Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

3 de septiembre de 2025

Boletín No. 07

ONU ordena al gobierno de México la liberación inmediata de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc

• El caso de los cinco presos de San Juan Cancuc se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra personas defensoras indígenas de derechos humanos, la tierra y el territorio en Chiapas. 

En la Opinión 21/2025, publicada el 17 de mayo de 2025, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció sobre el caso de los cinco defensores comunitarios tseltales de San Juan Cancuc privados arbitrariamente de la libertad desde junio de 2022, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5, en San Cristóbal de Las Casas, acusados injustamente del homicidio de un policía municipal. 

El Grupo de Trabajo señala que el Estado mexicano no tuvo respuestas a diversos alegatos, tampoco está convencido de que las autoridades hayan cumplido con los procedimientos legales para llevar a cabo las detenciones en contra de los cinco. Asimismo, refirió que tras su visita a México en septiembre de 2023, reiteró que la prisión preventiva oficiosa vulnera el derecho a la libertad, así como a la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.

Resaltó que hubo irregularidades en la detención, ya que no se cumplieron los procedimientos legales; violaciones al derecho a la libertad y al debido proceso; juicio injusto y discriminación por su condición indígena, y por ser defensores de derechos humanos y del territorio. En este sentido, el Grupo de Trabajo pide al Estado mexicano la liberación inmediata de los cinco presos maya tseltales de San Juan Cancuc, y una reparación integral. 

Además, insta al Gobierno a llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los cinco defensores, y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos. Es de responsabilidad del Estado mexicano cumplir sin dilaciones los puntos ordenados por la opinión.

El Grupo de Trabajo reconoce que el caso de los cinco presos de San Juan Cancuc se inscribe en un patrón sistemático de criminalización contra defensores indígenas de derechos humanos, la tierra y el territorio en Chiapas. Desde 2020 se han documentado al menos siete casos con acusaciones infundadas, detenciones arbitrarias, tortura y condenas basadas en pruebas fabricadas, reforzadas por la figura de prisión preventiva oficiosa.

Recordamos que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a partir de la documentación y el acompañamiento jurídico realizado, señaló diversas violaciones en perjuicio de los defensores comunitarios como: detención arbitraria, desaparición forzada e incomunicación, criminalización por su identidad indígena y por la defensa del territorio, fabricación de delitos, violaciones al debido proceso, traducción deficiente e ineficaz, falta de imparcialidad de la jueza, peritajes contradictorios y practicados por personas sin cédula profesional, así como actos de maltrato procesal. Fue por la gravedad de estas irregularidades que el Frayba decidió remitir el caso al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Se resaltó el contexto del municipio de San Juan Cancuc, donde la oposición comunitaria a la imposición de megaproyectos como presas hidroeléctricas, la “supercarretera” San Cristóbal – Palenque y la militarización del territorio ha generado una respuesta represiva del Estado, utilizando la criminalización para atemorizar, inhibir y desmovilizar a las comunidades indígenas. Esta práctica constituye una forma de castigo ejemplar contra quienes ejercen la defensa de derechos, expresando además un racismo estructural que afecta principalmente a personas tseltales en Chiapas.

Actualmente se encuentra pendiente de estudio un nuevo juicio de amparo por este caso. Es por ello que hacemos un enérgico llamado al Poder Judicial de la Federación, para que efectúe un estudio profundo del caso, tomando en consideración la Opinión del Grupo de Trabajo, a efecto de que se emita una sentencia que repare plenamente sus derechos, con énfasis en la recuperación de la libertad.

Hacemos un llamado a la Secretaria de Gobernación federal, a la instauración de un diálogo para su cumplimiento, recordando que el Grupo de Trabajo fijó un plazo de seis meses para que el Estado informe si les ha puesto en libertad y reparado integralmente. Instamos a las organizaciones nacionales e internacionales, así como a la sociedad mexicana a velar por el cumplimiento de dicha opinión.

¡LIBERTAD PARA LOS 5 DE CANCUC!

¡ALTO A LA FABRICACIÓN DE CULPABLES EN CHIAPAS!

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Oaxaca, Puebla, CDMX, Querétaro, Tlaxcala son México.

Agradecemos la inmensa solidaridad de todas y todos las que se han sumado a las acciones de exigencia. Reiteramos que la justicia y las libertades solo podemos arrancarlas y sembrarlas desde abajo, desde la sociedad de buen corazón que es humana aún. Jamás vendrán de los asesinos y criminales que dicen gobernar este país, no vendrá de arriba donde se maquila el exterminio, la muerte, la destrucción de la humanidad y el planeta.

OAXACA (más 10 años de criminalización, persecución y desplazamiento forzado en Eloxochitlán Flores Magón).

La defensa del río Xangá Ndá Ge y el ejercicio de la Autonomía han sido las razones para criminalizar por más de 10 años a la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón. El cacicazgo liderado por la familia de Eliza Zepeda y Manuel Zepeda se enriquece con el despojo y destrucción del río imponiendo la violencia y el compadrazgo político para perseguir a quienes se les oponen. A pesar de la alianza de los tres niveles del gobierno con los caciques durante todo este tiempo, nuestras compañeras Mazatecas sostienen una incansable lucha que no solamente ha logrado sacar a compañeros de la cárcel, sino que ha sentado precedentes jurídicos y organizativos con la dignidad, la fuerza y la razón como banderas.

Persecución política, criminalización y desplazamiento forzado son la carta de presentación de un Estado criminal que sostiene ecocidios, pero, aún con las leyes desiguales del Estado mexicano, las compañeras mazatecas han demostrado incontables veces la inocencia de las y los compañeros criminalizados. El reciente amparo judicial a favor de Francisco Durán Ortiz en el Juzgado Sexto de Distrito de Veracruz y el logro de la libertad absoluta de la maestra Olga Maribel son muestra de ello.

Actualmente enfrentan la reactivación de 200 órdenes de aprehensión en contra de 56 personas, con argumentos absurdos lo que implica una batalla que nuestras compañeras enfrentan y que presenta un momento importante el próximo 2 de septiembre en Boca del Río Veracruz con el juicio de amparo para nuestra hermana Eusebia así como para nuestras compañeras y compañeros más de cincuenta.

PUEBLA (Criminalización y uso desmedido de la fuerza):

El mal gobierno hace negocio con el agua de los pueblos entregándola a las empresas, fraccionamientos y negocios del capital.

Las comunidades de Acuexcomac, Nealtican y Xoxtla ejercen actualmente su legítimo derecho a la autonomía, autodeterminación, defensa territorial y del agua ante la sequía ocasionada por el despojo y tráfico de agua con el que se han enriquecido los criminales en el poder.

De manera tramposa y mentirosa el Estado mexicano presionó con criminalización a los habitantes en el pasado para forzar a la firma de «convenios» con los pueblos de Nealtican y Acuexcomac para la entrega del agua a cambio de las libertades. Dichos convenios están vencidos y obsoletos por incumplimiento.

Estos mecanismos de contrainsurgencia capitalista ejercidos desde el Estado mexicano y su sistema de in-justicia se intensifica considerablemente a la par que aumenta la contaminación, escasez intencional y saqueo de agua de los pueblos originarios.

En ese entendido la criminalización de los compañeros Renato Romero y Pascual Bermúdez es muestra de ello. El próximo 1 de septiembre se llevará a cabo la audiencia en contra de nuestros compañeros a quienes les criminalizan por manifestarse, por defender el agua, por ser campesinos y de pueblo originario.

A Renato y Pascual les fabricaron el delito de ataques a las vías generales de comunicación como lo han hecho las pasadas administraciones para encarcelar y reprimir luchas que estorban a sus planes de «desarrollo».

La detención de 4 jóvenes en Puebla el 30 de agosto y el operativo desproporcionado en el que participaron Policía Municipal, de Tránsito, Grupo de Atención al Visitante y de Proximidad y Policía Estatal dan cuenta de una política represiva y del uso desmedido de la fuerza. En casos como el de la detención de éstas 4 jóvenes se puede ver la triste tendencia de condenar más los actos de protesta que la desaparición tan terriblemente normalizada en nuestro país. El asesinato de Aida Karina entre San Luis Potosí y Zacatecas y el silencio en torno a un asesinato «más» de una madre buscadora es un doloroso recordatorio de esa dinámica.

CHIAPAS en San Juan Cancúc (Detención arbitraria en razón de comunidades indígenas, defensoras del territorio):

   Agustín Pérez Velasco, lleva 3 años y 3 meses encarcelado injustamente, junto a sus 4 compañeros. Agustín había acudido a testificar en favor de ellos, para demostrar su inocencia, pero terminó encarcelado frente al CERSS 5.

Manuel Sántiz Cruz, Juan Velásco Aguilar, Agustín Pérez Velásco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez permanecen privados de su libertad por el Estado mexicano, por defender su territorio frente a los megaproyectos de muerte y destrucción. Les fabricaron el delito de homicidio calificado para generar miedo, inhibición y desmovilización de las comunidades indígenas tseltales que se organizan en contra de una presa hidroeléctrica, la supercarretera y la militarización.

El próximo 3 de septiembre en rueda de prensa se alzará el llamado al Estado mexicano a cumplir con la Opinión 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que reconoce la detención arbitraria de los cinco de San Juan Cancúc y estipula como remedio adecuado su liberación inmediata.

TLAXCALA (criminalización en razón de la defensa territorial, la deforestación de los bosques y el cargo tradicional de autonomía y autodeterminación):

Saúl Rosales ha estado 3 años injustamente recluido, es campesino, defensor comunitario del bosque en San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala. Sentenciado a 20 años por crímenes que no cometió.

Su criminalización responde al acompañamiento desde el cargo tradicional en su comunidad para la defensa territorial. En 2019 exigían al Estado mexicano la ejecución de acciones para detener la devastación del bosque de la Malinche. La respuesta del Estado fue la omisión de la protección del bosque y la persecución a sus defensores.

Don Saúl fue criminalizado como parte de una estrategia para desarticular la defensa del territorio. Llama la atención por la imposición del Ecoparque Malinche como otro proyecto ecocida más.

CIUDAD MEXICO (Grupos paramilitares armados, detención arbitraria, datos de tortura en razón de género y defensa territorial en la alcaldía Xochimilco):

El 5 DE SEPTIEMBRE de 2024 EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO se ejecutó un HALCONAZO con grupos paramilitares partidistas INSTRUMENTALIZADO por el Estado mexicano desde la ALCALDÍA XOCHIMILCO Y EN EL MINISTERIO PUBLICO DE TLALPAN con ENCAPSULAMIENTO POLICIACO DE LA SSC Y EL GRUPO DE «ZORROS», GRUPO POLICIAL ENTRENADO EN ISRAEL, USA Y COLOMBIA.

Cómo resultado derivó en más de 20 detenido/as y agredido/as. Vario/as de ello/as actualmente criminalizados con procesos judiciales abiertos.

QUERÉTARO (Detención arbitraria bajo tortura, agresión sexual,fabricación de delitos en razón de género contra una comunidad originaria, contra la defensa territorial y la ideología política no partidista zapatista):

El 4 de junio de 2025 la POES (Policía Estatal de Querétaro) y policías municipales de Amealco y otras regiones de Querétaro realizaron una redada ilegal que resultó en la detención de 7 personas (quienes no eran menores de edad) fueron llevadas al DIF municipal de Amealco Querétaro en dónde todo indica, ser un lugar donde se realizan dictámenes médicos para legitimar la fabricación de pruebas para vincular a procesos a la sociedad civil común, es decir a la clase trabajadora y presionarles a obedecer y a pagar altos costos por supuestas multas, que rondan alrededor de $15,000 pesos. El Estado mexicano en Querétaro es referente nacional en crímenes de estado y un lenguaje de odio, racismo y CLASISMO en contra de las comunidades originarias sobre todo mujeres, por reprimir, torturar defensoras del agua, ejecutar a civiles por supuestas faltas administrativas, etc.

Este 4 de junio fue torturada y detenida injustamente y arbitrariamente nuestra compañera Estela Hernández Jiménez quien se encontraba documentando el debido proceso de las redadas racistas e ilegales ocurridas en Santiago Mexquititlán, Amealco Querétaro, recibió tratos crueles e inhumanos con fuerza desmedida por agentes del Estado mexicano en su mayoría policías hombres.

Es alarmante que el narco estado capitalista presuma e intimide a los detenidos con posturas intimidantes haciendo referencia a actos propios del crimen organizado como es la afirmación «hubiera sido más fácil sembrarles droga».

Lo mismo ocurrió el 10 de junio de 2022 a los detenidos quienes refirieron estás mismas estrategias de mostrarles droga y mencionar Ayotzinapa como un trofeo criminal de Estado al reafirmar «Ayotzinapa les va a quedar corto».

EXIGIMOS:

-Verdad, justicia, reparación integral de daños y medidas de no repetición para mujeres y hombres defensorxs comunitarios de Eloxochitlán de Flores Magón; libertad para lxs 14 mazatecxs que no han vuelto a casa desde hace una década, y para lxs 56 criminalizadxs más 200 órdenes de aprehensión injustas e ilegales de este sistema de injusticia mexicana.

-Libertad absoluta para Renato Romero y Pascua Bermúdez y alto a la criminalización de la defensa del agua en la región cholulteca.

-Exigimos al Estado mexicano la libertad inmediata e incondicional de los cinco tzetzales detenidos arbitrariamente de San Juan Cancúc Chiapas.

-La libertad inmediata e incondicional de Saúl Rosales defensor del bosque, de su pueblo y de la montaña Matlalcuéyetl.

-Que se garantice la seguridad del periodismo en Puebla y todo México, repudiamos las amenazas ejercidas desde el Estado mexicano contra periodistas.

-La libertad incondicional desde el cierre de procesos abiertos a defensores del territorio y el agua ocurrido en Xochimilco en el halconazo morenista a miembros de la comunidad otomí y de la Asamblea Nacional por el agua y la vida.

-Verdad, justicia, reparación integral de daños y medidas de no repetición para Estela Hernández Jiménez mujer ñhöñhö de Santiago Mexquititlán, Amealco Querétaro.

INVITAMOS y CONVOCAMOS:

-Al acompañamiento físico y a distancia desde sus formas, tiempos y territorios, para accionar en nuestros espacios desde el ejercicio legítimo de la protesta organizada con exigencias contundentes descritas en este comunicado, que pueden ser alertas en páginas oficiales y plataformas de pueblos, colectivos y organismos de derechos humanos, cartas a la autoridad, pronunciamientos, eventos de arte rebelde, videos, concentraciones en instituciones de injusticia, marchas, y todo lo que su digna rabia les indique hasta arrancar la justicia negada.

-Hacemos una atenta invitación para la audiencia del 2 de septiembre en Boca del Río, Veracruz para exigir justicia para los mazatecxs criminalizados y perseguidos de Eloxochitlán Flores Magón Oaxaca.

-Convocamos el Acompañamiento a Renato Romero y Pascual Bermúdez, defensores del agua en Xoxtla criminalizados por el mal gobierno servil de la empresa criminal Concesiones Integrales / Agua de Puebla para Todos. Este próximo lunes 1 de septiembre de 2025 en el Centro de justicia penal federal (Av. libertad 6966, junto al penal de San Miguel Puebla).

-Continuar las acciones en exigencia de la libertad e incondicional e inmediata y el cierre de los procesos abiertos contra defensores del territorio y el agua ocurridos en Xochimilco en el halconazo morenista.

-Difundir la ru𝐞𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐢𝐧𝐜𝐨 compañeros 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧 𝐉𝐮𝐚𝐧 Cancúc que se realizará el 3 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m. en dónde participar el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

-Acompañar de manera permanente el ejercicio digno de búsqueda de las familias buscadoras en todo el territorio mexicano.

-Asistir, acompañarnos y tejernos en dignidad desde las acciones convocadas por la Asamblea Nacional por el agua y la vida además de las convocatorias realizadas por el Congreso Nacional Indígena.

Convocamos a la Sexta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida que se llevará a cabo el 18 y 19 de Octubre el Loma de Bácum, Sonora.

Convocamos también su solidaridad en la rifa que estamos realizando los pueblos que integramos la Asamblea Nacional por el agua y la vida rumbo a la Sexta Asamblea Nacional por el agua la vida y el territorio.

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Fuente: Cholollan Radio

Por D Moctezuma McQuade and Daniela Gutiérrez

El 30 de agosto de 2025, colectivos feministas y familiares de personas desaparecidas se reunieron en Puebla para exigir justicia durante el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Esta manifestación se desarrolló en un contexto de emergencia humanitaria: según datos de la Comisión de Búsqueda estatal, más de 4,500 personas han desaparecido en Puebla desde 2018, de las cuales el 60% son mujeres, niñas y adolescentes. Entre los casos emblemáticos se encuentra el de Karla Alejandra Tela Flores, cuya familia lleva más de un año enfrentándose a la negligencia institucional en su búsqueda de justicia.

Durante la movilización pacífica, elementos de la Policía Municipal detuvieron a cuatro integrantes del colectivo «Morras Sororas» bajo la acusación de «daños a propiedad pública» en referencia a una fuente del Zócalo. Testimonios y videos documentaron el uso excesivo de la fuerza, agresiones físicas y verbales, y traslado violento a las instalaciones ministeriales, según reportaron Infobae México y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos. Tras estas detenciones, la Secretaría de las Mujeres emitió un comunicado pidiendo actuar con perspectiva de género durante el proceso judicial.

La detención de las activistas violó múltiples derechos humanos y protocolos internacionales, se vulnera el derecho a la protesta pacífica, reconocido en el Artículo 9 de la Constitución Mexicana y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También se infringió el derecho a la libertad personal y a no ser detenido de manera arbitraria, establecido en los Artículos 14 y 16 Constitucionales y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, se ignoró el principio de debida diligencia con perspectiva de género, contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, en sus Artículos 17, 21 y 40, obliga al Estado a priorizar la búsqueda de personas y garantizar la participación de la sociedad. Sin embargo, en lugar de cumplir con estas disposiciones, las autoridades destinaron recursos públicos a reprimir a quienes exigen su cumplimiento. La Secretaría de las Mujeres manifestó preocupación por la detención e invitó a garantizar los derechos humanos de las detenidas, aunque esta postura no se tradujo en acciones concretas para frenar la criminalización de las defensoras.

La respuesta ciudadana fue inmediata y contundente. Colectivos, organizaciones nacionales e internacionales y la sociedad civil emitieron alertas urgentes y exigieron la liberación de las detenidas bajo consignas como #LibertadALasMorrasSororas y #PueblaSinRepresión. Durante las detenciones, se documentaron agresiones específicas por razones de género, incluyendo insultos misóginos y tocamientos indebidos, lo que evidenció un trato discriminatorio y violento por parte de las autoridades.

Frente a estos hechos, el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Gobernación, insistió en que la detención fue «apegada a la ley». El Gobierno del Estado se declaró respetuoso ante las diferentes formas de manifestación, pero reprobó los hechos de violencia y vandalismo, minimizando así las violaciones documentadas e ignorando las demandas de transparencia, esta postura refleja un patrón de impunidad y revictimización que alimenta la desconfianza en las instituciones.La criminalización de las «Morras Sororas» debilita la respuesta ante la violencia feminicida y las desapariciones en Puebla. Al reprimir a quienes exigen justicia, el Estado envía un mensaje claro: la disidencia será castigada, no la violencia. Esto agrava la crisis de seguridad para mujeres, adolescentes y niñas, quienes ya vivían en un contexto de alto riesgo.

Ante este escenario, la solidaridad ciudadana y la presión internacional son cruciales para romper el ciclo de represión. Colectivos nacionales e internacionales han exigido la liberación inmediata y el retiro de cargos contra las detenidas, así como una investigación exhaustiva de las agresiones policiales con perspectiva de género y garantías de no repetición para todas las personas defensoras de derechos humanos.

Finalmente, las cuatro activistas fueron puestas en libertad al mediodía del domingo, después de que el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República. La verdadera paz no se construye con represión, sino con justicia, memoria y la garantía de que nadie más desaparecerá. La lucha de las «Morras Sororas» es la lucha de todas las personas que exigen un México donde vivir no sea un riesgo.

Fuentes de información:

Angulo7. (2025, agosto 31). Por la detención de 4, Secretaría de Mujeres pide actuar con perspectiva de género.

Infobae México. (2025, agosto 31). Detienen al menos a tres manifestantes en Puebla durante marcha en contra de las desapariciones forzadas.

OEM. (2025, agosto 31). Detención de integrantes del colectivo Morras Sororas fue apegada a la ley: Chedraui. El Sol de Puebla.

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. (2026, agosto 30). Alerta urgente: Agresiones y detención en Puebla de cuatro feministas.

Llamamos al Estado mexicano a cumplir con la Opinión 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que reconoce la detención arbitraria de los cinco de San Juan Cancuc y estipula como remedio adecuado su liberación inmediata.

🗓 Fecha: 3 de septiembre
⏰ Hora: 10:00 a.m.
📍 Lugar: Centro de Derechos Humanos Fray Ignacio Barnoya AC. 3a Sur y 4a Oriente Nº 90, Anexo al Templo de San Roque, Tuxtla Gutiérrez

Participan:
-Familiares de los presos
-Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
-Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

#FábricaDeCulpables #LibertadParaLos5 #SanJuanCancuc

Fuente: Avispa Midia
Por Rocío Heredia
^{En portada: Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón a las afueras del Juzgado de Huautla. Fotografías por David Peralta}

Este lunes (18) fue suspendida una audiencia en Huautla de Jiménez, cuya finalidad era dar seguimiento a los casos de tres miembros de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón. La razón de la suspensión se debió a que abogados de la Defensoría Pública Federal no se presentaron, debido a las modificaciones en la Reforma Judicial que implican, que este 1 de septiembre tomen posesión los nuevos titulares surgidos de la elección judicial el 1 de junio pasado.

Desde el 2014, Manuel Zepeda Cortés –expresidente municipal de Eloxochitlán—, su hija Elisa Zepeda Lagunas –diputada de Morena–, demás familiares y otros miembros de Eloxochitlán, han perseguido a integrantes de la Asamblea comunitaria porque representan una amenzan a su poder caciquil y a su empresa extractiva que se sustenta despojando al río Xanga Ndá Ge. Hasta el año pasado eran 40 los perseguidos políticos, pero a partir de junio de este año la lista aumentó a 56 personas -entre estas 8 mujeres- con 200 órdenes de aprehensión en su contra.

La audiencia que este lunes se vió suspendida correspondía al caso de Antonio, Adán y Gaspar, tres hombres mazatecos acusados de daño por incendio y robo desde el 2014. La Asamblea comunitaria espera una nueva fecha en el juzgado de Huautla de Jiménez, que será después del 1 de septiembre cuando la nueva administración esté instalada. Así mismo, determinaron que no tomarán acciones legales sin los defensores federales de confianza, para evitar retrocesos y enturbiar el caso.

Al tiempo que posponían la audiencia, les llegaba una noticia desde el Juzgado de Boca del Río Veracruz: la resolución en el expediente 989/2024 que declara la preescripción del delito para Francisco Durán, es decir, que la persecución judicial por los cargos de daño por incendio y robo en su contra llegó a su fin. Posteriormente, este miércoles (20), la abogada Argelia Betanzos viajó al juzgado en Veracruz para obtener la copia de la sentencia y poder corroborar la información notificada.

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Luis Rey García Villagrán, reconocido defensor de migrantes en la frontera sur de México, fue exonerado tras acusaciones por trata y delincuencia organizada promovidas por el Instituto Nacional de Migración (INM). La Fiscalía General de la República (FGR) no logró sostener los cargos, pese a señalamientos públicos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Me da mucha pena contradecir a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y al Gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, siento mucha pena por los mexicanos que tenemos esa presidenta y este gobernador. El juez decretó mi auto de libertad porque dijo que no pertenecíamos a la delincuencia organizada, sino que pertenecíamos al Centro de Dignificación Humana AC, reconocido desde hace más de nueve años por la Secretaría de Gobernación”, dijo el activista, al salir del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 3.

Seis días después de haber sido arrestado por la Fiscalía General de la República (FGR), Sedena, Marina, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Nacional, este lunes, 11 de agosto, se celebró la audiencia de vinculación a proceso, la cual se prolongó por más de dos horas, hasta que el juez federal determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que ordenó su libertad inmediata.

El activista de 62 años abandonó el penal vestido con una camisa blanca, pantalón café, tenis y una mochila azul al hombro. Primero abrazó a su familia y, después, se detuvo unos instantes para responder algunas preguntas de los medios de comunicación que presenciaron su liberación.

En la audiencia

“Uno de los puntos que defendió el abogado fue el señalamiento de que él (Villagrán) no es activista y de que no existía la asociación civil. Pero se comprobó que todo lo que decía la carpeta de investigación era mentira”, dijo la familia del defensor a Avispa Mídia.

Lograron acreditar el riesgo derivado de su labor en la frontera sur de México, por lo cual fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde 2020. El mismo mecanismo instaló un sistema de seguridad en la casa del defensor y le fue otorgado un botón de pánico.

“Es un expediente falso, completamente plagado de mentiras e incongruencias, incluso tiene una acusación de recibir dinero en fechas que él estaba hospitalizado por un atentado que sufrió, pero eso sí, en ese expediente de más de dos mil hojas no aparece el atentado que sufrió y que fue muy grave”, agregó la familia. 

El atentado mencionado por la familia de Villagrán se trató de un ataque de un grupo criminal en la vía pública, el 17 de octubre de 2023, que le dejó fracturas de dedos, costillas, piernas y rostro desfigurado por los golpes. “Pasó una patrulla de la Guardia Nacional y los llamamos, pedimos auxilio y no se detuvieron; la FGR entonces, no hizo nada”, explicó Villagrán en entrevista a Avispa Mídia.

De acuerdo con el abogado defensor José Antonio Martínez Sánchez, el delito que se le imputó a Villagrán es delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de personas y la denuncia fue iniciada por el Instituto Nacional de Migración (INM), “acusándolo de que él era el encargado de realizar las caravanas [de migrantes] con otras tres personas más”. 

El abogado dijo que la carpeta comenzó a integrarse en 2022 y siguió hasta febrero del 2024. “Las autoridades hicieron actos de investigación (a Luis Villagrán) en fuentes abiertas y en sus redes sociales”, dijo Martínez Sánchez. 

Además, su teléfono móvil fue parte de la supuesta investigación. “Usaron una técnica para que una compañía de teléfono [Telcel] entregara sus datos conservados, es decir, todo lo que es mensajería y telefonía, pero no se pudo acreditar que hubiera esa delincuencia que se le había acreditado”, explicó Martínez Sánchez.

El derecho a disentir 

En conferencia de prensa, este 12 agosto, Luis Villagrán explicó que un juez autorizó por un año y medio, en tres momentos diferentes, la intervención de redes sociales y teléfono móvil, “y no encontraron nada”.  

Mientras tanto, Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, señaló que obtuvieron cerca de 75 pruebas en su contra y que, ahora, no solo apelarán la decisión del juez que absolvió al defensor, también iniciarán otra carpeta de investigación.

“Las pruebas son entrevistas de policías federales de hace tres años a migrantes. Es inverosímil, son entrevistas que no cuentan con tiempo, modo y lugar y por lo tanto no se acreditan como pruebas”, enfatizó el defensor en el Parque Bicentenario de Tapachula.

“Había pensado quedarme callado, pero ante las mentiras e infundios de tan altos tribunales, no me queda más remedio que morir luchando”, dijo y, de nuevo, pidió al gobierno federal a respetar el derecho a disentir, “y no tomarse personal los señalamientos de corrupción en INM y Comar”.

También mostró partes de la carpeta de investigación donde se observan imágenes de sus hijos y nietos. “Si así investigaran a los administradores del río Suchiate, ya estuvieran presos; el cartel cualquiera y el INM son lo mismo”.

Luis Villagrán dijo que la libertad llegó porque aún no se aplican los cambios con motivo de la reforma judicial. “Estamos antes de la etapa de los jueces que van a estar a modo de ellos [gobierno federal]. Esta reforma al poder judicial nos deja a nosotros los activistas en manos de un terrorismo de Estado”, lamentó.

En los próximos días, acudirá ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). “El Estado mexicano es un narcoestado y ahora quiere ejercer el narcoterrorismo, primero, en contra de migrantes, defensores y, luego, van con ustedes, los periodistas”, insistió.

A los pueblos originarios de México y del Mundo
A todas las organizaciones religiosas
A las organizaciones defensoras de derechos humanos e indígenas
A los Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales
A los Tres Niveles de Gobierno
A la Sociedad En General

Hoy, día internacional de los pueblos originarios, nos convoca el clamor de la Madre Tierra, el espíritu de sabiduría de nuestras raíces indígenas, la resistencia histórica del pueblo maya. Hoy nos convoca el espíritu de nuestros ancestros, el espíritu de vida que susurra con fuerza en nuestros cerros, manantiales, caminos y comunidades. Hoy nos convoca el anhelo de paz y justicia en nuestros pueblos, una deuda que por años hemos buscado con esperanza activa.

No estamos en un mitin, no estamos en una marcha, no estamos a favor o en contra del gobierno o de un partido político, no somos una organización de la sociedad civil. Somos Pueblo de Dios que peregrina por el sí a la vida desde la espiritualidad de la no violencia. Somos iglesia autóctona enraizada con rostro tseltal, nos mueve la fe como seguidores y seguidoras del espíritu de Jesús que busca dignificar todos los rincones de la vida.

Iniciamos nuestra peregrinación desde Jalalal y San Martín Cruztón, dos comunidades que simbolizan a los pueblos que quieren honrar, cuidar y defender la Madre Tierra; ancianos, ancianas, sabios/as rezaron y se unieron a la oración en los cerros y manantiales, sembraron una cruz como signo de paz y nos prepararon el camino que hemos recorrido en un solo corazón. Armonizamos nuestros pasos con el territorio y en nuestro camino sembramos 3 ceibas, árbol sagrado de los pueblos mayas, símbolo de vida, grandeza, conexión entre el cielo y la tierra, sembrados como signo de comunión con la casa común y como deseo de recibir la sabiduría ancestral. Hemos orado alrededor del altar maya al ritmo del caracol, para pedir el respeto a la sacralidad de nuestro Territorio, porque cada rincón de nuestra tierra,
cada montaña, cada ojo de agua, cada árbol, es sagrado. No se trata de un pedazo de tierra que se pueda vender o destruir para hacer espacio a proyectos que prometen beneficios aparentes, es de nuestro hogar del que estamos hablando. Somos indígenas, somos tseltales, aquí nacimos, aquí vivimos, en el territorio está la historia de nuestros y nuestras ancestros/as, es nuestra identidad, es nuestra espiritualidad y nuestra forma única de ser y estar en el mundo.

Sin embargo, a pesar de la dignidad que tenemos, en este día internacional de los pueblos originarios recordarnos que las comunidades indígenas son ricas por sus territorios abundantes de biodiversidad, pero viven empobrecidas por un sistema que las excluye. Es sistemática la discriminación a nuestra cultura, evidente la amenaza a nuestros territorios y grosera la manera en que el falso progreso deja con hambre a nuestros hogares. El sistema nos expulsa, violenta nuestros derechos, rechaza nuestra cultura y despoja nuestro territorio. Pobreza, despojo y discriminación cultural van de la mano. Bien lo dijo el Papa León en su mensaje para la jornada mundial de oración por el cuidado de la Creación: “Parece que aún no se tiene conciencia de que destruir la naturaleza no perjudica a todos del mismo modo: pisotear la justicia y la paz significa afectar sobre todo a los más pobres, a los marginados, a los excluidos. En
este contexto, es emblemático el sufrimiento de las comunidades indígenas”.

Por esto, hoy alzamos nuestra voz por los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos de la Madre Tierra. No estamos en contra del progreso, estamos a favor del cuidado de la Casa Común y de los pueblos originarios y desde ahí anunciar y denunciar, por eso, nos pronunciamos como Iglesia en los siguientes puntos.

1) Denunciamos la irregularidad en la reactivación de la “Autopista de las culturas”:

a. Por la violación al derecho a la consulta al no hacerse ni previa ni informada y al dejar al margen la voz de las comunidades ya que las casillas sólo fueron instaladas en las cabeceras municipales. Por publicarse el Manifiesto del Impacto Ambiental (MIA) después de que el Gobierno Estatal hiciera la consulta pública, y al ser pagado por la empresa interesada en la construcción, no refleja los daños reales que va a ocasionar al territorio.

b. Denunciamos que a pesar de que el pueblo no fue consultado y de no contar con las MIAs evaluadas y aprobadas, el gobierno del Estado de Chiapas dio el banderazo de inicio el 08 de junio de 2025.

c. Denunciamos que el despojo ha iniciado con amenazas, falsas promesas, así como la extracción de grava sin consentimiento de los propietarios.

d. Exigimos a las autoridades correspondientes atención a los dos amparo ingresados y se atiendan bajo derecho sus demandas.

2) Basta ya de la criminalización a defensores de Derechos Humanos:

a) Nuestros hermanos defensores del territorio y constructores de la autonomía, han sido criminalizados por el sistema político y judicial, enjuiciados por crímenes que no cometieron, juicios amañados por jueces corrompidos como son el caso de Pedro Cortés y Diego Mendoza, condenados a 110 años de cárcel; el sistema de injusticia, muerte, corrupción y de violencia se perpetúa en el municipio de Pantelho’ en donde la paz está cada vez más lejana. Denunciamos que el arresto de estos hermanos nuestros fue arbitrario, ya que nunca se les mostró la orden de aprehensión; fue realizado con¡e violencia;, se les obligó a firmar papeles desconociendo su contenido y se atentó contra el derecho fundamental de contar con un intérprete tseltal.Exigimos que se revise este caso y se garantice un juicio con todas las garantías y derechos fundamentales al debido proceso.

b) Así también, nuestro cinco hermanos de San Juan Cancuc sentenciados a 25 años por homicidio, del cual el grupo de la ONU sobre Detención Arbitraria concluyó que el arresto de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Velasco fue arbitraria y contraria al derecho internacional. Nos unimos a la exigencia de la ONU sobre estos hermanos nuestros de San Juan Cancuc: Liberación inmediata, que se les otorgue una indemnización y otras reparaciones conforme al derecho internacional, se investiguen las circunstancias que llevaron a su detención y se determinen responsabilidades por la violación a sus derechos.

c) También exigimos el alto a la difamación y hostigamiento a sacerdotes, hermanas, diáconos, catequistas y demás hombres y mujeres servidores eclesiales y cuidadores de la Madre Tierra.

3) Exigimos cese al Asesinato de defensores de derechos humanos:

a) Nuestro hermano y pastor el padre Marcelo Pérez, sacerdote indígena tsotsil, reconocido nacional e
internacionalmente como defensor de los pueblos indígenas, asesinado el 20 de octubre de 2024, el autor material fue sentenciado el pasado 6 de agosto a 20 años de prisión, una burla en comparación con los años de sentencia a Pedro Cortés, Diego Mendoza y nuestros hermanos de San Juan Cancuc.

b) Exigimos a los gobiernos alto a la criminalización y asesinato de nuestros hermanos, hermanas que buscan la paz y justicia del pueblo.

Hacemos un llamado a la comunidad en general por la justicia climática y la casa común, que exijamos, sin miedo, pero con respeto, a nuestros gobiernos y autoridades la protección de los pueblos y comunidades locales vulnerables al cambio climático y amenazados por conflictos sociales y ecológicos, reconociendo su rol clave en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.

“Reiteramos que la Iglesia, en su misión profética, no cesará de alzar la voz ante las injusticias ecológicas y sociales, recordando que el clamor de la Tierra es también el clamor de los pobres (Laudato si’, 49).

Como iglesia peregrina con los pobres y en las periferias decimos:
“Sí a la Madre Tierra, sí a los pueblos originarios”
“No a la economía del descarte, No al despojo”

Atentamente:
Pueblo de Dios de las cinco vicarías de la Misión de Bachajón
Bachajón, Chilón, Chiapas a 9 de agosto de 2025

Fotos: Radio Pozol

Fuente: Avispa Midia

Por Rocío Heredia

Saúl Rosales Meléndez es un líder indígena y defensor del bosque, originario de la comunidad nahua San Pedro Tlalcuapan, localidad perteneciente al municipio de Chiautempan en el estado de Tlaxcala. Antes de su aprehensión, hace tres años, Saúl habitaba en las faldas de Matlalcuéyetl, una preponderante montaña en el centro-oriente de la ciudad. Desde ahí, Saúl se dedicaba a trabajar la tierra y a su tienda de abarrotes además de integrar el grupo de guardabosques de su comunidad, nombrado Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan (CSRMT). Debido a su ardua labor comunitaria, en 2022 fue electo como presidente de San Pedro.

Alicia Meléndez, esposa del defensor territorial, originaria de San Pedro y dedicada a las labores del hogar, comparte para Avispa Mídia que poco después de la elección de su esposo como presidente, el 15 de abril del 2022, mientras en la comunidad celebraban el “Viernes Santo” – día clave en la celebración cristiana de la Semana Santa -, sobre la calle Constancia, dos personas intentaron robar una vivienda. Pobladores lograron detener a uno y lo llevaron a la presidencia, pero debido a los ánimos del momento, lo sacaron para después lincharlo entre aproximadamente 400 personas. Fue la primera vez que en la comunidad recurrieron a ese tipo de solución para un conflicto.

Rosales no se encontraba en la localidad hasta que recibió una llamada por parte de su secretaria, quien le informó sobre la detención de un presunto ladrón. De camino a San Pedro, Rosales se comunicó con el director de seguridad del municipio para solicitar apoyo. En la comunidad la gente estaba alterada al punto de sustraer al acusado y desconocer a Saúl como presidente para luego retenerlo en la presidencia. Horas más tarde lo liberaron y se entera del linchamiento.

Tres meses después de los hechos, Saúl fue detenido bajo el cargo de homicidio calificado y preso en el Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, pues le impidieron llevar su proceso penal en libertad el cual duró 1 año y 8 meses.

El 25 de marzo del 2024, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, sentenció a Saúl a 20 años de prisión luego de un juicio lleno de irregularidades: tomaron testimonio de dos policías y un comandante de la policía municipal que afirmaron la presencia de un grupo conformado por al menos 400 personas y la nula actuación de las autoridades ante el temor de ser agredidas. También omitieron tres testimonios más donde afirmaron que Saúl trató de calmar a la multitud y entregar a la persona detenida, pero esto fue imposible debido al coraje e intensidad de la gente.

Posterior al dictamen del Tribunal de Enjuiciamiento, el 8 de julio de 2024, Rosales apeló la sentencia condenatoria. No obstante, la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala confirmó el veredicto sin advertir violaciones procesales ni de derechos humanos en el caso.

Una de las últimas acciones legales que tomó Rosales fue que, ante la falta de opciones para su defensa, el 23 de diciembre de 2024, presentó una demanda de amparo en contra de la resolución de apelación, a la cual se le dio el número de amparo directo 5/2025 ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito.

Falta de perspectiva intercultural

Las juezas que dictaminaron la sentencia de Rosales se basaron en la idea estereotipada de que el ‘acto de linchar’ forma parte de los usos y costumbres del pueblo originario de San Pedro Tlalcuapan. En suma, y pese a no contar con pruebas suficientes, de acuerdo a la defensa jurídica de Rosales, las juezas afirmaron que el defensor ambiental no actuó de manera diligente para evitar el homicidio de la persona y que, por el contrario, este auxilió al grupo de personas reunidas al exterior de la presidencia de la comunidad.

Familiares de Rosales aseguran que las autoridades judiciales no realizaron una investigación efectiva para recabar pruebas que les hicieran saber cuáles son los usos y costumbres de San Pedro Tlalcuapan y sus formas de resolución de conflictos, por lo que se confirma que hubo una ausencia de perspectiva intercultural en el caso.

Alicia ha observado que las instancias encargadas de impartir justicia en Tlaxcala, “no cuentan con personas preparadas o con el conocimiento sobre la perspectiva intercultural” y, además, afirma que la negativa de incluir esta perspectiva en el proceso de Rosales, responde a la conveniencia de las autoridades, pues de “aplicarla él saldría libre”.

A lo largo de los tres años que la comunidad lleva buscando justicia para Saúl, ha aprendido que hay una situación permanente de falta de respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, discriminación y persecución sobre todo para quienes defienden sus territorios, comparte la esposa del defensor territorial.

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Un pretexto para frenar la defensa territorial

Rosales ha sido uno de los líderes en la defensa de La Malinche, una zona reconocida como Área Natural Protegida desde 1938, que alberga al menos 937 especies de flora y fauna, de acuerdo con su programa de manejo. En 2019, los guardabosques comunitarios solicitaron la intervención de autoridades estatales y federales para mitigar la plaga del escarabajo descortezador, pero no hubo atención al caso y San Pedro Tlalcuapan perdió aproximadamente el 80% de su bosque.

De acuerdo con el CSRMT, hubo empresas contratadas por el gobierno estatal para aprovechar la plaga y talar árboles con fines comerciales. Dicha situación generó un ambiente tenso entre autoridades y guardabosques.

Culpar a Rosales de homicidio en un linchamiento cometido colectivamente, fue tan sólo un pretexto para llevarlo a prisión por su labor como defensor territorial y de su comunidad, afirma Alicia.

Además de Rosales, el tiaxca (servidor comunitario) y defensor territorial Raymundo Cahuantzi también fue detenido. En marzo del 2024 Cahuantzi fue puesto en libertad después de permanecer en prisión un año y 7 meses junto a Saúl.

Sobre la repercusión que la detención de Saúl generó en el pueblo, Alicia considera que “afectó a la comunidad ya que el era nuestro representante, y pareciera que fue un escarmiento a los pueblos y/o colectivos por levantar la voz y defender el territorio”.

Solidaridad con Rosales

La lucha por la justicia y libertad para Saúl Rosales ha sido acompañada por la solidaridad de varios colectivos y organizaciones. Alicia reconoce que “son diversos colectivos y organizaciones a nivel local, nacional e internacional” quienes los han apoyado, entre estos: “el Centro Fray Julián Garcés, el Centro Prodh, la red TDT, La RAE, Geo-grafías comunitarias, Territorios de Paz de Colombia, entre otros, así como diversas comunidades de Tlaxcala y de toda la república”.

Frente al temor de que la resolución para Saúl se retrase más tiempo debido a que con las elecciones judiciales, del pasado 1 de junio, la conformación del Tribunal Colegiado cambiará en el mes de septiembre de este año, familiares e integrantes del CSRMT realizaron la mañana del pasado martes (5) una manifestación pacífica a las afueras de Ciudad Judicial en Tlaxcala, para exigir una inmediata resolución.

Al calor de la manifestación, Marisol Flores García directora del “Centro ‘Fray Julián Garcés’ Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.” emitió un oficio dirigido a los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, documento en el que expone las irregularidades en el caso de Rosales y exhorta a los magistrados a emitir un resolutivo con base en la aplicación de “los más altos estándares en materia de derechos humanos y de interculturalidad”.

La comunidad de San Pedro Tlalcuapan, grupos solidarios y familiares de Saúl continuarán organizándose para la planeación de diversas acciones en busca de justicia. Alicia invita a la sociedad en general a sumarse a la exigencia de libertad para Rosales y a no callar ante las injusticias.

Los 5 de San Juan Cancuc —Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco—, son defensores del territorio; maya tseltales, fueron detenidos arbitrariamente en mayo de 2022.

La Opinión No. 21/2025 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, advierte que tres de los cinco defensores fueron víctimas de desaparición forzada durante 24 horas; todos fueron sometidos a prisión preventiva oficiosa por un año, y privados de un proceso judicial justo, sin acceso a una defensa adecuada ni a un intérprete en su lengua materna.

Escucha el episodio de NotiFrayba sobre el caso:

(Descarga aquí)  

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores de San Juan Cancuc participan de una peregrinación rumbo al CERSS No 5 para exigir la liberación inmediata de los defensores tzeltales. Foto: Sipaz}

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió semana pasada un dictamen dirigido al gobierno de México en el cual confirmó la criminalización y detención arbitraria de los defensores de derechos humanos tzeltales Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Augustín Pérez Velasco.

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Originarios del municipio de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, los cinco presos políticos permanecen recluidos, desde hace más de tres años y dos meses, en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) n° 5, acusados, sin pruebas contundentes y en medio de irregularidades, por el asesinato de una persona, sucedido en mayo del 2022.

El organismo de las Naciones Unidas emitió su opinión acerca del caso el 4 de abril del 2025, después de un análisis derivado de una visita al estado de Chiapas realizada en septiembre del año 2023 y, tras recibir información de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos a las autoridades mexicanas durante julio del 2024. 

Criminalización

Acorde a una misiva firmada por nueve organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas, Amnistía Internacional, Front Line Defenders y el Movimiento Sueco por la reconciliación (SweFOR), la opinión del pasado abril destaca una serie de violaciones a los derechos humanos contra los cinco presos, desde su arresto como durante el desarrollo de sus procesos judiciales.

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