxaca.
En abril de este año 2017, el ayuntamiento municipal de Salina Cruz, que preside Rodolfo León Aragón, firmó un convenio con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca (Coreturo), con el fin de regularizar la tenencia de la tierra en donde existan asentamientos humanos considerados por el Estado como irregulares, en bienes de propiedad particular, estatal o municipal.
El avance del 90% para la ZEE en el Istmo de Tehuatepec, del cual habla Candiani, gira en torno a esa regulación de estas tierras. Un mes después de la firma de este convenio, en mayo de este año 2017, Candiani informó que ya disponía de mil 230 hectáreas en Salina Cruz para concesionarlas a los inversionistas. También que el «polígono ampliado» superará las mil hectáreas.
Las reservas territoriales en Salina Cruz son tierras comunales o ejidales y están siendo compradas entre 40 y 50 pesos el metro cuadrado. Después son vendidas a las empresas que van a invertir en la ZEE. «Toda la industria está sobre terrenos ejidales o comunales, nosotros le vendimos a una concesionaria de automóviles bajo este régimen, y después ellos hicieron los trámites para regularizar las tierras, las convirtieron en propiedad privada, y el precio del lugar se eleva considerablemente», dijo para el medio local Nvinoticias, Enrique Alcalá, especialista en bienes raíces.
Fotografía: Renata Bessi
Rechazo
Las organizaciones, comunidades y pueblos del Istmo de Tehuantepec, reunidas en Oaxaca en julio de 2017 en el Foro: «Las Zonas Económicas Especiales y sus Implicaciones en la Vida Comunitaria y al Medio Ambiente», rechazamos la implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del estado.
Sus intenciones son evidentes, han anunciado y promovido mineras, nuevos parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, siderúrgicas, gasoductos y terminales de gas, presas hidroeléctricas, construcción de vías férreas y carreteras. Todas estas industrias de despojo y destrucción se agrupan, organizan y legitiman desde el andamiaje legal, fiscal y administrativo que provee la ley de las ZEE y las llamadas reformas estructurales. Se avizora una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el Estado. El capital internacional y la élite política mexicana se ciernen sobre el territorio oaxaqueño con avaricia, avidez y rapacidad. Son los nuevos tiempos de un capitalismo cada día más burdo, delirante y genocida.
El falso modelo de industria verde que son los parques eólicos, no sólo ha despojado de tierras y cuerpos de agua a los campesinos istmeños sino que además ha corrompido y destruido el tejido social, ha propiciado la violación a los derechos humanos, sociales y ambientales y doblegado a autoridades judiciales coludidas, con autoridades de todos los niveles, además promueven la violencia extralegal y paramilitar y son la punta de lanza de las industrias extractivistas y depredadoras que hoy se cobijan bajo las leyes de las ZEE que los benefician.
Informaciones bajo sigilo
El gobierno federal calificó como información reservada por cinco años los estudios de factibilidad, proyectos de dictamen y los diagnósticos relacionados con el diseño de las Zonas Económicas Especiales, datos generados por consultoras privadas para el diseño de las ZEEs.
En respuesta a una solicitud de información realizada por el periódico Sin Embargo, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras, que fue asignado por el gobierno federal para el diseño de las ZEE), contestó:
«La información relativa a doce documentos correspondientes a cuatro estudios de prefactibilidad, cuatro proyectos de dictamen y cuatro informes de resultados de auscultación y relación de potenciales administradores integrales e inversionistas fue clasificada como reservada por un término de cinco años, y hasta en tanto concluya el proceso deliberativo, por tratarse de información que se encuentra directamente relacionada con la toma de decisiones y teniendo en cuenta que su difusión pueda llegar a interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño, negociación o implementación de los asuntos sometidos a deliberación», respondió Banobras.
Producción hacia los EEUU y China
Los Estados Unidos y China tienen gran interés en la ZEE. En el año 2009 la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presentaba un informe llamado «Estudio del Potencial de Exportación de Energía Eólica de México a los Estados Unidos». En dicho documento se plantaba que, debido a la alta demanda de energías renovables de este país norteamericano, México figuraba como un exportador potencial de energía eólica hacia los estados de California y Texas. Los dos complejos más importantes de generación de energía eólica en México son el Istmo de Tehuantepec y Baja California.
China también ha mostrado su interés por invertir en las ZEEs, sobre todo en el área de administración de estas zonas, lo que implica la construcción, el desarrollo, la gestión y el mantenimiento de estas áreas; además de su interés por la industria del acero, los metales, la agroindustria, y las tecnologías de la información.
Ciudades Sostenibles
En el evento de la declaración de las ZEEs el 29 de septiembre, también estuvo el colombiano Luis Alberto Moreno Mejía, exministro de Desarrollo Económico y actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Moreno había firmado, en septiembre del año 2016, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Banobras, un acuerdo para la implementación del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles (PCES) dentro del área de influencia de las ZEEs. En el evento de la declaratoria, aseguró que «son pocos los sitios en América Latina que tienen unas zonas del nivel de ambición que se están creando aquí en el sur de México».
A la fecha tres ciudades mexicanas forman parte de PCES: La Paz, Baja California Sur; Campeche, Campeche; y Xalapa, Veracruz. Sin embargo, la iniciativa se ampliará a más ciudades, entre ellas algunas que formarán parte de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), como Lázaro Cárdenas, Michoacán; Coatzacoalcos, Veracruz; Salina Cruz, Oaxaca; y Tapachula, Chiapas.
«Hay que poner atención en lo que ellos consideran las ciudades sostenibles, que vienen acopladas a las ZEE. En diversos lugares de América Latina, este modelo de ciudad viene acompañado por un intenso proceso de “gentrificación”, o sea, de desplazamiento de la gente pobre de lugares donde ellos quieren “recualificar”», sostiene Pinacho.
Ser comunal
Los pueblos indígenas fincan pie en su lucha contra de las ZEEs. Días antes al terremoto, el 22 de agosto, en el marco del Foro Nacional «El extrativismo o la vida», representantes de organizaciones sociales de 23 municipios del Istmo acordaron su rechazo a la ZEE. En sus acuerdos finales sostienen que se oponen al extractivismo y a ZEE por ser un modelo industrial que destruye la naturaleza y los bienes comunes y que afectan directamente la fuerza de trabajo local, las semillas tradicionales como el maíz y los medios de vida como el agua y la energía.
«Nuestra resistencia está muy fincada en el ser comunal de los pueblos en la defensa de la comunalidad agraria, de nuestro modo de vida. Son elementos de resistencia que están presentes y, por supuesto, nos estamos basando en ellos para buscar las maneras de comunicarnos y a partir de ahí resistir aún en este contexto», dijo Carlos Manso.
