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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Plantón de las mujeres mazatecas en frente al palacio de gobierno de Oaxaca. Fuente: Redes sociales de Presos Políticos Eloxochitlán de Flores Magón y Observatorio Memoria y Libertad} 

Mujeres del pueblo Mazateco, del estado de Oaxaca, sostuvieron por tres días una huelga frente al palacio de gobierno de esta entidad, ubicada al sur de México, exigiendo la libertad de los presos políticos de Eloxochitlán. El plantón ocurrió entre los días 18 y 20 de febrero.

Cuarenta hombres y mujeres de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, de la Sierra Mazateca, en Oaxaca, han sido criminalizados en los últimos nueve años, por un grupo “neocaciquil”, como nombran las mujeres mazatecas.

De acuerdo con el grupo de mujeres, a los presos les han tratado de “fabricar delitos para contener la lucha de esta comunidad originaria y para evitar que defiendan su territorio”, sostiene Argelia Betanzos, hija de uno de los ex presos políticos, Jaime Betanzos.

Cuatro de ellos continúan, desde hace años, encarcelados a pesar de no tener sentencia condenatoria. Ellos son Alfredo Bolaños, Francisco Durán, Fernando Gavito y Marcelino Miramón, a quienes se les imputa la tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, actual titular de la Secretaría de la Mujer del gobierno de Oaxaca, y de su padre, Manuel Zepeda Cortés.

Según las activistas, en los hechos acontecidos en dicha comunidad mazateca en diciembre de 2014, hombres armados, vinculados al grupo “neocaciquil”, con intereses partidistas, atacaron a la asamblea de la comunidad, nombrada por usos y costumbres.

Estas cuatro personas son las únicas que permanecen en prisión de un total de 21 que han sido detenidas y encarceladas. Durante estos nueve años, los presos políticos han obtenido su libertad, ya sea por el cambio de medida cautelar o porque fueron absueltos, por la falta de pruebas de la acusación y por violaciones al debido proceso. “Estas decisiones no nos fueron regaladas, las conseguimos con mucha lucha y con pruebas”, mencionó Betanzos, quien también es abogada indígena.

Una de las demandas de las mujeres mazatecas, no atendida durante el plantón, es una audiencia con el gobernador del Estado, Salomón Jara. “Salomón Jara, persona zapoteca, se niega a mirar los rostros de sus hermanas mazatecas (…). Él está dando la espalda a nuestro caso y está evitando mirarnos a los rostros, rostros de mujeres indígenas que representamos familias de víctimas de fabricación de delitos”, dijo Betanzos.

Lo que exigen las mazatecas “no es estar en mesas de trabajo infructuosas, donde nos escuchan y no hacen nada; eso no se llama atención; atención es tener el valor de reconocer que es un caso de injusticia, y que todos los presos de Eloxochitlán deben ser libres ya; eso sí sería atención, todo lo demás es hipocresía”, señala la abogada.

“Nosotros no estamos pidiendo ningún favor, nos sobran sentencias de libertad, amparos ganados, nos sobra demonstración jurídica para exigir, ya no para pedir, la libertad que nos corresponde”, agrega.

También exigen que el gobierno de Salomón Jara comience el proceso para la reparación integral de daños en favor de las 40 familias criminalizadas, como consecuencia de las violaciones a derechos humanos derivadas de nueve años de prisión y persecución política ilegal.

Otra de las exigencias, tampoco atendida durante el plantón, es la toma de nota del caso de los presos políticos de Eloxochitlán por parte de la nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Berenice Ramírez Jiménez, electa en enero pasado por un periodo de cuatro años.

Con la toma de nota, las mujeres mazatecas buscan enterar a la nueva presidenta de la lucha que sostienen los presos y ex presos políticos, y las inúmeras violaciones en los procesos cometidas por la justicia de Oaxaca. “Se le expondrá cómo el Tribunal Superior de Justicia lleva cuatro años cooptado por Elisa Zepeda Lagunas y se le ha convertido en un instrumento de tortura de los presos indígenas de Eloxochitlán”, aclara Betanzos para Avispa Mídia.

Concretamente quieren exponer prácticas tales como: “Revocación de libertades que se ganaron después de largos procedimientos, ejemplo Miguel Peralta y Paul Reyes, y después de instar ante varias instancias, incluidas federales. La negación de las libertades a partir del año 2020, cuando en tan solo un año negó cinco libertades, lo cual va en contra de los antecedentes de libertad ganados entre los años 2015 y 2019”.

A la fecha, nuevamente, Elisa Zepeda apeló al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca en lo que respecta a siete casos para revocar las libertades ya ganadas por los mazatecos. Se trata de las libertades de Jaime Vidauria, Artemio Vidauria y Ranulfo Vidauria, Jaime Betanzos, Herminio Monfil y Omar Hugo Morales.

“La toma de nota puede evitar que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca siga siendo usado como instrumento de tortura al prolongar el encarcelamiento de los mazatecos de Eloxochitlán”, resume Betanzos.

Sin embargo, la falta de respuesta a la solicitud de reunión con la magistrada Berenice Ramírez, “es una prueba de la interrelación entre los poderes de Estado”, resaltan las mujeres mazatecas en un comunicado anunciando el fin del plantón.

Protección federal

Los cuatro presos políticos acaban de ganar amparos federales. Tres de ellos – Alfredo Bolaños y Fernando Gavito, que llevan nueve años encarcelados, y Francisco Durán, que lleva cinco años recluido – ganaron los amparos ya que se reconoció que fue ilegal que un juez de Huautla se haya negado a retirarles prisión preventiva pese a que llevan varios años sin sentencia.

Marcelino Miramón ganó el amparo al reconocerse que el delito de incendio por el que se le aprisionó no existe y el delito de daños está prescrito.

“Todos los amparos ganados están sujetos por la propia ley de amparo a la posibilidad de que la contraparte interponga el recurso de revisión y busque, con ello, revertir el resultado”, explica la abogada Betanzos.

En el caso de Marcelino la revisión ya fue interpuesta por Manuel Zepeda. “Se espera que pronto se conozca el resultado el cual creemos confirmará el amparo ganado. Si eso ocurre, el trámite siguiente será que el Juez de Huautla deberá someterse al contenido del amparo y emitir el auto de libertad en favor de Marcelino”, sostiene.

Con relación al amparo ganado por Alfredo, Fernando y Francisco se esperan los 10 días hábiles que tiene la contraparte para interponer el recurso de revisión. “Si no se presenta este recurso, el amparo quedaría firme y tocaría al Juez de Huautla obedecerlo y, en consecuencia, conceder el cambio de medida cautelar a los tres presos; en lugar de la prisión preventiva podrán firmar quincenalmente, por ejemplo, hasta que se acabe el juicio”.

Además, en 2022, el Tribunal de Oaxaca también había revocado la libertad de Miguel Peralta quien ha tenido que llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tener acceso a la justicia.

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La larga persecución

Las 40 personas fueron criminalizadas a partir de 2014, acusadas, entre otros cargos, de homicidios y tentativa de homicidio. “La finalidad de esta fabricación de delitos fue la desarticulación de nuestra organización comunitaria. Las personas acusadas tienen representación comunitaria, son activistas y defensoras del territorio”, cuenta Betanzos.

Como sostiene la abogada, entre 2010 y 2014 “surgió un grupo neocaciquil, así lo llamamos, con intereses partidistas, articulado desde el gobierno del Estado, para que azotara todos los intentos de autodeterminación, todos los intentos de ejercicios asamblearios de nuestra comunidad”.

La comunidad entonces empezó a pelear por sus derechos políticos electorales basados en los usos y costumbres. “Lo ganó a nivel de tribunal electoral federal. Y este grupo caciquil azotó a la comunidad, con represión hasta llegar a la tortura”.

Hay dos casos documentados antes de 2014 por la fiscalía y por organizaciones de Derechos Humanos. “Pero cuando llegó al poder judicial, el juez dijo que no había torturas, que no había culpables. Así que este grupo caciquil empezó con el pie derecho gozando de total impunidad”.

En el 14 de diciembre de 2014, la tortura transcendió a una balacera contra la asamblea de la comunidad. “Seis compañeros resultaron heridos de bala. Sin embargo, la fiscalía archivó este asunto en 201, volviendo a dejar en total impunidad al grupo neocaciquil”.

En cambio, las acciones de la comunidad en el intento de defenderse contra el ataque armado del 14 de diciembre como, por ejemplo, “cuando decidieron armar una barricada y utilizaron humo para impedir que la balacera continuara, el Estado utilizó estas imágenes para decir que las 40 personas mataron personas, hicieron destrozos”.

A partir de entonces, las 40 personas empezaron a ser criminalizadas. Los ataques han sido “con la finalidad de deshacer cualquier intento de oposición a sus políticas invasoras y de despojo”.

Agua que fluye

La comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón es una tierra donde fluye el agua, donde hay bosque, donde hay arena y grava.

“Es un hecho que lo que hay por detrás de eso [la persecución] es un intento de despojo. Manuel Zepeda Cortés [padre de Elisa], desde 2011, fue denunciado por extractivismo. Hasta ahora, sigue con esta práctica. Habiendo desarticulado nuestra comunidad, manteniéndonos en prisión y persecución, ha tenido toda la libertad, para seguir consumiendo nuestro río de manera ilegal, sacando camiones de grava y arena todos los años”, sostiene Betanzos.

“Estas personas que dicen que fueron víctimas en 2014, que dicen que los intentamos matar, o que los matamos, no son víctimas. Luego arrebataron el poder municipal, luego se hizo diputada y sigue en el poder”, comparte la abogada refiriéndose a Elisa Zepeda.

Prisión preventiva

Una de las principales herramientas jurídicas que se ha utilizado en contra de los presos políticos de Eloxochitlán es la prisión preventiva, es decir una prisión anticipada sin una sentencia condenatoria.

“Los jueces no los pueden condenar. Nunca los van a poder condenar porque no alcanza la fabricación de delitos para una condena. Por eso les ponen la prisión preventiva. Eso es lo que el estado de Oaxaca está imponiendo”, reclama Betanzos.

El abogado argentino especialista en Derechos Humanos y responsable por la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, que sufrió un golpe de Estado en 2022 y que se encuentra en prisión preventiva, alertó en la mañana del domingo (18), durante una conferencia en el plantón de las mujeres mazatecas, que la prisión preventiva ha sido utilizada cada vez más en todo la América Latina para criminalizar pobres, indígenas y luchadores sociales.

La prisión preventiva, explica el abogado, se supone que debería ser utilizada en situaciones excepcionales como, por ejemplo, en casos de riesgo de que la persona investigada se escape o de que cambie la prueba. “Pero en general hoy se volvió un mecanismo represivo contra la pobreza y líderes políticos”.

La prisión preventiva tendría que ser el caso de 2% de las personas que están en la cárcel, señala el abogado, pero representa la mitad de los presos. “Eso no es una realidad de México o Argentina, es un problema de toda América Latina”.

Además de violar el principio de inocencia, que está presente en la legislación de todos los países de América Latina, esta herramienta jurídica ha sido utilizada para generar la inversión de la carga de prueba. “Como ya se presupone que la persona es culpable, la misma persona tiene que demostrar su inocencia estando presa. Y no es lo mismo defenderse estando presa que estando en libertad. (…) Viola el derecho de defensa en juicio”, explica.

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Las mujeres mazatecas entregaron ayer a las autoridades oaxaqueñas una petición con más de 10 mil firmas para que, entre otras demandas, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca otorgue Medidas Cautelares Urgentes para las familias de los presos y perseguidos políticos, así como para las familias que luchan por la Libertad y en general para la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, “pues es inminente la consumación de cualquier daño físico o psicológico contra ellas en estos momentos”, sostienen en el documento.

Y avisan: “No vamos a detener las movilizaciones. No vamos a cansar de decir que el gobernador tiene que decidir entre si es sordo, ciego o hipócrita”, señala Argelia Betanzos.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

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Julian Assange presentará esta semana su último recurso ante los tribunales británicos para evitar la extradición. Si es extraditado, significará el fin de las investigaciones sobre el funcionamiento interno del poder por parte de la prensa.

Assange – por Mr. Fish

LONDRES – Si a Julian Assange se le niega el permiso para apelar su extradición a Estados Unidos ante un panel de dos jueces del Tribunal Superior de Londres esta semana, no le quedará ningún recurso dentro del sistema legal británico. Sus abogados pueden solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una suspensión de la ejecución en virtud de la Regla 39, que se concede en “circunstancias excepcionales” y “sólo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable”. Pero no es nada seguro que el tribunal británico esté de acuerdo. Puede ordenar la extradición inmediata de Julian antes de una instrucción de la Regla 39 o puede decidir ignorar una solicitud del TEDH para permitir que el tribunal escuche su caso.

La persecución de casi 15 años de Julian, que ha cobrado un alto precio en su salud física y psicológica, se realiza en nombre de la extradición a los Estados Unidos, donde sería juzgado por presuntamente violar 17 cargos de la Ley de Espionaje de 1917. con una pena potencial de 170 años.

El “crimen” de Julian es que publicó documentos clasificados, mensajes internos, informes y videos del gobierno y el ejército de Estados Unidos en 2010, que fueron proporcionados por la denunciante del ejército estadounidense Chelsea Manning. Este vasto tesoro de material reveló masacres de civiles, torturas, asesinatos, la lista de detenidos en la Bahía de Guantánamo y las condiciones a las que fueron sometidos, así como las Reglas de Enfrentamiento en Irak. Quienes perpetraron estos crímenes –incluidos los pilotos de helicópteros estadounidenses que mataron a tiros a dos periodistas de Reuters y a otros 10 civiles e hirieron gravemente a dos niños, todos capturados en el vídeo de Asesinato Colateral– nunca han sido procesados.

Julian expuso lo que el imperio estadounidense busca borrar de la historia.

La persecución de Julián es un mensaje siniestro para el resto de nosotros. Desafía al imperio estadounidense, expone sus crímenes y, sin importar quién seas, sin importar de qué país vengas, sin importar dónde vivas, serás perseguido y llevado a Estados Unidos para pasar el resto de tu vida en uno de los sistemas penitenciarios más duros del mundo. Si Julián es declarado culpable, significará la muerte del periodismo de investigación en el funcionamiento interno del poder estatal. Poseer, y mucho menos publicar, material clasificado (como hice yo cuando era reportero del New York Times) será criminalizado. Y ese es el punto, como lo entendieron The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País y The Guardian, quienes emitieron una carta conjunta pidiendo a Estados Unidos que retirara los cargos en su contra.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y otros legisladores federales votaron el jueves a favor de que Estados Unidos y Gran Bretaña pusieran fin al encarcelamiento de Julian, señalando que se debía a que él “hacía su trabajo como periodista” para revelar “evidencias de mala conducta por parte de Estados Unidos”.

El caso legal contra Julian, que he cubierto desde el principio y que cubriré nuevamente en Londres esta semana, tiene una extraña cualidad de Alicia en el país de las maravillas, donde jueces y abogados hablan en tonos solemnes sobre la ley y la justicia mientras se burlan del principios más básicos de las libertades civiles y la jurisprudencia.

¿Cómo pueden avanzar las audiencias cuando la firma de seguridad española en la Embajada de Ecuador, UC Global, donde Julián buscó refugio durante siete años, proporcionó vigilancia en video de las reuniones entre Julián y sus abogados a la CIA, destripando el privilegio abogado-cliente? Esto por sí solo debería haber hecho que el caso fuera desestimado por los tribunales.

¿Cómo puede el gobierno ecuatoriano encabezado por Lenin Moreno violar el derecho internacional al rescindir el estatus de asilo de Julián y permitir que la Policía Metropolitana de Londres ingrese a la Embajada de Ecuador (territorio soberano de Ecuador) para llevar a Julián a una camioneta policial que lo espera?

¿Por qué los tribunales aceptaron la acusación de la fiscalía de que Julián no es un periodista legítimo?

¿Por qué Estados Unidos y Gran Bretaña ignoraron el artículo 4 de su Tratado de Extradición que prohíbe la extradición por delitos políticos?

¿Cómo se permite que siga adelante el caso contra Julian después de que el testigo clave de Estados Unidos, Sigurdur Thordarson, un estafador y pedófilo convicto, admitiera haber inventado las acusaciones que hizo contra Julian?

¿Cómo se puede acusar a Julian, un ciudadano australiano, en virtud de la Ley de Espionaje de Estados Unidos cuando no participó en espionaje y no se encontraba en Estados Unidos cuando recibió los documentos filtrados?

¿Por qué los tribunales británicos permiten que Julián sea extraditado a Estados Unidos cuando la CIA (además de poner a Julián bajo vigilancia digital y por video las 24 horas mientras estaba en la Embajada de Ecuador) consideró secuestrarlo y asesinarlo, planes que incluían un posible tiroteo? en las calles de Londres con la participación de la Policía Metropolitana?

¿Cómo se puede condenar a Julian como editor cuando, como hizo Daniel Ellsberg, no obtuvo ni filtró los documentos clasificados que publicó?

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no acusa de espionaje al editor de The New York Times o The Guardian por publicar el mismo material filtrado en asociación con WikiLeaks?

¿Por qué Julián está recluido en aislamiento en una prisión de alta seguridad sin juicio durante casi cinco años cuando su única violación técnica de la ley es violar las condiciones de la libertad bajo fianza cuando solicitó asilo en la Embajada de Ecuador? Normalmente esto conllevaría una multa.

¿Por qué se le negó la libertad bajo fianza después de que lo enviaron a la Prisión de Belmarsh?

Si extraditan a Julián, su linchamiento judicial empeorará. Su defensa se verá obstaculizada por las leyes antiterroristas estadounidenses, incluida la Ley de Espionaje y las Medidas Administrativas Especiales (SAM). Se le seguirá impidiendo hablar en público (salvo en raras ocasiones) y se le seguirá liberando bajo fianza. Será juzgado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, donde el gobierno estadounidense ha ganado la mayoría de los casos de espionaje. El hecho de que el jurado esté formado en gran medida por personas que trabajan o tienen amigos y familiares que trabajan para la CIA y otras agencias de seguridad nacional con sede no lejos del tribunal, sin duda contribuye a esta serie de decisiones judiciales.

Los tribunales británicos, desde el principio, han hecho que el caso sea notoriamente difícil de cubrir, limitando severamente los asientos en la sala, proporcionando enlaces de video que han sido defectuosos y, en el caso de la audiencia de esta semana, prohibiendo a cualquier persona fuera de Inglaterra y Gales, incluidos los periodistas que habían cubierto previamente las audiencias, acceder a un enlace a lo que se supone que son procedimientos públicos.

Como es habitual, no se nos informa sobre horarios ni horarios. ¿El tribunal emitirá una decisión al final de la audiencia de dos días el 20 y 21 de febrero? ¿O esperará semanas, incluso meses, para emitir un fallo como lo ha hecho anteriormente? ¿Permitirá que el TEDH conozca el caso o enviará inmediatamente a Julian a Estados Unidos? Tengo mis dudas sobre que el Tribunal Superior pase el caso al TEDH, dado que el brazo parlamentario del Consejo de Europa, que creó el TEDH, junto con su Comisario para los Derechos Humanos, se oponen a la “detención, extradición y procesamiento” de Julian porque representa “un precedente peligroso para los periodistas”. ¿El tribunal honrará la solicitud de Julian de estar presente en la audiencia, o se verá obligado a permanecer en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Thamesmead, al sureste de Londres, como también ha sucedido antes? Nadie es capaz de decírnoslo.

Julian se salvó de la extradición en enero de 2021 cuando la jueza de distrito Vanessa Baraitser del Tribunal de Magistrados de Westminster se negó a autorizar la solicitud de extradición. En su fallo de 132 páginas, encontró que existía un “riesgo sustancial” de que Julian se suicidara debido a la gravedad de las condiciones que soportaría en el sistema penitenciario estadounidense. Pero este era un hilo delgado. El juez aceptó todos los cargos presentados por Estados Unidos contra Julian como presentados de buena fe. Rechazó los argumentos de que su caso tenía motivaciones políticas, que no obtendría un juicio justo en Estados Unidos y que su procesamiento es un asalto a la libertad de prensa.

La decisión de Baraitser fue revocada después de que el gobierno de Estados Unidos apeló ante el Tribunal Superior de Londres. Aunque el Tribunal Superior aceptó las conclusiones de Baraitser sobre el “riesgo sustancial” de suicidio de Julian si fuera sometido a ciertas condiciones dentro de una prisión estadounidense, también aceptó cuatro garantías en la Nota Diplomática estadounidense núm. 74, presentada ante el tribunal en febrero de 2021, en la que prometía que Julián sería tratado bien.

El gobierno de Estados Unidos afirmó en la nota diplomática que sus garantías “responden enteramente a las preocupaciones que llevaron al juez [del tribunal inferior] a despedir al señor Assange”. Las “garantías” establecen que Julián no estará sujeto a misiles antiaéreos. Prometen que Julian, ciudadano australiano, podrá cumplir su condena en Australia si el gobierno australiano solicita su extradición. Prometen que recibirá atención clínica y psicológica adecuada. Prometen que, antes y después del juicio, Julian no estará recluido en el Centro Administrativo Máximo (CAM) en Florence, Colorado.

Suena tranquilizador. Pero es parte de la cínica pantomima judicial que caracteriza la persecución de Julián.

Nadie permanece detenido antes del juicio en el CAM de Florence. El Centro Administrativo Máximo de Florence tampoco es la única prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. donde Julian puede ser encarcelado. Podría ser ubicado en una de nuestras otras instalaciones similares a Guantánamo en una Unidad de Gestión de Comunicaciones (CMU). Las CMU son unidades altamente restrictivas que replican el aislamiento casi total impuesto por los SAM. Las “garantías” no son jurídicamente vinculantes. Todos vienen con cláusulas de escape.

Si Julian hace “algo posterior a la oferta de estas garantías que cumpla con las pruebas para la imposición de SAM o la designación al Centro Administrativo Máximo (CAM)”, admitió el tribunal, estará sujeto a estas formas de control más severas. Si Australia no solicita un traslado, “no puede ser motivo de crítica a Estados Unidos, ni motivo para considerar que las garantías son inadecuadas para satisfacer las preocupaciones del juez”, se lee en el fallo. E incluso si ese no fuera el caso, a Julian le tomaría entre 10 y 15 años apelar su sentencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que sería tiempo más que suficiente para destruirlo psicológica y físicamente. Amnistía Internacional dijo que “las garantías no valen ni el papel en el que están escritas”.

Los abogados de Julian intentarán convencer a dos jueces del Tribunal Superior para que le concedan permiso para apelar varios de los argumentos contra la extradición que el juez Baraitser desestimó en enero de 2021. Sus abogados, si se concede la apelación, argumentarán que procesar a Julian por su actividad periodística representa una “grave violación” de su derecho a la libertad de expresión; que Julian está siendo procesado por sus opiniones políticas, algo que tanto el Reino Unido como los Estados Unidos consideran. el tratado de extradición no lo permite; que Julian está acusado de “delitos políticos puros” y las relaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos. el tratado de extradición prohíbe la extradición en tales circunstancias; que Julian no debería ser extraditado para enfrentar un proceso judicial donde la Ley de Espionaje “se está extendiendo de una manera imprevisible y sin precedentes”; que los cargos podrían modificarse y que Julián enfrentaría la pena de muerte; y que Julián no recibirá un juicio justo en Estados Unidos. También piden el derecho a presentar nuevas pruebas sobre los planes de la CIA para secuestrar y asesinar a Julián.

Si el Tribunal Superior concede permiso a Julian para apelar, se programará una audiencia adicional durante la cual argumentará los motivos de su apelación. Si el Tribunal Superior se niega a conceder permiso a Julian para apelar, la única opción que queda es apelar ante el TEDH. Si no puede llevar su caso ante el TEDH, será extraditado a Estados Unidos.

La decisión de solicitar la extradición de Julian, contemplada por la administración de Barack Obama, fue llevada a cabo por la administración de Donald Trump luego de la publicación por WikiLeaks de los documentos conocidos como Bóveda 7, que exponían los programas de guerra cibernética de la CIA, incluidos aquellos diseñados para monitorear y tomar el control de automóviles, Televisores, navegadores web y los sistemas operativos de la mayoría de los teléfonos inteligentes.

El liderazgo del Partido Demócrata se volvió tan sediento de sangre como los republicanos luego de que WikiLeaks publicara decenas de miles de correos electrónicos pertenecientes al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a altos funcionarios demócratas, incluidos los de John Podesta, presidente de campaña de Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales de 2016.

Los correos electrónicos de Podesta expusieron que Clinton y otros miembros de la administración Obama sabían que Arabia Saudita y Qatar (que habían donado millones de dólares a la Fundación Clinton) eran los principales financiadores del Estado Islámico de Irak y Siria. Revelaron transcripciones de tres conversaciones privadas que Clinton dio a Goldman Sachs, por las que le pagaron 675.000 dólares, una suma tan grande que sólo puede considerarse un soborno. En los correos electrónicos se vio a Clinton diciendo a las elites financieras que quería “comercio abierto y fronteras abiertas” y creía que los ejecutivos de Wall Street estaban en la mejor posición para administrar la economía, una declaración que contradecía sus promesas de campaña de reforma financiera. Expusieron la estrategia autodenominada “flautista” de la campaña de Clinton, que utilizó sus contactos con la prensa para influir en las primarias republicanas al “elevar” a lo que llamaron “candidatos más extremos”, para garantizar que Trump o Ted Cruz ganaran la nominación de su partido. Expusieron el conocimiento avanzado de Clinton sobre las cuestiones en un debate primario. Los correos electrónicos también expusieron a Clinton como uno de los arquitectos de la guerra y la destrucción de Libia, una guerra que ella creía que mejoraría sus credenciales como candidata presidencial.

Los periodistas pueden argumentar que esta información, al igual que los registros de guerra, debería haber permanecido secreta. Pero si lo hacen, no pueden llamarse periodistas.

El liderazgo demócrata, que intentó culpar a Rusia por su derrota electoral ante Trump (en lo que se conoció como Russiagate), acusó de que los correos electrónicos de Podestá y las filtraciones del Comité Nacional Demócrata fueron obtenidos por piratas informáticos del gobierno ruso, aunque una investigación encabezada por Robert Mueller, el ex FBI director, “no desarrolló pruebas admisibles suficientes de que WikiLeaks supiera, o incluso estuviera intencionalmente ciego a” cualquier presunto hackeo por parte del estado ruso.

Julian es perseguido porque proporcionó al público la información más importante sobre los crímenes y la mendacidad del gobierno de Estados Unidos desde la publicación de los Papeles del Pentágono. Como todos los grandes periodistas, no era partidista. Su objetivo era el poder.

Hizo pública la matanza de casi 700 civiles que se habían acercado demasiado a los convoyes y puestos de control estadounidenses, entre ellos mujeres embarazadas, ciegos y sordos, y al menos 30 niños.

Hizo públicas las más de 15.000 muertes no denunciadas de civiles iraquíes y la tortura y el abuso de unos 800 hombres y niños, de edades comprendidas entre 14 y 89 años, en el campo de detención de la Bahía de Guantánamo.

Nos mostró que Hillary Clinton en 2009 ordenó a diplomáticos estadounidenses espiar al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y a otros representantes de la ONU de China, Francia, Rusia y el Reino Unido, espionaje que incluía la obtención de ADN, escaneos de iris, huellas dactilares y contraseñas personales. .

Expuso que Obama, Hillary Clinton y la CIA respaldaron el golpe militar de junio de 2009 en Honduras que derrocó al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya, reemplazándolo por un régimen militar corrupto y asesino.

Reveló que Estados Unidos lanzó en secreto ataques con misiles, bombas y drones contra Yemen, matando a decenas de civiles.

Ningún otro periodista contemporáneo se ha acercado a igualar sus revelaciones.

Julián es el primero. Nosotros somos los siguientes.

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Fuente: Avispa Midia

^{Texto y fotos por Karen Castillo}

^{En portada: Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca.}

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán llevarán a cabo una jornada, en los días 18 y 19 de febrero, que consta de dos conferencias magistrales impartidas por los abogados Rafael Zaffaroni y Guido Croxatto, ambos argentinos con amplia experiencia en el área de los derechos humanos y el derecho internacional, y responsables de la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo.

La primera conferencia se llevará a cabo el domingo, 18 de febrero, a las 12 horas, en el Zócalo del centro de Oaxaca. La segunda conferencia será el lunes, 19 de febrero, en el Auditorio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ambas conferencias tienen como objetivo visibilizar cómo el Estado utiliza el derecho penal para criminalizar la organización comunitaria y la lucha social.

En conferencia de prensa en enero de este año, Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, preso político liberado el 28 de septiembre del 2023, por cambio de medida cautelar, denunció: “Oaxaca es un Estado fallido en el caso de los presos políticos de Eloxochitlán, y frente a las mujeres indígenas que buscamos justicia por la persecución política y prisión política injusta.”

De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de los presos de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas quien es la parte acusadora en el caso y la actual Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca.

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión o encarcelados.

En estos nueve años, varios indígenas mazatecos han logrado ganar su libertad al demostrar la fabricación de delitos. En el caso de los perseguidos políticos, han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.

Sin embargo, aún hay cuatro indígenas mazatecos presos: Marcelino Miramón, Alfredo Bolaños, Francisco Durán y Fernando Gavito. Además, hay alrededor de 12 hombres y sus familias desplazadas por la amenaza de las ordenes de aprehensión. En el mismo caso se encuentra Miguel Peralta, expreso político a quién se le revocó su sentencia de libertad en 2023.

De acuerdo con Argelia Betanzos, el Tribunal Superior de Oaxaca, el Gobierno de Oaxaca, el Juzgado de Huatula y el Ministerio Público de Huautla siguen favoreciendo al grupo de Elisa Zepeda Lagunas lo cual ha alargado este proceso por ya casi una década.

En la conferencia de prensa, las Mujeres Mazatecas también anunciaron que, este año, elevarán sus demandas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que la institución vigile que el sistema judicial de Oaxaca acate los amparos federales que demuestran la inocencia de todos los presos y perseguidos.

Nueve años de prisión política 

En diciembre del 2023, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito cumplieron nueve años en prisión sin sentencia. Ambos fueron detenidos de forma arbitraria el 14 de diciembre del 2014 y acusados por tentativa de homicidio y homicidio. Alfredo Bolaños había sido elegido por usos y costumbres como Presidente Municipal de Eloxochitlán. Franciso Durán ha permanecido 5 años en prisión sin sentencia, fue detenido en 2018, acusado de tentativa de homicidio y por homicidio.

En septiembre del 2023, el Juez de Huautla negó a los 3 hombres la solicitud de cambio de la medida cautelar para poder continuar con el proceso en libertad, un acto violatorio a la Constitución Política Mexicana, la cual establece que la prisión preventiva no puede ser extendida por más de dos años.

Como los testimonios de Elvira Bolaños, hermana del preso político Alfredo Bolaños y el mismo Alfredo, quien participó en la conferencia de prensa por medio de una llamada telefónica, exponen: el cambio de medida cautelar a Alfredo y los demás compañeros no puede ser denegada ya que no hay argumento legal que justifique el encarcelamiento y los presos han comprobado una y otra vez su inocencia.

“Las instituciones de Oaxaca han pisoteado nuestros derechos, han participado en este encarcelamiento, quiero decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise los casos, porque no es posible que el Estado mexicano nos trate de la forma en que nos trata”, dijo Alfredo Bolaños.

El caso de Marcelino Miramón

Presente en la conferencia de prensa estuvo Alejandra García, esposa del preso político Marcelino Miramón, quien fue detenido el 22 de mayo de forma arbitraria acusado por daños.

El Juzgado de Huautla y la Fiscalía de Oaxaca detuvieron a Marcelino Miramón pese a que, en el caso de Fernando Gaspar, otro de los integrantes de la Asamblea Comunitaria encarcelado, se había comprobado que el delito de daños no fue denunciado por la Fiscalía en el tiempo correspondiente, por lo cual el delito ya prescribió. Gaspar se encuentra en libertad.

Después de meses de movilización por familiares y la comunidad de Eloxochitlán, Marcelino Miramón ganó un amparo a nivel federal que determina como ilegal su detención. Ahora, Marcelino espera dentro de prisión a que el recurso de revisión interpuesto por la familia de Elisa Zepeda sea resuelto y por ende se compruebe, una vez más, que no hay delito que perseguir, obteniendo después de más de 7 meses su libertad.

Como Alejandra García dio a conocer, sumamente afligida, sus hijos han tenido que abandonar la escuela para poder mantener a la familia de 10 hijos e hijas y luchar por la libertad de su padre.

“Soy una madre de familia con 10 hijos y apenas puedo mantenerlo, mi hijo de 16 años es el que ha tenido que ayudarme para todo, como por ejemplo juntar el dinero para poder venir a esta conferencia, tengo 25 años viviendo con mi esposo, y nunca había tenido necesidad de salir a la ciudad, y desde que lo detuvieron ahora tengo que ir hasta el reclusorio a verlo”, sostuvo Alejandra García.

Familias desplazas de Eloxochitlán

En la conferencia de prensa estuvieron también mujeres familiares de algunos de los hombres perseguidos políticos desde el 2014 y que actualmente se encuentran en desplazamiento.

Presente estuvo, Marisol Fernández, esposa de Jacob Betanzos, ella relató que, en 2014, tuvieron que huir sin pertenencias y, desde entonces, su familia no ha podido regresar a sus tierras originarias. Marisol relató lo difícil que ha sido el desplazamiento de su familia y permanecer alejados de su comunidad

“Mis hijos tuvieron que dejar su escuela, la más pequeña tenía 6 años, otros 8 años, y el más grande 11 años; no es fácil vivir estos 9 años con el temor de que a mi esposo lo vean y lo encarcelen también”, señaló Marisol Fernández.

Las mujeres mazatecas denunciaron que en Eloxochitlán hay un proceso de etnocidio por el cual se ha obliga a la comunidad a abandonar su forma de vida tradicional y originaria a través de la prisión y persecución política.

Las afectaciones del desplazamiento forzado han sido ampliamente documentadas por organismos como la ONU, el obligar a pueblos originarios a abandonar su territorio es obligarlos a abandonar su forma de vida, organización, cosmovisión y por ende atentar contra el derecho a su existencia.

El ciclo de conferencias magistrales, además de presentarse en Oaxaca, recorrerá el Estado de México y Ciudad de México. Esta jornada es también organizada por la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo-Base México.

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¿De qué se le culpa a David Hernández Salazar?

El día 12 de febrero de 2022, personas autonombradas propietarias de parcelas en tierras de uso común de San Blas Atempa en compañía de la Policía Municipal de San Blas Atempa, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, ingresaron a EL PITAYAL a medir ilegalmente las tierras con el fin de obtener constancias de posesión y acelerar el proceso de apropiación por parte del Corredor Interoceánico.

Los hechos, ocurriendo de la siguiente manera, todas estás personas estacionaron sus vehículos sobre la carretera panamericana en la entrada de la comunidad de Puente Madera, ingresando al monte EL PITAYAL, se encontraban a más de 200 metros, lo que técnicamente hace imposible tener visibilidad sobre la carretera panamericana, debido a la densa vegetación de árboles y arbustos.

El compañero David Hernández Salazar se encontraba con otras personas en camino a denunciar hechos de hostigamiento de días anteriores ( https://tierrayterritorio.wordpress.com/2022/02/10/deforestacion-e-invasion-de-tierras-de-uso-comun-como-parte-de-la-imposicion-del-parque-industrial-en-el-pitayal/ ) a la Radio Comunitaria Didxazaa Stipa de San Blas Atempa, cuándo le fue notificado que había movilización en Puente Madera y se requería su presencia como Agente Comunitario, inmediatamente se trasladó. Al llegar, vio la columna de humo proveniente de los vehículos estacionados y se reunió con los habitantes de Puente Madera para conocer la situación arriba descrita.

Las personas al interior de EL PITAYAL, huyeron por veredas internas sin regresar al lugar a explicar la razón de su presencia y comprobar que el trabajo que estaban realizando era legal.

Posteriormente, se dieron a conocer los hechos, que publicamos en un comunicado: https://tierrayterritorio.wordpress.com/2022/02/12/asamblea-comunitaria-en-resistencia-de-puente-madera-en-alerta-maxima/

¿Cuáles son las inconsistencias del juicio?

Se acusa a David Hernández Salazar de haber iniciado el fuego en los vehículos estacionados, cuando él no se encontraba ni cerca del área donde esto sucedió.

Los testigos sostienen una misma versión en sus declaraciones iniciales de haber visto a David iniciando el fuego, cuando ellos se encontraban al interior de EL PITAYAL, lo que es humanamente imposible, porque de la ubicación donde se encontraban no permite ver el lugar donde estaban estacionados los vehículos.

En esta Causa Penal 446/2022 en la que existen las otras 17 órdenes de aprehensión, por los mismos delitos, son acusaciones absolutamente falsas, ya que todas las personas en esta lista, no se encontraban en lugar de los hechos durante lo ocurrido y otras más son personas mayores que por cuestiones de salud y trabajo difícilmente salen de sus hogares.

Después de 14 días de juicio y presentación de pruebas, tanto de testigos como peritos, se volvió a demostrar que estos procedimientos legales son una cortina de humo para amparar la corrupción e intereses económicos y políticos de diversos actores con incidencia dentro de las instituciones de Estado.

A lo largo de estas dos semanas en las cuales se llevó a cabo el Juicio del agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, se demostró en las audiencias las inconsistencias y falta de fundamentos de los demandantes en contra de David y la existencia de la Causa Penal 446/2022.

Las inconsistentes sobre el juicio se basan en las contradicciones de los testigos con sus declaraciones iniciales en las que dicen haber visto a David iniciando el fuego de los vehículos estacionados sobre la carretera como responsable, mentiras que llevaron al Registro Agrario Nacional a desistir como demandante.

En suma, los 14 días de juicio demostraron de la parte demandante que la denuncia en contra de David, está fundamentada en mentiras, contradicciones e interés económicos y político de exfuncionarios y actuales representantes del Municipio de San Blas Atempa, vinculados al cartel del despojo y grupos del crimen organizado.

Cabe aclarar que esta Causa Penal y Carpeta de Investigación fue aperturada durante el sexenio priísta de Alejandro Murat y se ejecutó un año después, con la detención ilegal y violenta de David Hernández Salazar en su centro de trabajo, este hecho es parte de una larga lista de incidentes a la integridad de los habitantes de Puente Madera e integrantes de la APIIDTT ( https://tierrayterritorio.wordpress.com/2023/08/16/derecho-de-replica-2-0-no-solo-es-un-juicio-agrario-es-imposicion-y-despojo/  ).

Por todo lo anterior:

Exigimos la revisión de la sentencia y el indulto a David Hernández Salazar, defender la tierra y el territorio no es un delito.

Exigimos el desistimiento y cancelación de la Causa Penal 446/2022, en la que se acusa injustificadamente a 17 habitantes de Puente Madera.

Exigimos el cese a la judicialización y criminalización por parte de la Marina, el Ejército y los 3 Niveles de Gobierno.

Exigimos el cese a la represión contra Defensores del Territorio, Derechos Humanos y Periodistas.

CON LA SANGRE DE LOS PUEBLOS, NO HAY TRANSFORMACIÓN, NI PRIMAVERA

Desde la barricada en El Pitayal

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

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Campaña por la libertad inmediata e incondicional de José Díaz, Base de apoyo del EZLN

https://redajmaq.org/es/campana-por-la-libertad-inmediata-e-incondicional-de-jose-diaz-base-de-apoyo-del-ezln

A todas las personas solidarias les invitamos a crear:
-Gráfica a partir de su talento y creatividad para exigir la libertad de nuestro compa José.
-Un video corto solidarizándose desde sus territorios y exigiendo la libertad de José Díaz.

Enviar a: ajmaq_chiapas@riseup.net

Abajo los muros de las prisiones.
Libertad a todxs lxs presxs políticxs.

Leer denuncia: https://frayba.org.mx/1-anio-rehen-jose-diaz

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Militares detienen a jóvenes participantes del mitin realizado el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco. Durante la jornada se registró una masacre que involucró a elementos del ejército y paramilitares dejando un saldo de casi 400 muertos.}

Este jueves (18), un juzgado en materia administrativa emitió una orden judicial a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que “se abstengan de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos” que posee entre sus archivos militares.

Los documentos al que el poder judicial hace referencia están relacionados con la investigación realizada por el Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre las violaciones graves a los derechos humanos cometidas en el periodo conocido como “Guerra Sucia” entre los años 1965 a 1990.

La orden judicial acontece después que el MEH difundiera, en octubre del 2023, el reporte titulado “Las formas del silencio” mediante el cual registra las irregularidades cometidas por la Sedena para obstaculizar el acceso y consulta de los archivos militares.

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El reporte asevera que, en un principio, el equipo de investigación del MEH accedió a los archivos militares, derivado de un decreto presidencial ordenado en octubre del 2021. No obstante, los obstáculos por parte de la Sedena comenzaron a entorpecer las investigaciones después que el MEH solicitó documentos relacionados con campañas de combate al contrabando de enervantes, así como a movimientos sociales, políticos y sobre el intercambio militar entre México y otros países durante la Guerra Fría.
(Continuar leyendo…)

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