(Español) Sobre la detención de El Lico: cuando la justicia institucional no alcanza
Por Dante A. Saucedo y Regina López
El pasado 22 de marzo, elementos de la Policía Federal detuvieron en Nayarit a Federico González Medina, El Lico. En los días siguientes a su aprehensión, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría de Justicia de Michoacán emitieron comunicados para adjudicar la captura del jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en La Placita —en el municipio michoacano de Aquila— a trabajos coordinados de «inteligencia».
En la sierra-costa michoacana, sin embargo, los boletines de prensa de las corporaciones de seguridad del Estado mexicano no son suficientes para borrar de la memoria los años de agravios y violencia que El Lico provocó con la aquiescencia o franca complicidad de los tres niveles de gobierno. Para el pueblo nahua de Santa María Ostula, el nombre del jefe Templario es sinónimo de una época de terror, cuyas memorias y dolores apenas comienzan a sanar.
El 29 de junio de 2009, comuneros y comuneras de Ostula recuperaron 1200 hectáreas de su territorio que les habían invadido los llamados pequeños propietarios en complicidad con el crimen organizado y el gobierno. En esas tierras se fundó Xayakalan. Como respuesta a la organización y fundación de este pueblo, entre 2010 y 2014, las células del crimen organizado al mando de El Lico trastocaron profundamente la vida comunitaria en Ostula. Además de los 34 asesinatos y las seis desapariciones cuya autoría se le adjudican directamente, las comuneras y comuneros recuerdan los detalles cotidianos de aquellos años. Cada familia guarda un fragmento de esa historia: el exilio, las amenazas, el desprecio y, sobre todo, la rabia de vivir con miedo y en silencio en su propio territorio.
La historia de Xayakalan, una de las encargaturas que más sufrió la violencia de aquel tiempo, es la historia de una comunidad que se hizo fuerte para sobrevivir. Las comuneras y comuneros cuentan todavía que, en esos años, muchas familias se vieron obligadas a dejar sus tierras. Quienes se mantuvieron allí pasaban las noches bajo una enramada, para protegerse entre todas y todos. En todo Ostula, el cúmulo de esos recuerdos, y la memoria de las personas asesinadas y desaparecidas es una de las fuentes que mantienen viva la organización comunitaria.
En 2014, la Guardia Comunal de Santa María Ostula, junto con el movimiento de autodefensas, avanzó sobre la sierra-costa de Michoacán. La recuperación de este territorio permitió que la vida comunal se reorganizara poco a poco y que la posibilidad de una vida digna y en paz fuera, de nuevo, una realidad. La sorpresiva aprehensión de El Lico, tres años después de su huída, vino a remover de nuevo las heridas personales y colectivas de un pueblo que ha sabido defenderse y reconstituirse.
Para las comuneras y los comuneros de Ostula, esta detención no significa el fin de su lucha, sino una alerta constante para seguir defendiendo su territorio. Es importante señalar que el terror infundido por este capo ha requerido una compleja estructura del crimen organizado. Personajes como José Antioco Calvillo García, ex líder autodefensa del poblado de Cachán, ubicado en Aquila; y dos presidentes municipales de la misma localidad: Mario Álvarez (entre 2005 y 2007) también señalado por ser uno de los pequeños propietarios que en el pasado invadieron los terrenos comunales de Ostula, y Juan Hernández Ramírez (entre 2012 y 2015), a quien se le ha vinculado en repetidas ocasiones con Servando Gómez Martínez, La Tuta, ex jefe de los Caballeros Templarios; entre otros, forman parte de esta articulación que operaba impunemente en la zona. Y aunque se ha detenido a un elemento importante de la misma, ellos también son responsables de los levantones, ataques contra las Guardias Comunales y Policías Comunitarias, y la actual escalada de violencia en la región.
El hostigamiento del crimen organizado y la amenaza de los proyectos extractivistas no ha cesado en el territorio, y la noticia del arresto fue recibida con el natural recelo que genera la actuación de las fuerzas del Estado. Aún así, la aprehensión del jefe Templario significa un respiro y la posibilidad de seguir construyendo la justicia y la paz digna que sólo son posibles gracias a la fortaleza de un pueblo organizado.
