Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.
Foto: Niños vulnerables de la comunidad de Kokó, Aldama, Chiapas. 31 de marzo 2018. Carlos Ogaz.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Foto: C’ananlumtik, febrero de 2018. Danny Alveal Aravena
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado mexicano garantizar los derechos de comunidades en desplazamiento forzado e implemente acciones eficaces ante el riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, México.
En la resolución 15/2018, emitida el 24 de febrero de 2018 y dada a conocer el 5 de marzo, se informa de la medida cautelar No. 882-17 otorgada a intregantes del pueblo tsotsil que se desplazaron desde noviembre de 2017. La CIDH solicita al Estado Mexicano realice acciones de investigación ya que la situación de violencia por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de grupos civiles armados ha generado una crisis humanitaria y el riesgo continúa.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Del 21 al 23 de marzo de 2018 por tercer año consecutivo las familias desplazadas de Banavil retornaron temporalmente para recordar la siembra de la niña Antonia, quien perdiera la vida en condiciones de desplazamiento forzado el pasado 21 de febrero de 2015 en medio de discriminación y una atención médica precaria en el hospital de Las Culturas en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus hermanas Lucia, Petrona y María, así como sus primos y primas Alonso, Lorenzo, Miguel y Petrona junto a sus tías, tíos y su abuela Antonia rezaron junto a acompañantes de la Sociedad Civil Nacional e internacional.
El pequeño Lorenzo se detiene un momento para regalarnos una fotografía.
El regreso a sus tierras para recordar a Antonia se da en medio de nuevos despojos de sus tierras, de nueva cuenta actores que les desplazaron hace 6 años están repartiendo ilegalmente 5 hectáreas y media de tierras en el ejido Santa Rosa, propiedad de Lorenzo López Girón y Alonso López Luna, éste último cabeza de las familias desaparecido desde el 4 de diciembre del 2011.
La experiencia de vida de las familias de Banavil está relacionada con la oposición política en los Altos de Chiapas por lo menos desde la década de los noventa, primero afiliados al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para pasar en 1996 a incorporarse como Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). Junto a indígenas sin tierras llevaron a cabo acciones de recuperación en medio del alzamiento, en donde recuperaron las 5 hectáreas y media en Santa Rosa, que después serían legalizadas y se convertirían en ejido en 1997 como apuesta gubernamental para calmar los ánimos en los pueblos.
Lorenzo López Girón visto a través de un vidrio quebrado durante las agresiones que les llevaron al desplazamiento.
Enseguida se inaugura un proceso de violencia que fue impulsado por las discordias que causó el reconocimiento oficial de sus tierras, y en medio de un intenso “bombardeo” de programas sociales que beneficiaron alrededor de 30 familias, pero sobre todo a un grupo de personas que posteriormente desembocaría en la constitución de un grupo de carácter clientelar con rasgos caciquiles que actúa por encomienda del gobierno municipal y estatal, hostigando y amenazando a las familias zapatistas y sus simpatizantes.
Apartir de la cooptación de las personas en la comunidad, en el año 2000 salieron las familias del Paraje adscritas al zapatismo. Una parte de éstas participaron en el proceso de violencia que desembocó en el desplazamiento forzado de las familias López Girón, López Méndez y López Guzmán en el 2011. En medio de este periodo se presentaron diversas tensiones y violencias con distintas características: aparentes conflictos al interior de la iglesia, continuas multas de autoridades comunitarias, montajes jurídicos avalados por la asamblea de la comunidad, amenazas, expulsiones a las niñas de la escuela primaria y finalmente el desplazamiento.
Dentro de quienes llevaron a cabo este largo proceso de violencias se encuentra Pedro Méndez López, actual comisariado del ejido Santa Rosa. Junto a Agustín Guzmán Méndez y Diego Méndez López, así como sus cuñados Miguel Guzmán Méndez, y Agustín Guzmán Méndez, a partir del 16 de septiembre de 2017 reactivaron los hostigamientos y despojos en contra de las familias desplazadas de Banavil. Talaron 4 árboles en las tierras de la familia López Girón, cuyos titulares son Alonso, padre de familia y Lorenzo, su hijo, denunciaron las familias desplazadas en un comunicado el pasado 23 de octubre de ese mismo año. Las tierras están siendo repartidas entre personas del ejido, iniciando un nuevo despojo de sus tierras de las familias desplazadas de Banavil.
A su llegada, la señora Antonia recolecta flores de mostaza para la comida que serán acompañadas con frijol.
No sé que es lo que pensaron, no sé dónde encontraron la idea, empezaron a partir nuestro terreno, nuestro terreno y su tierra de mi papá. Y lo partieron, hicieron un callejón pero no sé qué tanto de lo hicieron el callejón, lo limpiaron, no sé porque no podemos entrar en Santa Rosa y de ahí empezaron a cortar el árbol y enseguida empezaron a destruir nuestra casa ahí y ya no tenemos casa ahí y no podemos entrar, así empezó el mes de septiembre. Empezamos a denunciar, giramos oficio en delegado de gobierno, presidente municipal, juez de paz de Tenejapa, pero como que no lo quieren, está cómplices el juez. Lorenzo López Girón.
Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, en el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen haciendo activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.
María, madre de la pequeña Antonia, frente a su tumba después del rezo.
Pedro Méndez López ha sido parte del proceso de violencias que han vivido las familias de Banavil por mantenerse en resistencia sin recibir apoyos gubernamentales. Junto a Alonso López Ramírez, actualmente recluido en el CERESO No. 5 de San Cristóbal de Las Casas. En el año 2003 iniciaron los hostigamientos en contra de la familia López Girón, hasta la fecha siguen activos, cubiertos de la anuencia de las autoridades municipales y estatales, respondiendo con despojos y amenazas a la lucha por justicia, verdad y retorno que exigen las familias desplazadas desde hace 6 años de Banavil.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Es obligación de los gobiernos estatal y municipal garantizar la protección de
todos los Derechos de todas las niñas, niños y adolescentes afectados por conflictos sociales.
PRONUNCIAMIENTO
19 de febrero de 2018, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – El pasado 16 de febrero, 4 adolescentes de entre 12 y 14 años de edad fueron lesionados por arma de fuego, y un joven de 20 años perdió la vida, luego de que un grupo de alrededor de 50 personas armadas fuertemente intentó desalojar a los habitantes de predio la Libertad antes INI, al norte de la ciudad. En el enfrentamiento varias casas resultaron incendiadas. La disputa por este predio data de 2015, cuando en un enfrentamiento entre integrantes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), una adolescente resultó lesionada.
Diversos testimonios indican disparos con armas de fuego de armas de alto poder en los días previos y posteriores a los lamentables sucesos, y tensión en la zona, poniendo riesgo a la vida e integridad de las familias que habitan y transitan en esta parte de la ciudad, afectando notablemente su salud emocional, siendo las niñas y niños los más afectados y vulnerables.
Atender y prevenir los conflictos, en el marco del respeto de los derechos humanos y en apego a las obligaciones establecidas por la ley, es una obligación de los gobiernos estatal y municipal. Además, la Procuraduría de Atención a la Infancia y Adolescencia debe tomar medidas urgentes para proteger a niñas, niños y adolescentes cuyas familias y comunidades se encuentran en disputas por conflictos agrarios, políticos, económicos , religiosos o de cualquier otra índole.
Las organizaciones que integramos la Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS), demandamos urgentemente:
Se realicen investigaciones exhaustivas e imparciales para esclarecer las agresiones y sancionar a los culpables.
Se investigue la presencia de grupos armados en el municipio, los cuales actúan con impunidad ante la aquiescencia de las autoridades municipales y estatales.
Atentamente:
Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS): Aldeas Infantiles SOS México en Chiapas, Alianza por la Salud, Alimentación y Nutrición en Chiapas (ASAN), Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Chantiik Taj Tajinkutik A.C., Desarrollo Educativo Sueniños A.C., Foro para el Desarrollo Sustentable A.C., Melel Xojobal A.C., Tierra Roja Cuxtitali Centro Comunitario A.C., Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes A.C., World Vision México.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
La Red de Medios de los Pueblos, instancia que reúne a diversos medios y comunicadores autónomos e independientes en Chile, viene a expresar su solidaridad con la Comunicadora Daniela Salazar, quien ejerciendo el derecho a comunicar e informar estuvo realizando una cobertura informativa el 6 de junio de 2017 en una ocupación pacífica de la CONADI para visibilizar la tortura ejercida a niños y niñas en territorio mapuche Lavkenche, la comunidad Ayin Mapu del Lov Huentelolen.
Producto de esta cobertura informativa Daniela Salazar, fue formalizada este miercoles 3 de enero a las 10 de la mañana en el Tribunal de Garantía de Cañete, en conjunto con 24 personas detenidas, entre ellos padres y madres mapuche de niños y niñas violentadas, acusándolas de daños en las oficinas de la CONADI por 12 millones de pesos que fueron realizadas, durante un violento desalojo, por FFEE de Carabineros.
Como Red de Medios de los Pueblos creemos que:
El Gobierno -sea cual sea su parcela política-, el Ministerio del Interior y las Fuerzas Policiales deben respetar el ejercicio del derecho a la comunicación, sea este realizado por comunicadores sociales, periodistas, o encargados de comunicaciones de las diversas organizaciones sociales, territoriales y mapuche.
Los tribunales de garantía deben resguardar el derecho a comunicar de manera libre y sin restricciones los hechos o situaciones que suceden en el Wallmapu, sobretodo bajo el actual contexto de ocupación y represión policial desarrollada hacia las comunidades mapuche por los Estados Chileno y Argentino.
Las denuncias de tortura hacia niños y niñas, no pueden ser ocultadas reprimiendo y judicializando a las madres y lamgen denunciantes de la comunidad Ayin mapu, del Lov Huentelolen; ni mucho menos silenciar el trabajo periodístico y comunicacional desarrollado por Daniela Salazar para evidenciar estos atropellos hacia los derechos de la infancia mapuche.
La libertad de expresión es uno de los pilares para la convivencia democrática de cualquier sociedad y por lo tanto, no aceptaremos que se intente silenciar, vía la judicialización de la protesta y de la comunicación social y popular, la diversas palabras, imágenes y voces comunitarias y territoriales que Daniela Salazar -a través de su valiente trabajo- ha logrado visibilizar, rompiendo el cerco comunicacional impuesto por la elite política, las empresas y los medios tradicionales en el Wallmapu.
Finalmente hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional de comunicadores sociales y populares, periodistas, colectivos, radios, televisoras y organizaciones sociales, territoriales y mapuche para realizar cobertura de este caso que atenta directamente al derecho a la comunicación y la libertad de expresión de hechos tan graves como la tortura hacia la infancia mapuche,
¡Por el derecho a informar y comunicar libremente!
¡No a la criminalización de comunicadores sociales y populares!
¡Termino al cerco informativo y mediático!
¡No más violaciones a los derechos humanos de la infancia mapuche!
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Qué afan de recordar, de seguir removiendo la herida, se diría a primera vista.
El gran espacio cubierto donde se lleva a cabo el evento mira hacia la inmensidad de las montañas, que nos empequeñecen con su grandeza. Allí, en cierto momento, una sobria pieza de teatro recrea la masacre cometida aquí hace 20 años por paramilitares armados y entrenados por el Estado mexicano, conforme dictaba el Plan de Campaña 1994 de la Sedena para combatir al EZLN.
Entre los asistentes están muchos que sobrevivieron a la masacre, muchos que perdieron a familiares, que presenciaron una violencia impensable, que cargan con el dolor que los marca y marcará por el resto de sus días. Las miradas son intensas mientras se desarrolla la pieza de teatro, imposible decir qué sucede al interior de quienes vivieron ese horror en la piel.
Y sin embargo en el ambiente hay una alegría inexplicable, una contenida pero evidente jovialidad. ¿Por qué?
Don Raúl Vera, Obispo de Saltillo, quizás dio en el clavo. A lo largo de estos 20 años, Acteal se ha convertido en símbolo de la lucha por la vida en medio de un sistema de muerte, inspiración para seguir construyendo una sociedad nueva con dignidad y alegría.
El propósito de la masacre, dijo don Raúl, fue desmoralizar, no sólo al pueblo organizado de Acteal, sino también al EZLN y a todos quienes dicen NO al sistema de muerte e intentan construir otra sociedad. No lo lograron.
“Nadie esperaba el renascer de Acteal”, dijo don Raúl. La masacre no sólo no apagó esa llama de la resistencia y la dignidad, sino que convirtió a las víctimas y a los sobrevivientes en símbolos de vida nueva. Luchar como Acteal, imaginar como Acteal, caminar con dignidad como Acteal.
Es impensable el horror vivido y sin embargo aquí están. Parte del comunicado de la Mesa Directiva de Las Abejas y los sobrevivientes dice así:
Nosotras las mujeres sobrevivientes, nos sigue doliendo, y nunca olvidaremos a las mujeres embarazadas que les fueron abierto sus vientres, sacándoles a sus bebés como un mensaje de querer acabar con la semilla. Porque las mujeres somos dadoras de vida, somos las que traemos al mundo nuevas generaciones para que los ciclos de vida continúen, por eso murieron más mujeres, niñas y niños.
La Masacre cometida por el gobierno mexicano, es como si cortara un árbol, sus hojas, sus ramas, sus flores y sus frutos, pero, no pudo arrancar la raíz y esa raíz somos nosotras y nosotros y hemos renacido en retoños. Como dice un fragmento del canto del Coro de Acteal, Nos mataron pequeños e indefensos, pero, renacimos gigantes…
Por eso queremos que nuestros jóvenes sepan bien lo que pasó, tenemos que compartirles y formarlos para que sigan el ejemplo de nuestra lucha y así la Memoria de nuestro pueblo, esté floreciendo por siempre.
A pesar del dolor y de la impunidad, Acteal se convirtió en Tierra Sagrada. Acteal es Memoria. Acteal, es palabra digna ante el mundo. Acteal, es consuelo y sanación. Acteal, es dignidad y grandeza. Acteal es camino de la verdad, porque nunca piensa en venganza. Acteal es Justicia. Acteal es conciencia.
Este 20 aniversario de la masacre se conmemora mientras allí cerca, en las montañas, entre Chalchihuitán y Chenalhó, casi 6 mil indígenas tsotsiles viven en condición de desplazados, al igual que los entonces desplazados en Acteal. Al igual que entonces, un grupo paramilitar fuertemente armado y equipado, al servicio del Estado, mantiene en condiciones infrahumanas a miles de sus hermanos y hermanas, condiciones que ya cobraron la vida de once personas.
Es por eso que preservar la memoria es tan importante. Para evitar nuevos Acteales. Mientras el Estado insiste en negar su responsabilidad por la masacre y en mantenerla impune, los pueblos insisten en recordar el pasado para construir el futuro.
Aquí, en Acteal, frente al altar con las 45 cruces inscritas con los nombres de los masacrados, todos los presentes se pusieron de pie y repitieron la sentencia del pueblo:
Ernesto Zedillo Ponce de León, ex Presidente de México: ¡CULPABLE!
Emilio Chuayffet Chemor, ex Secretario de Gobernación: ¡CULPABLE!
General Enríque Cervantes Aguirre, ex Secretario de la Defensa Nacional: ¡CULPABLE!
Julio César Ruiz Ferro, ex Gobernador de Chiapas: ¡CULPABLE!
General Mario Renán Castillo, ex comandante de la Séptima Región Militar en Rancho Nuevo, Chiapas: ¡CULPABLE!
Homero Tovilla Cristiani, ex Secretario de gobierno de Chiapas: ¡CULPABLE!
Uriel Jarquín Gálvez, ex Subsecretario de gobierno de Chiapas: ¡CULPABLE!
Jorge Enríque Hernández Aguilar, ex Director de la Seguridad Pública del estado de Chiapas: ¡CULPABLE!
David Gómez Hernández, ex Subprocurador de Justicia Indígena: ¡CULPABLE!
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Lo que convenció a la niña de 10 años de correr y salvar su vida fue el nunca antes escuchado tono de mando en la voz de su padre. Guadalupe Vázquez Luna salió del escondite para correr cuesta abajo y unirse a la estampida de personas huyendo de un inminente ataque armado en la comunidad de Acteal, en Los Altos de Chiapas.
Su familia se había escondido en el nacimiento de un arroyo junto con más personas que su padre, Alonso Vázquez Gómez, catequista de la organización Las Abejas, había reunido ahí “porque si hay un enfrentamiento, las balas tienen que pasar por encima”, decía.
“Estábamos mis papás, mis tías, mi abuela y mis hermanos”, cuenta Guadalupe desde la ermita de la comunidad de Acteal. Aquel 22 de diciembre de 1997 se celebraba la tercer jornada de oración y ayuno de Las Abejas. Ese día las balas no iban a pasar por encima. El primer disparo lo hizo “un hombre con gorra militar” y le pegó a la mamá de Guadalupe, María Luna Méndez.
“Mi papá jamás nos alzaba la voz, jamás nos gritaba y en ese momento me dijo ¡vete de aquí! Me señaló el camino y como vio que no me movía, me gritó con una voz de mando. Esa voz de mi papá fue la que me hizo salir de aquí”.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Al Pueblo de México
A los organismos de derechos humanos e instancias humanitarias
Como colectivo de organismos y personas de la sociedad civil, hemos conocido y revisado la sentencia emitida por el Lic. Claudio Aníbal Vera Constantino, Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 03 de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro del expediente 781/2005, suscrita y certificada desde el día 06 de noviembre del presente (unos días antes de la agudización violenta del conflicto), y notificada a las partes -Autoridades Comunales de Chalchihuitán y de Chenalhó- y hecha pública hasta el día de antier, 13 de diciembre (un mes y una semana después de emitida, ya escalado el clima de agresión y violencia del citado conflicto).
Respecto a dicha sentencia -cuya histórica problemática agraria, irresuelta de fondo con apego a justicia y a derecho, ha constituido el pretexto central para desatar un clima de extrema violencia y, a la vez, encubrir acciones e intereses ilegítimos de muy alta peligrosidad-
CONSIDERAMOS:
1° Que en su ambigua forma, el manejo de los tiempos y su débil contenido, dicha sentencia, más que apegarse a un verdadero análisis y fundamentación histórica y jurídica en materia agraria del caso, más bien parece ser producto de un cuidadoso cálculo político, que pretendería la administración del problema, respondiendo a los tiempos políticos de las actuales administraciones estatal y federal;
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Continúa precariedad y vulnerabilidad de población desplazada forzadamente de Chalchihuitán
10 personas de Chalchihuitán, Chiapas han perdido la vida en desplazamiento forzado, a causa de las condiciones de hambre, frío y estrés, debido a la omisión del gobierno de Chiapas por no brindarles atención adecuada. Son muertes evitables informó la brigada médica que visitó los campamentos del 11 al 16 de diciembre. 4 adultos mayores, 1 mujer adulta, 1 joven, 3 menores (2 eran mujeres) y 1 muerte fetal.
Sorry, this entry is only available in Español. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Sábado 16 de diciembre 2017
En estos momentos se encuentra en la zona una brigada conformada por personal de salud de dos organizaciones no gubernamentales de Chiapas: Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC) y Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM), quienes desde hace muchos años colaboran con el Programa Interdisciplinario “Desarrollo Humano” de la UAM. Este grupo está dando continuidad a la brigada médica de la misión de Bachajón y a la misión de observación de derechos humanos, por lo que a partir del 4 de diciembre a la fecha se ha tenido presencia en la región de diversas organizaciones.
Una vez que la brigada arribó al sitio de conflicto el día 11 de diciembre confirman la precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentra la población, afectando en mayor medida a niños, mujeres y personas de la tercera edad, “el frío es tremendo y la gente duerme debajo de plásticos que no los protegen, están muriendo de enfermedades que podrían evitarse”. De acuerdo a informes de la brigada, en los campamentos se vive con un miedo intenso, ya que “en la noche se oyen disparos de arma de fuego, por lo que grupos desplazados permanecen durante el día en lugares públicos, como son un templo o la cancha deportiva, pero en la noche prefieren dormir refugiándose en la montaña”.
Dos situaciones que complican el escenario son el clima y el estrés progresivo, éste derivado de la incertidumbre y el hostigamiento que vive constantemente la población, afectando seriamente a personas con enfermedades crónico degenerativas, llegando incluso a la muerte, la más reciente, María Domínguez Gómez de 57 años, quien padecía diabetes y falleció el 13 de diciembre, por neumonía.
