(Español) #NoAmpliación: Tepoztlán va a la Suprema Corte
Por María González
Hoy, 26 de abril de 2017, el ministro José Fernando Franco González Salas y los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrían que resolver el Recurso de Reclamación 1880/2016 contra el acuerdo dictado por el presidente de la SCJN en el cual desechó un primer Recurso de Revisión en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que considera que comuneros habitantes de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no tienen interés legítimo para interponer amparos en contra de la construcción ilegal de infraestructura en su territorio. Por esta razón comuneros, población tepozteca, avecindada y solidaria acudirá a la SCJN a realizar un mitin a las 11:00 am para conminar a los magistrados para que se haga justicia y se respete la legalidad en el marco de la problemática por la ampliación de la autopista La Pera–Cuautla en Tepoztlán, es decir que, para empezar, se reconozca la legitimidad de los quejosos para interponer un amparo.
«Si la 2ª Sala de la SCJN rechaza nuestro Recurso de Reclamación en contra de la ampliación La Pera-Cuautla en el ANP de Tepoztlán, el Poder Judicial estaría avalando un evidente despojo en contra de la población indígena de Tepoztlán» declararon pobladores, quienes subrayaron que ello abriría la puerta para que el gobierno y las empresas continúen adueñándose de Áreas Naturales Protegidas para hacer negocios y contribuir a la destrucción ambiental.
Asimismo, los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) dieron a conocer su alarma e indignación ya que desde hace más de un mes se reiniciaron los trabajos de ampliación de la autopista La Pera – Cuautla a cargo de la empresa Tradeco. «Es absurdo pensar que doce comuneros reconocidos en el Registro Nacional Agrario no tienen interés legítimo en interponer un amparo para proteger su territorio» comentó Roberto Robles, vocero de los Frentes, durante una rueda de prensa realizada el 18 de abril de 2017, en la Plaza de Armas de Cuernavaca, donde anunciaron sus acciones siguientes.
Además del Recurso de Reclamación por el juicio de amparo que aún está en curso, el abogado Gerardo Arrieta Fuentes comunicó que, desde el 11 de abril se interpuso en el juzgado 7º de Distrito un nuevo amparo colectivo firmado por pobladores originarios de Tepoztlán, debidamente legitimados. En éste nuevo proceso se pide otra vez la suspensión de las obras por violaciones al debido proceso, por no existir una consulta a la población indígena, y por violaciones al decreto presidencial de Lázaro Cárdenas que en 1937 estableció Tepoztlán como territorio sagrado protegido.
En un comunicado con misma fecha, los Frentes señalan: «México ya no está para seguir soportando tan cínicas injusticias en contra de la población más desprotegida y vulnerable para favorecer a los poderosos».
En dicho documento hacen un llamado a que los núcleos agrarios del país y todas las personas que luchan contra la impunidad y los despojos territoriales conozcan el caso y se pronuncien al respecto. También llaman a los comités locales morelenses de aguas a organizarse y enlazarse regionalmente con otros comités para advertir sobre los riesgos y tomar medidas en cuanto a la problemática del agua. A los intelectuales, científicos, académicos, abogados y especialistas, les llaman a solidarizarse para que aporten su conocimiento técnico para la defensa que los pueblos están haciendo en el territorio de Morelos. Y a la sociedad en general a organizarse, solidarizarse y estar alertas sobre lo que está ocurriendo en el estado.
En el mismo comunicado se acusa la ocupación de material extraído de la mina comunitaria de Tepoztlán –sin permiso de la comunidad–, la grave modificación del paisaje y la composición geológica de la zona; el cierre de caminos comunitarios y accesos a campos de cultivo, la producción agrícola afectada por la contaminación, el bloqueo de los pasos de fauna local y la devastación forestal que afecta a la biodiversidad, el clima, la captación de humedad y por tanto a los mantos freáticos; el aumento de construcciones ilegales y especulación inmobiliaria. Observan otro fenómeno relacionado: una migración masiva en curso a sus territorios por el agotamiento de recursos en la Ciudad de México y por el Proyecto Integral Morelos que ya provoca agotamiento de recursos en Morelos. Advierten que estas afectaciones no se arreglarán reforestando otras zonas.
Están bloqueando cauces de agua y escurrimientos naturales, están tapando barrancas. Esto, aunado a la sobrepoblación, al desperdicio causado por hoteles, el turismo y uso inconsciente de agua en fincas y residencias, y para colmo las grandes cantidades de agua que están usando para la construcción de la autopista, ya ha provocado escasez de agua en los pozos de Tepoztlán.
Karina Vara, habitante de Tepoztlán, comentó sobre la actual escasez de agua y recordó que la zona alta es parte del corredor biológico Ajusco-Chichinautzin, que nutre, además de a buena parte de Morelos, a zonas de la Ciudad de México, así que la alteración de ese ecosistema afectará también otros lugares «ya que es a través del bosque que se da la absorción de agua a los mantos freáticos». Asimismo señaló que para los trabajos de la autopista llevan «pipas y pipas de agua» y reflexionó: «Es absurdo que haya comunidades que no tienen agua para cubrir sus necesidades básicas mientras ahí sacan pipas para llevarlas hacia esta área de destrucción».
En cuanto a la amplitud de la destrucción, l@s compañer@s comentan cómo ésta se extiende al ámbito de lo cultural por medio del esquema de Pueblos Mágicos. Señalan:
Los daños que la industria de servicios causa a la cultura son igual de destructivos que los que la industria de bienes causa a la naturaleza. Vemos que el programa de Pueblos Mágicos destruye brutalmente nuestro mundo, nuestro pueblo y nuestra cultura. Vemos que ha destruido nuestra capacidad de preocuparnos por las consecuencias de nuestras propias acciones […] No necesitamos “bienes y servicios” necesitamos mundos para vivir, para crecer, para amar, para soñar. Tepoztlán como comunidad indígena, como altepetl, como mundo, es sus aguas, sus tierras y sus cerros, y también es su pueblo que lo vive, lo ama y lo defiende.
A final de cuentas las y los pobladores consideran la destrucción en Tepoztlán como una pieza más del Plan Integral Morelos (PIM). Denuncian que los diputados de Morelos otorgaron al gobernador permiso para subastar la reserva territorial del estado (tierras, montes, aguas) y detonar el desarrollo inmobiliario e industrial. Mencionan que, hasta ahora, las megaobras que conocen como parte del PIM incluyen: la ampliación de la autopista La Pera–Cuautla, las termoeléctricas en Huexca, el acueducto en el río Cuautla, el gasoducto que pasa por zonas de riesgo volcánico y afecta a pueblos de Tlaxcala, Puebla y Morelos, las líneas de alta tensión que van desde Ixtepec, Oaxaca hasta Yautepec, Morelos.
Esos megaproyectos son de los que se tiene conocimiento y enfatizan que el gobierno nunca ha dicho con transparencia y claridad qué es y cuánto abarca el PIM, además puntualizan que, para impulsar dicho proyecto se han violado decretos presidenciales y convenios internacionales. Consideran que los verdaderos objetivos del PIM incluyen integrar Morelos al plan de progreso y desarrollo de la CDMX, y que, como los pueblos no tienen cabida en el PIM, necesitan desaparecerlos.
También en la rueda de prensa el 18 de abril, la población tepozteca responsabilizó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por los incendios de hace unas semanas en Morelos, en Chamilpa y Santa Catarina «donde el fuego sí llegó a casas y destruyó negocios». Pobladores relataron que el fuego llegó del monte, desde donde están los trabajos de la ampliación, y no de una quema agrícola.
Expusieron algunas preguntas: «¿Quién puede negarle a un pueblo el derecho e interés legítimos para defender su territorio, para defenderse de su desaparición? […] ¿Por qué no se ha informado o consultado a los pueblos de Morelos sobre el PIM?»
Galería fotográfica de los trabajos de ampliación en la autopista La Pera-Cuautla, cortesía de Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán:
En cuanto a la actuación de las autoridades, ante la reciente declaración del secretario de gobernación de Morelos de que se respetaría el amate amarillo (árbol centenario en la zona) y los vestigios arqueológicos de Tlaxomolco, Roberto Robles (FUDT) declaró que tras una solicitud formal de información pública federal se les respondió que no hay ninguna modificación al proyecto de ampliación de la autopista, «por lo que el gobernador, Graco Ramírez y el secretario de gobierno de Morelos, Matías Quiróz, mienten al decir que se cambió el trazo para respetar el amate amarillo y la zona arqueológica de Tlaxomolco» –resaltó además que el amate amarillo es un símbolo que representa toda la biodiversidad de la zona. Al respecto, se acusó que el Instituo Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la SCT ya destruyeron una plataforma de siete niveles entre otras estructuras descubiertas al paso de los trabajos de la ampliación que atraviesa esa zona así como el poblado de Santiago Tepetlapa.
Arqueólogos han comunicado que Tlaxomolco corresponde a la período pre-clásico (2500 a.C. – 200 d.C.), dato que aumenta enormemente su valor histórico-cultural y modifica la historia de la región y de los asentamientos prehispánicos de Tepoztlán como se consideraban hasta entonces; sin embargo, el INAH Morelos consideró que los restos encontrados estaban «en mal estado de conservación» y Giselle Canto, encargada de la dependencia, manifestó que la zona es un «basurero arqueológico» y que no había problema en que la ampliación de la autopista pasara por encima. Los pobladores afirman que la zona arqueológica es mucho más grande de lo que se encuentra a la vista y su destrucción es una enorme violación del derecho a la cultura.
Es hoy que una vez más, el pueblo mexicano insta a las y los responsables de impartir justicia desde las instituciones del Estado, a que, en una decisión histórica, se guíen por la consciencia moral de proteger los bienes comunes y los derechos colectivos de los pueblos a la hora de dictaminar sobre la pertinencia, legitimidad y razón de la demanda de amparo que desde hace casi cuatro años pelea la comunidad de Tepoztlán contra un proyecto ecocida cuyos «beneficios» pueden alcanzarse con medidas no dañinas al ambiente y las comunidades (sí, limitativas del horario de flujo de mercancías por la carretera y regulatorias de un territorio con una capacidad poblacional y turística a tope).
