(Español) Inmigrante hondureño continúa en detención prolongada e injusta
Manifestamos nuestra preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruíz Hernández, inmigrante de origen hondureño en Chiapas.
Escucha las grabaciones de la conferencia de prensa realizada en el FrayBa:
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifiesta su preocupación por la detención prolongada e injusta de Roberto Carlos Ruíz Hernández (Roberto Carlos), inmigrante de origen hondureño.
Roberto Carlos, es sobreviviente de tortura, fue detenido el 22 de mayo de 2013 y cuatro días después es encarcelado en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado No. 13 (CERSS No. 13), en Tonalá, Chiapas, acusado de extorsión.
Peritos independientes realizaron valoraciones médicas y psicológicas con base en el Protocolo de Estambul teniendo como resultado que Roberto Carlos sufre de consecuencias físicas y psicológicas debido a hechos de tortura y/o tratos crueles e inhumanos durante su detención. A pesar de la denuncia de tortura ante el ministerio público, las violaciones al debido proceso durante el juicio y la falta de asistencia consular fue sentenciado en primer instancia a 7 años, dicha sentencia fue reducida a 5 años y 3 días en apelación. Desde el CERSS No. 13 ha denunciado su detención arbitraria, la tortura a la que sobrevivió, así como las violaciones a los derechos humanos que ha sido víctima dentro de la prisión.
En 2015 su expediente fue expuesto a la Mesa de Reconciliación del Gobierno de Chiapas para solicitar la revisión de su caso y solicitar su libertad de acuerdo a los beneficios que concede la ley; en febrero de 2017 según información con la que cuenta el Frayba, los integrantes de la Mesa de Reconciliación habían determinado otorgarle su libertad, pero por retraso burocrático desde febrero a la fecha el gobierno mantiene una privación arbitraria que le ha ocasionado angustia y desgaste psicológico por la promesa de libertad.
Debido a que aún se encuentra detenido Roberto Carlos ha realizado dos huelgas de hambre dentro del penal como una forma de exigir su liberación, las cuales han derivado en problemas de salud que podrían poner en riesgo su vida dentro de la prisión.
Por las acciones y denuncias que realiza exigiendo su libertad ha recibido amenazas, castigos, negación de visitas, aislamiento y acciones de intimidación por el Director y personal de custodia del CERSS No. 13, por lo que en mayo de este año fue trasladado al Reinserción Social para Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), en San Cristóbal de Las Casas, en donde se encuentra actualmente y desde ahí ha anunciado una tercera huelga de hambre para exigir su libertad inmediata, que ha suspendido por el momento tras la esperanza de su libertad.
El Frayba considera que la Embajada de Honduras en México no ha otorgado la asistencia consular adecuada a Roberto Carlos, ni las gestiones políticas ni diplomáticas para obtener su libertad, argumentando que no lo tiene registrado como ciudadano de su país, sin embargo Roberto Carlos ha sido deportado por el Estado mexicano en 3 ocasiones, por lo que el gobierno de ese país si cuenta con los registros que lo acreditan como ciudadano hondureño.
Es importante señalar que Roberto Carlos lleva más del 70% de su sentencia cumplida, es sobreviviente de tortura, su proceso judicial tuvo faltas al debido proceso y derivó en un juicio injusto, no contó con asistencia consular y la Mesa de Reconciliación determinó otorgarle la libertad.
Solicitamos al Gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello cumpla de manera pronta el acuerdo de libertad que la Mesa de Reconciliación del Gobierno de Chiapas determinó otorgarle y así concluir con la detención prolongada de Roberto Carlos.
A la Embajada de Honduras en México le reiteramos dar la asistencia consular a Roberto Carlos por ser ciudadano de su país y por las vías diplomáticas realizar las gestiones necesarias para la su liberación inmediata.
Lamentamos que el caso de Roberto Carlos sea un ejemplo más de la criminalización hacia las y los migrantes que deciden transitar o asentarse en nuestro país. Por su estado de vulnerabilidad se enfrentan a una situación crítica de violencia y discriminación, perseguidos y tratados como delincuentes, muchos de ellos son víctimas de tortura y se encuentran encarcelados injustamente.
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