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En el transcurso de las semanas recientes hemos documentado diversos hostigamientos y amenazas contra La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes, ubicada en Tenosique, Tabasco. Las 87 organizaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), expresamos nuestro apoyo y solidaridad ante esta nueva ola de agresiones, derivadas de su trabajo en defensa de los derechos de las personas migrantes.

Desde su apertura en 2011, La 72 ha acompañado a más de 100 mil personas migrantes en su paso por México en busca de condiciones de vida digna. La 72 ofrece asistencia humanitaria, asesoría y gestión migratoria, realiza acciones de incidencia nacional e internacional y también ha denunciado a autoridades, crimen organizado y redes de trata y tráfico de personas. Todo ello con el objetivo de generar mejores condiciones de tránsito para las personas que se ven obligadas a hacerlo. Realizan un trabajo totalmente gratuito con un alto sentido de dignidad. Desafortunadamente, han recibido amenazas y hostigamientos por parte del crimen organizado, y autoridades estatales y federales.

Sin embargo lo que hoy nos resulta sorpresivo e inaceptable es que, en el contexto de la actual política de control y disuasión de la migración, y tras los señalamientos públicos vertidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un presunto mal manejo de dinero en albergues, instancias públicas del estado de Tabasco, busquen criminalizar y difamar a esta organización que es parte de la Red TDT.

En este sentido, el anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tabasco (UIFT)FOOTNOTE: Footnote criminaliza a priori el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Es claro que sus señalamientos en torno a lo que llaman la “detección de operaciones de lavado de dinero en albergues para la atención de migrantes en territorio tabasqueño” tienen el claro objetivo de criminalizar el legítimo trabajo de defensa de los derechos de las personas migrantes, así como debilitar la estructura civil de protección y acogida a personas migrantes en México.

De la misma forma, las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) Alejandro Encinas, en las que se basó el comunicado de la UIFT resultan preocupantes. Si bien Encinas las negó por medio de un tuit en el que señaló “Yo nunca he hecho las declaraciones ahí señaladas y mucho menos la Subsecretaría de Derechos humanos, población y migración de @SEGOB_mx hace trabajo de inteligencia financiera”, lo que se requiere es un posicionamiento institucional claro por parte del Subsecretario que, en términos legales, es el responsable máximo de temas de migración y derechos humanos en nuestro país.

Nos resulta muy llamativo que tras situaciones recientes que pretenden poner en entredicho la labor que realiza La 72, venga este acto intimidatorio y criminalizante desde el ámbito estatal. Nos referimos concretamente a la nota de un periódico estatal, así como perifoneos locales, en los que se realizan acusaciones infundadas contra el albergue, pero particularmente contra su director, Ramón Márquez. Además de esto, La 72 enfrenta de forma reiterada a actos de vigilancia, acoso y amenazas.

Así, el hostigamiento y las agresiones oficiales que hoy se concretan contra La 72, se constituyen en un mensaje muy claro para las personas y colectividades defensoras de migrantes: por encima de la soberanía, están los acuerdos con Washington y será criminalizado quien suponga un obstáculo a los deseos de Trump.

Por ello, hoy más que nunca:

1. Exigimos el cese inmediato del proceso de criminalización contra La 72 y las personas y colectividades defensoras de derechos humanos de personas migrantes.
2. Instamos al Gobierno de la República a reiterar su compromiso con los derechos humanos, evitando criminalizar a un sector fundamental de la sociedad que ha mostrado un profundo compromiso con quienes llegan a México en busca de refugio, lo cual es emblemático del pueblo mexicano.
3. Exigimos que se establezca un proceso de diálogo entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, orientado a distinguir los patrones que ocurren en el contexto del acompañamiento solidario a las personas migrantes en tránsito, de aquellos que utiliza el crimen organizado para sus actividades.
4. Finalmente hacemos un llamado a la sociedad para cerrar filas en torno a las personas defensoras de migrantes. La historia de nuestro pueblo no debe estar escrita por un despotismo indolente, sino por una solidaridad receptiva y generosa.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

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Este es un mensaje de preocupación por la vida, por la dignidad. Los que firmamos esta carta estamos preocupados por lo que está pasando, nuevamente, en aquel rincón olvidado del sureste mexicano que se convirtió en el corazón de la esperanza y la rebeldía, Chiapas.

Este no es un manifiesto ideológico ni una declaratoria de postura frente a los cambios políticos que están ocurriendo en México, es un mensaje de genuina preocupación por lo que se siente que se avecina en ese abajo que después de 25 años, de 500 años, sigue resistiéndose al exterminio y al olvido. Nos preocupan aquellos que durante un cuarto de siglo han luchado por su autonomía, que han puesto la dignidad por encima del pragmatismo político, que han sido un ejemplo de libertad en un mundo encadenado por el miedo, nos preocupan los Zapatistas.

Nos preocupa enterarnos de la creciente actividad militar en los territorios de las comunidades Zapatistas. Vemos que en medio de la compleja situación de seguridad que vive México, el camino de la militarización del país está tomando más fuerza aún. Es una señal de alerta que bajo la muy cuestionada estrategia en torno a la Guardia Nacional, ésta sea como ha ocurrido tantas veces una fuerza de “seguridad” que no distinga entre crimen y resistencia, entre crueldad y digna rebeldía. Es contradictorio que cuando los datos del propio Gobierno de México indican que la zona Zapatista es de las de más bajo índice delictivo, la estrategia de seguridad se dirija de manera amenazante ante esas zonas que son de los pocos santuarios de libertad y seguridad para el México de abajo. Eso más que una estrategia de seguridad parece una estrategia de guerra.

Aunque entre los firmantes estemos un conjunto diverso de personas que podemos ver la administración de Andrés Manuel López Obrador con esperanza o escepticismo, todos somos personas que soñamos con un Mundo distinto, mejor. Los que nos sumamos a estas palabras creemos que un cambio en México no puede ocurrir bajo una sombra de pragmatismo político, cediendo ante presiones que llevan al autoritarismo, al despojo y a la violencia en beneficio del 1%, ni con la descalificación de voces críticas que con su autenticidad y consistencia se han ganado el respeto del mundo.

Vemos un proceso creciente de hostilidad hacia resistencias auténticas, históricas y legítimas que se oponen a proyectos como el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Plan Integral Morelos, entre otros. Nos preocupa enterarnos de los recientes homicidios de integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno. Nos preocupa la posibilidad de que esta nueva administración, como sus antecesores, liberales o conservadores, nuevamente orille a los pueblos indígenas al borde del exterminio.

El mundo está mirando con ojos y corazón lo que pasa en México y en Chiapas.

¡Alto a la guerra contra los Zapatistas y los Pueblos Indígenas de México!

FIRMANTES INTERNACIONALES

Noam Chomsky
Arundhati Roy
Boaventura De Souza Santos
Raúl Zibechi
Yvon Le Bot
Michael Hardt
Oscar Olivera
Hugo Blanco Galdós
Jasmin Hristov
Joe Foweraker
Eric Toussaint
Michael Löwy
Carlos Taibo
Pedro Brieger
Manuel Rozental
Mauricio Acosta
Vilma Almendra
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• Organizaciones de derechos humanos desmentimos versión del INM respecto de operativo migratorio.
• INM y fuerzas de seguridad federal detienen a grupo de personas migrantes bajo engaño y desgaste.
• Se refuerza la militarización de la política migratoria en México, alejándola de un enfoque de derechos

Metapa de Domínguez, Chiapas – 6 de junio de 2019.

La noche del pasado 4 de junio llegó un grupo de aproximadamente 400 personas migrantes a la frontera con México, compuesto de numerosas familias, para iniciar el día 5 de junio un recorrido a pie desde Ciudad Hidalgo en dirección a Tapachula, Chiapas. Muchas de ellas habiendo tramitado previamente desde el punto de frontera su regular estancia en el país. En un principio, las autoridades migratorias les dejaron cruzar la línea fronteriza, no obstante, alrededor de las 13:20 horas, el equipo de Monitoreo de Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos registró un operativo migratorio en Metapa de Domínguez, Chiapas (punto medio entre Ciudad Hidalgo y Tapachula), mismo que estaba acompañado de un despliegue de Policía Militar, Policía Federal con elementos antimotines, Marina e Instituto Nacional de Migración, más una discreta presencia de la Policía Estatal. Además, de varios autobuses preparados para trasladar a las personas. En total, se lograron observar un promedio de 300 elementos de seguridad del Estado.

Dentro del grupo que se encontraba en Metapa, en medio de la carretera sin protección del sol y el calor, se encontraban hombres, mujeres, niños y niñas, familias con niños pequeños y bebés. En ese momento presentaban claros signos de agotamiento y deshidratación por las altas temperaturas, además de estar en un estado de desesperación y confusión. Las personas fueron orilladas bajo esta modalidad de desgaste físico y emocional, agravado por la presencia militarizada, a ser trasladadas al centro de detención migratoria Siglo XXI en Tapachula.

Por otro lado, ocasionó que un grupo de unas 80 personas retrocediera y decidiera caminar en otra dirección o irse por caminos secundarios, exponiéndolas a mayores riesgos y vulnerando su integridad.

En este sentido, desmentimos la Tarjeta Informativa publicada por el INM momentos más tarde, la cual señala que “se revisó su condición migratoria de forma pacífica y cuidando la integridad de las personas”, puesto que, hasta el momento de su detención bajo responsabilidad de agentes migratorios, las personas no fueron entrevistadas para conocer su situación y sus documentos migratorios, así como sus necesidades de vulnerabilidad y protección internacional para el acceso a sus derechos. Además de que no se trató de una entrada al país de forma “abrupta”, ni descontrolada, sino buscando precisamente alguna de las diversas formas de regularización en México.

Por el contrario, únicamente se observó presencia de una camioneta y una ambulancia de Protección Civil, pero la entrega de agua y suero por parte de Protección Civil de Suchiate se entregó sólo a un último grupo de unas 50 personas que estaba esperando ser trasladado en autobuses. Se observó igualmente presencia de la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, documentando el operativo, así como de algunos medios de comunicación.

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En el marco de la labor de monitoreo que organizaciones de la sociedad civil están llevando a cabo en torno a los llamados éxodos o caravanas migrantes, convocamos a la Misión de Observación de Derechos Humanos de la Crisis Humanitaria de Refugiados y Migrantes en el Sureste de México, que se desarrollará del 29 al 31 de mayo de 2019 en la costa de Chiapas.

Los objetivos de la Misión son:

• Contribuir al fortalecimiento de la documentación sobre la situación que viven las personas que son parte de los flujos de desplazamiento forzado llegados a la frontera sur en forma de “caravanas” o “éxodos”, y la respuesta de las distintas instituciones del Estado, concentrando la atención en violaciones a derechos humanos por omisión, acción y/o aquiescencia.

• Posicionar y visibilizar a nivel nacional, regional e internacional la crisis humanitaria que viven las personas migrantes y solicitantes de asilo desde un enfoque de derechos humanos.

• Incidir ante el Estado mexicano a nivel Federal y con autoridades estatales y municipales en la necesidad de afrontar la situación emergente, de forma integral, pensando en la seguridad de las personas, y de impulsar marcos normativos y políticas migratorias y de refugio que eviten en el futuro inmediato nuevas crisis y violaciones sistemáticas y sistémicas a los derechos de esta población.

• Reflexionar sobre mecanismos de respuesta mediante una política de acogida e integración que permita el goce efectivo de todos los derechos sin discriminación alguna.En ella participarán personas miembros de las redes convocantes, de organizaciones sociales defensoras de las personas migrantes y refugiadas de México y la región, así como de academia y medios de comunicación.La agenda de trabajo comprenderá el recorrido por el territorio fronterizo y la costa de Chiapas, que es escenario de violaciones a derechos humanos relativos al mencionado éxodo, así como campos de refugiados, centros de detención migratoria y otros lugares de interés. Tendremos también momentos de interlocución con las instituciones públicas implicadas en la respuesta que el Estado está ejerciendo ante este contexto.

En ella participarán personas miembros de las redes convocantes, de organizaciones sociales defensoras de las personas migrantes y refugiadas de México y la región, así como de academia y medios de comunicación.

La agenda de trabajo comprenderá el recorrido por el territorio fronterizo y la costa de Chiapas, que es escenario de violaciones a derechos humanos relativos al mencionado éxodo, así como campos de refugiados, centros de detención migratoria y otros lugares de interés. Tendremos también momentos de interlocución con las instituciones públicas implicadas en la respuesta que el Estado está ejerciendo ante este contexto.

La Misión de Observación está convocada por

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano; Alianza Américas, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura; Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM); la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica (RJM CANA) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

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17 de mayo del 2019.

Diferentes redes de organizaciones civiles de la Región y personas individuales en defensoría de derechos para la población que migra expresamos nuestra indignación, repudio y preocupación sobre las diferentes muertes de niños, niñas y adolescentes que se han encontrado detenidos por los gobiernos de Estados Unidos y México.

Los casos no son aislados, sino hechos continuos que reflejan patrones de violaciones a los derechos humanos y, por ende, visibilizan las condiciones inhumanas sobre el control de flujos migratorios que ejercen estos países, imposibilitando así, el derecho universal a la vida.

Algunos de estos casos que podemos mencionar son:

• Jackeline Caal – niña Maya Q’eqchi’ de 7 años de edad, originaria de Alta Verapaz, falleció el 8 de diciembre de 2018, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Nuevo México, Estados Unidos;.

• Felipe Gómez Alonzo- niño Maya Chuj de 8 años de edad, originario de Yalambojoch, Nentón, Huehuetenango, falleció el 25 de diciembre de 2018, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Texas, Estados Unidos;

• Juan de León Gutiérrez, Adolescente Maya Chorti, de 16 años de edad, originario de Chiquimula, falleció el 30 de abril de 2019 bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Texas, Estados Unidos.

• Niño Maya Chortí, de dos años y medio, originario de Chiquimula, falleció el 14 de mayo de 2019, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza en Texas, Estados Unidos.

• Niña de 10 años, originaria de Guatemala, falleció el 15 de mayo de 2019 en la estación migratoria de Iztapalapa, México.

A los Gobiernos de Estados Unidos y México

1. Incorporar el principio fundamental del interés superior de la infancia en todo proceso migratorio y de asilo. Poner un alto a las detenciones de niños, niñas o adolescentes, acompañados y no acompañados, por su condición migratoria.
2. Hacemos nuevamente un llamado a la reorientación de la actuación de las distintas instituciones de gobierno responsables de proteger y garantizar derechos humanos de las personas con necesidad de protección internacional y especial como la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA) de México, para que se base en la seguridad de las personas y en el respeto de sus derechos, reconociendo que hay violencias estructurales por las cuales las personas son obligadas a huir de sus países de origen.
3. Garantizar la no repetición de estos hechos, así como que se investigue y sancione a los funcionarios que son responsables, de manera directa e indirecta, de estos lamentables hechos, en los que se comprometieron derechos fundamentales de personas con una gran necesidad de protección

Al Gobierno de Guatemala 

4. Ampliar la cobertura consular en México, Estados Unidos y Canadá, Fortalecer los mecanismos con relación a la documentación, protección, asistencia y atención consular de acuerdo a las necesidades de las nuevas dinámicas migratorias y perfiles de las y los guatemaltecos, para que no aumenten sus condiciones de vulnerabilidad y
5. Una política de protección consular con estándares mínimos, como la atención integral que incluya representación jurídica, psicosocial, laboral, de sensibilización e información, así como diferenciada, incluyendo perspectiva de género, etérea, con pertinencia
6. Atender las causas raíces de las migraciones forzadas en Guatemala que no sólo son económicas, y por lo tanto el reconocimiento de las necesidades de protección internacional que garanticen el acceso a este procedimiento en especial a niños, niñas y adolescentes no acompañados, en la que por ninguna razón exista tolerancia ni excusa para la represión, violencia ni mucho menos la muerte.

RESPETO A LA VIDA Y DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES.

On April 26 and 27, the Encounter 25 Years of Zapatismo, Across Time & Space took place at California State University Los Angeles. The encounter brought together activists, scholars, militants, and members of organizations and collectives in the US who have been struggling for autonomy, justice and dignity in the country, many of them inspired by the Zapatista uprising. Also present were councilmembers of the Indigenous Governing Council and, via the internet, the intellectuals Raúl Zibechi and Gustavo Esteva and other Mexican activists and journalists, who analyzed the current situation experienced in that country and the organization of resistance and rebellion.

Since the Zapatista uprising on January 1, 1994, and especially after the Chican@-Zapatista Encounter in August 1997, zapatismo has inspired a large number of collectives and organizations in the US, especially of Chicanos, migrants, and people of color in general, who have adopted Zapatista forms of struggle to resist state violence, racism and repression against people of color, the prison industrial complex, gentrification and the systematic displacement of those from below, labor exploitation, deportations, raids, and much more. Thus, during these 25 years there have emerged artistic groups (see for example our documentary on the Chicano-Zapatista musical movement, Rhythms of Zapata), autonomous experiences of food sovereignty, community spaces, independent media collectives, groups of scholars proposing other epistemologies, self-defense organizations, exchanges and youth delegations to Chiapas, women’s groups, etc.

This encounter was therefore an opportunity to exchange experiences and connect struggles, while reflecting on the changes in Zapatismo in these 25 years, the civilizational crisis we face, and the situation for the peoples under the current Mexican administration.

Of fundamental importance was the participation of the councilmembers Betina Cruz Velázquez and Fortino Domínguez Rueda, of the National Indigenous Congress / Indigenous Governing Council (CNI-CIG). From his perspective as a member of the Zoque people, Fortino led us on a voyage through the history of the CNI up to the creation of the CIG and its relevance for indigenous peoples in Mexico and the world, in the context of the destruction caused by the current phase of capitalism. Betina Cruz in turn undertook a decisive and carefully documented analysis of this destruction, now led by the government of Andrés Manuel López Obrador and his so-called “fourth transformation.”

This was complemented by the analyses by Raúl Zibechi and Gustavo Esteva, who discussed the relevance of zapatismo for Latin American social movements (or societies in movement, as Zibechi proposes) and, again, the threat that the current Mexican government represents for indigenous peoples and for the construction of Zapatista autonomy. Also via the internet, from Mexico, the activists María Laura Orozco and Evangelina Ceja and the journalist Arturo de Dios analyzed the use of forced disappearance as a tool of the state, based on specific cases. And a member of the Radio Zapatista collective explained what the Zapatistas understand by the “storm” and the civilizational crisis underway.

From the standpoint of education, the influence of the Zapatista uprising on universities in the US was discussed, as well as the contributions of Zapatista education toward a decolonial and deschooling thought in that country. The topics of borders, identities, nations, and states oriented several roundtables, as well as patriarchy, feminism, and queer subversion. Former members of the now extinct organization Estación Libre shared the experience of their efforts to connect the struggles of people of color in the US and the ideas and practices of zapatismo. Food justice was present in the discussion of various autonomous experiences in food sovereignty in California, such as the South Central Farm, Zapotepec, and the Oxnard Heirloom Seed Library.

The Encounter also included a film festival, an art exhibit, a poetry recital, an evening of CompArte at the Floricanto Center, and a festive fandango at the Chicano organizational and cultural space Eastside Café.

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El pasado 13 de octubre de 2018 salió de San Pedro Sula, Honduras, el primer grupo de la llamada “Caravana de migrantes” centroamericanos, conformado por más de 7,000 personas, desplazadas por el contexto de violencia y pobreza generalizadas en Centroamérica. Este grupo estaba integrado por miles de personas con necesidades de protección específicas, entre ellas niñas, niños, adolescentes, familias, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidades, periodistas, integrantes de la comunidad LGBTTI, víctimas de persecución, sobrevivientes de violencia sexual y de género, defensores y defensoras de derechos humanos. Posteriormente, durante octubre y noviembre, se sumaron otros grupos, complejizando las características de este gran movimiento migratorio, y con ello, los retos para atender a sus necesidades, y defender y garantizar sus derechos humanos.

Este fenómeno, también llamado “Éxodo”, demuestra que la región centroamericana se encuentra ante un nuevo paradigma migratorio. Frente a las políticas de violencia, exclusión y despojo vigentes en los países de origen, las personas salieron de la “clandestinidad” para conformar un sujeto migrante colectivo, con voz propia, que decidió caminar en grupo para reducir los costos y los peligros a los que están usualmente expuestos en la ruta migratoria. Las causas sistémicas que motivan a las personas centroamericanas a partir de sus lugares de origen existen y persisten desde hace muchos años, pero la diferencia en la dinámica migratoria actual se ha dado por la coincidencia de diferentes perfiles sociales y en el número de personas que se han ido movilizando contemporáneamente. La crisis social no es nueva en su centralidad como motor de esta migración. El sistema mortal que la nutre la hace cada vez más virulenta e insoportable, y genera, como en esta ocasión un Éxodo Centroamericano continuo y masivo.

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Los pasados días 14 y 15 de marzo, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), desarrollaron una Misión Civil de Observación en Tabasco para documentar, visibilizar y denunciar el agravamiento en la crisis de inseguridad contra las personas migrantes y pobladores locales en rutas migratorias que conducen de la línea fronteriza con Guatemala a la ciudad de Tenosique.

Los integrantes de la Misión de Observación pudieron atestiguar:

• La situación de inseguridad y violencia aumenta de forma preocupante en las rutas migratorias: 292 víctimas han sido acompañadas por La 72 en los últimos dos meses.
• De las carpetas iniciadas por la Fiscalía Especial de Atención a Migrantes de Tenosique desde 2015, menos del 1% han sido judicializadas.
• Misión Civil de Observación sufrió incidente de seguridad mientras realizaba visita de documentación.

Compartimos aquí las conclusiones preliminares con información más detallada de la Misión de Observación:

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Este 15 de febrero, la policía de la Ciudad de México agredió, golpeó y detuvo arbitrariamente a personas migrantes y defensores de derechos humanos afuera del albergue temporal Magdalena Mixhuca. Presentamos aquí el reporte de organizaciones de derechos humanos presentes al momento, así como algunos videos y un audio grabado por uno de los detenidos, grabado a bordo de la patrulla.

Ciudad de México, 15 de febrero de 2019.

Denunciamos el hostigamiento, uso de la fuerza y la detención arbitraria de migrantes y personas que acompañan el caminar de las Caravanas del Éxodo Centroamericano por parte de la Policía de la Ciudad de México.

Entre la noche del domingo 10 y el 11 de febrero arribó a la Ciudad de México un grupo de aproximadamente 1500 personas que forma parte de las llamadas Caravanas del Éxodo Centroamericano. Al ingresar el grupo más grande al albergue temporal en el deportivo Magdalena Mixhuca el lunes 11, tuvo lugar un momento de tensión derivado de un desacuerdo con el reglamento interno del albergue, en concreto, la decisión de las autoridades de que la temporalidad de estancia se redujera 3 días, a pesar de que el reglamento indica que las personas pueden alojarse por un periodo de 10 días. En estas discusiones, se registró la denuncia de un migrante que declaró que fue sacado del estadio y le rompieron su tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Este incidente derivó en una negociación entre las personas representantes del grupo y las autoridades que llevan el control del espacio, y se logró el acuerdo de que se respetaría el tiempo de estancia de 10 días para que las personas pudieran esperar a sus familias que seguían en tránsito o sacar sus tarjetas de visitante por razones humanitarias.

Sin embargo, en una clara ruptura de este acuerdo, el jueves 14 de febrero las autoridades comenzaron a sacar a familias y grupos, con el pretexto de que se les habían acabado los 3 días de estancia, y estas personas tuvieron que acampar fuera del deportivo. Este viernes 15 de febrero, la policía de la Ciudad de México los empezó a desalojar, diciéndoles que debían continuar su camino, que no podían quedarse a esperar a los demás y que no podían permanecer en la Ciudad de México. Además, los amenazaron con llamar a los granaderos.

En el desalojo hubo forcejeos y se registraron heridos, la Policía quitó la pulsera que permite entrar al albergue a las personas de la Caravana que veían tomando fotografías o videos. Además, los agentes policiales comenzaron a detener personas sin presentar ninguna orden de detención por escrito, utilizando la violencia en contra de migrantes y defensores y acompañantes de la Caravana. Desde las 15:00hrs de hoy tenemos registro de la detención arbitraria y violenta de al menos seis personas: cinco de ellas migrantes y uno de ellos defensor de derechos humanos, que trató de evitar la detención de un migrante. Adicionalmente otras dos compañeras defensoras fueron agredidas por la policía, al igual que otras dos personas migrantes.

Testimonio del defensor de derechos humanos Cristóbal Sánchez, a bordo de la patrulla MX704 N2:
Haz clic aquí para escuchar o descargar

Video de la agresión y detención arbitraria:

Además, el miércoles 13 de febrero se registró una detención arbitraria en las inmediaciones del albergue de la Ciudad de México en la que personas vestidas de civil, sin portar uniforme oficial y sin identificarse, detuvieron y subieron en una camioneta sin logotipos a una persona que llevó rol de liderazgo en esta caravana. Se sabe que fue detenida por agentes del INM porque ya se encuentra deportada en Guatemala.

Preocupaciones:

• Denunciamos la creciente criminalización a las personas migrantes y las personas que viajan con las Caravanas para documentar, acompañar y monitorear su caminar. Desde la frontera Sur se han registrado acciones de hostigamiento y criminalización que llevan incluso a detenciones arbitrarias, uso abusivo de la fuerza y deportaciones, lo cual se ha agravado al llegar a la Ciudad
  de México.
• Nos preocupan las represalias contra las personas migrantes que documentan los abusos policiales
  grabando con sus celulares. Al arrancarles las pulseras que les permiten el acceso, se les niega la
  atención humanitaria y se les pone en una situación de mayor vulnerabilidad.
• Lamentamos el clima de hostilidad percibido en el albergue de la Ciudad de México por parte de
  algunas autoridades hacia las organizaciones de la sociedad civil, lo que ha causado que estas se
  retiren del espacio donde prestaban sus servicios.
• Nos preocupa la discriminación y el hostigamiento a las personas de la comunidad LGBTTI+, incluso
  al interior del albergue no hay espacios diferenciados para las mismas y algunas fueron sacadas
  del albergue sin considerar su condición de vulnerabilidad.
• Urgimos a tener mecanismos accesibles de para la regularización migratoria y a mantener la ayuda
  humanitaria para quienes continúan su tránsito.
• Llamamos a trabajar de manera conjunta desde un enfoque de paz, sensible a las necesidades de
  las personas en situación de vulnerabilidad y que a través de la comunicación efectiva y no desde
  la violencia construyamos un trabajo por las personas y por nuestras comunidades que nos piden
  coincidencias y no violencia.

Exigimos:

A las autoridades el cese al hostigamiento y a las detenciones arbitrarias por parte de la policía de la Ciudad de México y agentes del Instituto Nacional de Migración tanto a personas migrantes como a defensores de derechos humanos.

A las autoridades federales; al Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población y a Tonatiuh Guillén, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, el alto al hostigamiento, intimidación, detención y deportación de las personas organizadas en la Caravana y de quienes les acompañan.

Firman:

Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano
Colectivo Ustedes Somos Nosotros
Programa Casa de Refugiados

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La Policía del Distrito Federal acaba (a las 14:45 horas el día 15 febrero) de GOLPEAR y de DETENER ARBITRARIAMENTE a varias personas afuera del Estadio Palillo de la Magdalena Mixhuca en la Ciudad de México. Entre esas personas, golpeadas (no detenidas) están las defensoras de derechos humanos Andrea Gonzalez y Andrea Margarita Nuñez Chaim, y entre los golpeados y también detenidos está el defensor de derechos humanos Cristóbal Sanchez Sanchez y el migrante hondureño Denis Omar Contreras.

A Cristóbal Sánchez y a Denis Omar Contreras lo llevan en la patrulla MX704 N2. Los policías actuaron de forma muy violenta y arbitraria, y no se quisieron identificar.

Urgimos a las autoridades competentes acabar con esta criminalización y caza de defensores de derechos humanos y migrantes. Urgimos también saber el paradero de Cristóbal Sánchez y Denis Omar Contreras y que se liberen junto con las demás personas detenidas.

Foto de portada: Conexión migrante