Presos
Persiste tortura en Chiapas para fabricar culpables
Quienes suscribimos el presente pronunciamiento reafirmamos que Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) un joven mestizo, estudiante de Ingeniería Mecánica Automotriz, fue detenido de manera arbitraria el día 13 de marzo 2019 y durante tres días fue torturado junto a otras dos personas por elementos de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGECH). Primero fue torturado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y después en Villaflores, Chiapas.
Los actos de tortura que vivió Yonny Ronay consistieron en insultos, amenazas intimidatorias, sometimiento a posturas corporales incómodas, desnudez forzada, vendaje de ojos, golpes con puños, manos abiertas, pies y planchas “de manera” en las piernas, el rostro y cabeza; asfixia con agua, asfixia con una bolsa con sustancia picante, toques eléctricos y tortura psicológica. Los primeros actos de sometimiento bajo tortura ocurrió en el sótano de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado y posteriormente en Villaflores antes de ser llevado a la Fiscalía de Distrito Fraylesca ubicada en ese municipio.
El día 14 de marzo del 2019, se le expuso en medios de comunicación como parte de una banda criminal con armas de grueso calibre. No obstante, en la noche del día 15 de marzo se le concedió su libertad, ya que la Fiscalía de Alto Impacto alegó que a Yonny Ronay solamente se la había encontrado una navaja multiusos.
La noche de su liberación, frente a su familia, Yonny Ronay fue detenido de nueva cuenta a solicitud de la Fiscalía de Distritoo Fraylesca, acusándolo de homicidio y robo. La orden de aprensión había sido solicitada el mismo 15 de marzo de 2019. Yonny Ronay fue trasladado al municipio de Villaflores, mientras tanto, durante el trayecto fue nuevamente torturado. Desde entonces está privado ilegalmente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 08 de la Cuidad de Villaflores, Chiapas.
De acuerdo con la documentación del Frayba, la Fiscalía de Alto Impacto utilizó su licencia de conducir para colocarlo como testigo de cargo de un supuesto delito de robo ejecutado con arma de fuego de uso exclusivo del Ejército el día 24 de abril de 2019. De esta manera la Fiscalía de Alto Impacto falsificó el testimonio y firma de Yonny Ronay, con los cuales inculparon y sentenciaron a las dos personas privadas de la libertad en el CERSS No. 14 “ El Amate” en la Cuidad de Cintalapa, Chiapas.
En el caso del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la investigación pasó a la Fiscalía General de la República (FGR), quien concluyó que Yonny Ronay no pudo haber sido testigo de esos delitos porque ya se encontraba detenido desde el 13 de marzo de 2019. Así mismo, indicó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas había simulado pruebas contra de las dos personas por el delito de robo y portación de armas. La FGR a sabiendas de los delitos cometidos por los servidores públicos del estado, no emprendió ninguna acción para investigar y sancionar las conductas ilícitas desplegadas por los servidores públicos.
A pesar de contar con pruebas ilícitas dentro de su proceso penal, Yonny Ronay fue sentenciado a 31 años de prisión el mes de septiembre del año pasado. Ante esa determinación judicial, la defensa apeló y se logró reponer el proceso, motivo por el cual la audiencia de juicio oral se llevará a cabo el 21 de enero de 2022 a las 13 horas, en el Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuidad de Villaflores. Debido a las violaciones al debido proceso, presunción de inocencia, juicio justo e imparcial cometidos contra Yonny Ronay, hacemos un llamado al Juez para efectuar un fallo que garantice la protección más amplia de los derechos humanos.
Desmentimos la afirmación del gobierno federal que la tortura ya está erradicada en nuestro país. Manifestamos nuestra preocupación de que este tipo de violaciones graves a los derechos humanos se siga dando en el actual sistema penal acusatorio. Existe “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención” como ha señalado el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Y que las autoridades mexicanas deben “Pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas…”1 Las autoridades deben comprometerse a llevar a cabo acciones que erradiquen la impunidad arraigada de manera profunda en las distintas esferas de la administración pública.
Por lo anterior, solicitamos:
• Que el Juez penal responsable del juicio oral a efectuarse el día 21 de enero de 2022, tome en cuenta las pruebas que acreditan que Yonny Ronay Chacón González es inocente y le otorgue la libertad inmediata.
• Como consecuencia de la privación arbitraria e ilegal de la libertad y tortura el Estado mexicano repare todo el daño que ha causado tanto a él como a sus familiares.
• Investigar exhaustivamente las violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso.
Suscriben
Familiares de Yonny Ronay Chacón González
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha
Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República)
Personas, organizaciones y colectivas internacionales
Fionn O’Sullivan, London, Reino Unido; Dr Joey Whitfield, Universidad de Cardiff, Gales; Taula per Mèxic. Asociación por la Paz y los Derechos Humanos en México; Asamblea de Solidaridad con México – ASMEX País Valencià; Canopia Cooperativa Valenciana; Perifèries del Món, València; Taller Ahuehuete_México; Compagnie Tamèrantong – Paris, FRANCIA; Solidaridad Internacional Andalucía; CGT. Confederación General del Trabajo, España; Federación Unión Africana, España; Colectivo Acción Solidaria, Viena, Austria; CEDSALA. Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África; Lêgerîn Azadî, Colectiva No Mixta Transfeminista de Apoyo al Movimiento de Liberación del Kurdistan; colectivo «Zapateria Toulouse» ; colectivo (Scotland Zapatista); CSOA l’Horta; Marea Verde Valencia; ACUDES Valencia; Uhuru Valencia; Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá; Hijas de Alkebulan – Panamá; Lumaltik Herriak. Asociación por la Cooperación y el Desarrollo entre los pueblos; Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai – Barcelona, Catalunya; Asamblea Libertaria Autoorganizada «Paliacate Zapatista» – Grecia, Centro de Documentación sobre Zapatismo -Cedoz-; Colectivo Armadillo – Finlandia.
1 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MEX/CAT_C_MEX_CO_7_34944_S.pdf
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
20 de enero de 2022
Pronunciamiento conjunto
Descarga el pronunciamiento en PDF aquí: Pronunciamiento conjunto sobre la libertad de Yonny Ronay
(Español) CIG-CNI: El gobierno “tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio”
Por Avispa
El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), en un comunicado publicado el lunes (13), alerta que la disputa por el territorio indígena para la extracción neoliberal, impulsada por el gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados, “se está apoyando en la represión oficial y el terror profesional, perpetrado por policías, grupos delincuenciales y paramilitares que dejan a su paso un terreno fértil para la apropiación capitalista”.
El CIG ejemplifica la situación con dos territorios que fueron sometidos por el Estado mexicano y empresas extractivistas a estas estrategias: el municipio de Juan C. Bonilla, en la región nahua cholulteca de Puebla, con la represión selectiva; la región zoque al norte de Chiapas, con la complicidad con grupos armado.
El Concejo alerta sobre la implementación de la guerra paramilitar para llevar la violencia al norte del estado de Chiapas, en torno a tierras aledañas al volcán Chichón, en el municipio de Chapultenango, en medio de una creciente presión para la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades organizadas han hecho frente y logrado detener.
“En ese contexto se dio el cobarde ataque paramilitar sufrido por hermanas y hermanos del pueblo zoque, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, el pasado 21 de noviembre, a partir de las 10 horas; mediante una acción coordinada un grupo armado atacó la comunidad de Esquipulas Guayabal. Alrededor de 20 personas encapuchadas dispararon armas de grueso calibre a la comunidad, provocando el desalojo forzado y el desplazamiento de 35 familias a la cabecera municipal”, describe en su comunicado.
El gobierno mexicano, denuncian los pueblos, a través de sus instituciones agrarias, “propicia graves conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio zoque del volcán Chichón, al mismo tiempo que propician la privatización de la tierra colectiva mediante el programa Procede bajo nuevos nombres, que con mecanismos fraudulentos fomenta el despojo y el conflicto”.
Denuncian, aun, la represión y persecución en contra de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta-Popo, “quienes en defensa del agua en el estado de Puebla, agua que está siendo fuertemente ambicionada y disputada por los intereses industriales y particularmente extractivos por parte de la empresa Bonafont, resisten y se organizan de una manera ejemplar”.
Los pueblos exigen el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que operan en el municipio de Chapultenango, Chiapas, y reiteran su “rechazo a los megaproyectos de muerte que el gobierno federal pretende imponer a costa de lo que sea, incluso la vida de nuestros pueblos”.