Tras supuestos indicios de un ataque inminente del grupo armado palestino Yihad Islámica (YIP), Israel sorprendió con un bombardeo militar hacia Gaza con su “Operación Alba”, que dejó un saldo de aproximadamente 43 palestinos muertos, casi la mitad de ellos eran niños y civiles, según información del Ministerio de Sanidad de Palestina.

Los múltiples ataques aéreos sobre Gaza, iniciados el pasado 5 de agosto, fueron justificados por Israel como “preventivo”, por temor a un ataque terrorista en respuesta a la negativa de Israel de aceptar las exigencias de este grupo armado, entre ellas la liberación de prisioneros y el cese de las redadas militares israelíes en el campo de refugiados de Yenín.

La batalla entre Israel y la Yihad Islámica duró 3 días y concluyó con un alto el fuego el domingo (7) por la noche. Esta tregua fue negociada tras la intervención de Egipto.

Israel sostuvo que la mayoría de los muertos fueron militantes de la Yihad Islámica, pero este grupo armado afirma que tan solo identificó nueve de los fallecidos como milicianos del grupo, entre ellos dos comandantes de su brazo armado: Taysir al Yabari y Jáled Mansur. Por parte de Israel no se registraron decesos.

En la Franja de Gaza hubo un registró de más de 400 personas heridas. A esto se suma la devastación deal menos 650 viviendas y la vulnerabilidad de los servicios más básicos, como el agua, ya que 97 % de este vital líquido en Gaza no es potable, mientras que este territorio de al menos 365 kilómetros tan solo recibe una media diaria de 12 horas de suministro eléctrico.

El medio Al Jazeera ha registrado que desde al año 2000 a la fecha al menos 2 mil 200 niños han sido asesinados por militares y colonos israelíes, principalmente en territorio palestino, desde que inició la segunda oleada de violencia de Israel hacia Palestina, conocida como la “segunda intifada”.

Por su parte el jefe de asuntos humanitarios de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Lynn Hastings, instó que se permita el suministro de “combustible, alimentos y material médico” a Gaza.

Estados Unidos 

El Presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, sostuvo que su gobierno había trabajado con funcionarios de Israel, la Autoridad Palestina, Egipto, Qatar, Jordania y otros en toda la región para fomentar una rápida resolución del conflicto.

“Doy las gracias al presidente egipcio Abdel Fattah Al Sisi y a los altos funcionarios egipcios que han desempeñado un papel central en esta diplomacia, así como al emir Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani de Qatar y a su equipo por ayudar a poner fin a estas hostilidades”, dijo el mandatario estadounidense en un comunicado de la Casa Blanca.

Biden también reafirmó su apoyo a la seguridad de Israel, considerando que tiene derecho a defenderse de los ataques. “Durante estos últimos días, Israel ha defendido a su pueblo de los ataques indiscriminados con cohetes lanzados por el grupo terrorista Yihad Islámica Palestina, y Estados Unidos está orgulloso de nuestro apoyo a la Cúpula de Hierro de Israel, que interceptó cientos de cohetes y salvó innumerables vidas “, declaró el presidente de los EEUU.

En una declaración emitida por el Departamento de Estado de EEUU, el Secretario de Estado, Antony Blinken, también celebró el alto el fuego y declaró, “Estados Unidos sigue dedicado a nuestro férreo compromiso con la seguridad de Israel y seguirá plenamente comprometido en los próximos días para promover la calma. En los próximos meses seguiremos trabajando con nuestros socios para mejorar la calidad de vida de los palestinos en la Franja de Gaza”.

Hace cinco años personas campesinas, originarias de los pueblos indígenas Maya Q’eqchi, Chuj y población mestiza, fueron desplazadas de la comunidad Laguna Larga, en la Reserva Biosfera Maya, municipio de San Andrés, del Departamento de Petén, Guatemala, por mil 500 elementos de las fuerzas estatales, el Ejército y la Policía Nacional Civil del país.

Desde el 2 de junio de 2017 se asentaron en un campamento improvisado en la línea fronteriza entre México y Guatemala. “Para las mujeres y la niñez es muy duro estar aquí”, dijeron durante las actividades conmemorativas del desplazamiento forzado, en los días 1 y 2 de junio.

La justificación oficial para realizar el desalojo fue la “conservación” de la naturaleza en la Reserva de la Biósfera Maya, lo que resulta contradictorio ya que el Estado guatemalteco permite la operación de empresas extractivas en la misma región que pretende conservar.

Desde el año de 1985 opera la petrolera Perenco, empresa franco-británica que extrae hidrocarburos en la zona núcleo del Parque Nacional de Laguna del Tigre, zona que junto al Parque Nacional Sierra del Lacandón alberga más de 50 comunidades en riesgo permanente de sufrir un desalojo como el ocurrido contra Laguna Larga.

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En 2017, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para la comunidad que el Estado guatemalteco, presidido entonces por Jimmy Morales, no acató. A partir del 2018 les ofrecieron fincas ganaderas que los propios desplazados debían pagar en abonos.

La situación no es diferente con Alejandro Giammattei. Su gobierno también propuso fincas de tierras que no son fértiles para los campesinos desplazados. Los indígenas no aceptaron, consideran que no existe verdadera voluntad para solucionar el problema de la comunidad.

Este año, la CIDH actualizó las medidas cautelares 412-17, por la falta de efectividad del Estado guatemalteco para proteger la vida de las más 500 personas desplazadas forzadamente de la comunidad Laguna Larga.

Por estas recomendaciones, el gobierno de Guatemala envió 12 raciones mensuales de arroz, cereal, harina de maíz, aceite y avena para todas las familias como una sentencia para permanecer un año más sin respuestas ni reubicación.

Las muertes

“Así como hemos visto nacer a seres queridos también los vemos morir”, dijeron las voces de las mujeres que bordan memoria y resistencia en el acampamento.

Luis Emanuel Hermosilla Suchite de dos meses de edad falleció en el campamento. Su muerte se suma a otras 12 que se suscitaron durante estos cinco años en la tierra de nadie.

El 18 de mayo, el niño Luis Emanuel fue atendido por la brigada de salud de México que acude cada 15 días para identificar los padecimientos de los 500 pobladores que viven bajo techos de palma y nylon para protegerse de las constantes lluvias y de las altas temperaturas.

El pequeño presentó fiebre y los médicos le dieron medicamento para controlarla. “Pero no fue posible”, dijeron Alfonso y Darlyn, padres de Luis Manuel. Las autoridades de Laguna Larga pidieron permiso a la Policía Nacional Civil, a la Conanp y al Ejército para entrar al panteón a enterrar al bebé.

Marvin Pérez, vocero de la comunidad, ya casi no recuerda el número de muertos, incluso de abortos que sufren las mujeres por las condiciones insalubres y la alimentación basada sólo en arroz, frijoles, avena y harina.

“Todo es por falta de atención médica y nosotros hacemos responsables al Estado de Guatemala. Es incumplimiento en todos los sentidos: en alimentación, educación, salud. Mis hijos estudian en el suelo, es algo que desespera, que preocupa, pero estamos dispuestos a seguir en la lucha y resistir hasta que se haga justicia”.

La brigada médica de Guatemala llega dos o tres veces al año. La diarrea y las enfermedades en la piel son casi permanentes entre las niñas y niños. Actualmente se propaga la varicela, virus que temen se convierta en epidemia como el paludismo que padecieron en el 2021.

El caso de Laguna Larga representa una de las grandes injusticias que se perpetran en los límites de Guatemala con México, dijo Aldo Ledón Pereyra de la organización Voces Mesoamericanas que brinda acompañamiento a las familias.

Las brigadas de salud son insuficientes para la cantidad de personas en el campamento. Aunado a eso están las pésimas condiciones del camino que conecta el campamento al El Desengaño, municipio de Candelaria, Campeche, donde los guatemaltecos buscan asistencia.

En los constantes días lluviosos, tienen que salir caminando y varias personas enfermas han perdido la vida por no poder buscar atención médica al ser la única vía de comunicación.

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“Reconocemos que el caso de Laguna Larga no es aislado, se une a una estrategia más grande de violencia y de crisis, de violaciones a los derechos humanos, no solo en la región guatemalteca, también del lado mexicano sur-sureste donde cientos de miles de personas están siendo desplazadas con la justificación de megaproyectos”, agregó Ledón.

Crisis humanitaria

“Es posible afirmar que esta crisis se encuentra en su punto más álgido y puede desencadenar consecuencias aún más graves y lamentables”, coincidieron 12 organizaciones de México y Guatemala en un comunicado de prensa.

Las comunidades Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón se unieron a la protesta pacífica en el asentamiento de los desplazados. Realizaron pancartas y celebraron una asamblea, pues la situación para estas comunidades también se agudiza con los desalojos.

Ante este contexto, exigieron al Estado de Guatemala, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, resolver el problema de Laguna Larga. Asimismo, pidieron a la Comisión una visita in situ para verificar las condiciones del campamento, a la vez de solicitar Medidas Provisionales a la Corte IDH por la gravedad en la que se encuentra la vida de las familias y por las muertes que continúan ocurriendo.

^{En portada: Mujeres buscadoras participan de las movilizaciones en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Agosto, 2020. Foto: Centro Prodh}

Es urgente que el Estado mexicano adopte una política pública integral de prevención a las desapariciones, de búsqueda en vida y forense, y el reconocimiento de la responsabilidad directa e indirecta en los casos en el país, coincidieron organizaciones de madres buscadoras y de la sociedad civil que esperan una respuesta del ejecutivo federal en los siguientes días.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por 80 organizaciones, dijo que la grave situación de desapariciones es reiterada en el reciente informe del Comité de la ONU para la Desaparición Forzada, resultado de la primera visita que hizo a México desde su conformación.

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Los grupos de familiares de víctimas de desaparición se reunieron con el Comité e hicieron propuestas que fueron retomadas por la ONU en la emisión de las recomendaciones para el Estado mexicano.

“Exigimos al gobierno adoptarlas e implementarlas de manera urgente y contundente”, enfatizó el Movimiento respecto a la actitud pasiva del gobierno frente a un patrón de desapariciones que permanecen en la impunidad, contexto que, de acuerdo a la ONU, debe ser reconocido y atendido con una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas. 

“Para la cual se deben cumplir ciertas condiciones mínimas que garanticen su efectividad”, como el abandono del enfoque de militarización y hacer visible la información sobre los casi 100,000 desaparecidos.

Una década sin acciones

En este tenor, las organizaciones coinciden en la relevancia de implementar debidamente el marco normativo, jurídico y jurisprudencial en todo el país. Sobre la petición de aplicar el artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el Comité priorizó valorar antes las observaciones del gobierno de México.

Humberto Guerrero, del Centro Fundar y parte del Movimiento, dijo que se puede reevaluar y de ser necesario solicitarán la revisión de esa decisión del Comité de la ONU.

Grace Fernández, directora de Buscando Desaparecidos México, pidió congruencia al gobierno de México, “porque en teoría los desaparecidos son prioridad y no estamos dispuestas a esperar otros 10 años para que haya un cambio”. Parafraseando al presidente, recordó que la historia también los juzgará.

Hace una década, en la visita de otro grupo de la ONU, el organismo también alertó sobre el inicio de una crisis de desapariciones. Entonces no hubo respuesta del gobierno en turno y ahora 95 mil 121 personas están desaparecidas y 52,000 cuerpos sin identificar en las morgues del país.

Para Adela Alvarado de la Fundación Mónica Alejandrina es preocupante porque hasta los periodistas dejaron de informar sobre estos temas porque existe temor. Además, recordó un caso de desaparición en un reclusorio.

La mujer acudió a visitar a su pareja, su madre la acompañó y esperó afuera del penal. La madre de la mujer dice que nunca la vio salir y cuando preguntó con los encargados dijeron que no había registro de la entrada de su hija.

“Son situaciones verdaderamente alarmantes porque tenemos desapariciones en diferentes formas, de diferentes grupos, incluso podemos ver que hay en las desapariciones los migrantes, aquí se desaparecen en grupos bastantes grandes y no hay información ni una búsqueda ni nada”. Alvarado mencionó que, en el caso de las personas migrantes, las familias se enteran años después de la desaparición a pesar de que las Fiscalías tienen información.

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Son responsables las autoridades si no buscan y no localizan a las personas desaparecidas y en caso de muerte si no se devuelven los cuerpos a los familiares y allegados de forma digna y más general, cuando incumplen con sus obligaciones con las víctimas, añadió Grace Fernández.

En la actualidad, está en discusión en la Cámara de Diputados la iniciativa de la reforma constitucional para establecer el derecho de toda persona a ser buscada sin importar la fecha de su desaparición.

Resguardo genético 

Las dilaciones injustificadas para iniciar las búsquedas y la falta de presupuesto se suman a las recomendaciones que hizo la ONU. Las comisiones estatales solo cuentan con el presupuesto federal y la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo una reducción del presupuesto de 2020-2021: el 29% destinado para gastos operativos en el 2021 se redujo al 12%.

En este contexto, existe preocupación del Comité por el manejo y resguardo del material genético que las familias entregan a las autoridades, es decir, no sólo las donaciones de sangre para los perfiles genéticos sino también los indicios recuperados en las búsquedas de los colectivos y familias en campo.

“México debe cerrar la brecha que hay entre la Ley y los hechos, porque el problema no es de leyes si no de prácticas”, dijo Humberto Guerrero de Fundar.

Hace unos días, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de creación del Centro Nacional de Identificación Humana para atender la crisis forense, “exhortamos al Senado de la República a que apruebe el dictamen en el presente periodo de sesiones a efecto de que la ley se promulgue y el Centro Nacional de Identificación Humana entre en funcionamiento a la brevedad posible”, publicó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en redes sociales.

La niñez 

A estas exigencias se unió la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), pues dijo que se debe combatir la impunidad y prevenir, sin militarización, la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

Desde que empezó el sexenio de López Obrador, 19,445 niñas, niños y adolescentes fueron registrados como desaparecidos; de éstos, 5,102 continúan desaparecidos a la fecha (24.30%), siendo 2,232 de ellas mujeres y 1,797 hombres.

Los números proporcionados por Redim muestran que las mujeres representan 55.2% de estos casos. Las restantes 65,950 personas de 0 a 17 años fueron localizadas, aunque 1% de estas desapariciones (710 casos) fueron halladas sin vida.

Los estados donde se han reportado más niñas, niños y adolescentes desaparecidas son el Estado de México con 3,740 casos, Tamaulipas con 1,704 y Jalisco con 1,231 casos. En estas tres entidades se concentra 40.8% de las desapariciones de personas de 0 a 17 años, según cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 11 de abril de 2022.

De acuerdo con el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, esta tendencia se agudizó durante la pandemia del COVID-19 y señala que la delincuencia organizada se convirtió en el perpetrador central.

La desaparición de mujeres en algunas entidades de México supera ampliamente el promedio nacional de 25%. En Chiapas, por ejemplo, el número de fichas de la Fiscalía General del Estado sobre la desaparición de niñas, niños y adolescentes es 12 veces mayor que en el Registro Nacional; de acuerdo a organizaciones esta ausencia de información dificulta el combate y la atención a las causas.

En 2021, la Fiscalía de Chiapas subió a su plataforma 625 fichas de menores con reporte de desaparición, pero en el registro nacional sólo aparecieron 51 casos, “y esto seguramente se repite en otros estados del país”.

En la participación de Jennifer Haza, de la organización Melel Xojobal con sede en San Cristóbal de Las Casas, destacó que la tendencia en la geografía chiapaneca va al alza desde el año pasado con un registro de 625 menores desaparecidos; tres veces más que en 2019 cuando se documentaron 183 casos.

En términos de estrategias de prevención, dijo que no se tiene información pública de qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que desaparecen, “si son reclutados por el crimen, si son víctimas de trata, si están muertos o si están vivos.

Esta información nos tendría que permitir estrategias eficientes de búsqueda, investigación, atención y construir estrategias de prevención”, dijo Haza, pero con los factores preexistentes de desigualdad y de exclusión social la tarea se vuelve más compleja.

La entidad tampoco cuenta un registro electrónico de las huellas dactilares a partir de las actas, inclusive cuatro de cada 10 menores no tienen acta de nacimiento antes de cumplir el año de edad, “entonces necesitamos valorar todos los hechos, estos factores existentes en torno a la desaparición”.

En este contexto, Haza destacó también los casos de los huérfanos de los hijos de las personas desaparecidas y parafraseando a los familiares de las víctimas, dijo “son los olvidados del sistema”.

“No tienen ningún programa social destinado de forma específica y aquí hemos identificado casos que pueden resultar anecdóticos pero que si llevaran registros podríamos tener más información”, además de menores que quedaron a cargo de otros familiares cuando su padre o madre desaparecieron.

De enero al 13 de marzo de 2022 tienen documentada la desaparición de 112 menores en Chiapas, el 52 por ciento fueron localizados: ocho sin vida, entre ellos dos de Honduras, uno de Guatemala y uno de Haití. Del total, el 75% son mujeres, “de todos esos datos que tenemos de las propias fichas no están en el registro nacional”, dijo Jennifer Haza y se unió a la exigencia de la atención a las recomendaciones de la ONU.

El Estado mexicano tiene cuatro meses para emitir las observaciones sobre las recomendaciones que hizo el Comité de la ONU que, a partir de entonces, deberá realizar el seguimiento. Pero las madres buscadoras esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador de respuestas el próximo 10 de mayo cuando se realice la “Marcha por la Dignidad Nacional. Madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos”.

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Las 80 organizaciones que integran el Movimiento por Nuestros Desaparecidos esperan la aceptación del Estado en conjunto y una propuesta de egresos de la federación que refleje la importancia a las recomendaciones que hizo el Comité.

Asimismo, la presentación de un plan de trabajo de la Fiscalía General de la República sobre cómo cumplirá con el Banco Nacional de Datos Forense y la base genética, pues incluso el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tiene un litigio sobre el tema.

^{En portada: Tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.}

Después de una jornada de protestas y represión, alrededor de 30 personas, en su mayoría mujeres y niños triquis, pertenecientes a familias desplazadas de Tierra Blanca Copala, Oaxaca, aún se encuentran cercados por policías antimotines de la CDMX.

“No hemos comido, no hemos hecho nada de nuestras necesidades, nosotros exigimos en este momento salir del lugar que estamos porque ahorita seguimos secuestrados por los granaderos”, denuncia una mujer triqui mediante video.

“Ahorita no tenemos acceso a nada. Acá afuera nosotros tenemos a los granaderos, mas de 300 granaderos en contra de 30 personas”, señala la mujer triqui sobre las condiciones en que se encuentran las personas, en su mayoría mujeres y niños, retenidas al norte de la ciudad, cercadas por aproximadamente 1,000 policías.

Las personas agredidas mantenían un campamento en el centro de la CDMX, desde donde protestaban para exigir el retorno seguro a su comunidad, en la mixteca oaxaqueña, tras haber sido desplazadas por un grupo paramilitar.

Sin respuesta y tras 15 meses de permanecer en la ciudad, fueron desalojad@s la madrugada del lunes (25), sin previo aviso y mediante un operativo con cientos de policías.

Desalojo

De acuerdo al gobierno de la CDMX, el desalojo de la comunidad triqui derivó de una queja anónima por las condiciones de insalubridad del sitio.

Poco después de la medianoche del lunes (25), cientos de policías cercaron el campamento de las familias triqui. Al mismo tiempo, personal de limpieza de la ciudad desarmó el campamento y arrojó las pertenencias de las personas a camiones de basura.

En el lugar también se apersonaron funcionarios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), quienes de acuerdo a testimonios presionaron y amenazaron a las mujeres para trasladarse a un albergue improvisado por el gobierno de la ciudad.

Después del desalojo, policías antimotines retuvieron durante horas a las mujeres triqui, quienes rechazaban trasladarse al refugio en una colonia al norte de la ciudad.

Según la versión oficial, el espacio ofrecido cuenta con dormitorio, baños y servicios médicos y para niños. No obstante, acorde a registros y denuncias de las familias desplazadas, el “albergue” consiste en un estacionamiento cubierto parcialmente con una carpa y catres en condiciones insalubres y denigrantes.

Por ello, durante la tarde del martes (26), las mujeres triqui protestaron, rompieron la cerca y salieron para cerrar una avenida cercana, para con ello protestar por el desalojo y las precarias condiciones en que se encontraban.

Protestas

La respuesta policiaca no se hizo esperar. En un instante, elementos antimotines “encapsularon” -como se conoce a la estrategia policial de bloquear el libre tránsito de las manifestaciones- a un grupo de aproximadamente 50 personas que participaban de la protesta.

Por horas, l@s manifestantes permanecieron retenidos. Hasta el lugar se unieron integrantes de organizaciones sociales en solidaridad con las familias triquis. Integrantes de la Sección 9 de la CNTE, así como de la Caravana por el Agua y la Vida, así como estudiantes hicieron acto de presencia para apoyar la manifestación.

Tras el refuerzo, l@s manifestantes consiguieron romper el cerco, con lo cual tomaron rumbo hacia el Zócalo. Sin embargo, el despliegue de cientos de policías consiguió cercar de nuevo a las personas y cortar su paso hacia el centro de la ciudad.

De acuerdo a un comunicado difundido por el Congreso Nacional Indígena, alrededor de las 8 de la noche, el encapsulamiento de los antinmotines mantenía retenid@s alrededor de 70 personas indígenas triquis, otomís, nahuas, alemanes, medios de comunicación y residentes de la ciudad de México.

El documento señala que en ese momento la movilización fue reprimida “generando la persecución de decenas de personas, golpead@s y detenciones, reportándose hasta ahora la desaparición de un niño hijo de triquis de nombre Samuel y sin saber el paradero de vari@s compañer@s”.

Hasta ese momento, detalla el comunicado, se registraron dos encapsulamientos “ubicados en: Calle Plomo 65 y Ferrocarril Hidalgo con alrededor de 17 personas encapsuladas por un grupo de 250 granaderos entre los que se encuentran 10 compañer@s de la comunidad otomí, entre ellos el compañero Diego García y el concejal otomí Filiberto, así como Ricardo Renteria de la comunidad de Milpa Alta que fue herido en la cabeza; así como 7 mujeres triquis; y otro en calle Mapimi 5 Y Calle Plomo con un grupo de 30 personas en donde también hay 5 niñ@s  y alrededor de 100 granaderos, entre los que se encuentran periodistas como Juan Rulfo y compañeras alemanas de Lutzerath”.

Según información de la comunidad otomí residente en la CDMX, quienes se sumaron a las movilizaciones, las familias triquis se refugiaron en una unidad habitacional de la colonia Valle Gómez para no regresar al “albergue” improvisado por la ciudad. En aquel momento de la madrugada se mantenía el cerco policiaco.

La mañana de este martes (26), tanto en la ciudad de Oaxaca como en la CDMX, se registraron diversas movilizaciones en solidaridad con las familias triqui desplazadas, desalojadas y perseguidas.

En la CDMX se movilizan en el Ayuntamiento de la ciudad para manifestarse contra la brutal represión a los pueblos originarios. Al cierre de esta edición, tras casi 34 horas de persecución y agresiones en su contra, aún se registra el cerco policial contra las familias triquis.

Este miércoles (6) fue amenazada una de las representantes de las niñas y niños de Homún, quienes presentaron un amparo contra la mega granja porcícola de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén.

Así lo denuncio el Equipo Indignación, quien destacó que la infancia de Homún y el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) han luchado ante el riesgo de contaminación que implicaría el funcionamiento de la mega granja porcícola.

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La representante de la niñez de Homún recibió una llamada telefónica mediante la cual le cuestionaron su labor como activista. “La persona al otro lado de la línea le preguntó si le daba miedo luchar por los cenotes y si no temía que le pasara algo a sus hijos”, refiere el Equipo Indignación.

Esta agresión sucede a unos días de que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resuelva si mantiene o no la suspensión de operaciones de la fábrica que pretende criar 49,000 cerdos.

Ante la amenaza, el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), y el equipo Indignación exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de la defensora de los derechos humanos y de todas las personas que integran el colectivo.

Agresiones

Mediante comunicado, reiteran que se han reportado varias acciones de intimidación contra defensores de derechos humanos del pueblo maya de Homún. Esta no es la primera vez en que se realizan amenazas contra quienes se han pronunciado ante la contaminación que representa la operación de la mega granja porcícola.

“En el 2018 un integrante de Kanan Ts’ono’ot fue víctima de amenazas e intento de extorsión. En septiembre de ese mismo año, mientras el pueblo de Homún clausuraba simbólicamente la fábrica de cerdos, un equipo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), apoyado por la Policía Estatal, puso sellos de clausura en los cenotes de los cinco miembros de la coordinación de Kanan Ts’ono’ot”, detalla el documento.

También, en mayo de 2021, después de que se ratificara la suspensión definitiva de operaciones de la fábrica de cerdos, la Secretaría de Salud estatal, clausuró los paradores turísticos de algunos integrantes de la directiva del colectivo maya.

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“Además de estas acciones, es importante recalcar que el gobierno estatal ha sido omiso en garantizar nuestros derechos como pueblo maya, en vez de esto, ha favorecido y alentado a dicha empresa porcícola”, denuncian las organizaciones.

Sobre todo, hacen énfasis en que la amenaza más reciente esta dirigida contra la infancia de Homún, “la cual está en su legítimo derecho de defender el agua, los cenotes y su derecho a la libre determinación y a un ambiente sano”.