Por Rafael Camacho

Hace ya varios meses que a través de diversos comunicados, autoridades de la comunidad indígena de Santa María Ostula, Pómaro y San Juan Huizontla, así como habitantes, Policías Comunitarias y Grupos de Autodefensa de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, han denunciado una escalada de violencia en la región costa-sierra del estado de Michoacán.

Dicha escalada, señalan, se debe principalmente a la reagrupación de células del crimen organizado vinculadas con Los Caballeros Templarios, cártel que después de la retirada provocada por el surgimiento de los Grupos de Autodefensa en 2013 y 2014 se ha visto nuevamente fortalecido desde la llegada de Silvano Aureoles a la gubernatura del estado. El plan de seguridad pública, cuya primera medida había sido la implementación del Mando Único en el estado hace poco más de un año, se ha revelado de hecho un rotundo fracaso.

A la par del aumento de la violencia, se ha registrado también un alza en el hostigamiento que realizan la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía de Michoacán en contra de la comunidad de Ostula y las comunidades aledañas. El evidente reacomodo de fuerzas y las órdenes de aprehensión contra el comandante comunitario y Director de Seguridad en el municipio de Aquila, Germán Ramírez Sánchez, y del Director de Seguridad en el municipio de Coahuayana, Héctor Zepeda Navarrete, han encendido las alertas en las comunidades y en la región.

Pobladores, Grupos de Autodefensa y Policías Comunitarias de Santa María Ostula, Pómaro, San Juan Huitzontla y Aquila, así como de Coahuayana y Chinicuila, han iniciado desde el 2 de noviembre pasado una serie de acciones, entre las que destacan la toma de las alcaldías de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, así como un bloqueo permanente en la carretera federal 200.

No está en negociación nuestra seguridad comunitaria, pues son los muertos en nuestros municipios, los que fueron asesinados y desaparecidos, las mujeres violadas, las familias extorsionadas y destruidas, las miles de personas en la región que fueron desplazadas por la violencia criminal, las comunidades que fueron despojadas de sus tierras sagradas, minerales y maderas preciosas en peligro de extinción, los que hablan por nuestra determinación irrenunciable de que la muerte y violencia no regrese a nuestros municipios y comunidades. No lo podemos negociar porque sería resignarnos a ver morir a nuestras familias, a ver la muerte tan cotidiana que nos acostumbremos a ella, a hacer del miedo la única certeza, a perder la esperanza de que la oscuridad termine.

Con estas palabras –extraídas de uno de los comunicados recientes firmado por las Comunidades Indígenas de Ostula, Pómaro y San Juan Huizontla– el Consejo Ciudadano de Seguridad de Coahuayana y las Autodefensas del municipio de Aquila, no dejan dudas sobre cuál es la intención y firmeza de los firmantes. Y continúa:

Exigimos una señal de que el gobierno del estado de Michoacán y el gobierno federal tienen disposición de abonar a la paz y la seguridad y no por el contrario abonar a que los templarios regresen y se apoderen de la vida de todos nosotros.

Es importante señalar que al mismo tiempo que se llevaba a cabo la mesa de negociaciones en Aquila, el Secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Bernardo Corona Martínez, declaró ante diversos medios de comunicación que detrás de los bloqueos de Aquila y Coahuayana podrían estar implicadas «células delincuenciales que tratan de revivir y operar movilizando gente».Las declaraciones del Secretario de Seguridad Pública de Michoacán demuestran, en el mejor de los casos, una profunda ignorancia del conflicto y sus actores, y en el peor, un claro intento de confundir a la población y justificar el uso de la fuerza pública; una estrategia de gobierno que busca culpar a las víctimas y denunciantes, a la vez que hace caso omiso ante el fortalecimiento y avance de los agresores.

Ya sea por ignorancia, malicia, estrategia o todas estas condiciones juntas, tachar de criminales a los pueblos organizados es una muestra de la nula capacidad que tiene el gobierno para resolver sus demandas, a la vez que manda una señal peligrosa sobre la forma en que puede intervenir en un conflicto social en el que hay comunidades armadas de por medio.

Los verdaderos criminales

Germán Ramírez, comandante de la Policía Comunitaria de Ostula y Director de la Policía del municipio de Aquila, señala en entrevista telefónica que «los Templarios no se reorganizaron, ellos ya estaban organizados desde antes, son una organización criminal que aún cuenta con mucho poder en varias regiones y sólo estaban esperando las condiciones para salir de nuevo con mayor presencia».

Estos son los nombres y apodos de algunos de los criminales señalados como los principales responsables de la reorganización de los Templarios en la región:

Federico González, alias Lico, y Mario Álvarez López, alias el Chacal, son señalados como los autores intelectuales de los 34 asesinatos y las seis desapariciones ocurridas en la comunidad de Ostula entre los años 2010 y 2015. Lico también es señalado como el autor intelectual de la emboscada contra Cemeí Verdía el pasado 25 de mayo del 2015, que derivó en un enfrentamiento entre comunitarios y miembros del crimen organizado, en el que perdieron la vida Reginaldo Rodríguez, comandante de la Policía de Ostula, y Miguel Sandoval, comandante de la Policía Comunitaria de la cabecera municipal de Aquila, además de seis miembros del crimen organizado.

A Jesús Cruz Virrueta, alias el Chuy Playas, se le vincula con el atentado del pasado domingo 16 de octubre en contra de policías y autodefensas de San Pedro Naranjestil, donde siete elementos resultaron heridos. También es señalado como el responsable del asesinato de los policías auxiliares Juan Cruz y  Luis Olazcon, quienes fueron «levantados» el pasado 24 de octubre en la encargatura de San Juan de las Palmeras y encontrados horas después calcinados y con impactos de balas en el paraje de La Parota.

Fernando Cruz Mendoza, alias El Tena, es un reconocido lugarteniente del cártel en la región de Tierra Caliente; fue considerado en su tiempo mano derecha de Nazario Moreno, alias el Chayo, líder fundador de Los Caballeros Templarios. José María Cruz, alias el Tunco, otrora jefe de plaza en el poblado de Tizupan, junto con Sergio Mendoza Ontiveros, alias el Ñao, están vinculados con el incremento de la violencia en la zona de Huahua y Caleta de Campos. 

Juan Hernández Ramírez, originario de Maruata y ex presidente municipal de Aquila, y José Antioco Calvillo García, alias el Profe, originario de Cachán, fueron detenidos por estar vinculados al atentado del 25 de mayo de 2015. Después de la detención, Antioco Calvillo confesó haber participado en varias reuniones donde planearon el asesinato de Cemeí Verdía y el usufructo de concesiones mineras en la región de Aquila. Entre los participantes de dichas reuniones destacan Juan Hernández, Los Viagras (célula del crimen organizado en la región) y Adolfo Eloy Peralta Mora, alias el Yanki, ex secretario de Seguridad Pública de Michoacán y gente de confianza del entonces comisionado para la Seguridad y el Desarrollo de la entidad, Alfredo Castillo.

Sospechas fundadas

La escalada de violencia, resultado de la reorganización de células criminales, aunada al hostigamiento militar y jurídico, hace pensar que la estrategia de Seguridad Pública en la región, más que brindar protección a la población, está dirigida a frenar la organización e influencia de las comunidades indígenas, que junto con las Policías Comunitarias y Grupos de Autodefensa han sido piezas claves en la lucha por la seguridad de los pobladores y la defensa del territorio.

Acabar con la organización indígena y no indígena en la zona abriría la puerta a que el crimen organizado se instale de forma permanente en las comunidades, dando paso a la ya conocida estela de violencia y muerte que desde hace varios años los criminales han dejado en la región, lo que podría verse como una señal de complicidad entre el gobierno y el crimen organizado, así como del profundo desprecio con el que desde el poder se mira y se trata a las comunidades que resisten el despojo y la violencia organizándose desde abajo.

Dicha situación no es exclusiva de la región costa-sierra michoacana.

Respuesta organizada

Reunido durante el mes de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Congreso Nacional Indígena –del cual forma parte la comunidad de Santa María Ostula– lanzó un comunicado conjunto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el que a lo largo de 27 puntos denuncian el saqueo, despojo y abusos que sufren los pueblos, naciones y tribus originarios a lo largo y ancho del país.

Ante tales denuncias es difícil imaginar una salida pronta al conflicto, sobre todo cuando las evidencias indican que las agresiones, lejos de detenerse, continuarán en aumento. Por tal motivo, el Congreso Nacional Indígena informó a través del mismo comunicado que tomó la determinación de iniciar una consulta en cada uno de sus pueblos «para desmontar desde abajo el poder que arriba nos imponen y que nos ofrece un panorama de muerte, violencia, despojo y destrucción».

En la consulta son los pueblos quienes decidirán si forman «un concejo indígena de gobierno cuya palabra sea materializada por una mujer indígena, delegada del CNI como candidata independiente que contienda a nombre del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el proceso electoral del año 2018 para la presidencia de este país».

Y concluye el comunicado:

Ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad civil a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir en la defensa de la vida de cada persona, cada familia, colectivo, comunidad o barrio. De construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos.

Es el tiempo de la dignidad rebelde, de construir una nueva nación por y para todas y todos, de fortalecer el poder de abajo y a la izquierda anticapitalista, de que paguen los culpables por el dolor de los pueblos de este México multicolor.